Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 127024
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 127.024, "A., V. N. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, había declarado a la niña V. N. A. en situación de adoptabilidad (v. sents. de 14-III-2023 y 17-VIII-2023).
Contra dicho pronunciamiento se alzan los progenitores de la niña, C. A. O. y M. A. A., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 31-VIII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 2-VIII-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La causa se inició con la comunicación de la medida de abrigo efectuada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la localidad de San Martín el día 8 de julio de 2021, cuando V. tenía tan solo diecisiete días de vida.
Dicha medida se implementó con un miembro de la familia ampliada, más precisamente en el domicilio de la señora A. A. A.
En esa oportunidad se relató que la intervención comenzó el día 28 de junio de 2021 a raíz de un informe proveniente del Servicio Social del Hospital Carlos Bocalandro, "...donde manifestaban que la niña de referencia habría nacido con cocaína en sangre y que la progenitora de la misma, Sra. C. A. O. no habría realizado la totalidad de los controles prenatales..." (informe de 13-VII-2021, en arch. adj.). Asimismo, se desprende que al haberse tomado contacto con los progenitores estos minimizaron la situación de consumo y sus implicancias negativas en la salud de la recién nacida; y, a la par, se observaron conductas negligentes con relación a los tres hermanos más grandes de V.
De las entrevistas mantenidas se evaluó que "...existen negligencias históricas en cuanto al cuidado de los niños, las cuales fueron visibilizadas y problematizadas cuando la niña de referencia presentó cocaína en sangre al momento de su nacimiento..." (informe de 13-VII-2021, en arch. adj.).
I.2. El día 4 de marzo de 2022 se elevó el informe de seguimiento y evaluación final donde se requirió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida de excepción y se solicitó se declare la situación de adoptabilidad de la niña V. (v. informe de 4-III-2022, en arch. adj.).
De allí se desprende que se han mantenido entrevistas con ambos progenitores, habiéndose obtenido los siguientes resultados: "Respecto a la Sra. O. [...] indicadores que dan cuenta de una problematización inicial de la situación, no solo de la niña V., sino también de sus hijos T., S. y B. [...] Dichos indicadores hacen referencia a su situación de consumo problemático que, según indica, habría llegado a 'un límite'(sic), en ocasión del nacimiento de la niña...". Por otro lado, "...en diálogo con el Sr. A., el mismo da indicios de una postura displicente en relación a los cuidados de la totalidad de sus hijos, depositando en la Sra. O. la responsabilidad absoluta de los mismos [...] este equipo técnico observa en la conducta del Sr. A. indicadores que dan cuenta de una tendencia a silenciar las manifestaciones de la progenitora, asumiendo una postura prepotente de cuestionamiento respecto a la negligencia en el cuidado de los niños, sin asumir su propia responsabilidad parental [...] manifiesta reconocer esta falta de compromiso en el bienestar integral de los niños, excusándose en una extensa jornada laboral...".
También se destacó que la "...adherencia inicial de la Sra. O. se va modificando, presentando la misma una postura lábil y fluctuante respecto a la intervención..." y que "Pese a manifestar comprender las incumbencias de este Servicio Local y las implicancias de la medida de protección excepcional en la persona de la niña V. N., además del seguimiento y evaluación de la situación de sus otros hijos, la Sra. O. no realiza acciones consistentes, capaces de ser sostenidas en el tiempo, para revertir tal estado de cosas...".
Por otro lado, en lo que se refiere a la abrigadora se ponderó que mantenía una postura análoga a la de la progenitora acerca de la adherencia a la intervención del Servicio Local. En ese sentido, se puntualizó que respondió escasamente a las indicaciones dadas y que incluso reconoció que delegó en la señora O. algunos cuidados de V., quien permaneció bajo la responsabilidad de la progenitora por largos períodos de tiempo. Puntualmente, sostuvo: "...la Sra. A. presenta indicadores de casi nulo compromiso respecto a la responsabilidad asumida en ocasión de la implementación de la presente medida y manifiesta estar 'agotada', refiriendo que cuidaría a la niña durante 'este tiempo, pero no mucho más', expresando su deseo de desistir de su rol de abrigadora luego de cumplido el plazo legal [...] Las conductas adoptadas por la Sra. A. A. no fueron idóneas para garantizar plenamente los derechos de la niña, realizando en forma unilateral cuanta acción en contraposición a las indicaciones aportadas por este Servicio Local, no respondiendo a las pautas indicadas, así como tampoco ejerciendo la responsabilidad asumida en el marco legal que una medida de abrigo implica...".
Asimismo, se verificó que los controles de salud de la niña han sido intermitentes y que tanto la progenitora como la abrigadora se delegaron mutuamente la responsabilidad de los cuidados de la niña en diferentes oportunidades, sin que pueda inferirse quién se está haciendo responsable efectivamente de los controles de salud: "Al consultar a ambas adultas por indicaciones específicas impartidas por los profesionales de salud, responden con expresiones que delegan la responsabilidad en la otra adulta".
En lo concerniente al consumo problemático de la progenitora, se hizo hincapié en que esta había desistido de concurrir al espacio terapéutico -no habiendo cumplimentado el objetivo estipulado- y que únicamente había acudido en una oportunidad para solicitar un certificado de asistencia para presentar -justamente- ante el Servicio Local.
También se señaló que de las entrevistas mantenidas con el grupo familiar surgió que el señor A. pudo haber ejercido maltrato físico sobre V., habiéndola golpeado en, al menos, una oportunidad. Interrogada por esta situación, la progenitora se posicionó en favor del progenitor; no obstante, se pudo inferir que la señora O. se encontraría en una situación de violencia de género, por lo que se la orientó a acudir a un espacio terapéutico idóneo. Esta indicación tampoco ha sido cumplida.
Con base en estas apreciaciones y en la labor desarrollada por el organismo de niñez, se solicitó se decrete la situación de adoptabilidad de la niña V. y se la incluya en un grupo familiar alternativo que pueda dar respuesta a sus necesidades y derechos inalienables.
I.3. El día 25 de marzo de 2022 se efectivó el cambio de lugar de cumplimiento de la medida de excepción, ingresando al Hogar Convivencial Joaquín V. González sito en la calle Plaza Máximo Paz n° 136 de la ciudad de La Plata (v. informe de 28-III-2022, en arch. adj.).
I.4. Por su parte, habiendo los progenitores asumido intervención en autos, solicitaron la intervención del Cuerpo Técnico del Juzgado y que se cite a la abuela paterna, señora M. E. S. (v. presentación de 13-IV-2022).
Así las cosas, el equipo técnico del Juzgado interviniente, luego de evaluar a C. A. O., M. A. A. y M. E. S., arribó a las siguientes conclusiones: "...estas peritos consideran que tanto el Sr. A. y la Sra. O. como la Sra. S. no cuentan con capacidades personales suficientes para ejercer y sostener el cuidado de la pequeña V. en forma adecuada. Es por ello, y a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la niña de autos, que se estima pertinente no modificar la decisión oportunamente tomada por el Servicio de Protección de Derechos, ya que el hecho de que V. retoma la convivencia con la Sra. S. o bien con sus progenitores resulta un escenario propicio para la reiteración de situaciones vulneratorias para la niña..." (informe técnico de 5-X-2022).
También se evaluó a la señora V. Y. A., sobre la cual se concluyó: "...la Sra. A. dio cuenta de una marcada ajenidad respecto a la situación de V. Se advierte que no logró explicitar ninguna propuesta respecto al cuidado de la niña de autos [...] Luego de reflexionar acerca de sus posibilidades concretas para asumir los cuidados de V., la Sra. A. se mostró contrariada y dubitativa, para luego reconocer que no veía viable ocuparse de la crianza de dos niños tan pequeños [...] estas profesionales consideramos que la Sra. V. Y. A. no se encuentra en condiciones de asumir efectiva, real, adecuadamente y en forma permanente el cuidado de la niña de autos..." (informe de 5-XII-2022).
I.5. A partir de los antecedentes brevísimamente expuestos y la prueba recabada en autos, el Juzgado de Familia interviniente declaró a V. N. A. en situación de adoptabilidad (v. sent. de 14-III-2023).
II. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín confirmó la decisión (v. sent. de 17-VIII-2023).
III. Contra dicho pronunciamiento se alzan los progenitores, C. A. O. y M. A. A., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncian infringidos los arts. 7, 8, 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 607, 621 y concordantes del Código Civil y Comercial; 37 y concordantes de la ley 26.061 y su par provincial 13.298 y su decreto reglamentario 300/05 (v. presentación de 31-VIII-2023).
Expresan que desde un primer momento se han puesto a disposición, intentando revertir las circunstancias que dieron origen a la medida de abrigo; sin embargo, desde el trabajo conjunto en la instancia de origen, tanto del Servicio Local como del Juzgado, no han tenido en cuenta su predisposición ni los cambios logrados.
Puntualmente sostienen que el Servicio Local interviniente "...no es coherente con su accionar, y por su parte el resto de los efectores, Judicial, no logra dar acabada intervención para intentar paliar o salvar lo precario del Órgano y sistema administrativo [...] Hemos cumplido con el inicio y sostenimiento del tratamiento psicológico..." (pág. 8, escrito de embate).
Manifiestan que "...se nos privó como progenitores toda posibilidad de ejercer el rol de tales y de cuidar, criar y amar a V. junto a sus hermanos, y permanecer así dentro de su familia biológica" (pág. 9, escrito cit.).
Indican que el Estado a través de sus organismos debió aportar las herramientas a las familias para poder revertir las circunstancias de vulnerabilidad "...y ser efectores positivos, con críticas constructivas y que lleguen a las familias de forma clara...". Sin embargo "Se limitaron a cuestionar y excluir, pero nada nos han dicho sobre la solución, o las alternativas de trabajo a ello que tanto nos cuestionaban. No se ha aplicado de manera acabada la normativa especial del caso [...] lejos de TRABAJAR y realizar todas las instancias previas de evaluación [...] es una CLARA DEMOSTRACIÓN DEL DEFICIENTE SISTEMA ESTATAL..." (pág. 10, escrito cit.).
