Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentaciones electrónicas de fechas 3-XI-2022 y 20-IX-2023) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.023, "Martínez, Roberto Rodolfo contra Proexportar S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada, y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la causa, imponiendo las costas a la vencida (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 11-X-2022), siendo solo concedido por el a quo el segundo de los mencionados (v. resoluciones de fechas 17-X-2022 y 17-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa destacar, en la demanda iniciada contra Proexportar S.A., el actor Roberto Rodolfo Martínez denunció haberse desempeñado para aquella como patrón de buque. Relató que, luego de accidentarse estando embarcado, a partir del otorgamiento del alta médica, el empleador no le permitió reingresar al trabajo y tampoco le abonó salarios desde octubre de 2020 hasta el día del cese de la incapacidad laboral decretada. Asimismo, reseñó el intercambio epistolar que habría cursado con la empleadora en el marco del despido indirecto denunciado y reclamó los salarios adeudados y las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo (v. demanda de fecha 9-VI-2022).
El día 11 de agosto de 2022, Proexportar S.A. contestó la demanda, opuso excepción de incompetencia y solicitó la aplicación al caso de los arts. 515 y 616 de la ley 20.094, argumentando que en el caso es competente la justicia federal, en razón de haber celebrado un contrato de ajuste con el demandante, destinado a navegar buques en aguas fluviales y marítimas, interprovinciales e internacionales. Asimismo, entre otras manifestaciones, expresó haber abonado los haberes del actor hasta el momento en que peticionó y le fue otorgada una licencia extraordinaria sin goce de haberes.
A su turno, al evacuar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, la parte actora contestó la defensa de incompetencia esgrimida y después de destacar —en su opinión— ciertas contradicciones que surgirían de la presentación de la contraria, denunció que las prestaciones del actor como patrón siempre fueron hasta las doce millas marinas, también, que consta que el buque en el que trabajaba tiene permiso de pesca comercial costero de la Provincia de Buenos Aires, y puerto de desembarque en la ciudad de General Lavalle. Con esa estructura, abogó por la competencia provincial acompañando sus argumentos con la ley nacional de pesca 24.922 y el decreto reglamentario 3.237 de la ley de pesca provincial 11.477 (v. presentación de fecha 30-VIII-2022).
Puesto a resolver la incidencia, el órgano de origen rechazó la excepción introducida por la accionada y declaró su competencia para conocer en la presente causa. Para así decidir, con cita de un precedente de esta Suprema Corte, juzgó que no se hallaba acreditado que el trabajador hubiese prestado servicios en aguas interprovinciales, nacionales o internacionales (pronunciamiento de fecha 30-IX-2022).
II. La parte demandada deduce recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, oportunidad en la que denuncia violación de los arts. 515 y 616 de la ley 20.094 (régimen en su texto anterior a los arts. 4 y 7 de la ley 26.994 —según ley 27.077—); 2 de la ley 48; 116 de la Constitución nacional y 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (v. presentación de fecha 11-X-2022).
En su presentación, alega que la sentencia es arbitraria y que se configura un absurdo en la valoración de la prueba, arribándose a una decisión que es inconstitucional y que transgrede la doctrina legal.
A la par, solicita se modifique la decisión de condenarla en costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Mediante una defectuosa técnica recursiva y evidente promiscuidad argumental, la interesada funda el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de manera conjunta con el de inaplicabilidad de ley, utilizando los mismos argumentos y entrelazándolos, incumpliendo de tal modo la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos (causas L. 82.587, "A., E. M.", sent. de 7-IX-2005 y L. 121.027, "Sánchez", sent. de 17-VI-2020). En tal sentido, tiene dicho esta Corte que los particulares motivos o causales legales y constitucionales en que se basan dichos medios de impugnación vedan esgrimir una formulación conjunta —como acontece en la especie—, pues tal sistemática resulta —en principio— inadmisible (causas L. 59.540, "Martinez", sent. de 28-X-1997 y L. 64.607, "González", sent. de 29-IX-1998).
Una de las notas características de esta instancia extraordinaria es la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causa Ac. 88.916, "Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería", sent. de 14-IX-2005), labor que en el medio de impugnación bajo estudio no ha sido debidamente cumplimentada por la recurrente.
En efecto, como surge de la lectura de la presentación en examen, los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos y presentados en forma conjunta, contienen un mismo desarrollo argumental del cual —más allá de otras consideraciones que podrían formularse— no es posible deslindar aquellos argumentos referidos a uno u otro medio de impugnación.
Esto implica que la interesada hizo caso omiso del principio de especialidad de las vías recursivas y de la doctrina de esta Corte que sostiene que, por ser distintas las fuentes de impugnación a que se refieren los arts. 278 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la pretensión de fundar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad de manera conjunta, con los mismos argumentos o entrelazándolos, incumpliendo de tal manera con la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos, resulta improcedente, salvo supuestos excepcionales que, en la especie, no encuentro configurados (causas L. 116.161, "Salto", sent. de 23-XII-2014 y L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los recursos cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 121.027, cit. y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.) pues tal insuficiencia de fundamentación pone en evidencia la deficiente técnica recursiva que no corresponde sea suplida por esta Corte.
IV. En virtud de lo expuesto, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentaciones electrónicas de fechas 3-XI-2022 y 20-IX-2023) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2026 14:35:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2026 00:00:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 11:34:49 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:01:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 09:12:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/02/2026 10:10:29 hs. bajo el número RS-11-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia