Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 124993
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.993, "V. M. A. contra Asociart S.A. A.R.T. y Otro. Daños y Perjuicios Del./Cuas. (Excl. Uso Aut. y Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la demanda y la rechazó íntegramente con costas al accionante (v. sent. de 25-II-2021 y aclaratoria de 2-III-2021).
Se interpuso, por el accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 12-III-2021).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. M. A. V. promovió demanda contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (en adelante la A.R.T.) y contra su empleadora Seguridad Grupo Maipú S.A., reclamando una indemnización integral por los daños derivados de un accidente in itinere (v. fs. 12/22).
Relató que el 19 de marzo de 2012, al volver a su hogar desde su trabajo, fue asaltado y recibió un disparo en la pierna. Luego de varias derivaciones médicas se le amputó parte de su extremidad inferior izquierda el 21 de diciembre de 2012. Al persistir los dolores en los meses posteriores, debió someterse a una segunda intervención quirúrgica donde sufrió una nueva amputación en el mismo miembro.
Afirmó que la falta de atención médica inmediata por parte de la obra social y la negligencia de la A.R.T. en suministrar debidas condiciones de atención determinaron la amputación de su pierna luego de dos intervenciones quirúrgicas.
Endilgó responsabilidad tanto a la aseguradora como a la empleadora y solicitó la reparación integral de los daños fundando su reclamo "...en las disposiciones del Código Civil, la más amplia doctrina y jurisprudencia aplicable al caso" (fs. 19 vta.).
Corrido el traslado de ley, la A.R.T. interpuso excepción de falta de legitimación pasiva y ambas demandadas repelieron la acción (v. fs. 36/41 y 55/74). El actor, al contestar la excepción de falta de legitimación, planteó la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 85/87).
La sentencia de primera instancia, después de advertir que la demanda era confusa y destacar su deficiencia técnica, la rechazó contra la empleadora -Seguridad Grupo Maipú S.A.-, por considerar que no era responsable civilmente por un accidente in itinere; por otra parte hizo lugar al reclamo contra la A.R.T. por aplicación del principio iura novit curia, entendiendo que resultaba procedente la indemnización tarifada de conformidad con el régimen previsto por las leyes 24.557 y 26.773 y normas reglamentarias y complementarias. Además, desestimó el reclamo por deficiencias en la atención médica, valorando para ello la prueba pericial.
Por último, en coincidencia con el dictamen del señor agente fiscal, por haber sido efectuado de manera extemporánea desechó el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 en cuanto excluía a los trabajadores víctimas de accidentes in itinere de la percepción del 20% adicional del sistema tarifado.
La decisión fue apelada por la A.R.T., quien presentó sus agravios; estos fueron contestados por el actor (v. escritos electrónicos de fechas 3-IX-2020 y 1-X-2020). Asimismo, apeló el accionante, habiendo sido respondidos sus agravios por la empleadora y por la aseguradora (v. escritos electrónicos de fechas 22-IX-2020, 3-X-2020 y 5-X-2020).
I.2. El Tribunal de Alzada, oportunamente, revocó la sentencia y rechazó íntegramente la demanda. Para así decidir, en la medida del recurso, inicialmente expresó que tanto la complejidad de la cuestión como las dificultades de interpretación del planteo del actor conducían a un enfoque global del tema propuesto.
Sobre la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 introducida por el reclamante al contestar la excepción de la A.R.T., expuso que la indemnización adicional allí prevista no era aplicable a los accidentes in itinere y compartió la opinión del señor agente fiscal sobre la extemporaneidad del planteo.
Luego, entendió que la decisión de primera instancia era incongruente porque no respondía a las pretensiones de las partes, resolviendo más allá de lo pedido. Dijo que, por un lado, el fallo rechazaba el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.773 y, por otro, dejaba de lado el art. 4 de esa misma normativa en cuanto preveía que los damnificados podían optar de modo excluyente entre las indemnizaciones tarifadas o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, ya que los distintos sistemas de responsabilidad no eran acumulables. Agregó que el actor no había planteado la inconstitucionalidad de esa preceptiva.
Concluyó que el fallo de primera instancia, con sustento en la regla iura novit curia, había aplicado una norma laboral olvidando que la pretensión era civil y dijo que si el accionante buscaba percibir una indemnización sistémica debió haber recurrido a aquel fuero.
Expresó que en el accidente in itinere no cabe atribuir responsabilidad civil al empleador, ya que tales infortunios ocurrían fuera del ámbito de control del empresario.
Añadió que se extraía de las constancias de la causa que la A.R.T. había cumplido y seguía cumpliendo con sus prestaciones y que no existían elementos a partir de los cuales pudiera tenerse por acreditada la determinación definitiva de la incapacidad del actor como consecuencia del infortunio denunciado, lo que sería el presupuesto para el reclamo en sede civil.
Expuso que el art. 6 de la ley 24.557 mencionaba como contingencia cubierta al accidente in itinere, por lo que era reparable dentro del ámbito de la indemnización tarifada pero que ninguna responsabilidad cabía al empleador desde el punto de vista del derecho civil ni por culpa ni como dueño o guardián de una cosa riesgosa.
Explicó que, si se demandaba por el accidente en el trayecto mediante la vía del derecho laboral optando por la tarifa, se debía reparar el daño conforme el art. 6 de la ley 24.557 y, luego, podía repetirse lo abonado del autor del daño de acuerdo al art. 39 de la misma ley; en cambio, si se optaba por el derecho civil, se excluía la acción laboral, según el art. 4 de la ley 23.776.
Finalizó diciendo que en estas actuaciones se demandaba una contingencia propia de la ley laboral por la vía del derecho común y que no existía causa jurídica alguna para responsabilizar ni a la empleadora ni a la A.R.T., y agregó que cuando se evadía el marco de la ley 24.557 debía acreditarse culpa, riesgo o actividad riesgosa y que ello era imposible en un accidente in itinere.
II. Se agravia el recurrente denunciando la infracción de los arts. 1, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 15 y 193 de su par local; de la ley 24.240, de los arts. 512, 523, 524, 725, 1.109, 1.113 y 1.198 del Código Civil; 6 de la ley 24.557 así como de los arts. 34, 375, 384, 456,473 del Código Procesal Civil y Comercial; alega infracción a doctrina legal y absurdo.
Inicialmente, al exponer los requisitos de admisibilidad del recurso adelanta sus agravios (v. punto II del escrito electrónico de fecha 12-III-2021). Así, denuncia que en las instancias de grado no se ha juzgado el accidente in itinere bajo el estatuto del consumidor, remarcando que ese régimen es de orden público y que su aplicación debe hacerse de oficio. Asimismo, respecto del rechazo del planteo de inconstitucionalidad, arguye que puede realizarse en cualquier estadio del proceso si se garantiza el derecho de defensa de la parte contraria, e inclusive de oficio. Por otra parte, esgrime absurdo en la interpretación de la prueba pericial médica por entender que de esta surge que la A.R.T. no le brindó para su atención un centro de alta complejidad y un especialista en cirugía vascular. También aduce que no se ha aplicado el art. 6 de la ley 24.557 que considera accidente de trabajo al ocurrido in itinere.
Sostiene que es absurda y arbitraria la sentencia en cuanto exime de responsabilidad a las demandadas sin aplicar la ley 24.240 de defensa del consumidor.
Se queja de que se haya considerado extemporáneo su planteo de inconstitucionalidad, advirtiendo que el señor agente fiscal también contestó una vez vencido el plazo. Transcribe citas jurisprudenciales relativas a que no debe aplicarse un criterio formalista o restrictivo acerca de la oportunidad en que debe plantearse la inconstitucionalidad, que puede realizarse en cualquier etapa del proceso si se garantiza el derecho de defensa y que los jueces deben declararla de oficio. Afirma que en el caso, sin importar cuándo se hizo el planteo de inconstitucionalidad, la contraria ha tenido oportunidad de contestarlo.
Señala que el Tribunal de Alzada viola el art. 6 de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo que considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Afirma que esto último ha sido lo que aconteció en este caso, donde sufrió lesiones al volver de su trabajo a su domicilio.
Aduce que, aunque el origen de su lesión radique en el hecho de un tercero, son igualmente responsables las demandadas en virtud del sistema de protección al consumidor. En este orden de ideas, precisa que dicha normativa obliga a la aseguradora a asistir médicamente al trabajador y a contar con centros de alta complejidad y con un cirujano vascular, obligación que dice ha sido incumplida, según surge de la prueba pericial médica y hace responsables a la A.R.T. y a la empleadora.
Expone que no puede en principio imputarse responsabilidad objetiva a la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil, como tampoco responsabilidad subjetiva de conformidad con el art. 1.109 del mismo código, pues el daño se produjo por la intervención de un tercero utilizando un arma de fuego, la que no era de propiedad ni se encontraba bajo la guarda de la empleadora, pero sostiene que la responsabilidad surge porque debe aplicarse de oficio la ley 24.240 de orden público.
Insiste en que la responsabilidad que se reprocha es la falta de provisión de un centro de alta complejidad y de un cirujano vascular, incumplimiento que, según manifiesta, surge de la prueba pericial médica y responsabiliza a la A.R.T. y a la empleadora contratante del seguro dada la cadena de responsabilidades establecida en la norma de defensa del consumidor.
Señala que en el caso debe ponderarse la relación de consumo y la obligación de asistencia asumida por la A.R.T., precisando que demandó una reparación integral fundada en el derecho común y que se ha incurrido en absurdo en el análisis del plexo probatorio que demostraba la deficiente atención médica.
Concluye diciendo lo siguiente:"...solo resta decir V.V.E.E. que bajo ningún aspecto de autos, han logrado el demandado y su aseguradora ART quebrar el nexo causal del hecho que se le imputa cuya naciente fue accidente in itinere como generador del daño, en los términos del Art. 6 de la norma ya citada y QUE POR APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR su inaplicación , y la relación de consumo que une a las partes, SE IMPONE EL DEBER DE CUIDADO hacia el trabajador que no supo brindar ninguno de los accionados al no proveer con URGENCIA UN CENTRO DEL ALTA COMPLEJIDAD CON CIRUJANO VASCULAR tal como lo afirmó la pericia y el perito médico legista en reiteradas veces y no puede perderse de vista el norte en cuanto que, ergo mal puede eximir de responsabilidad en los términos del Art. 1.113 2da. parte del C. Civil -Vélez- a quien no ha probado en absoluto, llevar a cabo alguna maniobra o actuar diligente para sortear el hecho".
III. Disiento con la opinión del señor Procurador General, pues el recurso extraordinario debe ser rechazado en atención a su manifiesta insuficiencia. (doctr. art. 279, CPCC).
De la lectura del escrito recursivo apenas puede extraerse el cuestionamiento a la desestimación del planteo de inconstitucionalidad, porque su reclamo no se juzgó a la luz de las normas protectorias del consumidor ni se aplicó el art. 6 de la ley 24.447, haciendo hincapié en que demandó una indemnización integral por un accidente in itinere respecto del cual se le prestó una atención médica que estima deficiente, lo cual surgiría de la prueba pericial médica.
III.1. No es de recibo el agravio relativo a la pretendida responsabilidad de las demandadas con fundamento en la ley 24.240 y en el art. 6 de la ley 24.557 por los daños derivados del accidente in itinere y de una supuesta atención médica deficiente.
Al respecto, es necesario recordar que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art 279 del Código Procesal Civil y Comercial (es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley o doctrina legal), los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en tal operación se sustrae, justamente en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. doctr. causas C. 120.616, "Cárdenas", sent. de 7-II-2018 y C. 122.386, "Agrogamen S.A.", sent. de 30-VIII-2021); tal lo que acontece en el caso.
En efecto, el órgano judicial de la instancia anterior rechazó íntegramente el reclamo, expresando esencialmente que no estaba determinada la incapacidad y que, si bien la ley laboral -art. 6 de la ley 24.557- contemplaba el accidente in itinere como una contingencia cubierta, no correspondía una indemnización desde el punto de vista del derecho civil porque ninguna responsabilidad había en la empleadora ni en la A.R.T. ni por culpa ni por cosas riesgosas de su titularidad o bajo su guarda.
Así, dijo lo siguiente: "Retrotrayéndonos a los hechos expuestos en la demanda, pareciera que nos estamos olvidando que el reclamo se inicia a partir o como consecuencia de un hecho ocurrido 'in itinere' - así lo expresó el actor -, es decir acaecido en el transcurso del desplazamiento del actor de su lugar de trabajo a su domicilio y producto de la acción de un tercero, ajeno a la relación laboral cuando el dependiente no está sujeto a las directivas del empleador. Por ende, para que juegue la responsabilidad ordinaria del empleador con respecto a su empleado, el daño de que éste se queja tiene que haber acontecido en el curso de una actividad que habría comprometido igualmente al principal con relación a un tercero que resultase damnificado, o sea debe tratarse de una acción dañosa obrada en el ejercicio o con motivo de la función conferida por el comitente. En síntesis, en los accidentes in itinere, no corresponde atribuir responsabilidad civil al empleador, debido a que tales infortunios ocurren fuera del ámbito de control del empresario. Se extrae de las constancias aportadas a la causa, más allá de la queja dirigida a una prestación no correcta por parte de la Aseguradora de riesgos del trabajo, que ésta cumplió y sigue cumpliendo con las obligaciones asistenciales que asumió, razón demás como para suponer que la vía administrativa no está agotada y que no existe, al menos no tenemos acreditación alguna, determinación definitiva de la incapacidad consecuencia del infortunio ocurrido en el año 2012".
Agregó: "...lo cierto es que no existen elementos de los cuales pueda tenerse por acreditado la determinación de la incapacidad en el actor ni que la ART haya dejado de brindar las prestaciones a su cargo (ver agravios del accionado en lo referente al tratamiento psicológico, no observado) y que en el caso sería presupuesto necesario para el reclamo en sede civil".
Más adelante expuso: "La cuestión es muy simple si el empleador es demandado por el accidente en el trayecto, por la vía del derecho laboral (ley 24.557), optando por la Tarifa el empleador debe reparar (artículo 6, inciso 1 de la ley 24.557; en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo) y puede repetir del autor del daño (artículo 39, inciso 5, ley 24.557). En cambio, si el actor (trabajador) opta por el derecho civil, excluye la acción laboral".
Concluyó: "Ora bien, en la presente causa, el actor demanda una contingencia propia de la ley laboral por la vía del derecho común y no existe causa jurídica alguna para responsabilizar al empleador. Pues, en dicho ámbito, el empleador ni su Aseguradora de Riesgo Trabajo, obviamente, tienen causa jurídica alguna que los obligue a responder. No tiene culpa en la promoción del accidente ni tampoco son dueño o guardián de la cosa riesgosa que provocó el accidente (artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil derogado; artículos 1.721 a 1.724, 1.757, 1.758 y concordantes del nuevo CCC). No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico (artículo 726 del nuevo CCC; artículo 499 del Código Civil derogado)".
Ninguno de los fundamentos dados por la Cámara es hábilmente atacado por el impugnante, quien solo expone su propio razonamiento reiterando e insistiendo dogmáticamente en que son responsables tanto la empleadora como la A.R.T. por aplicación del sistema de protección de los consumidores y usuarios porque, según su criterio, surgiría de la prueba pericial una atención médica deficitaria.
Al respecto, sabido es que disentir con lo decidido por los tribunales o proponer una argumentación paralela no es base idónea de agravios, como también que el absurdo comporta una anomalía que exige la cabal demostración del error grosero, palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causas C. 107.923, "Mercado", sent. de 30-VI-2010; C. 120.866, "Carranza", sent. de 9-VIII-2017 y C. 120.091, "Álvarez", sent. de 12-II-2021).
En el caso, se observa claramente que el quejoso se desentiende del razonamiento seguido por el órgano decisorio y no exhibe sino su criterio y su disconformidad con lo resuelto, por lo que resulta insuficiente su ataque para evidenciar los errores, absurdo e infracciones jurídicas denunciados (doctr. art. 279, CPCC).
Con relación a la reprochada inaplicación de la ley 24.240 de defensa del consumidor por alegadas deficiencias en el servicio de atención médica que surgirían de la prueba pericial, corresponde añadir que, habiendo sido motivo de agravios (v. escrito electrónico de 22-IX-2020 digitalizado el 23-IX-2020), el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la cuestión.
En este orden de ideas, es del caso recordar que si lo que pretendía el agraviado era plantear la omisión de cuestiones esenciales debió encaminar su crítica por la vía del recurso extraordinario de nulidad, siendo el tema de tal modo introducido ajeno al de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 121.853, "Y., A. A.", sent. de 5-XII-2018 y C. 122.255, "C., M. S", sent. de 24-II-2021).
Es evidente, por lo demás, que este capítulo del recurso se vincula con un presupuesto de la pretensión actoral que tanto el juzgador de origen como el Tribunal de Alzada no han encontrado configurado en la especie, de lo que se desentiende el impugnante.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.