Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128640
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.640, "Ruíz Díaz, Brenda Carolina contra Bordigoni y Compañía S.R.L. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Kohan, Natiello, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y rechazó las excepciones previas opuestas por las codemandadas (v. resol. de fecha 3-XII-2021).
Se dedujeron, por Bordigoni y Compañía S.R.L. y Ternium Argentina S.A., sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 29-XII-2021 y 30-XII-2021, respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 23-V-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido por la codemandada Bordigoni y Compañía S.R.L.?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la codemandada Ternium Argentina S.A.?
En su caso:
4ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por esta última?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por la señora Brenda Carolina Ruíz Díaz y el señor Pablo Gastón Ruíz Díaz contra Bordigoni y Compañía S.R.L. y Ternium Argentina S.A. (ex SIDERAR S.A.I.C.), en reclamo de una indemnización integral —con sustento en las normas del derecho común— por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor Juan Alberto Ruíz Díaz —quien fuera en vida padre de los coaccionantes—, acaecido el día 31 de agosto de 2016, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó mientras desarrollaba sus tareas, declaró la invalidez constitucional de la opción excluyente prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 27.348) y, por consiguiente, desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Bordigoni y Compañía S.R.L., así como también la citación al proceso de la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A., efectuada por aquel a la luz de las previsiones contenidas en el art. 94 del ordenamiento adjetivo civil y comercial.
Tal como se adelantó, en lo fundamental, declaró la inconstitucionalidad del citado art. 4 de la mencionada ley 26.773 (en su texto original), en cuanto impone a la parte actora la opción excluyente entre la acción civil y la especial, impidiendo la acumulación de regímenes indemnizatorios.
Para así decidir, consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse con la reparación plena en cuanto esta resulte más beneficiosa para la víctima o sus derechohabientes. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia.
Expuso que la ausencia de razonabilidad de la mentada opción transgrede los principios básicos de indemnidad e irrenunciabilidad, a la vez que configura una palmaria regresión en el mecanismo de protección de los daños causados a la salud psicofísica del trabajador o sus causahabientes, en tanto sujetos de preferente tutela constitucional (arts. 14 y 28, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
Sostuvo que las prestaciones sistémicas resultan irrenunciables conforme lo establece el art. 11 de la ley 24.557 en su apartado 1, comportando la tutela mínima garantizada al trabajador como consecuencia del padecimiento de las contingencias establecidas en el art. 6 del mencionado cuerpo legal.
De allí que, continuó, el ejercicio de una acción por la que se reclama la reparación integral no puede entenderse de manera tal que implique una renuncia a los mínimos protectorios establecidos en el marco sistémico, que a su vez deben complementar e integrar la indemnización plena; siempre y cuando las circunstancias verificadas en la causa así lo permitan.
Con esas bases, declaró que la norma contenida en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773 resultaba inconstitucional por resultar violatoria de los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Destacó que esta Suprema Corte se expidió en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), respecto a la afectación constitucional contenida en la mentada opción excluyente, confirmando el fallo de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la ley 27.348).
Por otro lado, juzgó improcedentes los reclamos impetrados por la coaccionada Bordigoni y Compañía S.R.L., en cuanto postuló —por un lado— la falta de agotamiento de la vía administrativa previa de carácter obligatoria y excluyente por parte del accionante, así como también la denuncia formulada respecto a la existencia de una causa judicial anterior entablada por el accionante contra Federación Patronal Seguros S.A., por idéntica causa a la reclamada en la presente (refiriendo al expte. n° 41.451/16, "Ruíz Díaz, Brenda Carolina c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente de trabajo-acción especial", en trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de La Plata), por conducto de la cual —según alegó— el reclamante ejerció la opción excluyente estipulada en el citado art. 4 de la ley 26.773.
En cuanto a la supuesta vinculación entre ambas causas (la recién mencionada y la presente), sostuvo que esta última era una acción independiente y distinta a la tramitada con anterioridad, puesto que en ella "...se reclama por la reparación integral de los daños derivados del siniestro sufrido por el padre de los actores que culminara con su fallecimiento, previo planteo de la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773; mientras que en el referido expte. se perseguían las prestaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo contra la ART Federación Patronal Seguros" (resol., pág. 8).
