Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127668
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.668, "Muñoz, Jorge Alberto contra Membrana Alumantec S.R.L y Otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 23-XII-2020).
Se interpusieron, por la parte actora y las codemandadas Membrana Alumantec S.R.L. y Federación Patronal Seguros S.A. recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 9-II-2021 y 11-II-2021, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la codemandada Membrana Alumantec S.R.L.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Federación Patronal Seguros S.A.?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente tuvo por acreditado que el señor Jorge Alberto Muñoz fue despedido sin causa justificada mientras se encontraba en proceso de evaluación por la aseguradora de riesgos del trabajo, en virtud de la enfermedad profesional denunciada, de la cual el empleador tenía conocimiento, por lo que juzgó configurado -en la especie- un despido prohibido en los términos del art. 1 de la ley 23.592.
En consecuencia, condenó a la empresa Membranas Alumantec S.R.L. a reinstalarlo en su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Asimismo, declaró procedentes las pretensiones de indemnización por daño moral (conf. art. 1, ley cit.) y salarios caídos.
Rechazó, en cambio, la demanda en cuanto perseguía un resarcimiento por el daño psicológico motivado en la discriminación, horas extras, diferencias salariales y sanciones fundadas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Por otro lado, con apoyo en los informes periciales y sus aclaraciones, la prueba testimonial y el resultado de las medidas para mejor proveer ordenadas, el tribunal de grado tuvo por acreditado que el actor padece una minusvalía parcial, definitiva y permanente del 23,87% de la total obrera atribuible al trabajo (lumbalgia con limitación funcional, hipertensión arterial y reacción vivencial anormal neurótica de grado II), de la que se encontraba en conocimiento al tiempo de efectivizarse su despido el 5 de julio de 2011, sin que la empleadora o la aseguradora hubiesen resarcido al trabajador por el daño ocasionado (v. vered., segunda cuestión).
En este contexto declaró a la aseguradora de riesgos del trabajo deudora exclusiva de la prestación dineraria prevista en el régimen especial (art. 14 inc. 2. apdo. "a", ley 24.557 -texto según decs. 1.278/00 y 1.694/09-) y, en otro orden, del daño punitivo fundado en el art. 52 bis de la ley 24.240 (texto según ley 26.361).
Asimismo, tuvo por acreditados los presupuestos de responsabilidad civil endilgados a la empleadora y a la aseguradora codemandadas en los términos del art. 1.113 y 1.074 del Código Civil, a quienes condenó al pago solidario del saldo restante por encima de lo que arroja el resarcimiento fundado en la ley especial, hasta alcanzar el monto al que arribó en concepto de indemnización del daño físico, psíquico y moral, por aplicación de la fórmula "Méndez", diferencia que determinó en la suma de $530.959,11, ello, previo cotejo de las reparaciones en pugna y declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.
Aplicó al capital de condena intereses desde la fecha en que cada rubro es debido y hasta el efectivo pago, calculados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928).
I.2. Más adelante, el 1 de diciembre de 2021, el actor y Membranas Alumantec S.R.L. presentaron para su homologación un acuerdo que refirieron limitado "a la materia del despido discriminatorio y todas las pretensiones deducidas por el actor derivadas del mismo, siendo en consecuencia ajenas al pacto la pretensión en orden a la acción por enfermedad profesional" (v. pto. I "Objeto").
En razón de haber ya emitido la sentencia de mérito, el tribunal de trabajo interviniente tuvo por presentado el "acuerdo de pago" y ordenó la formación de un incidente a fin de encausar su cumplimiento. A la par, tuvo por desistidos los agravios vinculados al contenido del referido convenio que fueran previamente esgrimidos en sus respectivos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. pronunciamiento de fecha 17-XII-2021).
Tal determinación devino firme y consentida merced a la desestimación de la revocatoria y del posterior recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulados por la empresa empleadora, de lo que da cuenta la resolución de esta Suprema Corte de fecha 29 de junio de 2022 (L. 128.999- Q "Muñoz, Jorge Alberto c/ Membranas Alumantec S.R.L. y otro s/ Despido. Recurso de Queja").
El 27 de octubre de ese año las partes efectuaron una nueva presentación en la que ajustaron los términos e importes de lo previamente acordado, el que fue incorporado por el tribunal e íntegramente cumplido (v. acuerdo, resol. de 1-XII-2022 y actuaciones siguientes de la causa acumulada a la presente).
II. A tenor de los antecedentes relevados y habida cuenta de la íntegra satisfacción de los créditos transados, corresponde examinar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Membrana Alumantec S.R.L. (v. presentación electrónica de 9-II-2021).
