Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa, cuya incompetencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
El depósito efectuado (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2022) en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 89, ley 15.057).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.298, "Núñez, María Lilian contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada Federación Patronal de Seguros S.A. (v. pronunciamiento electrónico de fecha 11-V-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora María Lilian Núñez promovió demanda contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que denunció padecer el día 10 de mayo de 2016 (v. fs. 16/38).
En su liminar intervención, el tribunal de grado declaró su competencia para entender en la presente causa, la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y de los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 —en su texto original— de la ley 24.557 y del decreto 717/96; y la consecuente inaplicabilidad al caso de autos de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348 y su modificación al art. 46 de la ley 24.557 (v. fs. 39/45 vta.).
Posteriormente, corrido el traslado de demanda, se presentó la accionada a contestarla y opuso excepciones de incompetencia material y territorial (v. presentación de fecha 26-XI-2021, págs. 1/11).
En el primero de sus planteos, sostuvo que el accionante fundó la demanda en los términos del Código Civil por la ocurrencia de un accidente in itinere , circunstancia objetiva respecto de la cual resultaba aplicable —dijo— lo dispuesto en el art. 17 inc. 2 de la ley 26.773, debiendo intervenir la justicia nacional en lo civil.
En el restante planteo, solicitó la remisión de las actuaciones a la justicia nacional del trabajo con asiento en la Capital Federal. Destacó que la actora transitó el procedimiento administrativo previo y obligatorio ante la Comisión Médica n° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando fijada la competencia territorial en dicha jurisdicción, de conformidad con lo establecido por el art. 2 de la ley 27.348, que resulta aplicable al caso.
Al resolver las defensas opuestas, el juzgador de grado declaró abstracto e inconducente el tratamiento de la excepción de incompetencia material y rechazó la de incompetencia territorial (v. pronunciamiento de fecha 11-V-2022).
Para así decidir, con relación a la primera, destacó que el pronunciamiento dictado con fecha 10 de mayo de 2018 se encontraba firme y consentido, ya que no fue atacado oportunamente y en debida forma. De modo que juzgó abstracto e inconducente su tratamiento (v. pronunciamiento cit., pág. 5).
En lo que respecta a la excepción de incompetencia en razón del territorio, sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418, el damnificado puede interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho del siniestro —en el caso, la ciudad de Bernal— o bien ante el domicilio del asegurador.
Consideró, además, que conforme al art. 152 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando una persona jurídica posee varias sucursales, se le atribuye domicilio especial en el lugar donde funciona un determinado establecimiento para el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad, tal como resulta en el caso, donde —según afirmó— la demandada Federación Patronal Seguros S.A. tiene, entre tantas otras, una sucursal en la calle Humberto Primo n° 186 de la localidad de Quilmes.
En tales condiciones, indicó que toda vez que el presente reclamo se vincula a un accidente in itinere por el cual se persigue el cobro de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, reconociendo la aseguradora haber emitido en favor del empleador un contrato de afiliación —póliza n° 176050— con vigencia a la fecha del siniestro denunciado, correspondía —según su criterio— desestimar la excepción de incompetencia opuesta y mantener incólume la aptitud jurisdiccional del órgano para entender en la presente causa (v. pronunciamiento, págs. 5/7).
II. Contra la decisión de grado, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 4, 5, 6 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y 14 de la ley 27.348.
II.1. En su presentación relata los antecedentes del caso y denuncia la violación de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Urquiza" (Fallos: 329:5586, sent. de 11-XII-2014).
En lo esencial, señala que el tribunal de mérito fundamentó su competencia en lo prescripto por normas nacionales de fondo, soslayando las prescripciones de otras leyes posteriores y especiales en relación con aquellas, tanto del mismo ámbito nacional como local.
Manifiesta que la ley 27.348 es la que regula lo relacionado con accidentes y enfermedades del trabajo, así como la actuación de las aseguradoras de riesgos del trabajo, de modo tal que, por aplicación del principio de especialidad, dicho régimen legal prevalece en relación con la ley de seguros.
Destaca que la actora transitó el procedimiento administrativo previo y obligatorio ante la Comisión Médica n° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando —por ende— fijada la competencia territorial en dicha jurisdicción de conformidad con lo establecido por el art. 14 de la ley citada, que resulta aplicable al caso.
II.2. Subsidiariamente, para la hipótesis de que no se acogiera el planteo anteriormente expuesto, considera que debe aplicarse en la especie el art. 3 de la ley 11.653, que consagra el ejercicio del "derecho a la triple opción" (domicilio del demandado, lugar de prestación de trabajo o el de celebración del contrato). Manifiesta que ninguna de estas opciones se vincula con la ciudad de Quilmes, no existiendo razón para que el tribunal de grado haya determinado su competencia.
Aduce que la interpretación irrazonable de esta plataforma fáctica condujo al tribunal de origen a recurrir a normas cuya aplicación deviene irrisoria y contraria al derecho positivo, apartando a la causa de su juez natural.
III. El recurso prospera por las siguientes consideraciones.
III.1.a. De modo preliminar, cabe señalar que hallándose en disputa la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, la decisión que rechaza la excepción de incompetencia debe considerarse equiparable a definitiva (causas L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; L. 126.075, "Correa", sent. de 27-III-2023; L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023 y L. 129.124, "Bastiani", sent. de 20-VIII-2024; e.o.). Asimismo, también reviste esa naturaleza el pronunciamiento que —como en la especie— excluye la aplicación de las leyes 14.997 y 27.348 —complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo—, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causas L. 121.895, "Orellana", resol. de 2-V-2019; L. 122.070, "Montenegro", resol. de 11-IX-2019 y L. 131.498, "Moyano", resol. de 21-III-2024).
III.1.b. Sentado lo anterior, considero que la solución del caso —a la luz de los argumentos traídos por el recurrente— encuentra respuesta en la doctrina legal de esta Suprema Corte que se ha forjado en causas que guardan analogía con la que se encuentra bajo juzgamiento, entre ellas, L. 125.612, "Garrido" (resol. de 13-XI-2020); L. 127.862, "Colazo" (resol. de 13-X-2021); L. 123.474, "Soria" (sent. de 1-XI-2021); L. 129.137, "Godoy" (resol. de 29-VI-2022); L. 125.626, "Garrido" (sent. de 29-XII-2022) y L. 132.192, "Lezcano Paiva" (resol. de 3-VI-2024).
En este orden, lo cierto es que la interpretación de los arts. 2 inc. "j" —con remisión en su primer párrafo a lo dispuesto en el art. 2 segundo párrafo de la ley 27.348— y 103 de la citada ley 15.057, conducen a determinar que la decisión emitida por la comisión médica jurisdiccional es susceptible de ser impugnada ante los actuales tribunales de trabajo y, en lo que interesa, de aquellos con asiento en la localidad donde se ubica la comisión médica jurisdiccional que intervino en el trámite administrativo.
Desde esta óptica, partiendo de las constancias que dan cuenta de la intervención en la instancia administrativa previa de la Comisión Médica Jurisdiccional n° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe concluir que el tribunal de grado carece de jurisdicción territorial para entender en la presente causa, en que la que debe conocer el fuero laboral de dicha jurisdicción. Por ello, corresponde revocar lo decidido en cuanto es materia de agravio.
Para más, me permito agregar que lo aquí expuesto encuentra correlato en la postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Giammarrusco c/ Prevención ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 12-XI-2020); "Rindel, Matías Oscar c/ Experta S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 18-VIII-2022) y "Burgos, Esteban Miguel c/ Swiss Medical ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 21-XII-2022).
III.1.c. Lo dicho me exime de tratar los demás planteos ensayados por el recurrente.
III.2. En estas condiciones, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y casar la decisión de grado puesta bajo censura en cuanto el tribunal decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa, cuya incompetencia se declara.
IV. Por lo dicho, corresponde declarar la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la decisión dictada por el órgano inferior en grado con los alcances expuestos en el párrafo precedente. En consecuencia, los autos deben remitirse a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa, cuya incompetencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
El depósito efectuado (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2022) en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 89, ley 15.057).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2026 14:35:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2026 23:59:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 11:34:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:01:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 09:12:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/02/2026 10:10:26 hs. bajo el número RS-9-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia