Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 133564
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.564, "Sayes, Alberto Alejandro contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 27-VIII-2024).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-X-2024), el que —luego de haber sido denegado en la instancia de grado— fue admitido por esta Corte mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2025 al resolver la queja deducida por la interesada (v. escrito electrónico de fecha 25-X-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Alberto Alejandro Sayes y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente que sufrió el día 6 de abril de 2020.
En lo que resulta relevante, puesto a determinar si correspondía aplicar al caso las previsiones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, destacó que si bien el tribunal se había pronunciado en casos anteriores en forma negativa atento no haberse observado los requisitos constitucionales para su dictado, ello no obstaculiza su validez y consiguiente aplicación como decreto delegado en los términos del art. 76 de la carta magna, en tanto cumplimenta la manda legislativa instituida por el art. 11 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo; disposición esta última que otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad de mejorar las prestaciones dinerarias cuando las condiciones económicas financieras del sistema así lo permitan, en sintonía con el principio de progresividad.
En cambio, entendió que no correspondía aplicar la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación —reglamentaria del citado decreto— por haber convertido al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en un régimen de interés diario en lugar de una fórmula de ajuste; así como por incurrir en exceso reglamentario y no mejorar las prestaciones sistémicas.
Con sustento en lo expuesto, a lo que añadió "...los criterios sostenidos en el precedente 'Barrios'" (sent. pág. 15), utilizó como parámetro de actualización del ingreso base el coeficiente resultante de la variación del aludido índice, teniendo en cuenta el último publicado al dictado del fallo y el de la fecha del accidente.
Sobre este piso de marcha, y los extremos fácticos que tuvo por verificados en el veredicto, liquidó el importe del resarcimiento debido al dependiente, al que ordenó aplicar un interés compensatorio puro anual del 2%, desde la primera manifestación invalidante y hasta la fecha del pago.
Finalmente —para el supuesto de mora en el cumplimiento de la sentencia— determinó que el capital de condena devengue un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación hasta su efectiva cancelación (conf. art. 12, ley 24.557, texto según art. 11, ley 27.348).
II. Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 75 inc. 19 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 del protocolo de San Salvador; 39 apartado 3 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita.
En concreto, formula los siguientes agravios.
II.1. Afirma que el fallo de grado —en cuanto utilizó como pauta de actualización del ingreso base mensual el coeficiente resultante de la variación del índice RIPTE entre el último publicado al momento de dictarse el fallo y el de la fecha del siniestro— se aparta de lo resuelto por la Corte federal en las causas que identifica como "Lacuadra" y "Oliva".
Añade que, contrariamente a lo decidido en la sentencia en crisis, el precedente C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), no es de aplicación al caso, en tanto allí se debatió un reclamo civil por deudas de valor derivadas de un accidente de tránsito, naturaleza aquella —dijo— de la que no participan las prestaciones dinerarias tarifadas del régimen especial, que cuentan con pautas específicas de actualización.
II.2. Cuestiona la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 por resultar inconstitucional desde el punto de vista formal y sustancial; ello en tanto, de un lado, no se observaron los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece para su dictado; y, del otro, prioriza las eventuales ganancias de entes privados con fines de lucro por encima de la salud psicofísica de los trabajadores.
Propugna también su inconvencionalidad.
II.3. Subsidiariamente, objeta el modo en que el órgano de grado aplicó el decreto de referencia, por haberse apartado de lo dispuesto en la mencionada resolución 1.039/19 y su modificatoria 332/23, en tanto tales normas establecen la sumatoria simple de las variaciones diarias del índice RIPTE, y no una fórmula de ajuste, metodología esta última adoptada por el tribunal.
II.4. Controvierte, finalmente, la tasa pura del 2% anual fijada en la sentencia por resultar —expone el impugnante— abusiva y arribar a un resultado desproporcionado.
Aduna a ello que en la causa que identifica como "Bonet" la Corte federal se expidió en orden a la desproporción de las tasas aplicadas, ordenando la realización de nuevos cálculos.
III. El recurso prospera.
III.1. Por cuestiones metodológicas alteraré el orden de los agravios ensayados para ingresar en su tratamiento.
III.1.a. Con relación al embate vinculado con la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y su consecuente aplicación por parte del órgano de grado, es dable tener especialmente en cuenta que la cuestión ya ha sido resuelta por esta Corte a partir de la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual se declaró la inconstitucionalidad del mentado decreto y cuyos razonamientos he de reiterar a continuación.
Al respecto, no considero que sea obstáculo para ello la oportunidad en la que el interesado introdujera en la causa el planteo de inconstitucionalidad de dicho decreto, en atención a mi posición en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas cuando el caso así lo requiera (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como causas L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023; L. 120.753, "Lovera", sent. de 30-XII-2024; e.o.), lo cual impide dejar de atender la denuncia al influjo de un criterio formalista o restrictivo.
Por lo demás, y aun cuando es cierto que el pronunciamiento de referencia no había sido dictado al momento en que se interpuso el recurso extraordinario en examen, no lo es menos que no puede prescindirse su análisis, ni la eventual aplicación de sus lineamientos al presente, pues, como en repetidas oportunidades ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, "O., C.", sent. de 13-II-2008 y L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; entre otros), a fin de brindar una "adecuada solución al caso" (causa L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y sus citas; v., en el mismo sentido, las más recientes causas L. 131.451, "Lepre", resol. de 7-VI-2024 y L. 132.143, "Alamo Cenizario", resol. de 20-IX-2024; entre muchísimas otras).
III.1.b. Pues bien, en la causa L. 129.800, "Muzychuk", expliqué que el decreto de necesidad y urgencia 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el segundo inciso del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el día 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.c. Referí también —remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión)— que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296; Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", ED 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y siguientes. Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia", LL 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Ed., Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533 y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes. Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y siguientes. Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y siguiente.
Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse, asimismo, que allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. CSJN Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. CSJN Fallos: 209:390 y 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (CSJN Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. CSJN Fallos: 321:3123; 333:1828 y 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
III.1.d. Precisé que el constituyente del año 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (CSJN Fallos: 333:633 y 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. CSJN Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449 y 467; 269:393 y 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA causa A. 74.552, "Fe", ya citada).
III.1.e. Afirmé —entonces— que la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (CSJN Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que —finalmente— nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado —a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingen
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