En este marco, se advierten planteados los siguientes agravios.
II.1. Objeta que el tribunal de grado hubiera admitido el reclamo efectuado por enfermedad profesional con sustento en el derecho común.
Sostiene que el sentenciante incurrió en absurdo al tener por acreditado que al accionante no se le entregó una faja de protección lumbar.
Señala que el promotor del pleito no denunció en su demanda la supuesta omisión en la entrega del referido elemento de seguridad, con lo cual -sostiene- su parte no tenía la carga procesal de negar específicamente tal circunstancia y, mucho menos, de acreditarla. De todos modos, postula que su parte cumplió con su obligación de darle la faja.
Aduce que la cuestión señalada resulta de suma importancia, desde que se erigió en uno de los pilares en los que se basó el juzgador para imputarle el incumplimiento del deber de seguridad (art. 75, LCT) e imponerle la condena solidaria con sustento en las normas del derecho civil.
II.2. Asimismo, se agravia del hecho de que el sentenciante haya tenido por corroborada con base en la prueba pericial médica la existencia de nexo causal entre la hipertensión arterial y las tareas desempeñadas por el dependiente, descartando otros factores ajenos al trabajo.
Expone que su parte cuestionó en reiteradas oportunidades la referida conclusión del galeno, sin obtener una respuesta fundada y seria al respecto.
Añade que lo expuesto implicó aumentar injustamente, y sin fundamento alguno, el grado de incapacidad laboral reconocida al accionante.
II.3. Refuta la sentencia de grado desde que -dice- sin ningún fundamento válido atribuyó responsabilidad civil a la empleadora sobre la pretensa base del incumplimiento del deber de seguridad (conf. art. 75, LCT) y de los factores de atribución objetivo y subjetivo.
Postula que tal definición se apoya en argumentos dogmáticos que no tienen anclaje en los hechos y elementos concretos de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar inicialmente que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el capital de condena en concepto de enfermedad profesional fundada en el derecho común- no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo de la ley 11.653, de aplicación al caso.
La función revisora de esta Corte se circunscribe entonces a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, cuya violación se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 128.641, "La Campagnola SACI", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, cabe anticipar que no se configura la hipótesis de excepción examinada.
En efecto, se advierte que el planteo de la interesada, dirigido a neutralizar la condena solidaria que le fuera impuesta con sustento en las normas del derecho común, solo trae a consideración de esta Suprema Corte cuestiones de hecho y prueba, las que -como tales- se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la ya mencionada vía de excepción (causas L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021; L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
Tales, por ejemplo, aquellas vinculadas al análisis del material probatorio, así como a la existencia de nexo causal entre la enfermedad que padece el actor y las tareas desempeñadas para su empleadora, o bien las relativas a establecer si se verifican -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del Código Civil (causas L. 130.199, "Carmona", resol. de 7-IX-2023; L. 127.846, "A. G. I.", sent. de 30-IV-2024; L. 129.910, "Mujica", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
Lo antes dicho, resulta suficiente para sellar -sin más- la suerte adversa de la postulación recursiva.
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A tenor de los antecedentes del caso, concretamente, de los acuerdos celebrados por la parte actora y la demandada Membranas Alumantec S.R.L. con posterioridad a la sentencia dictada por el a quo y lo actuado en consecuencia (v. en especial las presentaciones electrónicas de 1-XII-2021 y de 27-X-2022 y resols. firmes de 16-XII-2021 y 1-XII-2022), el abordaje del recurso deducido ha de ceñirse al contenido descripto en los puntos II.1., II.2. y II.3. del sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
II. Sentado lo anterior, adhiero a lo expuesto por el ponente en el apartado III de su voto y a la solución que finalmente eleva a este acuerdo, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, con más las consideraciones adicionales efectuadas por el doctor Soria.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Federación Patronal Seguros S.A. denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 52 y 52 bis de la ley 24.240; 1 de la ley 24.432; 505 del Código Civil velezano; 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 330 inc. 4, 375 y 484 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 32 y 47 de la ley 11.653, y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 11-II-2021).
I.1. Con apoyo en precedentes de este Tribunal que cita, aduce que el fallo vulnera el principio de congruencia al condenar a su parte al pago de la indemnización sistémica y la fundada en el derecho común.
Denuncia que resulta inexacto sustentar la doble indemnización en la jurisprudencia emanada de la causa L. 90.665, "Rodríguez", como hizo el a quo , porque de ningún modo en dichos actuados se concluyó que podía condenarse a la aseguradora por el sistema especial de la ley 24.557 y por el Código Civil.
