Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130232
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.232, "Troncoso, Jorge Maximiliano contra Las Overas de Marta S.A. Despido - Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Kohan, Natiello.
El Tribunal de Trabajo n°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Federación Patronal Seguros S.A., sin imposición de costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 8-VII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. El señor Jorge Maximiliano Troncoso, por intermedio de su letrada apoderada, promovió demanda contra Las Overas de Marta S.A. y contra Federación Patronal Seguros S.A. -en carácter de tercero citado- en procura del cobro de los rubros derivados del despido indirecto que alega, y de una indemnización por reparación integral -fundada en normas del derecho civil- derivada de la incapacidad que aduce padecer a raíz de haber sufrido un accidente de trabajo. Subsidiariamente, reclama por ello, las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. presentación electrónica del 3-VIII-2021).
En lo que aquí interesa, indicó liminarmente que la relación laboral que lo unía con la sociedad empleadora nunca fue registrada, por lo que, en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.348, se encontraba eximido de iniciar de manera previa el reclamo ante las comisiones médicas.
Relató que ingresó a laborar para Las Overas de Marta S.A. en el mes de diciembre del año 2019, realizando tareas con el "clark", efectuando carga y descarga de pallets, que -en general- contenían cajones de bebidas, desde el depósito hasta el salón, donde los colocaba en las góndolas.
Refirió que el día 11 de noviembre de 2020 sufrió un infortunio de trabajo en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales en el depósito de la patronal, cuando al descargar un pallet con cincuenta cajones de cervezas vacías se derrumbó la pila de mercadería que cayó arriba suyo.
Afirmó que, como consecuencia del siniestro relatado, padece una incapacidad psicofísica del 45% sobre la total obrera.
Explicó que, con motivo de lo acontecido, intimó a su empleadora (mediante telegrama de fecha 29-III-2021) para que procediera al registro de la relación laboral, ocasión en la que también denunció el accidente de trabajo acaecido, y le solicitó que informe cuál era la aseguradora de riesgos del trabajo por ella contratada, todo ello bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido. Finalmente, frente al desconocimiento del vínculo laboral por parte del principal, hizo efectivo el apercibimiento mencionado.
Practicó liquidación de los rubros derivados del despido, de la reparación integral pretendida según el derecho civil, y de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo reclamadas en forma subsidiaria.
I.1.b. A su turno, Federación Patronal Seguros S.A., al contestar la demanda, reconoció el contrato de afiliación que poseía con la codemandada Las Overas de Marta S.A. y opuso excepción de incompetencia material.
Señaló, por un lado, con fundamento en el art. 4 de la ley 26.773, que siendo que el accionante fundó su acción principal en la presunta responsabilidad civil que -a su criterio- le cabría a su empleadora por un accidente de trabajo, correspondía que el reclamo tramitara ante la justicia ordinaria en lo civil.
Por otra parte, en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.348, negó que el actor se encontrara exento de transitar la instancia administrativa previa.
Refirió que la invocada norma remite al supuesto contemplado por el art. 28 inc. 1 de la ley 24.557, que alude al caso en que el empleador no incluido en el régimen del autoseguro omita afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, supuesto que -enfatizó- no se configura en los presentes autos.
En ese orden, estimó que a la fecha de interposición de la acción se encontraban vigentes las leyes 26.773 y 27.348, por lo que el accionante debió dar inicio al trámite administrativo previo y obligatorio.
Luego, contestó la demanda en forma subsidiaria y negó los extremos allí denunciados (v. presentación electrónica de 8-XI-2021).
I.1.c. Por su parte, Las Overas de Marta S.A. respondió la acción mediante escrito electrónico del día 4 de marzo 2022 y, en lo que resulta relevante, opuso defensa de falta de legitimación pasiva, afirmando que el actor jamás desempeñó tareas a su favor, ni tuvo vinculación alguna con su parte.
I.1.d. Efectuado el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, el legitimado activo replicó la excepción opuesta por la aseguradora de riesgos del trabajo solicitando su rechazo con costas, remitiendo a lo expuesto en el escrito de inicio en relación a la excepción prevista en el art. 1 de la ley 27.348.
Agregó que, en referencia a las relaciones laborales no registradas con empleadores asegurados, el art. 11 del decreto 717/96 dispone que "Las Comisiones Médicas no darán curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral, las que deberán ser resueltas previamente por autoridad competente" (v. presentación electrónica del 29-III-2022).
I.2. Pasados los autos al acuerdo, el órgano jurisdiccional interviniente rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora coaccionada con fundamento en el art. 4 de la ley 26.773 -en razón de concluir que el art. 17 inc. 2 de dicho cuerpo legal no resultaba aplicable al caso y que el conflicto traído a decisión resultaba de competencia material del órgano-, y con fundamento en el art. 1 de la ley 27.348, por estimar que encontrándose controvertida la existencia de la relación laboral ventilada en autos, el actor contaba con la vía judicial expedita (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2022).
II. Frente a lo así resuelto, Federación Patronal Seguros S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 18 y 19 de la Constitución nacional y 1, 2, 3, 4 y 14 de la ley 27.348 (v. presentación electrónica del día 8-VII-2022).
Alega que la sentencia atacada carece de fundamentación y viola el derecho de defensa de la recurrente.
Sostiene que el actor sólo esta dispensado de agotar la instancia administrativa previa ante las comisiones médicas locales en el supuesto en que su empleadora esté fuera del sistema, por no estar autoasegurada ni estar afiliada a una aseguradora de riesgos del trabajo, conforme lo previsto en el art. 28 inc. 1 de la ley 24.557, norma a la que remite la ley 27.348 en su artículo primero.
En esta línea, siendo que Las Overas de Marta S.A. tiene contrato de afiliación con la aseguradora recurrente -situación que, según refiere, era conocida por el accionante al demandarla judicialmente junto con la empresa coaccionada-, el presente caso -afirma- está enmarcado en la hipótesis del art. 28 inc. 2 de la ley 24.557, que obliga a las aseguradoras a otorgar las prestaciones que pudieran corresponder y luego repetirlas de la empleadora, cuando ésta última omite declarar la contratación de un trabajador.
Con sustento en ello, plantea que el accionante debió previamente efectuar el trámite ante las comisiones médicas y su servicio de homologación.
Insiste en que, a la fecha de la promoción de la demanda, la ley 27.348 se encontraba vigente, al igual que el trámite establecido por medio de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Concluye, en este sentido, que eximir del cumplimiento de tal normativa a la parte actora en estas actuaciones generaría un claro caso de inseguridad jurídica, ya que la aplicación de la legislación quedaría al mero criterio de los órganos de primera instancia, provocando un desorden institucional, procederes dispares y un dispendio jurisdiccional innecesario.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021; L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023 y L. 129.124, "Bastiani", sent. de 20-VIII-2024).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser equiparadas a las sentencias definitivas, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021 y L. 128.064, "D., G. M.", sent. de 20-IX-2024).
Sentado ello, dado el contexto reseñado, considero que -en el caso- la decisión de grado debe ser equiparada a definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653 de aplicación al caso), toda vez que los agravios desplegados por la recurrente aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar que la decisión puesta en tela de juicio resulta susceptible de generar un agravio de muy dificultosa reparación posterior, en la medida en que -aunque sin definir la cuestión sustancial debatida- anticipa la suerte adversa de la revisión intentada.
III.2. Establecido lo que antecede, estimo que no le asiste razón al recurrente al cuestionar lo decidido en la instancia de origen.
III.2.a. De conformidad con lo reseñado, para resolver la excepción de incompetencia planteada, el órgano de grado consideró que al encontrarse en autos controvertida la existencia de la relación laboral denunciada en la demanda, resultaba aplicable lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 1 de la ley 27.348 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2022).
El mencionado artículo exceptúa de cumplir con el trámite administrativo previo, de carácter obligatorio y excluyente, a aquellos trabajadores "vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557".
Esta última norma, en esa parte, remite al supuesto del empleador que, no incluido en el régimen de autoseguro, omita afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, y dispone que -en dicho caso- será la patronal quien deberá responder directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en la mencionada ley.
III.2.b. Luego, siendo que la empresa demandada se encuentra afiliada a la aseguradora de riesgos del trabajo que aquí recurre, surge nítido -como invoca la impugnante en su crítica- que la presente acción no se enmarca dentro del presupuesto fáctico atrapado por la norma del inc. 1 del art. 28 de la ley 24.557.
III.2.c. Ahora bien, esta inexactitud hermenéutica incurrida por el tribunal interviniente no alcanza para darle la razón a la quejosa, habida cuenta de las articulaciones y/o defensas llevadas ante la instancia de grado por el accionante, cuyo abordaje se impone en virtud del instituto de la apelación adhesiva o implícita, y las circunstancias ocurridas en el caso (art. 289, inc. 2, CPCC).
En efecto, surge de los escritos constitutivos de la litis que la relación laboral invocada en la demanda se encuentra negada por la empresa accionada, tanto en el intercambio telegráfico adunado por el actor al promover la acción como en su escrito de réplica de fecha 4 de marzo 2022.
En el referido cruce epistolar, la empresa demandada no solo desconoció el vínculo laboral con el accionante, sino que -asimismo- negó el accidente denunciado, absteniéndose de comunicar a su aseguradora de riesgos del trabajo contratada -tal como se le requirió- el siniestro fehacientemente denunciado por el trabajador en su inicial misiva (v. presentación electrónica del día 3-VIII-2021 y telegramas de fechas 29-III-2021 y del 1-IV-2021).
Por su parte, la aseguradora, al contestar el traslado de la demanda en los presentes obrados, también negó los extremos denunciados por el señor Troncoso en su escrito de inicio (v. presentación electrónica de fecha 8-XI-2021).
III.2.d. Pues bien, en la generalidad de los casos, bajo este entramado fáctico, aún en el supuesto en que el trabajador no se encuentre registrado por su empleadora asegurada, cierto es que igualmente debe realizar la denuncia de la contingencia padecida ante la aseguradora (conf. arts. 2, 3.1, 26 y concs., ley 24.557; 1 y concs., decreto nacional 717/96); la cual se encontrará igualmente facultada para rechazarla si tal empleadora mantuviese su negativa a reconocer el vínculo laboral con aquélla, pues "el desconocimiento por parte del empleador de la relación laboral invocada" se halla expresamente previsto por el art. 6 inc. "a" del citado decreto como una de las causales habilitadas para fundar tal decisión desestimatoria.
Así, cuando el damnificado vinculado por una relación laboral no registrada con una empleadora afiliada a una aseguradora de riesgos del trabajo resulte víctima de un infortunio laboral debe realizar la correspondiente denuncia de la contingencia padecida a la aseguradora de su empleadora (conf. arts. 2, 3.1, 26 y concs., ley 24.557; 1 y concs., decreto 717/96).
III.2.e. Empero, distinta es la solución que la reglamentación establece en estos casos respecto de la ulterior intervención de las comisiones médicas locales previstas por los arts. 51 de la ley 24.241, 21 de la ley 24.557 y 1 y sigs. de la ley 27.348.
En efecto, cabe recordar en este sentido que -a tenor de la referida normativa aplicable- las comisiones médicas, en el marco de su competencia, están facultadas solo para definir cuestiones vinculadas a los accidentes y enfermedades del trabajo (causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", ambas sents. de 2-VI-2020), pero no para determinar la existencia de un vínculo laboral (tal como refiere el actor en su presentación del 29-III-2022).
Así, concretamente el art. 10 del mencionado decreto 717/96 (conf. dto. 1.475/15) establece con precisión la serie de casos en los que han de intervenir dichas comisiones médicas jurisdiccionales y entre ellos, en su inc. 5, establece que lo han de hacer cuando la denuncia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional haya sido rechazada por la aseguradora en los supuestos contemplados en los incs. "b" y "c" del art. 6 de dicha norma [esto es, (i) en alguna de las causas contempladas en el art. 6, apart. 3, incs. "a" y "b" de la ley 24.557 -v.gr. los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo, y las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación-; o bien (ii) en los casos en que se considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional], habiendo quedado expresamente excluida toda remisión al mentado inc. "a" (referido al desconocimiento de la relación laboral invocada, por parte del empleador).
