Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.938, "Petro, María Lorena contra Federación Patronal Seguros S.A. y otro/a. Diferencia de indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo en que especificó (v. pronunciamiento de fecha 10-V-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora María Lorena Petro (madre del trabajador fallecido con motivo del accidente de trabajo acontecido el 15-I-2020) y -en consecuencia- condenó a Cía. Argentina de Popcorn S.A., a abonarle la indemnización del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales; conjuntamente con las sanciones de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653.
En cambio, rechazó la pretensión de que se abonen los conceptos de integración del mes de despido y los agravamientos de la ley 25.323; como así también la diferencia en concepto de prestaciones previstas en la ley 24.557 -y modificatorias- requerida -esta última- contra dicha codemandada y Federación Patronal Seguros S.A.
Para así decidir, en lo que resulta relevante, y tras analizar el alcance de los escritos constitutivos del proceso, precisó que la demanda estuvo dirigida a que la aseguradora de riesgos del trabajo fuera condenada a abonar las diferencias que adujo derivadas del pago en menos de las prestaciones sistémicas, en razón de haberse calculado a partir de un ingreso base mermado, que no tuvo en cuenta la verdadera remuneración del trabajador (v. sent., pág. 17).
Luego de describir la posición sustentada por Federación Patronal Seguros S.A. en el conteste -en cuanto opuso excepción de pago total (v. sent., pág. cit.)- el juzgador observó que los litigantes sometieron el diferendo relativo a la indemnización por muerte del trabajador a la comisión médica, lo cual dio inicio al expediente 206.250/20 que finalizó con la homologación del acuerdo al que arribaron y por el cual la actora percibió la suma que se especificó en el fallo.
Recalcó el órgano de grado que en las mencionadas actuaciones administrativas la accionante no impugnó el ingreso base tenido en cuenta para liquidar el resarcimiento en debate, e incluso -aclaró- tampoco lo hizo al notificarse de la resolución definitiva que -aseveró- adquirió firmeza (v. sent., pág. 18).
Puntualizó que conforme la normativa vigente (mencionó las leyes 14.997 y 27.348), los acuerdos celebrados en el seno de una conciliación administrativa o judicial, una vez homologados poseen la calidad de cosa juzgada, lo cual -observó el sentenciante- se puso de manifiesto en el acto homologatorio referenciado, con el alcance del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Destacó que en el aludido convenio constaba lo manifestado por las partes en orden a haberlo celebrado con pleno discernimiento y libertad, y con patrocinio letrado (v. sent., pág. 19).
Refirió también que esta Corte mediante los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020) -entre otros-, se expidió en torno a la aplicación temporal y validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348, a cuyos fundamentos remitió.
Añadió a lo expuesto que de los argumentos esgrimidos por la parte actora no surgían vicios que afectaran la validez de los actos cumplidos por ante la comisión médica, que acarrearan la nulidad del procedimiento, del acuerdo arribado o del acto homologatorio.
Con base en lo expuesto, luego de constatar en el caso la configuración del instituto de la cosa juzgada, dispuso acoger la excepción de pago total opuesta por Federación Patronal Seguros S.A.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 15, 39 de la Constitución provincial, y de la doctrina legal cita.
II.1. Cuestiona el fallo de grado porque rechazó el reclamo por diferencias indemnizatorias sistémicas incoado contra la aseguradora demandada, con el único argumento -aduce la interesada- de que la actora no impugnó ante las comisiones médicas el ingreso base tenido en cuenta para calcular las prestaciones dinerarias, sin citar normativa alguna, y con sustento en el precedente "Marchetti", que la quejosa entiende inaplicable en el caso (v. rec., pág. 10).
II.2. En este sentido, afirma que el juzgador debió actuar en la especie el art. 11 del decreto 717/96, en cuanto establece que las divergencias concernientes al ingreso base para determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias serán resueltas por la autoridad competente, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibirlas en función del ingreso base reconocido por el obligado al pago; situación que -afirma- es la que se verifica en autos.
Aduce que en el mismo sentido, el art. 5 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 899/17, estatuye que si en el trámite ante la comisiones médicas se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal controversia debe ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones sistémicas, en virtud de las remuneraciones exclusivamente declaradas por el empleador al sistema único de la seguridad social; o en su caso, el trabajador podrá, en la instancia cumplida ante el Servicio de Homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada administrativa; y que en caso de acreditarse, por sentencia firme, una mayor remuneración en favor de aquel, deberá ponerse en conocimiento fehaciente a la aseguradora de riesgos del trabajo a fin de que proceda a ajustar la liquidación correspondiente.
Adiciona a lo expuesto que el art. 21 de la Ley 24.557 determina que las comisiones médicas no tienen competencia para resolver conflictos relativos al ingreso base y que, en virtud del art. 28 de dicho cuerpo normativo, si el empleador omite declarar su obligación de pago o la contratación de un dependiente, la aseguradora debe otorgar las prestaciones, pudiendo repetir de aquel su costo; a partir de lo cual -esgrime el quejoso- si se extiende la protección a un trabajador no registrado, con la misma fundamentación debe ampliarse al que lo esté de manera irregular.
Afirma que el fallo de grado inobservó el precedente de esta Corte que identifica como L. 90.676, "Villalón" (sent. de 31-VIII-2011).
II.3. Entiende que al tenerse por verificada en la sentencia la cosa juzgada administrativa en un procedimiento en el que -alega- no existe oportunidad de discutir la base de cálculo, se vulneran los arts. 8 y 17 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por ley 13.560.
II.4. Refiere que en las causas "Ángel Estrada" (CSJN Fallos: 328:651) y "Fernández Arias" (CSJN Fallos: 247:646) el Máximo Tribunal nacional especificó las exigencias que debe reunir todo diseño que atribuya a organismos ajenos al Poder Judicial el conocimiento inicial de conflictos, y que la controversia relativa al ingreso base no supera dos de aquellos filtros de constitucionalidad; desde que la temática no pertenece al ámbito de experticia de las comisiones médicas y no se permitió la cabal defensa de la interesada en dicho proceso.
III. El recurso no prospera.
Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los embates fueron expuestos, advierto que la impugnación bajo análisis encuentra adecuada respuesta en las consideraciones que formuló el doctor Soria al emitir su voto en la causa L. 130.420, "A., M. L." (sent. de 23-V-2025), al que presté mi adhesión. Esta doctrina legal, aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde sea dejada de atender (causas L. 121.330, "Esquivel", sent. de 11-III-2020; L. 121.422, "Galvan", sent. de 17-VI-2020; L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022; L. 126.882, "Jara", sent. de 20-IX-2023; e.o.), por lo que, en lo pertinente, la habré de reproducir.
III.1. Así, son infructuosas las objeciones emparentadas a la supuesta falta de aplicación por parte del juzgador de lo preceptuado en el art. 5 de la resolución 899/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III.1.a. Se dijo en el precedente arriba referenciado que la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dispone que, dictaminado por la comisión médica un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento del trabajador por causas laborales (art. 10), las áreas competentes de la autoridad administrativa calcularán la liquidación mínima correspondiente de acuerdo a la ley 24.557 y sus complementarias considerando -entre otros datos relevantes- los salarios declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social, debiendo constar esa liquidación en las actuaciones que tramitarán ante el Servicio de Homologación de la comisión médica (art. 11); el sistema, dable es acotar, faculta también a las partes a arribar a un acuerdo por un monto superior a aquel determinado (art. 15).
Por su parte, allí puntualizó mi colega, el mentado art. 5 de la resolución 899/17 de aquella misma entidad, expresa: "Déjase establecido, en relación con la liquidación de la prestación dineraria prevista por el artículo 11 de la Resolución S.R.T. N° 298/17, que aquélla deberá practicarse siguiendo el parámetro establecido en dicha norma. Sin perjuicio de ello, si en ocasión del trámite ante la Comisión Médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el Sistema de Riesgos del Trabajo, en virtud de los salarios exclusivamente declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.); o en su caso, el trabajador podrá, en la instancia cumplida ante el Servicio de Homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada administrativa. En caso de acreditarse, por sentencia firme, una mayor remuneración en favor del trabajador, deberá ponerse en conocimiento fehaciente a la A.R.T. o el E.A. a fin de que proceda a ajustar la liquidación correspondiente".
III.1.b. En la causa mencionada, también se señaló que de aceptarse la aplicación del precepto transcripto precedentemente a los derechohabientes del trabajador -ausentes en su literalidad-, una adecuada hermenéutica conduce a señalar que el planteo del beneficiario de la indemnización sistémica referido a la supuesta existencia de remuneraciones devengadas superiores a las declaradas por el empleador debe efectuarse durante el trámite ante las comisiones médicas, allí es donde originariamente han de "suscitarse" las divergencias que puedan caber al respecto, con intervención de la obligada al pago: la aseguradora de riesgos del trabajo.
Se consideró en aquella oportunidad que, si así acontece, el particular diseño de la normativa examinada, evidentemente signado por una anhelada celeridad en la percepción de las sumas indemnizatorias, aún "parciales", establece que el beneficiario podrá percibir en sede administrativa las acreencias derivadas del sistema especial de conformidad con la remuneración declarada por el empleador, o arribar a un acuerdo, y no obstante, iniciar luego una acción judicial tendiente a discutir la clandestinidad salarial invocada en aquella etapa previa. Y en lo tocante a esto último, se prevé que, en la hipótesis de triunfar, el sujeto que ha instado aquella acción posteriormente podrá gestionar un "ajuste" de la liquidación que hubo de realizarse en sede administrativa.
Claro que este supuesto -tal como se puntualizó en la causa L. 130.420, "A., M. L." (sent. de 23-V-2025)- no está presente en la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024).
III.1.c. Sin embargo, las constancias obrantes en autos (v. expediente 206.250/20, adjunto mediante los escritos electrónicos de fechas 30-III-2021 y 31-III-2021) revelan que en el tránsito administrativo los derechohabientes del trabajador no plantearon que existiera una eventual diferencia entre las cuantías de las remuneraciones que podrían cotejarse conforme lo expuesto, situación que fue expresamente ponderada por el juzgador en la sentencia (v. sent., págs. 8 y 18).
Cabe entonces concluir que aquí no se verifica el supuesto al que la norma condiciona su aplicación, de lo cual se desprende la suerte desfavorable del recurso.
III.2. Sentado lo que antecede, ninguna de las críticas que trae el quejoso lucen aptas para desbaratar la conclusión del tribunal del trabajo, debiéndose recordar que el art. 46 de la ley 24.557 expresa que "Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".
III.3. Sin perjuicio de lo señalado cabe advertir, finalmente, que la denuncia de violación del precedente de esta Corte que se identifica como L. 90.676, "Villalón" (sent. de 31-VIII-2011), en nada modifica la suerte adversa del recurso, pues ha sido elaborado sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; L. 130.490, "Van Pamellen", sent. de 24-II-2025 y L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:46:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:30:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 14:14:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:10:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:55:53 hs. bajo el número RS-128-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia