Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 128345
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al recurrente que resulta vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 128.345, "Q. A. M. contra G. P. F. Liquidación de régimen patrimonial del matrimonio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió rechazar la reconvención planteada por P. F. G. (v. sents. de 26-IX-2022 y 5-VII-2023).
Contra ese pronunciamiento, el señor P. F. G. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó la reconvención realizada por el accionado.
En ese sentido, determinó que el inmueble era de carácter propio de la actora, motivo por el cual rechazó el pedido del accionado de establecerlo como ganancial al igual que la fijación de recompensa para el caso de que no se hiciera lugar a la solicitud de declaración de su carácter ganancial. Asimismo, rechazó la pretensión del demandado de fijar un crédito a su favor por los frutos civiles devengados durante la comunidad provenientes de la locación de ese inmueble.
A su vez, desestimó la existencia -a partir de la explotación de cabezas de ganado bovino- de un crédito a favor de la comunidad, por ser de carácter propio de la señora A. M. Q.
Finalmente, también rechazó la pretensión de un crédito a favor de la comunidad por la realización de mejoras en el inmueble rural de origen propio de la actora (v. sent. de 26-IX-2022).
La decisión del juzgado de familia fue apelada por el demandado y la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó lo decidido por la instancia (v. sent. de 5-VII-2023).
II. Ante esa circunstancia, el demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncia absurda valoración de la prueba, arbitrariedad y errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 464, 465, 466, 494 y concordantes del Código Civil y Comercial y 377, 384, 394, 456 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. recurso de 3-VIII-2023).
Destaca que la actora vendió un bien de carácter propio en el 2010 y que recién tres años después y luego de haberse casado volvió a adquirir otra propiedad. Sobre este punto, remarca "...que la reconvenida no ha podido probar qué destino tuvo el producido de la venta del bien de .... No existe prueba, registro contable, ni documental, ni informe objetivo que acredite que, durante ese período, la actora conservara esa suma de dinero atesorada, sin merma total o parcial..." (pág. 6, recurso). A este respecto puntualiza que "...en apreciación de la Cámara, la reconvenida vendió un inmueble en u$s 55.000 y, con esa misma cantidad de moneda extranjera -íntegra y atesorada- adquirió otro inmueble de casi el doble del valor del vendido, en pesos argentinos, iguales a u$s 99.077,55. Para la Cámara ello constituye un caso de 'subrogación real' en cuanto a identidad e integridad..." (pág. 7, escrito de embate).
De este modo, concluye que "...el extenso lapso de tiempo entre las operaciones que fueron instrumentadas en la única prueba aportada, la falta de acreditación del destino y guarda de los fondos obtenidos por la reconvenida en la primera de ellas, y la ostensible diferencia de valores bajo el tipo de cambio o paridad que se pretenda utilizar para el análisis de ambas compraventas; quedan bajo fuerte sospecha como para que pueda afirmarse que los fondos obtenidos en la primera se hubieran utilizado en la segunda operación inmobiliaria..." (pág. 8, presentación de 3-VIII-2023).
Bajo ese orden de ideas destaca que, en virtud de la diferencia existente, debería haber una recompensa en favor de la comunidad por el excedente. Sobre este punto, reitera que "...el inmueble de ..., San Isidro, fue vendido en u$s 55.000 en fecha 21/10/2010 y tres años más tarde (18/10/2013) el inmueble de Echeverría, CABA, fue adquirido en la suma de $ 580.000, igual a u$s 99.077,55..." (pág. 10, presentación de 3-VIII-2023). Asimismo, asevera que "...la pericia de tasación señala que el valor que consta en la escritura de adquisición del inmueble de calle Echeverría ($ 580.000 = u$s 99.077,05) era inferior a su valor real de compra" (pág. 11, presentación de 3-VIII-2023).
Con relación a los frutos generados por el alquiler del inmueble, señala que la Cámara comete un error al considerar que fueron consumidos durante la vigencia de la comunidad conyugal, pues realiza una errónea valoración de la prueba testimonial y omite considerar prueba producida por su parte.
Finalmente, acerca del carácter ganancial de la explotación pecuaria y las mejoras realizadas a tales efectos, sostiene que el informe sobre el que se sustenta la decisión de ambas instancias para rechazar dicho reclamo es inadmisible dado que la prueba ofrecida para ello es indiciaria y fue introducida cuando ya estaba precluida la posibilidad que tenía para ello, por encontrarse trabada la litis y proveída la prueba ofrecida por ambas partes, con anterioridad a esta (v. págs. 15 y 16, presentación de 3-VIII-2023). Puntualiza que "...La Sociedad Rural de General Lavalle es una entidad civil que nuclea justamente a productores pecuarios, pero no lleva un registro oficial ni es competente con autoridad de policía como para dar un registro de cantidad o de stock de animales, siendo en ese sentido la información brindada inidónea y no imparcial para lo que se quiere probar, en tanto implica inferir el stock del plantel sobre la base de informes de vacunación y por cuanto la contraria es parte del colectivo de productores que la informante nuclea..." (pág. 21, presentación de 3-VIII-2023).
III. El recurso debe ser rechazado toda vez que no queda demostrado el vicio de absurdo invocado por el apelante.
En efecto, el recurrente refiere que existió errónea interpretación de la prueba y describe y argumenta de qué modo debió haberse interpretado, pero omite rebatir los basamentos dados por la Cámara para sustentar su decisión.
En este sentido, y sobre el agravio desplegado por el demandado vinculado a la venta de un inmueble y la compra de otro inmueble tres años después, nada se objeta respecto al eje central dado por la Cámara para rechazar su planteo. Así, en su sentencia manifestó: "...si bien el demandado denunció... que los fondos provenientes por la venta del inmueble... habrían sido gastados en el transcurso del tiempo... lo cierto es que, conforme jurisprudencia y doctrina... no es necesario que los utilizados para la nueva adquisición por el cónyuge adquirente ...sean los que recibió como propios, y poco importa que se hayan confundido con la masa común o hayan sido gastados [...] es preciso demostrar la correlación existente entre la venta de un bien de carácter propio y la compra del otro, esto es, el nexo o continuidad propio de la subrogación, lo cual no significa que los importes empleados para la adquisición sean materialmente los mismos que ingresaron y tampoco importa que se hayan confundido con la masa común, pues para realizar el nuevo empleo, basta el crédito que nace para el cónyuge de ese aporte de fondos y que se aplica a la nueva compra...". En razón de ello, la Cámara concluye que el destino que se le dio a los fondos y el plazo transcurrido desde una compraventa y la otra carece de relevancia (v. pág. 6, sent. de 5-VII-2023).
En lo que se refiere a la pretensión del recurrente de recibir una compensación por la diferencia existente entre lo obtenido de la venta del inmueble propio y lo pagado por la compra del inmueble luego de que se hubiesen casado, analiza el órgano sentenciante que, al momento de la escrituración, quedó asentado que el origen del dinero para la adquisición provenía de un bien propio y que el bien adquirido revestía el mismo carácter. Indica la Cámara que el apelante debió aportar prueba que acredite sus dichos, pues la carga de la prueba recae sobre quien la invoca (arts. 492, Cód. Civ. y Com. y 375, CPCC) salvo el supuesto -no verificado en el caso- de no reinversión del dinero percibido por la venta de un bien propio, donde se presume que con este se ha beneficiado a la comunidad (art. 491, Cód. Civ. y Com.; v. sent. de 5-VII-2023).
En cuanto al reclamo proveniente del pago del alquiler del inmueble reconocido como propio de la actora, puntualiza la Cámara que la propietaria lo puso en alquiler y que está acreditado en la causa que las rentas percibidas fueron consumidas en beneficio de la comunidad conyugal, ya que surge de la prueba aportada que era la señora Q. quien afrontaba la mayor cantidad de gastos de la sociedad conyugal (audiencia de vista de causa videograbada, 24-XI-2021) y que lo percibido por el alquiler del departamento de calle Echeverría era destinado a la locación de la vivienda común (v. pág. 13, sent. de 5-VII-2023).
Sobre el agravio referido a la explotación pecuaria, pondera la Cámara -basándose en la prueba aportada- que con anterioridad a la celebración del matrimonio la señora Q. era titular de noventa y cuatro cabezas de bovinos y al momento de la disolución el plantel era de ochenta y seis (1-IV-2016), esto es, hubo un descenso en la cantidad, por lo que no existe acreencia alguna en favor de la comunidad conyugal. Afirmó a su vez que no obstante los embates que el apelante manifiesta en lo que refiere al alcance probatorio de lo informado por la Sociedad Rural de General Lavalle, no encuentra fundamento para restarle convicción y apartarse de lo informado por ella (v. págs. 15-16, sent. de 5-VII-2023).
En torno al último agravio postulado, que versa sobre las mejoras en el inmueble rural, el órgano sentenciante especificó que surge tanto del dictamen como de la audiencia de vista de causa (videograbada, 24-XI-2021) la imposibilidad de determinar las mejoras realizadas en el inmueble propiedad de la señora Q. al tiempo de la vigencia de la comunidad, por lo que no encuentra fundamentos para apartarse de lo dictaminado (arts. 375, 384 y 474, CPCC; v. pág. 17, sent. de 5-VII-2023).
IV. Por ende, y en razón de lo expuesto hasta aquí, queda evidenciado que los agravios planteados en el recurso de inaplicabilidad de ley no rebaten los argumentos brindados por la Cámara para fundar su decisión y en consecuencia no se observa el absurdo invocado por el apelante, pues se ha limitado a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la solución alcanzada (conf. doctr. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; e.o.).
V. Por ello, se rechaza el recurso (art. 289, CPCC) y se imponen las costas al recurrente en su condición de vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al recurrente que resulta vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/09/2025 12:52:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:06:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 10:28:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 15:54:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2025 11:37:10 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/09/2025 12:55:44 hs. bajo el número RS-38-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia