Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.809, "Núñez Cervantes, Solange María contra Swiss Medical ART S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 10-XI-2020).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 26-XI-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Solange María Núñez Cervantes contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última al pago de la prestación prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo en razón de la incapacidad que porta la actora con motivo del accidente in itinere que sufrió el día 27 de abril de 2017.
En lo que interesa, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Para así decidir, entendió que la modificación introducida por el mentado decreto vulneraba los principios de progresividad y razonabilidad pues implicaba una reducción en el monto de las indemnizaciones que prevé la ley especial de infortunios laborales según el texto de la ley 27.348; asimismo, sostuvo que de la lectura de sus considerandos tampoco se advertía la necesidad y urgencia que justificaran su dictado (v. sent., págs. 4/12).
A partir de ello, procedió a calcular el ingreso base mensual de la trabajadora conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557 (según texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) y cuantificó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. sent., págs. 12/15).
Para concluir, dispuso que, a partir de la mora en el pago de la indemnización y hasta su efectiva cancelación, se aplique sobre el monto de condena un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., últ. pág. cit.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 26-XI-2020).
II.1. Cuestiona lo juzgado en la sentencia de grado en cuanto en ella se declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Afirma que esa decisión fue tomada de manera extra petita, en tanto la parte contraria no se había agraviado sobre esa cuestión.
En orden al mentado decreto, entiende configurados los requisitos a los que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional subordina su dictado. En tal sentido, alega que la necesidad se encontraba justificada ante la posible afectación de la solvencia del sistema de riesgos del trabajo cuya corrección no admitía demora alguna.
Además, sostiene que el instrumento goza de razonabilidad, toda vez que mide el ajuste de las indemnizaciones de conformidad con la evolución de los salarios.
Expresa que tampoco resulta correcto lo argumentado por el órgano de grado en cuanto a que la aplicación del decreto 669/19 disminuye el ingreso base previsto en el art. 12 de la ley 24.557. Refiere que aquel no modifica el cálculo de las prestaciones dinerarias, sino el interés que devengan aquellas. Al respecto, precisa que la aplicación de la tasa activa no refleja el valor del salario promedio anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, y, a su vez, en función del art. 1 de la ley 24.283, tampoco puede ser utilizada para ajustar el módulo indemnizatorio del art. 12 de la ley 24.557, pues establecería un valor muy superior a aquel.
Agrega que el nuevo método de cálculo conlleva una mejora respecto del anterior art. 12 —en su redacción original—, por lo que no es regresivo, sino que corrige un desvío que se generó en la variable de actualización del ingreso base como consecuencia de cuestiones macroeconómicas de público y notorio conocimiento.
Afirma que la sentencia recurrida se encuentra desprovista de todo apoyo y contiene defectos de fundamentación o razonamiento que la descalifican como acto legal válido, así, expresa que es arbitraria, dogmática e irrazonable.
II.2. Por otro lado, el impugnante denuncia que la liquidación efectuada por el tribunal de la instancia no se ajusta a lo normado en el art. 48 de la ley 11.653.
En este pasaje del recurso, solicita se apliquen las disposiciones de la ley 24.432, que establece que la responsabilidad por el pago de las costas no excederá del 25% del monto de la sentencia; debiendo, en caso contrario, prorratear los montos entre los beneficiarios.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe observar que el recurrente ha omitido cumplir con la carga de demostrar que eventualmente el valor de lo cuestionado ante esta instancia resulte superior al mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Es que ciertamente, ninguna referencia concreta se observa en el recurso vinculada con dicho recaudo procesal.
Resultando entonces que no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso— (causas L. 119.813, "Zamudio", sent. de 11-III-2020; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023; L. 131.031, "M., E. A.", sent. de 28-XI-2024; e.o.), quedando circunscripta la función revisora de esta Corte a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025).
No obsta a lo señalado que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, puesto que al respecto nada argumenta el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
III.2. Sentado lo anterior, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, cabe desestimar los cuestionamientos traídos vinculados con mentada declaración de inconstitucionalidad de aquel decreto y de la resolución referida, en tanto las doctrinas que se denuncian violadas no resultan idóneas para fundar el recurso ya que han sido elaboradas sobre la base de presupuestos distintos de los que exhibe el presente caso, lo que determina el fracaso de la impugnación (causas L. 122.120, "Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 26-V-2020; L. 124.854, "Carzoglio", sent. de 28-XII-2021; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
Asimismo, corresponde precisar que no constituye doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 122.887, "Canepa", sent. de 6-X-2020; L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XI-2024; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
III.3. Tampoco resulta viable el restante agravio traído, puesto que, en el estrecho marco excepcional por el que transita el presente recurso, el impugnante prescinde aquí de denunciar doctrina legal específicamente vinculada con el planteo que expone concerniente al límite en la responsabilidad en el pago de las costas, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; e.o.).
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los dos primeros párrafos del punto III.1. de su voto.
Sin embargo, no puede soslayarse que la impugnación se dirige a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por lo que involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que —conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal— aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que, según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, únicamente dicho embate habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
I.2.a. Sentado ello, adentrándome en el análisis del mencionado agravio, es menester señalar que no le asiste razón a la interesada cuando afirma que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia porque declaró —de oficio— la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sin que lo haya peticionado la parte actora.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado por nuestro país, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercerlo aún de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, las que no pueden ser argumentadas frente al derecho aplicable para resolver la contienda (causas L. 100.688, "Fernández", sent. de 11-XI-2009; L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 119.109, "Pedernera", sent. de 21-IX-2020; e.o.).
En ese sentido, me he explayado en torno a la facultad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, al votar en las causas L. 86.269, "Gómez" (sent. de 14-IX-2004) y L. 83.781, "Zaniratto" (sent. de 22-XII-2004), a cuyas consideraciones, en honor a la brevedad, me remito.
I.2.b. Aclarada la aptitud del tribunal de trabajo para ejercer el control oficioso de constitucionalidad, e ingresando al fondo del agravio examinado, habré de reproducir —en lo pertinente— los conceptos que expresé al emitir mi voto en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025).
I.2.b.i. En aquella oportunidad expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el segundo inciso del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "ingreso base", meta que —según se expone en los considerandos— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el día 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
I.2.b.ii. Referí también —remitiéndome a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión)— que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo, "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A., "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A., "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A., "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", L.L. 1989-E-1296. Badeni, Gregorio, "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H., "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia", L.L. 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R., "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M., "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E., "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Airas, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos, "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", L.L. 1991-E-1179.
"Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig. Comadira, Julio R., "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", L.L. 1995-B-825; entre varios más).
Expuse, asimismo, que allí se dijo que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. CSJN Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. CSJN Fallos: 209:390 y 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (CSJN Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. CSJN Fallos: 321:3123; 333:1828 y 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
I.2.b.iii. Precisé que el constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conju
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