Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 134390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 134.390, "Municipalidad de Pergamino contra Rivarola Gastón Alberto. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino, hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 7-VIII-2024).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VIII-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical iniciada por la Municipalidad de Pergamino contra el señor Gastón Alberto Rivarola "a efectos de hacer efectiva la sanción disciplinaria de cesantía" (v. sent. de fecha 7-VIII-2024).
Para así decidir, luego de señalar que no se hallaba controvertida la existencia de una relación de empleo público entre las partes, y tampoco la estabilidad gremial del accionado en su carácter de delegado de personal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), valorando los escritos constitutivos de la litis y el expediente administrativo acompañado en autos que identificó, juzgó acreditado que el trabajador no concurrió a prestar tareas los días 13 a 17 y 20 y 21 del mes de septiembre de 2021.
Luego, al analizar las defensas opuestas por el accionado, el a quo estimó que resultó válida la notificación de la intimación cursada al agente municipal para justificar las referidas inasistencias. Ya en orden a la justificación o ausencia de las inasistencias, advirtió que en las actuaciones administrativas adjuntas el dependiente adujo que aquellas obedecieron al desempeño de actividad gremial; y en ese marco, no sin referir que al contestar la demanda el accionado no se manifestó en cuanto a la justificación de sus inasistencias, juzgó el tribunal que lo afirmado en sede administrativa no encontró respaldo probatorio alguno.
Seguidamente, destacó que en la audiencia de vista de causa la parte demandada solicitó —y así se hizo— que se dejase constancia en el acta de la quinta posición absuelta, aquella formulada para que jurase como cierto "que acompañó certificados médicos para justificar las inasistencias antes referidas", posición que, dijo el sentenciante, importa para el ponente un reconocimiento irreversible de la veracidad del hecho que afirma. Sin embargo, con sustento en los arts. 362 del Código Procesal Civil y Comercial y 89 de la ley 15.057 y el principio de congruencia, entendió que en la medida en que no había sido afirmado en la demanda y en la contestación que las inasistencias obedecieran a una licencia médica, no correspondía "considerar conducente ni valorar" dicha prueba.
Con todo, concluyó que la empleadora logró acreditar las causales invocadas para solicitar la exclusión de la tutela sindical de la que goza el demandado a fin de poder aplicar la sanción disciplinaria de cesantía que apreció proporcionada.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 161 y 171 de la Constitución provincial; 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653; 163, 278 a 297, 375, 409 y 422 del Código Procesal Civil y Comercial; 40, 48, 50 y 52 de la ley 23.551 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 21-VIII-2024).
II.1. Cuestiona la valoración de la prueba de absolución de posiciones efectuada por el órgano de grado, toda vez que afirma que la quinta posición mencionada en el fallo guarda relación directa con los extremos que se debaten en la causa y se constituye como plena prueba en los términos del art. 422 del Código Procesal Civil y Comercial, no siendo de aplicación las reglas de la sana crítica.
II.2. Luego de expresar que el sentenciante desplegó una "sobrevaloración" de un recurso presentado en sede administrativa "por sobre una plena prueba confesoria en sede judicial", asimismo, objeta que en el pronunciamiento se haya considerado que en los escritos postulatorios no se efectuó mención vinculada con que las inasistencias obedecieran a una licencia médica, cuando —sostiene— en el escrito de inicio el municipio efectuó un detalle pormenorizado de las licencias médicas del agente y de los certificados allegados y en la contestación de demanda se negaron esas inasistencias injustificadas. Insiste en que tales circunstancias luego, resultaron comprobadas con la quinta ponencia ofrecida al trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios por cuestiones de método, cabe principiar por señalar que la crítica vinculada con la valoración efectuada por el órgano de grado de los escritos constitutivos de la litis debe ser desestimada a tenor de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
En reiteradas oportunidades ha sostenido este Tribunal que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso —y de las presentaciones de los litigantes en general— constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación cuando se denuncie y compruebe la existencia de absurdo (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 124.119, "Alvarez", sent. de 14-III-2023; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e.o.). Tal carga no ha sido satisfecha en la especie, donde siquiera se ha alegado la eventual configuración de tan extremo vicio en la mencionada y concreta labor desplegada por el a quo en la ponderación de las referidas piezas procesales.
La señalada deficiencia conduce desechar el agravio en análisis, siendo que, es sabido, no puede esta Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada a la hora de diseñar la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025).
III.2. Conforme lo anterior, permaneciendo incólume aquella motivación del tribunal laboral en la que entendió que no hubo de afirmarse ni en la demanda ni en su contestación que las inasistencias del accionado obedecieran a una licencia médica, lo alegado en el recurso con pretendido sostén en la descripta quinta posición absuelta por el accionado, pierde todo vigor.
Es que, útil es memorar, fruto de la ponderación que efectuó de aquellos escritos fue que el a quo hubo de juzgar que esa porción de la prueba confesional a la que se aferra el recurrente no resultaba conducente ni correspondía valorar en el marco de la resolución de la controversia del caso.
Al cabo, el embate luce infructuoso, y tan solo exhibe la disconformidad del impugnante con la solución alcanzada, a través del intento de disputarle al tribunal interviniente la potestad de evaluar la prueba oral, sin lograr demostrar —con ese ineficaz método— la existencia del mentado vicio invalidante.
IV. En virtud de lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/02/2026 15:16:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 13:33:16 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 11:18:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2026 23:57:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2026 09:18:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/02/2026 10:01:06 hs. bajo el número RS-8-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia