Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.325, "Ocampos, Facundo Hugo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, admitió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. vered. y sent. de fecha 13-III-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-III-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Facundo Hugo Ocampos y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (arts. 8 y 14 inc. 2 apdo. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773).
Para así decidir, con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, declaró acreditado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 27 de marzo de 2015, padece afecciones físicas y psíquicas que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 33% de la total obrera, incluidos los factores de ponderación. Asimismo, con apoyo en la pericia contable, estableció el valor de su ingreso base mensual (v. vered. págs. 2/3).
Luego, con los parámetros acreditados en el veredicto, efectuó el cálculo de las prestaciones dinerarias que estimó procedentes y adicionó al monto de condena intereses conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. sent. págs. 3/4).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional; 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 163 inc.6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 30-III-2023).
Señala que el tribunal de grado omitió tratar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, planteada por su parte en el alegato con fundamento en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
En ese sentido, relata los antecedentes de los casos citados y efectúa hipotéticos cálculos con distintas variables que, según sostiene, demuestran la irrazonabilidad y confiscatoriedad que resulta de la aplicación de la cuestionada norma.
Además, cuestiona la tasa de interés —pasiva digital— que ordenó adicionar el sentenciante al capital de condena. Indica que debió aplicar los arts. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399) y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, norma esta que —afirma— resulta de aplicación inmediata al caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. A tenor de lo argumentado en el recurso, cabe destacar que, en la especie, el compareciente no especifica cómo estaría representado el valor de sus agravios, ni cuantifica su importe, prescindiendo de demostrar —en consecuencia— que lo cuestionado ante esta instancia supere el umbral mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este orden, debe recordarse que tiene dicho esta Suprema Corte que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado supera la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023 y L. 126.809, "Núñez Cervantes", sent. de 4-XII-2025).
En estas condiciones, la función revisora extraordinaria se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 130.290, "Sauro", sent. de 30-XII-2025).
III.2. Empero no puede soslayarse que el primer agravio traído, dirigido a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la reforma de la ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable al caso— corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Aclarado ello, es dable advertir que la impugnación se dirige —en rigor— a evidenciar la falta de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 que fuera introducido por la aquí recurrente en su alegato.
Luego, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, cabe recordar que —como tiene dicho reiteradamente este Tribunal— el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.), que el impugnante se abstuvo de deducir en el caso.
En consecuencia, el planteo debe ser desestimado.
III.2.b. Para más, en una mejor hipótesis para el recurrente, la denuncia asentada en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), resulta igualmente inatendible.
En efecto, a tenor de los elementos obrantes en autos y lo argumentado en el escrito postulatorio, no es posible vislumbrar la concurrencia de las condiciones que ponderó la doctora Kogan al emitir su voto en las causas antes mencionadas —al que presté mi adhesión— a fin de declarar la invalidez constitucional del precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
Luego, surge evidente que lo juzgado en las invocadas causas no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; L. 131.693, "Vergara Jarpa", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
III.3. Finalmente, el embate orientado a objetar la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal de grado sólo puede justificarse —como lo anticipé— en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte, de la ley 11.653 de aplicación al caso.
Desde esa perspectiva, la crítica traída en torno a la falta de aplicación de las normas contenidas en los arts. 48 de la ley 11.653 (texto ley 14.399) y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial se avizora claramente inadmisible desde que el interesado no ha denunciado la violación de doctrina legal vinculada con tales preceptos.
Empero, aun cuando lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del agravio, no puedo dejar de advertir que el pedido de capitalización en los términos del art. 770 del Código Civil y Comercial —introducido recién en el escrito de fecha 22 de noviembre de 2022— no fue examinado por el órgano jurisdiccional en la sentencia de origen, extremo que —a todo evento— margina la cuestión del ámbito de revisión de este Tribunal.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.1. de su voto, incluso —a tenor de lo argumentado por el recurrente— en orden a lo dicho en su último párrafo.
I.2. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad traído que gira en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) —sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción— comparto lo expuesto por el ponente en el apartado III.2.a. de su opinión.
I.3. Por otro lado, suscribo lo dicho por el doctor Torres en el apartado III.3. de su voto.
II. En virtud de lo expuesto, comparto la solución a la que se arriba en el sufragio inaugural, incluso en materia de costas.
Así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:29:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 10:39:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:28:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:18:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:52:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:03:15 hs. bajo el número RS-12-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia