Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.290, "Sauro, Francisco Ricardo contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo en que especificó (v. pronunciamiento electrónico de 30-XI-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 22-XII-2022), el que, denegado en la instancia de origen (v. resol. de 17-II-2023), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento de 29-XII-2023), previa deducción de la queja respectiva del día 1 de marzo de 2023 (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Francisco Ricardo Sauro y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias derivadas de la prestación contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. pronunciamiento electrónico de 30-XI-2022).
Para así resolver, inicialmente juzgó que no mediaba controversia en cuanto a los siguientes extremos: a) el día 18 de septiembre de 2015 el actor sufrió un accidente de trabajo y b) el día 21 de abril de 2016 la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó que padecía un 38,22% de incapacidad, por lo que el día 6 de mayo de 2016 percibió el importe de $718.918,38.
Luego, expuso que, conforme lo informado en la pericia médica, el trabajador poseía una incapacidad del orden del 39,87% de la total obrera, por lo que existía una diferencia del 1,65% respecto al establecido en la instancia administrativa.
Sentado lo que antecede, comparó —por un lado— el ingreso base mensual calculado conforme el promedio de los salarios devengados durante el año anterior al accidente (septiembre de 2015) y —por el otro— el obtenido teniendo en cuenta el momento del pago en sede administrativa (mayo de 2016), concluyendo que la diferencia porcentual entre ambos era de 29,95%.
Seguidamente, ante el pedido del actor destinado a la aplicación de intereses desde la fecha del infortunio hasta el pago efectuado por la aseguradora, el tribunal concluyó que, conforme las previsiones del art. 4 del Anexo al decreto 472/14, en el caso, no se encontraba acreditada la existencia de mora por parte de dicha entidad.
Ya en sentencia, el órgano de grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su redacción anterior a la ley 27.348— solicitado también por la parte actora.
Para ello, en primer lugar, expuso que resultaba inoficioso el tratamiento de su análisis en cuanto refiere a "las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", por cuanto, conforme había quedado establecido en el veredicto, la aseguradora había considerado para la determinación del ingreso base mensual tanto los rubros sujetos a aportes previsionales como los llamados no remunerativos.
En otro orden, rechazó el planteo concerniente al periodo de cálculo en función de los salarios devengados al momento de percibir el pago en sede administrativa (mayo 2016), en tanto en el veredicto había quedado demostrado que el resultado arrojaba una diferencia porcentual del 29,25% respecto a las remuneraciones devengadas en el año anterior a la fecha del accidente.
En ese contexto, y siguiendo los lineamientos dados por esta Corte en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), sostuvo que, en el caso concreto, el 67% del ingreso base mensual calculado en base a las remuneraciones devengadas en el año anterior a la fecha de pago arrojaba un importe inferior al utilizado por la aseguradora conforme lo establecido por el art. 12 de la ley 24.557.
De este modo, concluyó que correspondía desestimar el planteo actoral sobre la inconstitucionalidad de dicha norma.
En tales condiciones, y de acuerdo a los hechos que tuvo por probados, cuantificó la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la indemnización estipulada en el art. 3 de la ley 26.773, disponiendo que al resultado se le descuente el dinero percibido por el actor en concepto de incapacidad permanente, parcial y definitiva abonada por la contraparte.
Luego, dispuso que sobre el capital resultante debían adicionarse intereses desde el evento dañoso con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos en pesos a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 22-XII-2022).
II.1. Invoca vulnerado el criterio emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), entre otras.
Afirma que, si bien el juzgador analizó la procedencia de la doctrina legal sentada en los mencionados precedentes respecto de la incapacidad determinada y abonada en sede administrativa, omitió analizar la cuestión a la luz de la diferencia en el grado de incapacidad establecido en sede judicial, a pesar de que ello fue expresamente solicitado en la demanda luego de peticionar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción original.
En tal sentido, y teniendo en cuenta que la sentencia fue dictada luego de varios años de acaecido el infortunio, alega que, en este tramo, no se debió tomar un ingreso base mensual conforme los salarios devengados por el actor en el año anterior a la fecha del siniestro, sino conforme al 67% del promedio salarial que hubiese percibido el trabajador durante el año anterior a la fecha de la sentencia.
II.2. Objeta la decisión del tribunal de no aplicar intereses al pago parcial efectuado por la demandada el día 6 de mayo de 2016 por no existir mora de parte de la aseguradora demandada. Denuncia que ello contradice la doctrina legal establecida en las causas L. 120.061, "Bruno" (sent. de 14-VII-2020); L. 108.016, "Butrón" (sent. de 24-IX-2014) y L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013), en cuanto sostiene que la fecha de exigibilidad del crédito es la que determina el comienzo del cómputo de los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Esta Corte, en oportunidad de acoger la queja interpuesta, declaró que el valor del litigio no superaba el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido solo podía justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso— (v. pronunciamiento electrónico de 29-XII-2023).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 de aplicación, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Aclarado ello, no puede ser acogido el embate inaugural del recurrente, según el cual postula que el sentenciante omitió abordar expresamente el planteo efectuado por su parte en la demanda (v. dem., pto. VI.b.), vinculado con la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 respecto de la diferencia en el grado de incapacidad.
Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023 y L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025; e.o.).
III.2.b. Si bien lo antes expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate bajo examen, cabe aclarar que la denuncia asentada en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), resulta igualmente inatendible.
Al respecto, es evidente que la doctrina que fluye de tales pronunciamientos reposa sobre la existencia de determinadas circunstancias fácticas —básicamente, la desactualización del parámetro utilizado por el art. 12 de la ley 24.557 (en el texto anterior a la ley 27.348) para determinar el ingreso base mensual, al punto que ello provoque la injustificada reducción del crédito de carácter alimentario— que, lógicamente, deben ser demostradas por quien pretende su aplicación.
Ahora bien, en el escrito recursivo el actor se limita a señalar como conculcada la aludida doctrina legal, pero sin aportar ningún elemento concreto que permita determinar, con precisión, que el ingreso base mensual resultaba —en el caso, y por la diferencia de incapacidad fijada por el tribunal— notoriamente insuficiente a los fines de una adecuada reparación del infortunio.
III.3. Tampoco puede tener cabida el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses, desde que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados —como acontece en el caso— fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del asunto en juzgamiento (causas L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 122.612, "Ulibarri", resol. de 3-VII-2019; L. 127.133, "Matos", resol. de 20-X-2021 y L. 132.732, "Montañez", resol. de 20-IX-2024; e.o.). En efecto, la doctrina denunciada no fue prevista para el procedimiento administrativo, tal como se reclama en el presente caso.
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En virtud de lo decidido por esta Corte al resolver la queja interpuesta (v. pronunciamiento electrónico de 29-XII-2023), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser abordado en el acotado marco de conocimiento al que alude el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
La función revisora, entonces, queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
No obsta a lo señalado, que en el recurso se cuestione el rechazo por el a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto ello no ha sido esgrimido por el recurrente con aptitud para evidenciar la presencia de un motivo que —fuera de la excepción prevista en la norma procesal laboral— permita dejar de lado el recaudo de admisibilidad fundado en el valor del agravio.
I.2. Bajo estos lindes, no se verifica configurado el presupuesto de excepción al que se aludió precedentemente.
I.2.a. En lo tocante al primer cuestionamiento, coincido con lo expuesto por la ponente en el punto III.2.a. de su voto.
I.2.b. Luego, comparto lo resuelto por la citada colega en lo tocante a la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), en tanto lo expuesto por el quejoso no luce idóneo para evidenciar que lo juzgado en tales precedentes lo haya sido en el marco de escenarios análogos al del sub examine (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021 y L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024).
I.2.c. Finalmente, adhiero al punto III.3. del sufragio inaugural.
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2025 16:48:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/12/2025 11:04:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:07:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/12/2025 11:37:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 14:29:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:48:59 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2025 11:50:42 hs. bajo el número RS-133-2025 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia