Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120674
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia dictada el día 29 de septiembre de 2022. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento con arreglo a lo establecido en la sentencia de esta Suprema Corte en fecha 23 de febrero de 2021.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.674, "Ballesteros, Heber Alberto contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo en que especificó (v. pronunciamiento de fecha 29-IX-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fecha 29 de septiembre de 2022?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En la sentencia dictada en autos el día 23 de febrero de 2021, esta Corte declaró procedentes los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes (v. fs. 160/166 y 170/185) y revocó la decisión impugnada en cuanto en ella se había condenado a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última. Con ello, ordenó se calculen nuevamente los intereses moratorios, los que -a su vez- fueron revocados por haberse fijado el inicio de su cómputo en una fecha distinta al de la exigibilidad del crédito.
I.2. Devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el órgano laboral -según sostuvo acatando lo dispuesto por este Tribunal- dictó una nueva sentencia en la que hizo lugar -por mayoría, según se desprende de dicho acto procesal- a la acción deducida por el señor Heber Alberto Ballesteros y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el trabajador el día 7 de febrero de 2001.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 11 y 39 de la Constitución provincial; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2022).
Objeta la decisión de grado por cuanto no consideró la prestación reclamada como una deuda de valor, y estableció la indemnización en base a importes existentes al momento del siniestro.
En este orden de ideas, impugna los motivos relevados en el segundo y en el tercer voto, alegando que el pronunciamiento de grado quebranta la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en los precedentes L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018); L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020); L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021); L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021); C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Enfatiza que la parte actora planteó la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y solicitó que las prestaciones dinerarias fueran justipreciadas a valores actuales, cuya resolución adversa arribada por el tribunal de grado carece de una adecuada fundamentación. Sostiene que la decisión luce absurda, arbitraria y vulnera el deber constitucional de los jueces de fundar sus sentencias.
Denuncia que el método de cálculo empleado por el sentenciante para establecer la reparación adeudada al trabajador violenta el principio de razonabilidad de las leyes y el derecho a obtener una reparación plena.
III. Corresponde responder afirmativamente el primer interrogante planteado.
III.1. Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022; L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023; L. 130.690, "Sernada", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.2. En el caso, concurren las circunstancias que habilitan a acudir a la excepcional solución anunciada.
III.2.a. Emerge de la sentencia que, en ocasión de brindar respuesta al primer interrogante planteado relativo a si la indemnización debida resultaba una deuda de valor, el magistrado que abrió el acuerdo -doctor Bertolotti- respondió afirmativamente.
En este sentido, a la luz del examen efectuado sobre la base de distintos precedentes jurisprudenciales, doctrina autoral y principios protectorio, de equidad, primacía de la realidad y justicia social, concluyó que, en virtud del criterio adoptado por esta Suprema Corte en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), debía calcularse el ingreso base mensual del trabajador con arreglo al salario vigente a la fecha de sentencia para la categoría o escalafón que tenía el actor cuando sufrió el accidente (7-II-2001), y utilizarse como pauta para el cálculo de la prestación correspondiente, declarando la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en la redacción vigente al momento del evocado infortunio (v. sent., págs. 3/16).
Luego, el juez que siguió en el orden de votación -doctor Ortega- expresó que disentía con el colega que abrió el acuerdo. Con sustento en lo resuelto por esta Corte en los autos L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), expuso que, con respecto a las indemnizaciones tarifadas previstas en la normativa especial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debían aplicarse las normas vigentes a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas ventiladas en la causa, por lo que, en el presente caso, resultaban de aplicación temporal las previsiones normativas de la ley 24.557 (conf. dec. 1.278/00), votando por la negativa. Asimismo, expuso que esta Corte había remitido la causa para que se practicara nueva liquidación teniendo en cuenta las cuestiones fácticas que quedaban firmes (v. sent., págs. 16/17).
Por su parte, la judicante que sufragó en último término -doctora Rodríguez Traversa- se expidió negativamente en relación con la aplicación al caso del concepto de deuda de valor. Manifestó que, ante la presencia de una tarifa legal, el caso a resolver no requería la ponderación de principios, sino el debate entre alternativas interpretativas razonablemente posibles y compatibles con los enunciados constitucionales y legales.
En este orden, entre los fundamentos brindados, expresó que como la declaración de inconstitucionalidad de las normas es la ultima ratio del orden jurídico (art. 75 inc. 22, Const. nac.), en el supuesto de autos no se daba "la derrotabilidad de la regla del art. art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo" por el principio de "realismo económico" que introduce "la deuda de valor", resultando pertinente la deducción (subsunción) normativa propuesta al caso en análisis, por ser el resultado justo y adecuado para el conflicto en concreto. Asimismo, juzgó que lo resuelto en el citado precedente "Amaya", tampoco resultaba útil a esos efectos, toda vez que dicha causa no guardaba analogía con el caso de autos (v. sent., págs. 17/23).
Sobre esa base, en la siguiente cuestión planteada, referida a cómo debía justipreciarse la indemnización, el juez que votó en primer término, dejando a salvo su opinión personal y, en atención -dijo- al resultado obtenido al examinar la naturaleza jurídica de la deuda, propuso cuantificar la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. sent., pág. 23).
A ese valor le adicionó intereses desde el evento dañoso (7-II-2001) y hasta el día 18 de agosto de 2008, según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en pesos a treinta días; y desde el día siguiente hasta el 1 de mayo de 2013, a la tasa pasiva digital establecida a través del sistema "BIP". A su vez, al importe resultante -de capital más intereses- le restó la suma que ya había percibido el trabajador, y al remanente le adicionó accesorios desde la última fecha indicada hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva más alta mencionada (v. págs. 23/24).
III.2.b. De lo antes expuesto se desprende sin dificultades que la cuestión relativa a la calificación del crédito fue resuelta de modo diferente por cada uno de los integrantes del órgano.
Ello, al cabo, condujo a que -además- se estableciera la estimación de la prestación que integra la condena y sus acrecidos, sin respaldo en una opinión mayoritaria (v. lo expuesto en la ya citada causa L. 130.690, "Sernada", sent. de 1-IX-2025, frente a una situación análoga a la aquí suscitada).
En ese marco, no puede sino concluirse que las anomalías verificadas denotan que el pronunciamiento en crisis carece de la necesaria mayoría de opiniones en torno a cuestiones medulares a decidir, configurándose una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y un apartamiento de lo reglado en el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653 -aplicable al caso-, ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; L. 129.345, "González", resol. de 10-XI-2022 y L. 129.650, "Martín", sent. de 27-IX-2024).
En este sentido, ha expresado este Tribunal que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 127.482, "López", resol. de 22-XI-2022; L. 128.755, "Yanzig", resol. de 26-IV-2023; L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023; L. 127.326, "Arroyo", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
III.3. Finalmente, dado que este tipo de infracciones no resultan gratuitas para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan.
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada en autos por el tribunal de grado en fecha 29 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, remitirle la causa a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en la sentencia de esta Suprema Corte en fecha 23 de febrero de 2021.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia dictada el día 29 de septiembre de 2022. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento con arreglo a lo establecido en la sentencia de esta Suprema Corte en fecha 23 de febrero de 2021.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:46:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:30:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 14:14:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:10:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:55:48 hs. bajo el número RS-124-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia