Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129750
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca la sentencia impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa respecto de las pretensiones instauradas con motivo de la minusvalía denunciada por la accionante, cuya incompetencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párrafo. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.750, "Cejas, Karen Melina contra Allegretti S.A. y otro/a. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la excepción de incompetencia opuesta; sin costas, atento la compleja naturaleza de las cuestiones debatidas (v. pronunciamiento de fecha 24-VIII-2022).
Se interpusieron, por la codemandada Federación Patronal Seguros S.A., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-IX-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 16-V-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia opuesta por la codemandada Federación Patronal Seguros S.A., en el marco de la acción promovida en su contra por la señora Karen Melina Cejas en procura del pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que adujo haber contraído como consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora.
Para así resolver, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (modif. por el art. 15 de la ley 27.348) e innecesario que la actora transitara —atento el objeto de la acción de autos— el procedimiento administrativo previo por ante la comisión médica jurisdiccional.
II. Contra dicha decisión, Federación Patronal Seguros S.A. interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-IX-2022).
En el primero de los remedios procesales mencionados sostiene que el pronunciamiento de grado no se encuentra fundado en los principios generales del derecho, en el texto expreso de la ley, ni en los principios jurídicos de la legislación vigente.
III. En armonía con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 16-V-2023), considero que el recurso no puede prosperar.
En efecto, no se verifican incumplidas en el caso las exigencias previstas en el art. 171 de la Constitución provincial —norma cuya eventual transgresión, para más, siquiera ha sido denunciada por el recurrente—, toda vez que la sentencia atacada se encuentra normativamente fundada, sin que corresponda examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia de su apoyatura legal, tópicos que se encuentran detraídos del acotado marco del recurso en tratamiento (causas L. 126.926, "Vaqueiro", sent. de 10-IV-2023; L. 128.676, "Romero", sent. de 24-II-2025; L. 131.546, "Mendoza", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Federación Patronal Seguros S.A. impugna el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, modificado por el art. 15 de la ley 27.348, y su aptitud jurisdiccional para entender en autos.
Refiere que el sentenciante rechazó la excepción de incompetencia opuesta oportunamente por la recurrente sobre la base de considerar un marco jurídico errado como punto de partida para el análisis del caso.
En ese orden de ideas, explica que el tribunal de origen destacó en varios pasajes del pronunciamiento que el objeto de la acción promovida se hallaba vinculado con un reclamo dirigido contra el empleador con fundamento en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la ley 19.587. Indica que el deber de seguridad allí previsto apunta exclusivamente a los empleadores, no resultando oponibles a la aseguradora de riesgos del trabajo las prerrogativas contempladas en dicha normativa.
Manifiesta que el órgano actuante concluyó que el actor dirigió una acción laboral por daños y perjuicios con fundamento contractual contra su empleador, por considerar que había violado el deber de seguridad o indemnidad contenido en el citado precepto de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no discriminó en el específico supuesto de autos la situación en la cual se encuentra la codemandada Federación Patronal Seguros S.A.
Alega que en el pronunciamiento se declaró de manera abstracta la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 —modificado por art. 15 de la ley 27.348—, ya que los argumentos que expuso el juzgador de grado configuran meras especulaciones y genéricas afirmaciones respecto del procedimiento previo y obligatorio ante las comisiones médicas, es decir, sin que se demuestre —en el caso concreto— un verdadero perjuicio en cabeza del trabajador.
Esgrime consideraciones tendientes a defender la aplicabilidad del mentado precepto legal, así como de las leyes 14.997 y 15.057 y peticiona la revocación del fallo del tribunal de grado en cuanto eximió al actor de cumplir con el requisito de transitar la etapa administrativa de manera previa al inicio de la acción dirigida contra la aseguradora en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
II. El recurso prospera con los alcances que a continuación habré de precisar.
II.1. En lo que interesa, cabe señalar que, mediante una acumulación de acciones, el actor reclamó —por un lado— la nulidad del despido, su reinstalación en el puesto de trabajo y, subsidiariamente, el pago de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo; como así también el resarcimiento por incapacidad laboral, originada en una enfermedad profesional —hernia discal— que dijo haber contraído con motivo de las tareas prestadas para su empleadora (v. escrito electrónico de fecha 14-VI-2022).
Respecto de esta última pretensión, atribuyó responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora en los términos del mencionado art. 1.074 del Código Civil (ley 340), por considerar que incumplió los deberes de prevención y control previstos por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. demanda, punto XI.A.).
II.2. A su turno, Federación Patronal Seguros S.A. —en lo que aquí resulta relevante— opuso excepción de incompetencia material, argumentando la falta de cumplimiento por parte de la actora —respecto de la enfermedad denunciada— del procedimiento administrativo previo y obligatorio previsto en el Título I de la ley 27.348 (v. escrito electrónico de 5-VII-2022, punto III).
II.3. Al brindar tratamiento a dicha defensa, el tribunal de grado determinó inicialmente el objeto de la acción deducida y concluyó que se hallaba vinculado a un reclamo dirigido contra el empleador con fundamento en el daño producido por la violación del deber de seguridad dispuesto en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y respecto de la aseguradora por la responsabilidad civil extracontractual fundada en el incumplimiento de los deberes de prevención y control.
Luego, declaró —por los argumentos que expuso— innecesario que la actora transitara con carácter previo el procedimiento administrativo ante la respectiva comisión médica jurisdiccional y su competencia para entender en la presente causa.
II.4. La aseguradora codemandada objeta esta decisión en los términos que surgen del relato de agravios plasmado en el apartado anterior (v. punto I).
II.5. En el caso, más allá del abordaje plasmado por el tribunal de grado para definir la naturaleza de sendas pretensiones resarcitorias del supuesto daño en la salud esgrimidas por la promotora del juicio, lo concreto es que la aquí recurrente trae a revisión de esta Corte la conclusión del pronunciamiento que eximió a la parte actora de cumplir con el procedimiento administrativo previo y obligatorio establecido por el Título I de la ley 27.348 en lo tocante al reclamo dirigido contra la aseguradora con apoyatura en el derecho común.
En este contexto, huelga recordar que al resolver en la causa L. 126.298, "Torena" (sent. de 21-X-2022), en un juicio seguido contra Federación Patronal Seguros S.A. en procura de la reparación civil y, en subsidio, sistémica, este Tribunal afirmó que resultaba ineludible aquel tránsito previo ante las comisiones médicas, expresando —a su vez— que era de aplicación la doctrina legal sentada en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y continuada en las causas L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs" (sents. de 2-VI-2020).
Tal criterio fue replicado en el precedente L. 127.934, "Chiepa" (sent. de 20-IX-2024), en el cual el actor litigó contra el Fisco provincial persiguiendo la indemnización de daños y perjuicios con sustento en la normativa civil y, supletoriamente, las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de riesgos del trabajo. En dichos autos se señaló que la norma del art. 15 de la ley 27.348, en cuanto modifica el cuarto párrafo del art. 4 de la ley 26.773, expresamente indica, incluso, la imposibilidad de promover una acción sustentada en el derecho civil (o en otros regímenes jurídicos) sin haber recorrido el procedimiento administrativo previo que ella recepta.
Esta regla resulta claramente aplicable a la controversia de autos al punto de definir la suerte favorable de la crítica que se examina.
En tales condiciones, corresponde hacer lugar al recurso deducido y revocar la decisión del tribunal de trabajo en cuanto rechazó la excepción de incompetencia opuesta y declaró su aptitud jurisdiccional para conocer en las pretensiones instauradas con motivo de la minusvalía denunciada por la accionante.
II.6. La solución que propicio deberá extenderse al codemandado no recurrente en atención a la naturaleza jurídica de las obligaciones debatidas sobre la salud de la promotora del pleito, tornándose aplicables las directrices sentadas en el caso C. 96.831, "Ocon" (sent. de 14-IV-2010) y, posteriormente, reiteradas en las causas C. 102.410, "Nuñez" (sent. de 4-IV-2012); C. 108.300, "Rivadeneira" (sent. de 27-VI-2012); C. 109.572, "Scazzetta" (sent. de 8-VIII-2012); C. 111.976, "Gutiérrez" (sent. de 26-VI-2013); L. 111.291, "Soubie" (sent. de 15-VII-2015); C. 123.265, "C., M. G." (sent. de 30-XII-2020); L. 121.445, "Balbi" (sent. de 9-II-2021); L. 127.846, "A. G. I." (sent. de 30-IV-2024); entre muchas otras (conf. arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de grado con los alcances antes indicados. Las actuaciones deberán ser devueltas a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párrafo. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
Ponderando ciertas reflexiones que brindó el tribunal de grado en la resolución recurrida, luce conveniente precisar que esta Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) —invocado por el impugnante— y su zaga (v. causas L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020; entre muchas), no solo sostuvo que la adhesión dispuesta en el art. 1 de la ley provincial 14.997 a su par nacional 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente) resultaba constitucional, sino que también hubo de declarar la validez del procedimiento administrativo previo ante las comisiones médicas que como resultado de dicho entramado normativo se impone al trabajador.
Y luce necesario agregar, que en los precedentes L. 126.298, "Torena" (sent. de 21-X-2022) y L. 127.934, "Chiepa" (sent. de 20-IX-2024), conforme aquellas directrices sentadas en la citada causa "Marchetti", y concretamente, atendiendo ahora a lo dispuesto en el art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773 (modif. por el art. 15, ley 27.348), este Tribunal juzgó que aun en demandas impetradas por el trabajador persiguiendo un resarcimiento con fundamento en el derecho común frente a los supuestos obligados —sin distinción entre empleadores y aseguradoras— en razón de una hipotética incapacidad laboral era ineludible aquel tránsito previo obligatorio ante las comisiones médicas.
Luego, la doctrina legal antes mencionada colisiona con la descalificación constitucional efectuada por el tribunal de la instancia y con la solución a la que arribó en la decisión impugnada, la que debe ser revocada en los términos delineados en el punto II.6. del sufragio emitido por mi colega doctor Torres.
II. En virtud de lo expuesto, debe hacer lugar al medio de impugnación conforme se indica en el apartado III de la opinión que inaugura este acuerdo.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párrafo. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca la sentencia impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa respecto de las pretensiones instauradas con motivo de la minusvalía denunciada por la accionante, cuya incompetencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68 segundo párrafo. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:20:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:25:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:47:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:48:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:26:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:15:05 hs. bajo el número RS-113-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia