Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131445
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.445, "Demelli Reynaldo Luis y otros contra Coop. de Prov. de Serv. Elect. Pub y Soc. de San Pedro Ltda. Diferencias Salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 31-VIII-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-IX-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda interpuesta por Reynaldo Luis Demelli, José Luis Hernández, Pablo Sebastián Obaid, Carlos Washington Ortiz, Víctor Alejandro Piri, María Fernanda Salvatierra y Matías Rubén Sampol, contra la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro Limitada, por la que procuraban el cobro de diferencias salariales —derivadas de la liquidación de un concepto remunerativo denominado indistintamente "bonificación por función" o "remuneración por trabajo"—, con más su readecuación para el futuro (v. vered. y sent. de 31-VIII-2023).
Para así resolver, puntualizó el juzgador que no resultó materia de controversia que entre los actores y la accionada se anudaron relaciones de trabajo dependientes, conforme las fechas de ingreso y categorías que detalló, enmarcadas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
En lo que resulta de interés, sostuvo, con base en la valoración en conciencia que efectuó de los términos en que quedó trabada la litis, en los recibos de haberes glosados al expediente y en la prueba pericial contable producida, que el mencionado rubro fue abonado por la patronal a los actores durante los períodos y montos que especificó en el veredicto, sobre los sueldos básicos del convenio colectivo de aplicación, de manera habitual, aunque sin un parámetro fijo en cuanto a la del año (v. vered. pág. 2/3). En este orden, le atribuyó el carácter de gratificaciones, esto es, prestaciones remuneratorias de carácter complementario.
Asimismo, tuvo en cuenta que los reclamantes no invocaron, ni mucho menos acreditaron —aclaró— la existencia de pautas uniformes tendientes a su liquidación y devengamiento.
Adunó a ello que los rubros en cuestión no provenían de una norma colectiva o de un acuerdo individual, obedeciendo su pago a la exclusiva voluntad de la empleadora.
Con base en lo expuesto juzgó que, ante la imposibilidad de establecer la existencia de las diferencias reclamadas, como así también, la aplicación de un mecanismo de reajuste futuro, correspondía disponer el rechazo de la demanda.
II. La parte actora, mediante representación letrada, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del art. 14 bis de la Constitución nacional; del Convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo; de los arts. 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 140, 141, 142 y 143 de la Ley de Contrato de Trabajo; 6 de la ley 24.241 y de la doctrina legal citada.
II.1 En sustancia, se agravia de la sentencia de grado en cuanto resolvió que el concepto individualizado como "bonificación por función" o "remuneración por trabajo", fue percibido por los actores esporádicamente, y no —como pretende— de manera permanente y consecutiva, desde que —asegura— no se trató de una gratificación, sino de un rubro salarial incorporado a los haberes mensuales.
Alega que para arribar a tal conclusión el tribunal efectuó una valoración errónea de los recibos de sueldo acompañados junto con el escrito de inicio, del libelo de contestación de demanda y de la prueba pericial contable producida en autos (v. rec., págs. 4 y 5).
En lo atingente al informe aludido, señala que de haberse analizado correctamente, el juzgador hubiera advertido que el experto consignó —conforme lo requerido por la parte actora— los meses durante los cuales el adicional en cuestión había resultado actualizado, hasta qué fecha ocurrió ello, y el último recibo de haberes; datos de los que no se colige —según asevera— que sólo durante aquellos períodos los reclamantes hubieran percibido el ítem en debate.
Añade que el sentenciante soslayó ponderar lo manifestado por la propia accionada en el conteste (v. fs. 76/79 vta.), donde —afirma— reconoció que tales rubros se abonaban mensualmente.
Alega que tampoco sopesó lo dicho por los reclamantes al responder el segundo traslado, donde indicaron que las bonificaciones en estudio no se pagaban de manera esporádica, sino "...en forma reiterada, habitual y uniforme..." (v. rec., pág. 5).
Esgrime que el juzgador también omitió valorar que la empleadora jamás respondió las peticiones extrajudiciales que al respecto le formularon tanto el Sindicato de Empleados de Comercio, como los propios actores, lo cual implica —a criterio del impugnante— el reconocimiento de la pretensión actoral (v. rec., págs. 6/7).
En este contexto, entiende que el órgano de la instancia de grado invirtió indebidamente la distribución de la carga de prueba, en abierta violación del principio in dubio pro operario (v. rec., pág. 8).
Critica, asimismo, que el tribunal haya fundado su decisión en la supuesta inexistencia de pautas uniformes para liquidar los conceptos en disputa, desde que ese fue, precisamente —dice el quejoso—, el eje del planteo actoral.
Refuta que se haya descartado en la sentencia la condición de adicional salarial del rubro en análisis, por no encontrarse previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación, ni haberse acreditado a su respecto la existencia de un acuerdo celebrado entre las partes.
II.2. Cita, para apuntalar sus afirmaciones, el concepto de salario receptado por el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, jurisprudencia de otros tribunales y la opinión de diversos autores. Finalmente, alega que la sentencia en crisis quebranta la doctrinal legal de esta Corte que emana de las causas L. 97.831, "Probicito" (sent. de 30-XI-2011) y L. 98.488, "Castro" (sent. de 13-VII- 2011).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como se adelantó en la reseña de antecedentes, el órgano de grado, para resolver del modo en que lo hizo, tuvo en cuenta los términos en que quedó trabada la litis y las constancias probatorias obrantes en el expediente, más precisamente: los recibos de sueldo acompañados y el informe pericial contable.
En este marco, constató que los conceptos remuneratorios nominados indistintamente "bonificación por función" y "remuneración por trabajo" eran abonados por la empleadora a los actores de manera habitual, aunque —observó— sin parámetros precisos en cuanto a la época del año. Añadió a ello que los reclamantes no invocaron, ni mucho menos acreditaron —precisó—, la existencia de pautas fijas en orden a su liquidación y devengamiento.
Como derivación de lo anterior, y ante la imposibilidad de determinar la existencia de las diferencias reclamadas derivadas del rubro en cuestión, como así también el establecimiento de algún mecanismo para su reajuste futuro, dispuso el rechazo de la demanda en todas sus partes.
III.2. Frente a ello, la impugnación en estudio se dirige —en sustancia— a objetar, de un lado, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y, del otro, la apreciación de las constancias probatorias en que el tribunal afincó su decisión.
III.2.a. Con relación al primero de los aspectos señalados, se impone memorar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de las referidas piezas procesales y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e.o.).
Y lo cierto es que en este aspecto el quejoso se limita a exteriorizar su propia y subjetiva interpretación respecto del alcance que debió otorgarse a dichas piezas liminares, técnica que no alcanza a constituir un ataque hábil a los fines pretendidos. Pues, sabido es, que la mera exhibición de un criterio discrepante o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal, no resultan idóneas para demostrar la configuración del grave vicio señalado (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023; L. 130.633, "Sixto", sent. de 17-IX-2025; L. 131.496, "Ferreyra", sent. de 15-X-2025).
La insuficiencia técnica apuntada sella la suerte adversa del embate.
III.2.b. De otro costado, el compareciente aduce que el órgano de grado incurrió en la referida anomalía en la valoración de los recibos de sueldo acompañados con el escrito de inicio, como también respecto de la prueba pericial contable. Empero, en su discurrir, no logra demostrarla.
Ello así por cuanto, en su impugnación, el interesado —a partir de su propia interpretación de las constancias de juicio antes referenciadas— se limita a exponer una apreciación personal claramente ceñida a sus intereses, que contrasta con lo analizado y decidido en autos, sin que con ello logre desvirtuar el razonamiento que condujo al órgano de la instancia de grado a arribar a la conclusión respecto de la concreta imposibilidad de determinar, en la especie, la existencia de las diferencias reclamadas o de algún mecanismo de reajuste futuro respecto a los rubros en debate, derivando —en consecuencia— la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines de demostrar el absurdo (causas L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerense y otros", sent. de 29-VI-2020; L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; L. 130.814, "Toledo", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
En este sentido, se impone recordar que el señalado déficit sentencial no queda configurado aun cuando el criterio del juzgador pudiera ser calificado como objetable o discutible. Es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 130.633, "Sixto", sent. de 17-IX-2025; e.o.), extremos que —reitero— no logra evidenciar el quejoso.
III.3. Por otro lado, no puede tener cabida —en razón de su manifiesta insuficiencia— el reproche vinculado a la errónea distribución de la carga de la prueba, por carecer de la necesaria denuncia de infracción de la norma procesal vinculada con dicha crítica —esto es, el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial—, sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, mediante inferencias o interpretación esa omisión (causas L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024; L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025; e.o.).
III.4. Tampoco es de recibo la alegada violación del principio in dubio pro operario, ya que la referida pauta interpretativa no resulta aplicable si los magistrados manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023; L. 131.725, "Reginald Lee S.A", sent. de 14-VII-2025), como ocurre en el caso.
III.5. Sin mengua de lo señalado, para satisfacción compareciente, habré de agregar que los precedentes que individualiza como infringidos, a saber, las causas registradas como L. 97.831, "Probicito", sent. de 30-XI-2011 y L. 98.488, "Castro", sent. de 13-VII- 2011, fueron elaborados sobre la base de presupuestos diversos a los del caso en juzgamiento (causas L. 124.719, "Di Lernia", resol. de 21-IX-2020; L. 128.186, "Gala", resol. de 19-V-2022 y L. 130.974, "Pirola", resol. de 26-II-2024), donde el tema en debate giró, en lo que interesa, en torno a la naturaleza de sumas abonadas en concepto de reintegro de gastos sin comprobantes.
III.6. Lo hasta aquí dicho abastece la desestimación de la impugnación en estudio, relevándome de ingresar en el análisis de los restantes planteos ensayados.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 11:35:23 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:17:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:38:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:32:12 hs. bajo el número RS-120-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia