Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que —integrado con otros jueces— dicte nuevo pronunciamiento conforme lo dispuesto en el apartado III.3.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.486, "Fornaro, Néstor Luis contra Sargento Cabral S.A. de Transporte y otros. Accidente de trabajo Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 15-II-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-III-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Néstor Luis Fornaro —continuada por sus herederas, sus hijas María Elizabeth Fornaro y Vanesa Gisela Fornaro y su cónyuge María Cristina Mingo— y condenó —en forma concurrente— a las demandadas Sargento Cabral S.A. de Transporte y Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral por los daños y perjuicios provocados por la incapacidad determinada que padeció el trabajador (v. pronunciamiento de 15-II-2023).
Para así decidir, juzgó probado que el trabajador padeció hipoacusia bilateral y lumbalgia con limitación funcional como consecuencia directa de sus labores, dolencias que le generaron una incapacidad física del 35,22% de la total obrera (v. vered. págs. 16/42).
Luego de entender configurados los factores de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de cada una de las codemandadas según la legislación civil, el tribunal de grado, verificada la insuficiencia del resarcimiento al que se accedería conforme las previsiones de la ley 24.557 declaró la inconstitucionalidad de su original art. 39 y construyó la indemnización que finalmente estableció, sobre las normas del derecho común. En la cuantificación del resarcimiento por daño material, hubo de considerar la edad del accionante al momento de la primera manifestación invalidante, el ingreso base mensual considerado a la fecha de la primera manifestación invalidante, el porcentaje de incapacidad y la frustración de expectativas laborales, ello, conforme la fórmula que detalló. Fijó seguidamente otra suma en concepto de resarcimiento por daño moral (v. sent. págs. 18/22).
Finalmente, considerando que el crédito de autos constituía una deuda de valor en los términos del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, entendió que correspondía aplicar la doctrina legal emanada de los precedentes C. 124.094, "Stabile" (resol. de 19-II-2021); C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018); entre otros, que disponen la fijación de una tasa de interés puro del 6% anual al crédito indemnizatorio, desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad hasta el dictado de la sentencia (v. sent. págs. 23/24).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 39 de la Constitución provincial; 1.068, 1.069, 1.074, 1.083, 1.086, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 7, 772, 1.726, 1.727, 1.728, 1.737, 1.738 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994); 40, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 163 incs. 5 y 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 8-III-2023).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado no fijó una remuneración plena e integral.
Puntualmente, expresa que, al cuantificar la reparación por daño material en el marco del derecho común, utilizó el promedio de los salarios percibidos durante el último año anterior a la toma de conocimiento de las enfermedades profesionales (período que abarca desde noviembre de 2010 a octubre de 2011). Con ello, denuncia que se violó la doctrina legal que emana de los precedentes L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020).
Apunta a la falta de razonabilidad en la decisión, ya que —según expone— consideró el a quo que la indemnización reconocida era una deuda de valor, pero realizó el cálculo respectivo conforme remuneración desactualizada
II.2. A su vez, expone que, en la búsqueda de la reparación plena, es necesario estimar la totalidad de actividades económicamente valorables, donde jamás se puede atar la cuantificación del daño al salario percibido por el trabajador en el empleo que lo lesionó.
En este marco, invoca vulnerada la doctrina legal que señala fuera sentada en la causa L. 117.933, "Costoza" (sent. de 11-VI-2020); asimismo, denuncia que lo decidido se ha apartado de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ontiveros, Stella M. c/ Prevención ART S.A. y otros" (sent de 10-VIII-2017; CSJN Fallos 340:1038).
II.3. Argumenta que el monto total de la indemnización reconocida en el fallo representa una cuarta parte de la indemnización que a la fecha de la sentencia corresponde, como piso mínimo, según el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente ha de definirse.
III.1. Liminarmente, ocupa destacar que el medio de impugnación fue concedido por el tribunal de origen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable al caso (v. resol. de fecha 15-III-2023) por considerar —en el caso— insuficiente el valor del litigio, extremo que no sólo no mereció objeciones, sino que fue referido por el propio interesado en su presentación (v. rec. pág. 2).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 126.710, "Loiterstein", sent. de 23-II-2022; L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022 y L. 126.540, "Rodriguez", sent. de 10-IV-2023), hipótesis que se configura cuando ha establecido un criterio mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024).
III.2. Sentado lo expuesto, asiste razón al quejoso en cuanto en el primero de sus agravios denuncia transgredida la doctrina legal de este Tribunal.
Conforme lo descripto inicialmente, en el sub examine, a pesar de considerar que el crédito de autos constituía una deuda de valor en los términos del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, el tribunal de grado en su sentencia dictada en el mes de febrero de 2023, cuantificó la reparación integrando en su fórmula una pauta salarial que se remonta al año 2011, y además, por conducto de aquella valoración anidada en la naturaleza de lo debido aplicó, por el período que indicó, una tasa de interés pura.
Como argumenta el recurrente, ese modo de resolver configura una transgresión a la doctrina legal que emana de las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020).
Para abundar en tal definición, luce idóneo reproducir —en lo pertinente— las consideraciones que hube de efectuar al dar mi sufragio en el referido precedente L. 119.914, "Aguiar", que, al cabo, representaron la opinión mayoritaria del Tribunal y conformaron la doctrina legal que agudamente se denuncia vulnerada.
III.2.a. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado en un reciente pronunciamiento referido a la reparación de daños padecidos por una persona humana (arts. 19 y sigs., Cód. Civ. y Com. y 1 apdo. 2, CADH) que "...tanto el derecho a una reparación integral [...] como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333)..." (CSJN causa O.85.L. "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/accidente inc. y cas.", sent. de 10-VIII-2017, cons. cuarto).
También precisó en esa oportunidad que "...el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional...", y que "...dicha reparación no se logra si el resarcimiento producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando cuarto y 335:2333; entre otros)..." (ídem).
En esa ocasión, el voto concurrente del doctor Lorenzetti añadió que "...la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado (doctrina de Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4° cuarto; 335:2333, considerando 20, entre otros)...". El aludido voto precisó que "...este principio de la reparación plena ahora recogido expresamente en el art. 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación- también tenía suficiente y consolidado reconocimiento al amparo del código derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio..." (cons. sexto).
Advirtió por último que los criterios interpretativos expuestos "...han sido recogidos por el legislador en los arts. 1.740 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación, que aun cuando no se apliquen al caso de autos, condensan los parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia..." (cons. séptimo).
III.2.b. A la luz de tales precisiones no es ocioso recordar que recogiendo una distinción con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en "deudas de dinero" y "deudas de valor" (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329; "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604; "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas, en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
Al remitir al "...valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…", la citada norma particulariza ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie, el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, ley 24.283; 8 decreto 214/02 y 11, ley 25.561, texto según ley 25.820; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836; "Román Benítez", Fallos: 317:989 y "Escobar", Fallos: 319:2420).
III.2.c. El fallo bajo examen se ha apartado injustificadamente de los aludidos principios que informan la reparación de los daños sufridos por las personas humanas, como eficazmente ha sido puesto de manifiesto por el recurrente. En él, se arriba al otorgamiento de un monto indemnizatorio que no respeta el principio de "reparación plena", con evidente lesión a los derechos constitucionales que amparan al trabajador demandante (arts. 14 bis, 17 y concs., Const. nac.). Esto es dirimente para orientar la definición del caso, toda vez que se ha determinado la base salarial para el cálculo del rubro en cuestión mediante un pronunciamiento dictado en el mes de febrero de 2023 a partir de ingresos del trabajador que se corresponden al año 2011, sin atender a la verdadera naturaleza del crédito en cuestión consistente en la contrafase de una deuda de valor y a las reglas que gobiernan su cuantificación conforme al derecho común, no obstante la naturaleza que se le ha reconocido al monto pertinente en el propio fallo.
III.2.d. Corresponde entonces revocar esta parcela del pronunciamiento, y reenviar las presentes al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte un nuevo fallo de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente.
III.3. Debiendo revocarse la estimación del resarcimiento del daño patrimonial, e integrarse el tribunal con otros magistrados a los fines de dictar el nuevo pronunciamiento, en dicha ocasión habrán de ponderar los distintos lineamientos para lograr una reparación plena e integral. En consecuencia, no queda margen aquí para atender a los demás planteos traídos (conf. causa L. 129.739, "Solis", sent. de 30-XII-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, cabe acoger el recurso conforme se resuelve en los apartados que anteceden. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que —integrado con otros jueces— dicte nuevo pronunciamiento conforme lo dispuesto en el apartado III.3.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:20:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:25:56 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:47:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:48:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:26:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:15:09 hs. bajo el número RS-115-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia