Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78384
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.384, "Juárez, María Carolina contra A.R.B.A. y otro sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones administrativas 124/14 de fecha 27 de octubre de 2014 y 121/15 de fecha 20 de octubre de 2015 ambas emanadas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA); y por otro lado, rechazó la pretensión indemnizatoria también planteada en la demanda. Impuso las costas a la demandada en su objetiva condición de vencida —conforme el art. 51 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437— (v. sent. de fecha 12-VII-2022).
Disconformes con dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y la parte actora también recurso extraordinario de nulidad, siendo todos ellos concedidos por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 1-IX-2022).
Arribadas las actuaciones a esta instancia, este Tribunal resolvió desestimar el recurso de nulidad y llamar autos para resolver los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos por la actora y la demandada (v. resol. de 19-XII-2022). Así, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, rechazó la demanda que interpuso la señora María Carolina Juárez con el objeto de que se declarara la nulidad de la resolución 124 de fecha 27 de octubre de 2014, mediante la cual se le impuso la sanción de exoneración y de la resolución 121 de fecha 20 de octubre de 2015, por la que se le denegó el recurso de revocatoria interpuesto contra la primigenia decisión en el marco del expediente administrativo 2.306-44036/03 (v. sent. de 18-VIII-2020).
Destacó que, en relación con la actora, se sustanciaron dos sumarios por hechos ocurridos contemporáneamente: el primero de ellos que concluyó con la medida de cesantía en sede administrativa, confirmada por esta Suprema Corte (causa B. 66.669, "Juárez", sent. de 29-VIII-2018) y, en paralelo, el que diera origen a la presente causa, iniciada en el año 2016, en la que se cuestiona la sanción de exoneración impuesta, dado que se descartó la extinción de la potestad disciplinaria de la Administración pues, más allá de que ya estuviera extinta la relación de empleo público, por imperio del art. 90 inc. "b" de la ley 10.430, aquella subsiste ante la posibilidad de modificación de la causal de cese.
En dicho marco, estimó que tampoco correspondía el planteo de prescripción de la potestad sancionatoria formulado por la demandante. Ello así, toda vez que de conformidad con el art. 90 inc. "c" de la ley 10.430, la extinción de aquella atribución administrativa por motivo de la prescripción procede, en cuanto concierne al presente caso, a los tres años en supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas expulsivas y si es que el hecho constituye un delito, conforme el plazo que establezca el Código Penal para la prescripción de la acción del delito de que se trate.
Asimismo, recordó que el decreto 4.161/96, reglamentario de la ley 10.430, establece que el comienzo del plazo de prescripción de la potestad sancionatoria se computa desde el día de comisión de la falta, si ésta fuera instantánea, o desde que la misma cesó de cometerse, y que opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo.
En consecuencia, subsumió el caso en el supuesto previsto en el citado inciso del art. 90 de la ley 10.430, en tanto el hecho que motivó la sanción impuesta en sede administrativa también dio origen al dictado de una sentencia en sede penal, en la que —en una primera instancia— se encontró a la señora Juárez penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en grado de tentativa, agravado por perpetrarse en contra de una repartición estatal (cfr. arts. 42, 173 inc. 7 y 175 inc. 5, Cód. Penal).
Consideró que los hechos que promovieron la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio y, en paralelo, suscitaron la actividad represiva penal, resultaron inescindibles y conformaron una unidad conceptual que proyectó sus efectos en ambas instancias.
Tuvo, por lo demás, particularmente en cuenta que el art. 91 de la ley 10.430, reglamentado por el decreto 4.161/96, contempla en su apartado II que el proceso penal suspende el término de la prescripción hasta la resolución definitiva y siempre que de las actuaciones administrativas no surja responsabilidad disciplinaria, en cuyo caso podrá dictarse resolución dejando establecido que esta queda subordinada al resultado de aquel.
Por último, en lo tocante a la declaración de nulidad de la resolución administrativa 124/14 que decretó la exoneración, entendió que, atento los antecedentes del caso, se descartaba la existencia de un vicio en la fundamentación del acto administrativo y, en consecuencia, afirmó que el acto resultaba legítimo.
I.2. Disconforme con dicha sentencia, la actora dedujo recurso de apelación (v. presentación electrónica de 3-IX-2020).
I.3. La Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso interpuesto (v. sent. de 12-VII-2022).
I.3.a. Para así decidir, en lo atinente al cómputo del plazo de prescripción de la facultad disciplinaria de la Administración, comenzó por señalar que de las actuaciones administrativas n° 2.306-44036/03 agregadas a fs. 87/1.098 se desprendía que, a diferencia de lo manifestado por el juez de primera instancia, la fecha a partir de la cual correspondía considerar suspendido el curso de la prescripción, por causa del proceso penal en los términos del art. 91 apartado II del decreto 4.161/96, era el 21 de febrero de 2002 (día de la denuncia de los hechos en sede penal), es decir, luego de transcurrido un año, tres meses y un día de los hechos imputados.
En tal contexto, indicó que no se vislumbraba que la condición prevista en el art. 91 del decreto n4.161/96 se verificara en el presente, toda vez que, a partir de la simple lectura del acto administrativo puesto en crisis, se advertía que los elementos ponderados por la Administración para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria de la actora y decidir su exoneración, resultaron contestes con lo consignado en la sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal n° 3 con fecha 24-IV-2007.
En esas condiciones, señaló la Cámara, la autoridad estatal estuvo en condiciones de determinar la responsabilidad disciplinaria de la agente Juárez desde que tuvo conocimiento del dictado de la referida sentencia, pudiendo soslayar el resultado que obtendría el recurso de casación interpuesto por la aquí actora contra aquel pronunciamiento.
Sostuvo, en tal sentido, que el fin de la suspensión del curso de la prescripción provocada por la causa penal en los términos del art. 91 apartado II del decreto 4.161/96, tenida en cuenta en la instancia previa, no había operado el día 14 de mayo de 2013 (fecha de su resolución definitiva), sino desde que la instructora sumariante recibió el expediente administrativo, con fecha 13 de septiembre de 2007, y tomó conocimiento del dictado de la sentencia del Tribunal Oral Criminal n° 3 en el marco de la causa 3.409, el día 24 de abril de 2007. Afirmó la Cámara que, desde ese momento, la Administración contó con la totalidad de los elementos que, a la postre, fueran tenidos en cuenta en la resolución 124/14 que dispuso la exoneración de la agente Juárez.
Y concluyó en que, al reiniciarse el término de prescripción en dicha oportunidad, éste se encontraba holgadamente vencido en la fecha en que se dictó la cuestionada resolución 124 el día 27 de octubre de 2014. Situación que, para el Tribunal de Alzada, llevaba a decretar la nulidad de dicho acto y su ratificatorio 121/15.
I.3.b. Seguidamente, por otro lado, manifestó que la tramitación del procedimiento administrativo encauzada en el expediente administrativo n° 2.306-44036/03 lucía excesiva de acuerdo a parámetros temporales razonables. Recordó en este punto los precedentes "Lociser" y "Bonder Aaron" dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento al transcurso "inusualmente prolongado" de tiempo acaecido desde el inicio de las actuaciones (v. pto. 2.3. del pronunciamiento de Cámara).
Expuso los antecedentes disciplinarios del caso y concluyó que la demora de más de seis años acontecida entre el dictado de la sentencia condenatoria en la causa penal 3.409 de fecha 24 de abril de 2007 y el dictado de la resolución 124 de fecha 27 de octubre de 2014 aparecía como excesiva e injustificada. Máxime, si a ese período se adicionaba el transcurrido desde la fecha de los hechos objeto de investigación (8-XI-2000 y 22-XI-2000).
En consecuencia, estimó que correspondía declarar la nulidad de las resoluciones 124/14 y 121/15, por haber sido vulnerado el derecho de la actora a obtener una resolución del procedimiento disciplinario seguido en su contra dentro de un plazo razonable, de conformidad con la línea jurisprudencial trazada por el Supremo Tribunal de la Nación.
I.3.c. Por último, con relación al agravio vinculado con la indemnización reclamada por daño emergente y moral, tras destacar que la totalidad de los hechos del caso ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.944, consideró que el reclamo no podía prosperar. Ello así, toda vez que la actora no había demostrado la existencia fehaciente de los daños que alegaba haber sufrido y que, de acuerdo con la doctrina judicial propia de esta Suprema Corte de Justicia, a ella era a quien correspondía la carga de la prueba (conf. arts. 375, CPCC y 77 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y modificatorias).
Asimismo, con relación al alegado daño moral, advirtió que la actora no había atribuido su causa a la incertidumbre sufrida durante la extensa tramitación del procedimiento (que se desarrolló desde el 29-VII-2003 hasta el 27-X-2014), por lo que observó que el reclamo actoral no se sustentó en la duración del procedimiento. Además, tuvo en cuenta que mal podría considerarse la actora afectada en sus afecciones legitimas por el obrar de la Administración en tanto, por fuera de la anormal duración del procedimiento sancionatorio, fue la propia conducta disciplinaria irregular de la actora la que justificó la iniciación del sumario.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de la ley sosteniendo que hubo una incorrecta declaración de la prescripción de la potestad disciplinaria y, asimismo, que no existió conculcación de la doctrina del plazo razonable.
Aduce que el pronunciamiento atacado realiza una inadecuada y parcial ponderación de la normativa aplicable al caso para arribar a la conclusión de que la potestad disciplinaria de la Administración se encontraba extinguida al momento de aplicar la sanción de exoneración. Sobre tal base, manifiesta que la decisión judicial no es una derivación razonada del derecho vigente y que, por lo tanto, corresponde proceder a su revocación.
Funda puntualmente su agravio, en la directiva emanada del art. 90 inc. "c" apartado 2 de la ley 10.430, y pone de relieve que en la especie no se verificó la extinción del poder disciplinario por prescripción.
Luego de recordar que la exoneración se dispuso por incumplimiento de la señora Juárez de los deberes dispuestos en los arts. 78 incs. "a" y "h" de la ley 10.430 y de conformidad con lo dispuesto por el art. 84 inc. "a" de ese mismo cuerpo legal, argumenta que el Tribunal de Alzada aplicó incorrectamente el art. 91 apartado II del decreto 4.161/96 en lo referente a las condiciones de suspensión del plazo de prescripción ante la existencia de un proceso judicial concomitante.
En concreto, la recurrente sostiene que la Cámara omitió considerar que los hechos investigados resultaban tanto una falta administrativa como un delito penal, lo que inevitablemente forzaba a la Administración a suspender el procedimiento hasta tanto el proceso penal concluyera. Cita doctrina de esta Suprema Corte que entiende aplicable a este respecto.
Agrega, por lo demás, que no existe una "obligación" de la Administración de continuar las actuaciones administrativas cuando de las constancias de la causa pudieran evidenciarse hechos y pruebas suficientes como para imputar responsabilidad administrativa al agente. Al respecto, cita el texto legal del decreto 4.161/96 en su art. 91 apartado II que expresamente dispone que la Administración "podrá" dictar la resolución final en aquellos casos.
Postula que el Tribunal de Alzada soslayó considerar que el ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los agentes de la Administración constituye una potestad privativa del poder administrador —salvo arbitrariedad— y que, por ello, las decisiones que se tomen en tal camino quedan amparadas en la garantía de tal principio.
Afirma que el procedimiento sumarial se desarrolló dentro de un "plazo razonable" y destaca la contradicción en la que se recae en la sentencia del Tribunal de Alzada cuando, por una parte, sostiene que al momento de aplicar la exoneración se había agotado el plazo con que contaba la Administración para dictarla y, por otra, cuando alega la transgresión del principio que establece el derecho a obtener la conclusión del procedimiento en un plazo razonable. Asegura que también en este aspecto se falló de manera incorrecta y absurda.
Expresa que el procedimiento sumarial examinado insumió un plazo muy distante al acaecido en los precedentes federales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueran citados en la sentencia, que llevaron veintiséis y veinte años respectivamente, además de tratarse de supuestos fácticos diferentes. Explica que, por lo demás, el simple transcurso del tiempo no es suficiente para configurar la transgresión de la doctrina impugnada.
Aduce que, en el caso bajo examen, la potestad disciplinaria nunca prescribió, dada la realización de actos interruptivos o suspensivos del plazo del art. 91 del decreto 4.161/96; actos todos necesarios y pertinentes para demostrar el interés de la autoridad demandada de continuar con el sumario administrativo. Todo lo cual se suma al mantenimiento del regular y constante seguimiento por parte de ARBA del proceso penal en el que se encontraba la señora Juárez, lo cual —según indica— puede observarse claramente en el hecho de que, pocos meses luego de la finalización de éste, se dictó la sanción expulsiva.
Finalmente, destaca que ni la actora ni el Tribunal de Alzada, en ningún momento, demostraron que la duración del proceso incidiera de manera relevante en su situación jurídica impidiéndole, en el caso, acceder a derechos y/o beneficios que por su cargo efectivamente le hubieran sido otorgados, ello teniendo en cuenta que la señora Juárez ya se encontraba desvinculada de la Administración por una cesantía previa que a la fecha ya se encuentra firme.
III. El recurso prospera.
III.1. La Fiscalía de Estado plantea, por un lado, que la sentencia impugnada aplica de manera errónea y/o absurda, tanto la prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración, como el principio de la duración razonable de los procesos legales.
Al respecto, recuerdo que conforme tiene dicho esta Suprema Corte los tópicos vinculados con el cómputo de la prescripción, su interrupción o suspensión y punto de arranque son típicos planteos fáctico-probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 72.638, "Baran", sent. de 20-IX-2017; A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
En la especie, la impugnante denuncia dicho vicio lógico ante el apartamiento que hizo la Cámara de ciertas constancias de la causa que dan cuenta de la existencia de actos suspensivos de la prescripción, fundamentalmente, la existencia del proceso penal seguido contra la agente Juárez y que, en términos del art. 91 apartado II del decreto 4.161/96, suspende el término de la prescripción hasta su resolución definitiva.
En tal contexto, observo que tal como argumenta la Fiscalía de Estado, los supuestos fácticos que originaron en el caso la sanción de exoneración resultan ser de naturaleza equivalente —sino idénticos— a aquellos que contenía el tipo penal por el cual la actora fuera investigada y también condenada —en primera instancia— en el fuero criminal. En esas condiciones, dicha situación, a la luz de los antecedentes del caso, le permitía a la Administración, razonablemente, decidir que no era posible continuar con el procedimiento sumarial hasta tanto el proceso penal culminara.
Ello se vincula con reiterada doctrina de esta Suprema Corte que afirma que no puede alegarse válidamente la prescripción de la acción disciplinaria si la autoridad administrativa, en el marco del procedimiento sumarial, lo consideró suspendido mientras tramitaba una causa penal iniciada por el hecho que motivó la instrucción de aquel y periódicamente solicitó al juzgado interviniente informes acerca del estado del proceso criminal (cfr. doctr. causas B. 51.897, "Parra de Presto", sent. de 16-II-2000; B. 58.013, "Rojas," sent. de 16IX-2003; e.o.), así como también se relaciona directamente con lo dispuesto por el art. 91 apartado II del decreto 4.161/96.
De lo expuesto, se advierte que la recurrente logra evidenciar el absurdo alegado en autos, instituto creado por la doctrina de este Tribunal que supone un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; mi voto en A. 76.328, "Oricchio", sent. de 26-V-2021).
Conforme lo indicado precedentemente, en el caso la potestad disciplinaria no se encontró prescripta dado que existieron actos que suspendieron el plazo pertinente. Y, tal como lo prevé el art. 91 del decreto 4.161/96, la Cámara debió valorar correctamente dicha circunstancia y no considerar suspendido el plazo solo hasta la existencia de la primera sentencia dictada en sede penal, pues dicho pronunciamiento no se encontraba firme por haber sido recurrido por ante el Tribunal de Casación.
Agrego que no se trata aquí de situaciones en las cuales el criterio de la prescripción de la potestad disciplinaria se impone claramente por fuerza de su materialidad fáctica, tal como lo ha resuelto este Tribunal en diversos precedentes donde se ha entendido que situaciones tales como el fallecimiento del interesado (causas B. 49.689, "Mendoza", resol. de 21-IX-1993 y B. 56.416, "Arman", sent. de 6-V-2009) o el transcurso de los plazos fijados en la sentencia sin que la Administración ejerciera su potestad disciplinaria (causas B. 51.193, "Arriondo", sent. de 12-V-1998; B. 57.368, "Etcheveste", sent. de 8-III-2006; B. 57.469 bis, "Tetta
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