Mencionó que el reclamo judicial que tramitó ante el tribunal precitado culminó con un acuerdo homologado por el cual los actores percibieron la suma de $2.020.000, en concepto de reparación sistémica; razón por la cual no cabía retrotraer el presente proceso a una instancia administrativa previa, siendo que ambas partes reconocían el cobro de las prestaciones de la ley de los accionantes con motivo del fallecimiento del trabajador, lo cual —a juicio del sentenciante— "...implicaría ordenar volver a transitar instancias ya precluidas..." (pág. cit.).
Por último, desestimó la solicitud de citación como tercero de Federación Patronal Seguros S.A., efectuada con fundamento en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, con relación al contrato de afiliación existente entre las partes, en razón de juzgar no evidenciada, con la aptitud exigida por la señalada norma ritual, la conexión de los elementos del juicio con los terceros citados, al considerar que la misma solo tiene lugar cuando la controversia es común según la naturaleza del juicio, es decir, "...cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de una manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado". Agregó que la citación de tercero obligado "...es un instituto de aplicación restrictiva y excepcional, que tiene como característica esencial la posibilidad de traer a juicio a aquel a cuyo respecto se considere que la controversia le es común, o cuando la parte en el caso de ser vencida se halle habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, debiendo acreditar quien pide la citación el interés que tiene para hacerlo intervenir en el proceso..." (resol., pág. 9).
Sentado lo anterior, meritó que en virtud de la naturaleza del segundo de los reclamos insertos en la demanda —el cual se fundó en el art. 28 incs. 2 y 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo—, dicha petición resultaba inviable, toda vez que —eventualmente— la acción de regreso invocada estaría en cabeza de la aseguradora cuya citación se pretendía en autos; todo ello, sin perjuicio de las defensas que, además, pudiere incoar la aseguradora con motivo del acuerdo conciliatorio al que arribara con los accionantes en relación con las prestaciones enmarcadas en la mentada ley, sus modificatorias y ampliatorias.
II. Contra dicho pronunciamiento, la codemandada Bordigoni y Compañía S.R.L. dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 29-XII-2021).
En la vía extraordinaria de nulidad, denuncia la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial y sostiene que el fallo se apartó de la normativa que —estima— resultaba aplicable a la cuestión debatida en los autos.
Puntualmente, refiere que con la entrada en vigencia de la ley 26.773, se instaló nuevamente —a través de su art. 4— el sistema de opción excluyente entre la reparación especial de la Ley de Riesgos del Trabajo y la proveniente del derecho común.
Entiende que, en el caso, los accionantes formalizaron la opción correspondiente al haber escogido —con anterioridad— efectuar el reclamo judicial contra la compañía aseguradora Federación Patronal S.A., la cual —alega— cumplió con la reparación de los daños causados de manera integral por el accidente sufrido por el trabajador que le causó su deceso.
Asevera que dar curso a la presente acción provocaría no solo un dispendio jurisdiccional, sino también un enriquecimiento ilícito.
Postula, asimismo, su disconformidad con el rechazo del pedido de citación de tercero —que, con fundamento en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial— efectuó respecto a la aseguradora mencionada.
Manifiesta que, en virtud de la doctrina del Máximo Tribunal nacional proveniente de la causa "Pogonza", se estableció la constitucionalidad del procedimiento administrativo previo por parte de los trabajadores ante las comisiones médicas, de modo tal que lo allí dicho devenía aplicable al caso.
Cuestiona, con ello, la desestimación al progreso de la excepción de incompetencia deducida.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que con relación al agravio dirigido a cuestionar el rechazo la citación del tercero intentada en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso intentado resulta inadmisible, por cuanto, como es sabido, esta Corte tiene dicho que este tipo de decisiones no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.622, "Espíndola", resol. de 31-V-2017; L. 122.491, "Luque Arévalo", resol. de 26-XII-2018 y L. 130.006, "Toller", resol. de 6-II-2023), sin que se observen motivos de excepción que permitan apartarse del criterio general referenciado, así como tampoco que los agravios desplegados por el recurrente abastezcan tal cometido.
III.2. Aclarado ello, corresponde recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; e.o.).
III.2.a. Sentado lo anterior, se advierte que los argumentos traídos, si bien se encuentran acompañados con la denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución local, resultan ajenos al ámbito propio del medio de impugnación deducido, toda vez que dicho precepto constitucional solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de las normas legales pertinentes, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.117, "Gigliotti", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-X-2020; e.o.); hipótesis que no concurre en el fallo atacado, donde la normativa actuada por el juzgador abastece la referida exigencia constitucional, resultando extraña al recurso intentado la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.816, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", sent. de 30-III-2021; e.o.).
III.2.b. Dicho ello, la improcedencia de la impugnación se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende traer a consideración cuestionamientos ajenos a su ámbito y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; es sabido que en el marco del recurso extraordinario intentado las críticas dirigidas a demostrar presuntos errores in iudicando no resultan idóneas (causas L. 120.543, "Cortez", sent. de 31-VIII-2021 y L. 125.941, "Silva", sent. de 27-X-2022; e.o.).
IV. Por las razones expuestas, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto debe rechazarse, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , la señora Jueza doctora Budiño y los señores Jueces doctores Kohan, Natiello y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la recurrente denuncia absurdo, la violación y errónea aplicación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la OIT; del art. 4 de la ley 26.773; de la ley 14.997 y de los arts. 94 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
I.1. En cuanto al rechazo del pedido de la citación como tercero de la compañía aseguradora Federación Patronal seguros S.A. (en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial), refiere que la contratación de una compañía aseguradora por parte del empleador desplaza la responsabilidad de este último, en virtud del contrato de afiliación entre ambas (v. escrito, pág. 2).
Refiere que el mencionado reclamo respecto a la citación, tiene la finalidad de que la compañía de seguros pueda explicar en calidad de qué rubros se realizó la indemnización ya abonada a los actores reclamantes de autos (v. escrito, pág. cit.).
Sostiene que las conclusiones del juzgador se traslucieron en un claro "prejuzgamiento", sin asidero alguno, demostrativo del vicio de absurdo. Alega que la decisión debe ser descalificada, con arreglo a la doctrina de arbitrariedad, porque carece de debido fundamento (v. escrito, pág. 16).
I.2. Desde otroángulo, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Aduce que los actores ya efectuaron la opción excluyente a la que alude la mentada normativa, al haber recibido la indemnización reclamada a Federación Patronal Seguros S.A., en la causa tramitada ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de La Plata, en la cual acordaron con la aseguradora una justa reparación, por el supuesto daño moral y psicológico que alegaron padecer y por la reparación integral que —estimaron— les correspondía (v. escrito, pág. 2).
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia dicha norma no se encuentra en pugna con los principios de progresividad, irrenunciabilidad e igualdad. Indica que las modificaciones efectuadas por la nueva normativa implicaron una verdadera reforma de fondo y constituyeron una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo (v. escrito, pág. 17).
Manifiesta que la denominada opción que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario —explica— importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento en cabeza de los trabajadores o sus derechohabientes y un desmedro de los intereses económicos y financieros de su representada (v. escrito, pág. cit.).
Indica que no es correcto acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada —como instrumento de protección social— con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de la ley 24.557 (v. escrito, pág. 17).
Así, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y prescindir de su aplicación al caso, debiéndose casar el pronunciamiento y rechazar la demanda en todas sus partes (v. escrito, pág. cit.).
II. El recurso no prospera.
II.1. En primer lugar, respecto al cuestionamiento vinculado al rechazo del pedido de citación de tercero al caso, habré de remitir a lo dicho en el punto III.1. de la primera cuestión tratada en este acuerdo, razón por la cual quedo eximida de su tratamiento.
II.2. Dicho ello, firme la motivación desestimatoria recién mencionada, cabe aclarar que pierde vigor el núcleo argumental sobre el cual, con la finalidad de sustentar la aplicación del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la ley 27.348), se sostiene que los accionantes ejercieron la opción excluyente allí contenida, al iniciar —con anterioridad— la causa contra la aseguradora de riesgos del trabajo. Ello así, puesto que el sentenciante juzgó que —como se adelantó en los antecedentes— ambas causas iniciadas por los actores constituyeron acciones independientes y distintas.
II.3. Luego, cabe señalar que la decisión de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (conforme —como dije— la redacción que precedió a la ley 27.348), ha de permanecer incólume, sin que corresponda abrir juicio respecto de la etapa procesal de su dictado, pues ello no ha merecido una crítica frontal por parte del quejoso.
Al respecto, a mi modo de ver es claro que la tangencial mención de que la decisión habría sido prematura, efectuada por el quejoso al desarrollar los requisitos de admisibilidad del recurso (v. rec., apdo. III, pto. 4) y sin efectuar luego ningún desarrollo sobre el particular al formular los cuestionamientos (v. apdo. VII y sigs.) no puede ser considerado un embate autónomo que merezca tratamiento por este Tribunal (art. 279, CPCC).
Y ello en tanto, como es sabido, no puede adjudicarse entidad de agravio a la simple exposición que care
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