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. Sabido es que el concepto de absurdo remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares alcanzan para configurar el absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 111.814, "M. J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 117.068, "G., N. G.", sent. de 7-IX-2016; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018; C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019; e.o.), circunstancia que no se ve patentizada en autos.
En la especie, los recurrentes arguyen en forma general acerca de las deficiencias del sistema de promoción y protección integral y, en particular, expresan que no se les han brindado las herramientas necesarias para modificar las circunstancias que dieron origen a la medida de excepción, a la vez que no se han tenido en cuenta los avances logrados y la predisposición que han demostrado tener -a su criterio- desde la implementación de la medida para revertir la situación de vulnerabilidad de V. Tales cuestionamientos no centran su ataque en demostrar que lo que afirma la sentencia de Cámara no pudo ser, en función de la prueba producida en autos. En síntesis, no logran conmover los argumentos brindados por el Tribunal de Alzada, desentendiéndose de estos y limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de la niña (conf. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.).
Lo expuesto basta para repeler esta fracción recursiva (arts. 279 y 289, CPCC).
V.1. Sin perjuicio de las consideraciones técnicas que anteceden, en atención a la trascendencia de las consecuencias que genera el rechazo de la pretensión recursiva que aquí se propicia, teniendo en consideración la entidad de los derechos fundamentales imbricados, entiendo pertinente abordar tales consideraciones atendiendo como principio rector al interés superior de V. (art. 3, CDN).
V.2. En este sentido, comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en su dictamen (v. dictamen de 2-VIII-2024, en arch. adj.), por entender que abastecen adecuadamente la respuesta que cabe dar a los impugnantes (conf. metodología utilizada en causas C. 115.708, "N.N.", sent. de 12-VI-2013; C. 117.084, "W., G.", sent. de 4-VI-2014 y C. 121.036, "M., B. D.", sent. de 29-XI-2017), en conjunción con los desarrollos que efectuaré a continuación.
En particular cuando sostiene que "...en procura de la protección del mayor interés de V., teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra y a fin de no dilatar la definición de su situación y derecho a crecer en el seno de una familia (art. 12 Ley 14.528; doct. caso 'Fornerón e hija vs. Argentina', CIDH, sentencia del 27-IV-2012, párrafo 52; Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°14 cit., párr. 93 y preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño), entiendo no corresponde hacer lugar al remedio interpuesto" (pág. 18, dictamen cit.).
Al igual que cuando expresa que "...sin que se me escape el esfuerzo llevado a cabo por los progenitores, no puedo soslayar que las estrategias que se despliegan a fin de abordar una problemática familiar como la aquí en examen, poseen un momento de realización; sin que parezca posible insistir con lo requerido por los recurrentes cuando ello podría importar prolongar incausadamente la indefinición de la situación de la niña y vulnerar sus derechos fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (arg. arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, C.D.N.; 1, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; VI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 23 y 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 594, 595 incs. 'a' y 'd', 607, 706 y concs., Cód. Civ. y Com.; 2, 3, 8, 9 y concs., ley 26.061; 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298; 384, 474, 853, C.P.C.C.; SCBA C 123.304 sent. de 09/03/2021)" (pág. 19, dictamen cit.).
Vale destacar que el día 22 de agosto de 2023 la niña egresó del ámbito institucional en guarda provisoria con la señora B. S. (v. resol. de 22-VIII-2023 en autos conexos caratulados "A. V. N. Materia a Categorizar", MEV), advirtiéndose que se la encuentra en excelentes condiciones. En efecto, el equipo técnico del Juzgado indicó que "...las condiciones afectivas, sociales y materiales establecidas por la Sra. B. S. son óptimas para favorecer el sano desarrollo de la niña V..." (informe de 18-III-2024, en autos conexos cit.).
En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que "...la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto [...], se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047)". Más recientemente ha reiterado dichos conceptos al recordar "...la necesidad de resolver los asuntos que atañen a los infantes a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto sujetos de tutela preferente. En ese contexto, ha señalado que la consideración del referido interés superior debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que los involucran, incluido este Tribunal, y en reiteradas ocasiones ha destacado que ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad, aun frente al de sus progenitores (conf. doctrina de Fallos: 328:2870; 331:2047 y 2691; 341:1733)" ("L., M. s/ abrigo", sent. de 7-X-2021, CSJN Fallos: 344:2647).
En este plano de análisis, se ha considerado que la regla del art. 3 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones "…tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. CSJN Fallos: 328:2870, voto de los señores jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del señor juez Maqueda y 331:941, voto del señor juez Zaffaroni; CSJN causas "N.N. O U., V. s/ protección y guarda de personas" Fallos: 335:888 y, en similar sentido, "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN" Fallos: 341:1733).
El interés superior de V. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en el particular a mantener el statu quo con la guardadora que le procura cuidados tendientes a satisfacer su
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