Refiere que lo resuelto provoca un enriquecimiento ilícito y la afectación del patrimonio de su parte, toda vez que, aun en la hipótesis de corresponder la condena por responsabilidad civil, debe descontarse el importe proveniente del régimen especial, pero no sumarlo.
Explica que los rubros que contiene la reparación integral incluyen el daño psicofísico que es reparado por la prestación sistémica; resultando confiscatorio se la obligue a pagar en base a dos carriles diversos.
I.2. Objeta por absurda la aplicación al caso del daño punitivo. Aclara que al contestar la demanda su parte rechazó la pretensión del accionante tendiente a su reconocimiento, no resultando acertado lo manifestado por el tribunal en orden a que la aseguradora no habría formulado oposición a su respecto.
Postula que no se puede avalar la aplicación del régimen de defensa del consumidor cuando existe un sistema desarrollado específicamente para las contingencias laborales.
Explica que, de todos modos, la aseguradora rechazó la cobertura de la enfermedad por no encontrarse incorporada en el baremo aprobado por el decreto 658/96, por lo que no se verifica un incumplimiento que reúna las condiciones de gravedad que exige el art. 52 bis de la ley 24.240.
A todo evento, expone que el citado precepto establece la responsabilidad solidaria de todos los sujetos integrantes de la cadena de producción o comercialización del bien o servicio, verificándose un exceso condenatorio respecto de la aseguradora, contra quien recayó exclusivamente la obligación de pago por dicho concepto.
I.3. Finalmente, alega que el pronunciamiento de grado contradice la doctrina legal proveniente, entre otras, de las causas L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 75.196, "Santilltán" (sent. de 12-III-2003); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005), entre otras, pues sostiene que la regulación de honorarios profesionales practicada en la instancia de grado supera el límite del 25% previsto en los preceptos legales que cita: arts. 505 del Código Civil velezano (texto según ley 24.432); 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la ley 20.744 y 1 de la ley 24.432.
II. El recurso no prospera.
II.1. El valor de lo cuestionado por la interesada -representado por el capital por el que fue condenada en concepto indemnización por enfermedad profesional fundada en el derecho común y daño punitivo, con más la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la compareciente- no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable al caso.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, cuya violación se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.622, "Boggio", sent. de 27-VI-2024; e.o.).
II.2. Desde esa perspectiva de análisis, el primer agravio propuesto -bajo la denuncia de violación del principio de congruencia- no resulta atendible por la vía intentada.
Cabe aquí destacar que la doctrina que emerge del precedente L. 90.665 "Rodríguez" (sent. de 16-V-2007), cuya errónea aplicación es denunciada por el interesado, se encuentra vinculada al vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y a la incongruencia por demasía decisoria, hipótesis que, eventualmente, configuraría una infracción a normas procesales y, en consecuencia, resulta inidónea para lograr la apertura del control casatorio por el conducto referido (causas L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 126.697, "Escobar", sent. de 10-XI-2022; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023; L. 128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024; e.o).
A mayor abundamiento, es dable advertir que el interesado parte de una equívoca interpretación de la sentencia, toda vez que la condena que le fuera impuesta solidariamente con la empleadora en los términos del derecho común (arts. 1.074 y 1.113 del antiguo Código Civil), únicamente alcanza la diferencia por los daños no resarcidos en el marco de las prestaciones sistémicas (v. sent., págs. 26/29).
II.3. En lo que concierne al embate dirigido a controvertir la condena impuesta en concepto de daño punitivo por aplicación del art. 52 bis de la ley 24.240, se verifica la exclusión de la hipótesis habilitante contemplada en el art. 55 de la ley 11.653 -aplicable en especie-, desde que el interesado no denuncia como violada doctrina legal alguna que justifique su tratamiento en esta sede extraordinaria (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 118.485, "Mc Coubrey", sent. de 28-IX-2016; L. 126.823, "Barragán", sent. de 10-IV-2023 y L. 130.939, "Gago", sent. de 17-IX-2025).
II.4. Por último, teniendo en mira los agravios traídos por la parte actora en su recurso, considero necesario examinar la denuncia de violación del límite en la responsabilidad por el pago de las costas (conf. ley 24.432, receptada en idénticos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com.), al votar la tercera cuestión planteada en el acuerdo.
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo expuesto por el colega ponente en los apartados II.1. a II.4. de su sufragio, ello conduce a desestimar el recurso en análisis como se propone en el voto en adhesión con la salvedad apuntada en lo tocante al agravio referido a la limitación por la responsabilidad en el pago de las costas.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, con más las consideraciones adicionales efectuadas por el doctor Soria.
Solo me permito aclarar respecto de lo expuesto en el punto II.2. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.