Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127893
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la decisión de fecha 1 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento atendiendo a los planteos y defensas esgrimidos por las partes.
Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.893, "González Parada, Paulo Francisco contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la acción prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, sin costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 1-XII-2020).
Se interpusieron, por el legitimado activo, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-IX-2021), siendo denegado por el tribunal de grado el último de los mencionados (v. pronunciamiento de fecha 9-IX-2021), el que fue admitido por esta Suprema Corte (v. resol. electrónica de 4-VII-2022), previa deducción de la queja respectiva (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2021). Con posterioridad, fue concedido por el órgano de origen la primera de las vías referidas (v. resol. de 22-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 6-II-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fecha 1 de diciembre de 2020?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente declaró la caducidad de la acción que Paulo Francisco González Parada inició contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo del accidente de trabajo sufrido el día 13 de abril de 2017, y dispuso, una vez firme, su archivo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 1-XII-2020).
Para arribar a esa solución, en primer término, valoró las actuaciones administrativas acompañadas a la causa y tuvo por acreditado el cumplimiento, por parte del trabajador, de la instancia administrativa previa y obligatoria prevista en la ley 27.348, la cual —señaló— resultaba aplicable al ámbito local por conducto de la ley de adhesión provincial 14.997, normativa cuya invalidez constitucional fue denunciada por el accionante.
Luego, y en lo que refiere al planteo de inconstitucionalidad mencionado, juzgó que la parte actora no logró acreditar el agravio constitucional referido y recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe considerarse como la última ratio del orden jurídico.
Bajo esos lindes, juzgó que a la fecha de promoción de la demanda (que situó el 3-V-2020), el dictamen emitido por la comisión médica jurisdiccional de fecha 23 de abril de 2018 se encontraba firme y consentido, razón por la cual concluyó que dicha acción judicial había caducado conforme los términos del citado art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce sendos recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley.
II.1. En la vía extraordinaria de nulidad denuncia transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Alega que el tribunal de origen omitió expedirse respecto de la temporalidad de la normativa que aplicó al caso, esto es, de las leyes 27.348 y 14.997, desde que —sostiene— al momento en que el actor sufrió el accidente de trabajo (13 de abril de 2017), se encontraban vigentes las leyes 24.557 y 26.773, normativa esta que —afirma— rigió el procedimiento administrativo ante las comisiones médicas.
Reitera que, tal como surge de las constancias de autos y del expediente administrativo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 217.301/17, el trabajador no contó con el patrocinio letrado obligatorio, a la vez que no existió disposición homologatoria que dé cierre a la etapa administrativa previa y obligatoria, ambos requisitos imprescindibles y que justifican la existencia de la normativa aplicada.
Bajo esos parámetros, señala que la citada ley 27.348 no resulta aplicable, como tampoco —a su modo de ver— el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Critica que el tribunal de grado no haya analizado las constancias de autos con rigurosidad, y que haya tomado la fecha del dictamen de la comisión médica jurisdiccional y la de su notificación, para decidir cuál era la legislación aplicable al caso.
En esa línea de pensamiento, denuncia la violación de los principios de razonabilidad, legalidad y congruencia y expone que quedó probado que el procedimiento administrativo transitado por el actor no se realizó de acuerdo con las prescripciones de las leyes 27.348 y 14.997, por lo que —de este modo— tampoco son aplicables dichas reglas para el acceso posterior del actor a la justicia ordinaria, principalmente en lo que se refiere a los requisitos exigibles y los plazos a cumplir.
Enfatiza que toda vez que el actor no contó con el debido patrocinio letrado durante la tramitación administrativa destinado a que se garanticen sus derechos, tal trámite debe ser tachado de inconstitucional, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos.
Seguidamente, y de manera subsidiaria, exige que se tenga por habilitada la instancia judicial, toda vez que —asevera— la demanda interpuesta ante un juez incompetente provocó la interrupción del plazo de prescripción, plazo que considera bienal.
Finalmente, expone que el pronunciamiento de grado carece de la debida fundamentación legal.
II.2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el impugnante denuncia la vulneración de los arts. 14, 14 bis, 16, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 10, 15, 16, 18, 20, 26, 36, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 incs. "b" y "c" de la ley 11.653.
Afirma que el fallo de grado transgrede la doctrina legal emergente de la causa L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003) y de los precedentes "Castillo" y "Venialgo" de la Corte nacional.
En este marco, cuestiona la decisión del tribunal de grado de aplicar en el sub lite el procedimiento instituido por la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y desarrolla argumentos relacionados con la inconstitucionalidad del mismo.
En tal sentido, denuncia conculcadas las garantías de juez natural, debido proceso y acceso irrestricto a la justicia, por no haber contado el trabajador con patrocinio letrado al inicio del expediente administrativo, de fecha anterior a la puesta en funcionamiento de la mencionada resolución reglamentaria 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III. A mi modo de ver, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. Antes de exponer los fundamentos por los cuales considero que, en el caso, propicio que esta Suprema Corte haga uso de tal potestad de excepción, me parece pertinente señalar que, habiendo sido denegado por el tribunal interviniente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dirigido a cuestionar la decisión cuyo sustento fue reseñado precedentemente, por considerarlo extemporáneo, esta Suprema Corte hizo lugar a la queja deducida por el interesado contra la resolución denegatoria y lo concedió a fin de examinarlo sin las limitaciones derivadas de las leyes procesales locales (v. resol. de 4-VII-2022).
Para así decidir, en atención a las particulares circunstancias de la causa, la entidad del planteo efectuado por el impugnante, así como la jerarquía y naturaleza de los derechos involucrados, y visto que el tema en debate encuentra directa relación con la denuncia de violación de garantías constitucionales, entendió involucrada prima facie una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia revisora local, desde que —dijo en la resolución citada— el recurrente puso énfasis en la imposibilidad de ejercer el debido control de la actividad administrativa por no haber contado el trabajador damnificado con patrocinio letrado durante el trámite.
En lo sustancial, afirmó que, ante la posible vulneración de las garantías de acceso a la justicia, derecho de defensa y a la salud, teniendo en cuenta los planteos formulados en el marco del presente reclamo destinado a obtener la reparación de los daños sufridos por un accidente de trabajo, el examen de las cuestiones formales debe flexibilizarse para que no resulten un valladar para su consideración ante las garantías consagradas en la Constitución nacional y tratados con igual jerarquía.
III.2. Sentado lo anterior, principio por recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, que se justifica cuando las falencias que exhibe el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023).
Esta circunstancia, que es la que ocurre en el caso bajo examen, justifica la solución que propongo.
A ello aduno que la situación verificada en autos presenta similares aristas a las del precedente L. 126.865, "Ifran" (sent. de 6-XII-2023), en el que expresé mi adhesión a la opinión vertida por mi distinguido ex colega, el doctor Genoud, que abrió la votación en dicha causa.
III.3. En lo que resulta relevante, cabe destacar que, en el escrito de inicio especialmente, en el apartado III, el actor puso énfasis en señalar que tramitó el expediente administrativo ante las comisiones médicas "...en el que careció de patrocinio letrado obligatorio y no existió acto administrativo homologatorio..." (demanda, fs. 3) y que culminó con un dictamen médico.
A partir de ello, manifestó que el procedimiento que transitó resultaba inconstitucional, concluyendo que no resultaba condición excluyente —en el caso— el agotamiento de la vía administrativa, aunque —dijo— la había tramitado.
Planteó, asimismo, la invalidez constitucional de diversas normas.
III.4. A la vista de lo expuesto en ese capítulo de la demanda, observo que la decisión atacada, sin dar respuesta a los planteos formulados en derredor del omiso patrocinio letrado que se encargó de poner de manifiesto el trabajador damnificado, declaró —sin más— cumplido el trámite previo iniciado el 29 de septiembre de 2019 (v. constancias del expediente SRT 217.301/17), aplicando —si se quiere— de modo automático las prescripciones de las leyes 27.348 y 14.997 y del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 para decretar la caducidad de la acción intentada, juzgando inobservadas las exigencias contempladas en dicha normativa.
Así las cosas, este Tribunal ha declarado que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria si el mismo no proporciona los presupuestos necesarios para resolver las cuestiones litigiosas, ni expone conclusiones sobre cuestiones esenciales, al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad (causas L. 103.060, "Ibañez", sent. de 27-VI-2012; L. 116.475, "Topa", resol. de 23-V-2012 y L. 128.098, "Cotignola", resol. de 27-X-2022); hipótesis que advierto configurada en la especie.
IV. Si mi propuesta es compartida, corresponde disponer la anulación de oficio del pronunciamiento emitido el 1 de diciembre de 2020, y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo fallo en atención a los planteos y defensas articulados por las partes.
Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda y tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de las presentes.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda y tercera cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se anula de oficio la decisión de fecha 1 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento atendiendo a los planteos y defensas esgrimidos por las partes.
Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:20:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:25:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:47:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:48:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:26:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:15:04 hs. bajo el número RS-112-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia