Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129289
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.289, "Carro Aguilar, Marcel Andrés contra Swiss Medical ART S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 5-VII-2021).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-VII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcel Andrés Carro Aguilar contra Swiss Medical Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., por la que pretendía el cobro de la prestación prevista en el régimen especial de reparación de infortunios laborales en razón de la incapacidad laboral que porta derivada del accidente in itinere que sufrió el día 6 de octubre de 2017.
En lo que interesa destacar, se expidió sobre la normativa aplicable al caso, que sostuvo, era la vigente al momento de la primera manifestación invalidante: las leyes 26.773 y 27.348 (v. sent. pág. 16).
A su vez, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19. Por un lado, observó violado el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional, en tanto expresó que el Poder Legislativo se encontraba a la fecha de promulgación del decreto en sesiones ordinarias, no existiendo circunstancias excepcionales que hubiesen imposibilitado seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Por otro, entendió que la modificación introducida por la norma prioriza las eventuales ganancias de los entes privados con fines de lucro por encima de la merma en la salud psicofísica de los trabajadores accidentados o que padecen enfermedades profesionales, violándose distintos derechos laborales contenidos en tratados internacionales de jerarquía constitucional (v. sent. págs. 19/22).
Fue así que cuantificó el ingreso base mensual de la trabajadora conforme las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 y calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 que integró la condena junto con las prestaciones en especie que ordenó otorgar (brindar tratamiento terapéutico).
Asimismo, con fundamento en el citado art. 11 de la ley 27.348, dispuso la actualización de la suma de condena, aplicando intereses desde la fecha del accidente (6-X-2017) y hasta el "efectivo pago total cancelatorio" a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent. pág. 19).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 43, 75, 116 y 117 de la Constitución nacional; 7 y 5 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de las leyes 27.348, 14.997 y 23.928 (v. presentación electrónica de fecha 23-VII-2021).
II.1. Afirma que la controversia debió resolverse conforme las normas vigentes de la ley 26.773, y no a tenor de las disposiciones de la ley 27.348, que —a su juicio— fueron erróneamente aplicadas.
Explica que, teniendo en cuenta que dicha normativa entró en vigencia en la Provincia de Buenos Aires con fecha 9 de abril de 2018 y el accidente denunciado aconteció el día 6 de octubre de 2017, resulta de aplicación la ley 26.773, la cual no admite la utilización del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) sobre el ingreso base mensual.
Expone que, las consecuencias resarcibles de un hecho dañoso se rigen por el marco normativo vigente al momento en que se produjeron y, lo contrario, implicaría un grave perjuicio al derecho de propiedad del trabajador y a la seguridad jurídica.
II.2. Además, precisa que la aplicación del índice RIPTE sobre el ingreso mensual base, e intereses sobre esa suma, importa una doble actualización. Alega que es evidente la arbitrariedad en el modo en que el sentenciante fijó el valor de la condena, sostenido sólo en base a consideraciones dogmáticas.
II.3. En orden a los intereses aplicados en la sentencia, afirma que al resultar aplicable al caso la ley 26.773, correspondía adicionar al importe indemnizatorio intereses a la llamada tasa pasiva digital.
Denuncia la violación del derecho de propiedad, el debido proceso legal y la ley 23.928, pues alega que se concretó una actualización monetaria de deudas o indexación del capital de condena.
II.4. Afirma que se ha condenado a la accionada a abonar dos veces el daño psicológico, toda vez que los gastos por tratamientos futuros —según expone— se encuentran incluidos en el monto de la sentencia.
Señala que el accionante ni siquiera persiguió dicho reclamo en su escrito inicial. Entiende que el trabajador ya recibió tratamiento en los términos del art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Destaca que una condena a otorgarlo nuevamente y, a su vez, resarcir la incapacidad, implica una lesión a su derecho de propiedad y un enriquecimiento ilícito del trabajador.
Resalta que no corresponde ponderar ningún tipo de incapacidad si el trabajador se encuentra en tratamiento médico, puesto que, en ese caso, aún no habría recibido la totalidad de las prestaciones para mensurar la lesión.
II.5. Por último, cuestiona lo juzgado en la sentencia de grado en cuanto en ella se declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Afirma que esa decisión fue adoptada de manera extra petita, en tanto la parte contraria no se había agraviado sobre esa cuestión.
En orden al mentado decreto, entiende configurados los requisitos a los que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional subordina su dictado. Además, sostiene que el instrumento goza de razonabilidad, toda vez que mide el ajuste de las indemnizaciones de conformidad con la evolución de los salarios.
Expresa que tampoco resulta correcto lo argumentado por el órgano de grado en cuanto a que la aplicación del decreto disminuye el ingreso base previsto en el art. 12 de la ley 24.557. Refiere que aquel no modifica el cálculo de las prestaciones dinerarias, sino el interés que devengan aquellas.
Agrega que el nuevo método de cálculo conlleva una mejora respecto del anterior art. 12 en su redacción original, por lo que no es regresivo, sino que corrige un desvío que se generó en la variable de actualización del ingreso base como consecuencia de cuestiones macroeconómicas de público y notorio conocimiento.
Afirma que la sentencia recurrida se encuentra desprovista de todo apoyo y contiene defectos de fundamentación o razonamiento que la descalifican como acto legal válido, así, expresa que es arbitraria, dogmática e irrazonable
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado —representado por la diferencia que exhiben la cuantía que conforma la condena y aquel monto que resultaría en caso de que triunfase la tesitura del interesado— no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el medio de impugnación deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
Entonces, la función revisora de esta Suprema Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024 y L. 131.517, "Gamarra", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
No obsta a lo anterior que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, puesto que al respecto nada argumenta la compareciente con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del previsto en la ley procesal— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el recurrente prescinde denunciar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable en el caso (causas L. 130.101, "Alonso", resol. de 14-III-2023; L. 137.143, "Sanchez Alderete", resol. de 26-XI-2025 y L. 137.280, "Argañaraz", resol. de 11-XII-2025).
Asimismo, corresponde precisar que no constituye doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023; L. 131.107, "V., W. E.", sent. de 20-XI-2024 y L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025).
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los dos primeros párrafos del punto III.1. de su voto.
Sin embargo, no puede soslayarse que la parcela de la impugnación que se dirige a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que —conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal— aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho embate ha de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
I.2. Sentado ello, adentrándome en el análisis del mencionado agravio, es menester señalar que no le asiste razón a la interesada cuando afirma que el tribunal de grado transgredió la garantía constitucional de debido proceso y los derechos de propiedad y defensa en juicio, porque declaró —de oficio— la inconstitucionalidad del referido decreto de necesidad y urgencia sin que lo hubiera peticionado la parte actora.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado por nuestro país, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercerlo aún de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, las que no pueden ser argumentadas frente al derecho aplicable para resolver la contienda (causas L. 100.688, "Fernández", sent. de 11-XI-2009; L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; v. mi adhesión al voto de mi excolega doctor Pettigiani en la causa L. 119.109, "Pedernera", sent. de 21-IX-2020).
Aun reconociendo que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico e impone al sentenciante la mayor mesura al efectuar el mismo (causas I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021; B. 66.276, "Besson", sent. de 10-VIII-2021 y P. 135.300, "Mansilla", sent. de 13-VII-2022; e.o.), tanto la doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004 y L. 116.859, "Mudryk", sent. de 1-VII-2015; e.o.), cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en "Mill de Pereyra", sent. de 27-IX-2001, Fallos: 324:3219; "Banco Comercial de Finanzas S.A.", sent. de 19-VIII-2004, Fallos: 327:3117; e.o.) convalidan expresamente el deber de los jueces de ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas que aplican al caso (causa A. 70.619, "Avelleyra", sent. de 11-II-2016; v. mi adhesión al voto de mi colega doctora Kogan en la causa B. 65.608, "Van Brussel", sent. de 23-II-2021; e.o.).
En efecto, con cita de numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Almonacid Arellano y ot. vs. Chile, sent. de 26-IX-2006; Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, sent. de 24-XI-2006; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, sent. de 1-IX-2010; Gomes Lund y ot. vs. Brasil, sent. de 24-XI-2010; Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sent. de 29-XI-2011; e.o.), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el deber de los órganos del Poder Judicial de ejercer una especie de "control de convencionalidad" de oficio entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, con el objeto de que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos (CSJN causa "Rodríguez Pereyra", sent. de 27-XI-2012, Fallos: 335:2333); debiendo en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia, tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo haya hecho la Corte Interamericana (CSJN causas "Mazzeo", sent. de 13-VII-2007, Fallos: 330:3248; "Videla", sent. de 27-IV-2010, Fallos 333:519; e.o.).
Agregando luego que, al no haber ya lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado, resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75 inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa —formulada por su intérprete auténtico— que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su propia supremacía frente a normas de menor rango (CSJN causa "Rodríguez Pereyra", cit.).
Así, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente —trasuntado en el antiguo adagio iura novit curia— incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución nacional (art. 31), aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (CSJN causa "Banco Comercial de Finanzas S.A.", cit.).
Luego, dado que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, quienes tienen el deber moral de respetarla, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental (conf. arts. 1, 5, 31, 116 y 117, Const. nac.) o, fuera de tales supuestos, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, al hallarse en la cúspide del ordenamiento judicial (conf. arts. 1, 5, 108, 123 y 127, Const. nac.), resulta aconsejable adoptar su criterio (conf. mi opinión en causas A. 75.039, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-XII-2020; A. 74.841, "Abb Asea Brown Boveri S.A. y ots.", sent. de 12-II-2021; A. 72.389, "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.", sent. de 17-V-2022; A. 78.463, "P. R., I.", sent. de 12-V-2023; A. 76.342, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-V-2023; e.o.).
Más allá de ello, desde hace tiempo vengo sosteniendo que todos los tribunales de justicia, tanto nacionales como provinciales, tienen a su cargo el control de constitucionalidad de las normas, y por ello, deben asegurar la supremacía del bloque jurídico contenido en el art. 31 de la carta magna, debiendo —además— respetar la gradación jerárquica correspondiente a cada norma, de acuerdo a su importancia dentro de ese bloque (conf. mi voto como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 de la Capital Federal, en causa 2.352/07, "Medina", sent. de 29-XI-2010; e.o.).
Así, resulta elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella; constituyendo esa atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consagrados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (CSJN causa "Gabrielli", sent. de 17-XI-1992, Fallos: 315:2708; e.o.; v. mi adhesión al voto de mi excolega doctor de Lázzari en la causa A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sent. de 25-II-2021).
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, el reconocimiento del deber de los jueces de ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas no implica invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal Cimero nacional —a lo largo de su actuación institucional— relativas a las condiciones, requisitos y alcances de dicho control (causas P. 117.824, "C., R. O.", resol. de 9-IV-2014; P. 129.423, "Zalazar", resol. de 15-XI-2017; e.o.), en función de las cuales el mismo ha de realizarse de oficio (i) cuando la justicia y razón del caso así lo exijan en una concreta controversia (CSJN causas "Salvador", sent. de 11-X-1910, Fallos: 113:348; "H.I.R.U. S.R.L.", sent. de 28-XII-1959, Fallos: 245:552; "Chorobik de Mariani", sent. de 24-XI-2022, Fallos: 345:1312; e.o.), (ii) lo permita el ámbito de conocimiento derivado de las respectivas competencias func
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