Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130863
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.863, "Dure, Raúl Guillermo contra Telecom Argentina S.A. y otro/a. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n°4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 29-XII-2022).
Se interpuso, por la coaccionada Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-II-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Raúl Guillermo Duré contra Telecom Argentina S.A. y Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (en su condición de continuadora de La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.), por la que pretendía —con fundamento en las normas del derecho común— el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad que adujo padecer (v. vered. y sent. de 29-XII-2022).
En lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que el día 15 de noviembre de 2013 el actor sufrió un accidente de trabajo cuando se encontraba subido —y amarrado— a un mástil de luz en cumplimiento de las tareas para su empleadora Telecom Argentina S.A. y el poste se desplomó, cayendo el trabajador sobre el techo de un vehículo de la empresa demandada y sufriendo la fractura de su cadera del lado derecho (v. vered., segunda cuestión, págs. 7/10).
Asimismo, tras ponderar la pericia médica y sus aclaraciones, estimó que el señor Duré presentaba una incapacidad parcial y permanente derivada de las secuelas provenientes de la fractura sufrida que alcanzaba el 28,97% del índice de la total obrera (v. vered., segunda cuestión, págs. 13/17).
Sobre la base de los hechos verificados en el veredicto, ya en la sentencia, consideró probados los presupuestos de responsabilidad civil endilgados a la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil —ley 340— (v. sent., págs. 40/45).
Seguidamente, efectuó el cálculo del resarcimiento del daño material de conformidad con el derecho común, y con apoyo en lo decidido por este Tribunal en el precedente L. 119.914, "A. D., A." (sent. de 22-VI-2020), entre otros, destacó la necesidad de considerar a tales fines valores actuales, así, el salario vigente al mes de diciembre de 2022 para la categoría convencional del demandante ($240.117,50), por lo que —y con arreglo a las restantes variables tenidas en cuenta— determinó su importe en la cantidad de $5.426.962,85. Además, cuantificó el resarcimiento por daño moral en la suma de $1.100.000, con sustento en el art. 1.078 del Código Civil citado (v. sent., págs. 45/51).
Desde esa perspectiva, siendo que el monto reparatorio determinado con sustrato en el derecho común resultaba superior al que correspondía conforme las pautas contenidas en los arts. 12 y 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y 3 de la ley 26.773, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. sent., págs. 51/53).
Luego, señaló que al total obtenido en concepto de reparación integral debía descontarse el importe abonado por la aseguradora el día 17 de noviembre de 2014 en la instancia administrativa, en concepto de reparación por la incapacidad del 19,50% establecida por la comisión médica interviniente ($161.430,39), el que debía considerarse como "abonado a cuenta del total adeudado" (conf. arts. 742, Cód. Civ. velezano; 2 y 868, Cód. Civ. y Com. y 260, LCT), porque, de otro modo, se produciría una doble indemnización para resarcir un único daño y un consecuente enriquecimiento sin causa (v. sent., pág. 53).
En ese cometido, a fin de mantener equilibro patrimonial entre lo pagado en sede administrativa y la suma establecida en concepto de reparación integral, estimó equitativo ajustar los montos percibidos en el marco del sistema especial conforme la remuneración actual ($240.117,50), pues —destacó— de considerarse el valor nominal de las sumas satisfechas por la accionada, se incurriría en un grave desfasaje que lesionaría el patrimonio de esta última (art. 17, Const. nac.).
Efectuado dicho cálculo ($3.280.778,31) y deducido el monto resultante de la indemnización integral, el importe de condena por los daños y perjuicios quedó establecido en la cantidad de $3.246.184,54 (v. sent., págs. 53/54).
A continuación, con fundamento en lo resuelto por la Corte federal en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009), y por este Tribunal en la causa L. 101.137, "Brest" (sent. de 14-VI-2010), juzgó que habida cuenta de que no se probó que la aseguradora codemandada hubiera cumplido con los deberes y obligaciones que le imponen los arts. 4 y 31 de la ley 24.557; 18, 19 y 21 del decreto 170/96; 6 de la resolución SRT 552/01 y 10 y 11 de la resolución SRT 463/09, se configuraba una omisión encuadrable en el art. 1.074 del Código Civil y por ello debía responder en forma concurrente con el empleador (v. sent., págs. 54/57).
Ya en cuanto a los intereses moratorios, al haberse establecido a valores actuales el capital de condena, juzgó que debía aplicarse un interés a una tasa pura del 6% anual desde el infortunio hasta la fecha en que la sentencia fuera consentida. Citó en su apoyo lo decidido por este Tribunal en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018; v. sent., pág. 62).
II. Contra dicho pronunciamiento Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14, 17 y 33 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. presentación de fecha 16-II-2023).
II.1.a. En primer término, se agravia de la condena impuesta a su parte con fundamento —aduce— en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil.
Resalta que la relación de la aseguradora con la empresa codemandada se basa en un contrato de afiliación, en virtud del cual las partes se someten a lo normado por la Ley de Riesgos del Trabajo, no existiendo cobertura alguna para reclamos —como el de autos— sustentados en la legislación civil.
Argumenta que, en el caso, no se verifican los requisitos de atribución de responsabilidad exigidos en los citados preceptos .
II.1.b. Luego, controvierte la definición del tribunal de grado que le asigna responsabilidad con sustento en el art. 1.074 del citado Código Civil.
Sostiene que no puede hacerse extensiva la condena a su parte, pues en el fallo no se identificó cual habría sido la concreta omisión en la que incurrió con aptitud suficiente para ocasionar el accidente sufrido por el trabajador.
Alega que equivocadamente el juzgador de grado le asignó el poder de policía respecto del cumplimiento de la normativa en seguridad e higiene del trabajo y entendió que no había controlado adecuadamente al empleador.
Con apoyo en el art. 4 de la ley 24.557, postula que no puede considerarse que las aseguradoras serán solidariamente responsables con el empleador por las violaciones a la normativa de seguridad e higiene en el establecimiento donde prestan tareas los trabajadores (en el presente, más gravoso aún al efectuarse las tareas en la calle, en ámbito de control de los propios municipios como afirma el sentenciante), así como tampoco puede afirmarse que el Estado nacional haya delegado en la aseguradora su poder de policía.
Refiere que su función es simplemente de asesoramiento, recomendación y evaluación de las empresas afiliadas y que su parte no tiene facultad alguna para dictar normas ni puede obligar al empleador a realizar determinados actos o conductas.
Remarca que el siniestro denunciado no se produjo por la ausencia de elementos de seguridad o la falta de capacitación en el cumplimiento de la tarea, sino por el colapso del poste de luz al cual se subió el trabajador. Agrega que —tal como lo dijo el juzgador— el control sobre las condiciones en que se encuentran dichos postes recae en el Estado, en este caso el municipal.
Manifiesta que le correspondía al accionante demostrar el incumplimiento de las medidas de prevención y que no satisfizo dicha carga. Insiste en señalar que surge evidente en el caso que no existe ningún elemento fáctico que permita aducir falta de control o de actividad preventiva imputable a su parte. Reitera que las aseguradoras de riesgos del trabajo no pueden vigilar cada decisión que adopta el empleador o sus dependientes.
II.2. Por otro lado, se agravia de la remuneración utilizada como base para el cálculo de la indemnización reconocida al actor.
Aduce que la decisión del juzgador de tomar en cuenta el salario que en el mes de diciembre de 2022 ($240.117,50) percibía un trabajador con la misma categoría que el señor Duré no encuentra justificativo alguno (v. recurso, pág. 18).
Señala que el régimen legal que cubre las contingencias como la de autos, establece claramente la forma de determinar el ingreso base mensual a los fines de determinar la pauta indemnizatoria correspondiente.
Refiere que la arbitrariedad de la sentencia resulta evidente, toda vez que el juzgador de origen decretó la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557, siendo que al momento del hecho de autos (15-XI-2013), dicha norma ya había sido derogada por el art. 17 de la ley 26.773.
Concluye que la base del cálculo indemnizatorio debe ser necesariamente determinada según los parámetros legales correspondientes (LRT vigente al momento del hecho, esto es, leyes 24.557 y 26.773).
II.3. Impugna el porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia por un doble orden de razones.
Por un lado, sostiene que la minusvalía reconocida al actor por el perito médico interviniente no se condice con el baremo del decreto 659/96, cuya aplicación al caso resultaba obligatoria de conformidad con la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ledesma" (sent. de 12-XI-2019).
Señala que el galeno se apartó de dicho baremo —cuestión que, agrega, su parte puso de relieve al impugnar el dictamen— y que el sentenciante hizo caso omiso a dicha circunstancia y confirmó los valores de incapacidad determinados por el experto, tornándose evidente la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión impugnada.
Por otro, critica el reconocimiento que hace el juzgador de grado respecto del pago efectuado ante las comisiones médicas. Sostiene que tuvo por probado que el día 17 de noviembre de 2014 el actor percibió la cantidad de $161.430,39, en virtud de la incapacidad del orden del 19,5% establecida en sede administrativa, suma que tomó "a cuenta del total adeudado", cuando "debería haber reconocido una incapacidad no resarcida en base a descontar la incapacidad determinada y resarcida y no al monto abonado" (rec., pág. 21).
II.4. En otro orden, impugna la aplicación de intereses.
Considera que el error consiste en calcularlos desde la fecha del siniestro y no, como lo indica la ley, desde de la fecha del alta médica.
Manifiesta que para la procedencia de los acrecidos y, en su caso, desde cuando corresponde computarlos, es preciso determinar la oportunidad en que se tornó exigible el pago de la prestación adeudada, pues solamente a partir de ese momento puede considerarse que el deudor ha incurrido en mora.
Afirma que, en autos, el daño quedó jurídicamente consolidado a la fecha del alta médica. Por lo tanto, indica que los intereses calculados erróneamente resultan un enriquecimiento sin causa, debiendo revocarse la sentencia en ese aspecto.
II.5. Por último, cuestiona los estipendios regulados en autos y solicita que se adecuen las costas conforme lo dispuesto en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial y en la ley 24.432.
Aduce que resultan elevados los honorarios regulados a todos y cada uno de los profesionales intervinientes, solicitando su reducción conforme a un digno criterio.
Argumenta además que según lo normado en el art. 2 de la ley 27.348, el juzgador de grado debió regular los honorarios del perito médico en un monto fijo y no en relación con el total de la condena, toda vez que ello además de ilegal, expone al experto a una situación de desigualdad respecto a sus colegas
En lo atinente a la condena en costas, alega que se encuentra superado el límite porcentual regulado legalmente, por lo cual se violan los arts. 277 de La Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como la ley 24.432. Sostiene que la discusión ya ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdumarran" (Fallos: 332:921); "Villalba" (Fallos: 332:1276) y "Brambilla" (Fallos: 332:1118).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. con sustento en las normas del Código Civil, no pueden tener favorable recepción.
III.1.a. La crítica estructurada bajo la premisa de que el juzgador de grado extendió la condena a su mandante con fundamento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, pone en evidencia un flagrante desencuentro entre lo resuelto en la instancia y los argumentos que estructuran la impugnación en su contra (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024; L. 131.556, "Ramirez", sent. de 17-IX-2025; e.o.), toda vez que de la sola lectura del pronunciamiento surge evidente que la aseguradora recurrente fue condenada con otro fundamento normativo (conf. arts. 901, 902, 904 y 1.074 del Código Civil —ley 340—; v. sent., págs. 54/57), por lo que, en este aspecto, el embate carece de eficacia.
III.1.b. Sentado lo expuesto, cabe recordar que esta Corte ha declarado en forma reiterada que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, constituyen el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado no revisables en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.961, "Garrido", sent. de 27-X-2025; e.o.).
La acreditación de dicha falencia importa la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023; L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024; L. 130.127, "Botbol", sent. de 16-XII-2024 y L. 129.380, "Sartorelli", sent. de 8-II-2025; e.o.).
III.1.b.i. Bajo tales premisas, cabe anticipar que la crítica del recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
En efecto, valorando las circunstancias fácticas que rodearon el hecho que le causó daño al actor y las pruebas producidas en la causa (documental, testimonial y pericia en seguridad e higiene), el órgano de grado consideró que no resultó demostrado que la aseguradora hubiera llevado adelante acciones en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.557 durante el período anterior a la fecha del siniestro sufrido por el trabajador (conf. arts. 4 y 31, ley 24.557; 18, 19 y 21, decreto 170/96; 6, resol. SRT 552/01 y 10 y 11, resol. SRT 463/09; v. vered., tercera cuestión, págs. 20/21).
En este orden, destacó que no fue acreditado que el señor Duré hubiera participado de los cursos de capacitación bridados por la aseguradora y que, independientemente de ello, no existían constancias de instrucción o sugerencia alguna con respecto a la constatación del terreno que debe llevar adelante el trabajador previo a ascender para realizar sus tareas en altura, es decir, aquellas recomendaciones difundidas entre los dependientes de Telecom Argentina S.A. una vez que el actor había sufrido el accidente, como así tampoco que hubiera constatado el estado en que se hallaba asentado el poste en cuestión (v. sent., págs. 55/56).
Al respecto, observó que si bien el poder de policía a fin de verificar si la instalación del mástil de luz crea un riesgo para los habitantes es una facultad privativa del municipio (en el caso, Tigre), ello no obsta a que la aseguradora deba verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo, en tanto tales entidades —como actoras principales en el régimen de accidentes de trabajo— se encuentran obligadas a adoptar medidas para prevenir con eficacia los infortunios (v. sent., pág. 56).
Consideró entonces que, si en el caso la aseguradora hubiera cumplido con las obligaciones a su cargo respecto de la constatación de la observancia de las normas de seguridad y capacitación de los empleados de la asegurada, el actor efectivamente habría contado con instrumentos para evitar o aunque sea reducir la posibilidad de que el siniestro en cuestión sucediera, ello, en base al normal curso de los acontecimientos (v. sent., pág. cit.).
En definitiva, sostuvo que dichos incumplimientos guardaban nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el dependiente, por lo que condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
III.1.b.ii. A partir de lo expuesto, las objeciones desplegadas por la quejosa para desvirtuar la conclusión que tuvo por acreditados los incumplimientos de los deberes de prevención de la aseguradora de riesgos accionada y el nexo causal de aquellos con el daño sufrido por el accionante, resultan estériles.
Ello así por cuanto, en su impugnación, el interesado —a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente— se limita a exponer una apreciación ceñida a sus intereses, destinada a negar su responsabilidad en el supuesto de autos, sin hacerse cargo de rebatir adecuadamente el análisis del material probatorio que efectuó el órgano de grado para tener por verificada la inobservancia de sus obligaciones, y de las consideraciones que dieron —en definitiva— debido sustento a la conclusión que pone bajo censura.
En rigor, y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto de la solución adoptada, el embate se diluye en la exteriorización de un criterio meramente discrepante con las conclusiones arribadas en el fallo, sin atender a las reales motivaciones que llevaron al juzgador a resolver este aspecto de la contienda (causas L. 126.850, "Torales Cardozo", sent. de 25-X-2023; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024 y L. 131.518, "Vaccaroni", sent. de 12-V-2025).
Cabe aquí recordar que ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; L. 128.436, "Franco", sent. de 20-IX-2024 y L. 131.725, "Reginald Lee S.A.", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.