Esta exclusión que el inc. 5 del art. 10 contiene respecto de la situación contemplada por el inc. "a" del art. 6 del mismo decreto 717/96 deviene asaz compatible con lo establecido en su disposición subsiguiente, conforme la cual las comisiones médicas locales no pueden dar curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral, las que deben ser resueltas previamente por la autoridad competente (conf. art. 11, decreto cit.).
Luego, cabe concluir que no corresponde intervenir a las comisiones médicas jurisdiccionales cuando, en el marco de una denuncia por un infortunio laboral, el empleador desconozca la relación laboral invocada (sea en el intercambio epistolar mantenido con el trabajador, sea ante su aseguradora).
Es en este marco que deben interpretarse, por lo demás, tanto la reglamentación del procedimiento administrativo ante las comisiones médicas prevista por la resol. 298/17, como su aclaratoria resol. 899-E/17, ambas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III.2.f. En definitiva, la situación del trabajador vinculado por una relación laboral clandestina o no registrada con su empleadora, afiliada a una aseguradora de riesgos del trabajo, debe ser distinguida de la situación de aquél unido por una relación laboral no registrada con una empleadora no incluida en el régimen de autoseguro que hubiere omitido afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo (conf. art. 28, apdo. primero, ley 24.557 y art. 1, párr. tercero, ley 27.348), pues si bien para ninguna de ellas resulta exigible solicitar a la comisión médica jurisdiccional competente, la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, y/o la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en el régimen de riesgos del trabajo; por el contrario, para la primera de ellas sí se encuentra prevista, como paso previo a contar con la vía judicial expedita, la obligación de denunciar la contingencia ante la aseguradora de riesgos del trabajo de su empleadora (conf. arts. 2, 3.1, 26 y concs., ley 24.557; arts. 1, 6 inc. "a", 10 inc. 5, 11 y concs., decreto 717/96, conf. decreto 475/15).
III.2.g. Ahora bien, en el presente caso es posible observar que, al tiempo del acaecimiento del alegado infortunio laboral, la mentada empleadora afiliada no solo: (i) desconoció tanto la relación laboral invocada como el infortunio laboral denunciado; (ii) sino que tampoco le informó al reclamante, en tiempo oportuno (esto es, a más tardar durante el intercambio epistolar contemporáneo a los hechos), los datos de su aseguradora de riesgos de trabajo contratada; (iii) ni efectuó ella misma a su aseguradora la correspondiente denuncia del accidente laboral informado, a pesar de haber sido intimada a ello (v. telegramas de fechas 29-III-2021 y 1-IV-2021).
Así pues, aquí no solo la relación laboral y el accidente de trabajo se encontraron desconocidos por la empresa empleadora, sino que el accionante no dispuso de la información necesaria para poder canalizar su oportuno reclamo por la cobertura de la contingencia ante la aseguradora de riesgos de trabajo contratada por su reputado patrón (conf. arts. 2, 3.1, 26, 31.2 incs. "b" y "c", y concs., ley 24.557; 1 y concs., decreto 717/96).
III.2.h. En estos términos, estimo entonces que resulta correcta la solución brindada por el tribunal de grado, con arreglo a la cual consideró que el actor contaba con la vía judicial expedita al encontrarse controvertida la existencia misma de la relación laboral denunciada en la demanda (tanto por lo expuesto en su responde por la empleadora no incluida en el régimen de autoseguro, como por la semejante actitud asumida por la aseguradora en el suyo), Pues, exigir -ya al tiempo de la traba de la litis en tales términos- el tránsito previo del trabajador no registrado -cuya relación había sido desconocida- tanto por ante la aseguradora de su sindicada empleadora como por las comisiones médicas locales habría importado una exigencia no solo par
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