Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.524, "Acosta, Luis Santiago contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 8-IX-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Luis Santiago Acosta y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones contempladas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo del accidente laboral sufrido por el trabajador el día 11 de julio de 2016.
Para así decidir, con sustento en la pericia médica obrante en autos, juzgó acreditado que, a raíz del referido infortunio, el trabajador padece —sumados los factores de ponderación y teniendo en consideración su minusvalía preexistente— una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 5,34% del índice de la total obrera.
Luego, estableció que a fin de determinar el valor del ingreso base mensual debían aplicarse las pautas contenidas en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento del accidente de trabajo, el que ascendía a la suma de $13.565,74, conforme lo informado por el perito contador ante el requerimiento de las partes.
Ya en la sentencia, por mayoría, con sustento en lo resuelto por esta Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), entendió que las pretensiones actorales debían resolverse en base a las normas vigentes a la fecha en la que sucedieron las circunstancias fácticas de la causa, descartando la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuya inconstitucionalidad declaró de oficio en el presente.
Sentado ello, el juzgador cuantificó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 arribando a la cantidad de $60.662,13 —la cual, destacó, superaba el piso previsto en la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social—, a la que le adicionó un 20% conforme lo dispuesto en el art. 3 de la ley 26.773.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2023).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado determinara la prestación dineraria correspondiente al trabajador de conformidad con lo prescripto en el art. 12 de la ley 24.557 vigente al momento del siniestro, sin declarar la inconstitucionalidad del citado precepto.
Aduce que tal decisión vulnera la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021); L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en los que se reconoció la invalidez constitucional de la referida norma.
Asevera que el modo de resolver del sentenciante le provoca un perjuicio económico, a la vez que vulnera el principio de razonabilidad de las leyes y el deber de reparar el daño injusto (conf. arts. 19 y 28, Const. nac.).
Refiere que el juzgador debió haber declarado la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 y tomar en cuenta el ingreso base mensual al momento en que la prestación es debida, ya que resulta notoriamente superior y más beneficioso para el trabajador, quien de esta manera conseguiría una verdadera reparación de la lesión.
Señala que la sentencia de grado resulta injusta y discriminatoria puesto que en otros fallos similares el mismo tribunal declaró la invalidez constitucional del precepto en cuestión.
II.2. Asimismo, señala que la sentencia de grado quebranta la doctrina que emerge de la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en la cual se adopta la teoría del realismo económico para la actualización de la reparación por infortunios laborales.
Postula que aplicar valores actuales para indemnizar al trabajador por un infortunio no implica indexación, sea cual fuere la forma de establecer el cálculo.
Sostiene que el criterio de determinar la indemnización por incapacidad a valores actualizados configura un precedente que los tribunales inferiores deben tener en cuenta e interpretar junto al ordenamiento jurídico.
Alega además que el fallo impugnado deviene absurdo, dogmático y que se contradice con lo resuelto por el propio tribunal de grado en otras causas que individualiza y que entiende resultan similares al caso de autos.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —vigente al momento de la interposición del recurso extraordinario—, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 9-X-2023).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que en lo estrictamente tocante al agravio traído por medio del cual se cuestiona la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, se advierte que la impugnación vinculada con el citado art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la ley 27.348) no puede resultar de recibo.
III.2.a. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo recién fue incorporado en el litigio con el recurso bajo examen. En efecto, la lectura del expediente revela que la interesada no sometió a la consideración del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, de modo que no resulta susceptible de ser evaluada en esta instancia casatoria (causas L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
Luego, y en ausencia de argumentos que permitan arribar a una solución contraria, el planteo se exhibe como el producto de una reflexión tardía que no puede ser atendida en esta instancia extraordinaria (causas L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; L. 130.091, "Moreno", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en la causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023). De allí que, por las razones expuestas, corresponda su rechazo.
III.2.b. Sentado lo expuesto, el embate que se asienta en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal de las causas L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), no resulta idónea para controvertir lo resuelto. Es que, lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024; L. 130.127, "Botbol Cores", sent. de 16-XII-2024; L. 123.533, "Leguero", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.2.c. Tampoco resulta eficaz la cita de los autos L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues en dicha causa la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta Sede en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante (art. 279, CPCC).
III.3. Igualmente, ineficaz deviene la denuncia de violación de la doctrina sentada en el precedente L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis (causas L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.517, "Gamarra", sent. de 1-IX-2025).
En este sentido, no es un dato menor —y de esta distinción nada se razona en la impugnación— que en el precedente referido la requerida aplicación de las pautas propias de las deudas de valor recayó sobre montos concernientes a resarcimientos por daños y perjuicios fundados en el derecho civil; mientras que en la especie nos hallamos ante una prestación dineraria consagrada en la ley 24.557, cuantificada según las pautas concebidas en dicha norma laboral.
Lo antes expuesto resulta suficiente para sellar —sin más— la suerte adversa de la postulación recursiva.
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en su voto.
Solamente he de señalar en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— que, de conformidad con doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto del ponente, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi colega doctor Torres en su sufragio, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Siendo ello así, el recurso debe ser analizado en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 de aplicación al caso, quedando circunscripta la función revisora de esta Corte a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; L. 127.668, "Muñoz", sent. de 19-XII-2025 y L. 130.290, "Sauro", sent. de 30-XII-2025).
No obsta a lo señalado que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, puesto que al respecto nada argumenta el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del previsto en la norma procesal laboral— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado lo anterior, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, corresponde desestimar el agravio vinculado con el mencionado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, de conformidad con lo establecido por el doctor Torres en los puntos III.2.b.; III.2.c. y III.3. de su voto.
II. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2026 13:21:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:59:38 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/03/2026 14:36:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2026 10:16:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:29:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:43:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:44:37 hs. bajo el número RS-22-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia