Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.809, "Suárez, Marcos Cesar Hernán contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otra. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, declaró parcialmente procedentes las excepciones de cosa juzgada administrativa opuestas por la empleadora demandada y la aseguradora, y declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 —en su versión según la ley 27.348— (v. pronunciamientos de fecha 9-XI-2021 y 29-XII-2021).
Se interpusieron, por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y Mustad Argentina S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 25-XI-2021 y 16-II-2022, respectivamente), concedidos por el citado tribunal mediante resoluciones de fecha 17 y 25 de febrero de 2022, respectivamente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Mustad Argentina S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal de grado se pronunció con relación a la opción excluyente con renuncia prevista en el art. 4 de la ley 26.773, con la modificación introducida por el art. 15 de la ley 27.348 (v. sent. interlocutoria de fecha 29-XII-2021).
Expresó que la prohibición regulada en dicha norma violenta el texto constitucional, en tanto priva al trabajador —que a consecuencia de un accidente o por una enfermedad profesional ve disminuida su capacidad laborativa— de la posibilidad de formular un reclamo integral que permita la satisfacción en el marco que la ley especial regula —y por lo que las partes contratantes (empleador y aseguradora) se comprometieron— y lo que por derecho común le correspondiera en función a los presupuestos de responsabilidad previstos en la legislación civil.
Indicó que la pérdida o desistimiento de un derecho sustancial de un sujeto de preferente tutela constitucional como lo es el trabajador afectado resulta, en el marco doctrinal y jurisprudencial imperante, absurdo y despojado de toda lógica jurídica y justificación, aunque se pretenda suponer la prosecución de un bien mayor en detrimento de uno menor, situación que igualmente no aparece expuesta en la norma ni en su expresión de motivos.
Trajo a colación las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino", en tanto —estimó— las bases y fundamentos constitucionales que fueron adoptados en dicha causa no han perdido vigencia.
En ese orden, luego de transcribir algunos pasajes del fallo, destacó la ubicación preferente del principio de indemnidad por sobre las normas inferiores, al encontrarse garantizado por los preceptos especiales que regulan la materia (art. 75, LCT) y las propias cartas fundamentales, así como por los convenios y tratados internacionales con idéntica jerarquía.
Refirió que tal criterio ha sido complementado por la Corte federal al fallar —entre otros— la causa "Llosco", en la cual se rechazó la aplicación de la teoría de los actos propios al trabajador que percibió las prestaciones a cargo de la aseguradora y luego pretendió obtener una reparación plena por la vía del derecho civil, no importando ello la renuncia tácita al derecho de impugnación posterior con base constitucional y con relación a la norma allí aplicable.
Subrayó asimismo lo expresado en la causa "Lucca de Hoz", donde el Máximo Tribunal —si bien para un supuesto diferente al de autos, pero con conceptos similares que los vertidos en "Aquino"— sostuvo la inviabilidad de la indemnización tarifada en la medida que no consagrara un resarcimiento equitativo, impidiendo con ello el resguardo del sentido reparador en concreto, destacando que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales.
A lo expuesto agregó, que la norma en crisis no solo transgrede el principio de indemnidad sobre el que se asienta el derecho del trabajo, sino también los de protección especial, progresividad e irrenunciabilidad.
En cuanto a este último postulado, precisó que el legislador ha omitido tener presente al momento del dictado del cuestionado texto normativo, que el art. 11 de la ley 24.557 se encuentra vigente, ya que no ha sido derogado por las leyes que le han sucedido. En tal sentido, explicó, si el trabajador hubiese ejercido la opción —luego de transitados los carriles normativos del sistema especial— por la reparación del sistema de derecho común, pareciera que la norma no ha de tener aplicación práctica, como así tampoco ninguno de los principios sustanciales tenidos en vista por el legislador al momento de su dictado. De allí que, afirmó, el absurdo surge manifiesto, ya que nada puede renunciarse, cederse, ni enajenarse en virtud de una tutela especial, pues así lo ha impuesto el legislador siguiendo lineamientos constitucionales e internacionales.
Argumentó que otro cuestionamiento radica en que el texto de la norma no aclara de manera expresa que el cobro o la iniciación de un reclamo judicial implica la renuncia de un derecho o de la posibilidad de su ejercicio. Es decir, que por conducto de la "opción excluyente" no puede de modo alguno deducirse una renuncia expresa, estando vedado también presumir una renuncia tácita a la luz de los parámetros establecidos por los arts. 948 del Código Civil y Comercial de la Nación y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Expresó que la presunción de incompatibilidad entre la indemnización de la Ley de Riesgos del Trabajo y las establecidas en el Código Civil ha sido despejada en numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los ya citados "Aquino" y "Llosco" y en idéntico sentido "Cachambi", donde cerró toda discusión sosteniendo que ambos sistemas de prestaciones son complementarios para un mismo fin, cual es el de reparar plenamente al trabajador los daños sufridos por el trabajo.
A modo de síntesis, y con sustento en la doctrina autoral que citó, expuso —entre otros variados argumentos— que: a) el art. 4 de la ley 26.773 transgrede los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional, pues la renuncia castiga al sujeto que la ley suprema ordena proteger y lo hace para procurar la reparación plena que aquella misma asegura; b) garantiza, en lugar de la indemnidad psicofísica del trabajador, la inmunidad patrimonial del empleador; c) violenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que resulta inconstitucional una indemnización que no sea "justa"; d) porta una insalvable contradicción intrínseca al consagrar como irrenunciable (art. 11, LRT) la prestación que la ley permite despojar; e) vulnera el principio de progresividad y la manda de legislar garantizando el pleno goce y ejercicio de los derechos; f) desconoce la situación de emergencia que padecen inexorablemente el trabajador dañado en su integridad psicofísica y su familia —a quien desprotege—; g) carece de fundamento (ya que no existe razón para imponer la renuncia, máxime cuando ahora se trata de deudores diferentes) y ello convierte en irrazonable a la norma que la instituye según la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación y h) importa la violación del derecho a la igualdad, pues el trabajador dañado por un tercero puede procurar la reparación plena sin renuncia, mientras que el afectado por el obrar del empleador debe soportar parte del daño si quiere acceder a las prestaciones sistémicas.
Consideró que esta misma posición había sido sostenida por la Suprema Corte al fallar la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
Finalmente, expresó que aún con la modificación introducida por la ley 27.348, la norma sigue conculcando los mismos derechos y principios que en la redacción anterior (v.gr. indemnidad, irrenunciabilidad e igualdad ante la ley).
En consecuencia, declaró la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 —en la redacción dada por la reforma de la ley 27.348—, en su parte pertinente, en cuanto dispone la opción excluyente del trabajador.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza Mustad Argentina S.A., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 incs. 12 y 22, 76, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 9, 21, 24, 25, 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 10, 11, 15, 25, 31, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 —modificado por el art. 15 de la ley 27.348—; 34 inc. 4, 68, 69, 71, 163 incs. 4 y 6, 166 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, sostiene que el tribunal de origen atribuyó al escrito de inicio un cuestionamiento constitucional que claramente no contuvo, incurriendo así en violación del principio de congruencia procesal, que delimita el margen de decisión a las cuestiones positivamente solicitadas por las partes en los escritos constitutivos (arts. 47, ley 11.653 y 163 incs. 4 y 6, CPCC). Denuncia que dicha forma de decidir vulnera sus derechos de igualdad, defensa en juicio y debido proceso, en tanto el juzgador resolvió en base a un argumento que no fue debatido en autos.
Indica que la parte actora no planteó debidamente la inconstitucionalidad de la norma en la demanda, ni tampoco lo hizo al contestar el segundo traslado —art. 29 de la ley 11.653—, no pudiendo el Tribunal pretorianamente suplir dicha falencia.
II.2. Luego, aduce que el sucinto argumento expuesto por el órgano jurisdiccional de grado, previa cita de diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitidos con anterioridad a la vigencia del mentado precepto —"Aquino", "LLosco" y "Lucca de Hoz"—, evidencia la ausencia de un análisis integral del conjunto de normas que conforman el sector del ordenamiento jurídico laboral que regula la materia objeto de este litigio.
Alega que la opción excluyente prevista en el precepto constituye una vuelta hacia el criterio plasmado en el año 1915 por la ley 9.688 y que fuera sostenido hasta el año 1996 cuando se sancionó la ley 24.557, la que en su art. 39 prohibió a los trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades del trabajo reclamar el resarcimiento integral en los términos del derecho civil.
Señala que durante ese extenso período de tiempo la posibilidad de optar por distintos regímenes de reparación no mereció cuestionamientos u objeciones provenientes de pronunciamientos judiciales, lo que avala la legitimidad de la norma.
Refiere que en ese devenir histórico el art. 4 de la ley 26.773 vino a subsanar la arbitrariedad en que había incurrido la Ley de Riesgos del Trabajo y a restablecer los derechos suprimidos.
Transcribe, en apoyo de su postura, distintos fallos emitidos por la Suprema Corte en los que hubo de admitirse la validez de la opción establecida por el art. 17 de la ley 9.688.
Con sustento en la doctrina autoral que cita, afirma que la formulación de la opción excluyente tal como ha sido diseñada por el art. 4 de la ley 26.773 constituye un apartamiento de la doctrina emergente de los fallos "Aquino", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, señala que estos fueron dictados a partir de la invalidación de diversos dispositivos de la ley 24.557, a los que se sustituyó.
Añade que tal sistema tampoco encierra una situación de error, violencia o intimidación, ya que la vulnerabilidadínsita en toda prestación subordinada no se ve agravada en el caso de sufrir un siniestro mientras el trabajador cuente con una legislación que le proporcione prestaciones dinerarias y en especie atendiendo a la rehabilitación y a una reparación integral y plena.
Manifiesta que la opción no resulta disvaliosa ni ha merecido la tacha de inconstitucionalidad emergente de lo decidido en la causa "Aquino", pues el Máximo Tribunal no se expidió acerca de ello al decidir el mencionado precedente; por el contrario, este último vino a habilitar la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, aunque sin una regla clara y precisa, como no puede pretenderse de un fallo judicial que viene a cuestionar la falta de apego de la norma a nuestro régimen constitucional.
Indica que no es la opción en sí misma o el modo de ejercitarla—-que supone un análisis previo de las alternativas por parte del dependiente, para lo que libremente puede recurrir al asesoramiento letrado— lo que lleva a desatender los derechos del trabajador, sino la reparación que pueda obtenerse por vía del "sistema" aplicable al caso, la que debe ser suficiente, integral y, por ende, justa, recogiendo en ese punto la doctrina sentada por la Corte en los precedentes antes mencionados.
Expresa que las múltiples razones dadas demuestran acabadamente que no existen elementos jurídicos de peso para declarar la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773.
Postula que no está permitido que el trabajador perciba íntegramente y en forma sucesiva las reparaciones correspondientes a ambos sistemas de responsabilidad, porque no son acumulables.
Afirma, además, que esta Suprema Corte se pronunció por la validez constitucionalidad del mentado art. 4 de la ley 26.773 en las causas L. 120.826, "Pennone" y L. 120.792, "Guarepi", sentencias de 18-VIII-2020.
Finalmente, sostiene que la doctrina que emana del precedente L. 124.807, "Vera", sentencia de 11-V-2021, en la que el tribunal de grado sustentó el pronunciamiento, fue elaborada en base a presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso aquí en juzgamiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer término, corresponde desestimar el agravio inaugural que porta la crítica, habida cuenta de que —contrariamente a lo sostenido por el interesado— ha mediado en el caso un concreto planteo de la parte actora cuestionando la validez constitucional del citado art. 4 de la ley 26.773 (v. demanda, fs. 31 vta. y 32), el que fuera contestado por la ahora recurrente Mustad Argentina S.A. mediante escrito electrónico (v. presentación de fecha 29-IV-2020, pto. IV.4.3.), oportunidad en la que no hubo de invocar ninguna de las razones que ahora esgrime como sustento de la crítica extraordinaria.
En esos términos, no se advierte transgredido el principio de congruencia que, como es sabido, implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023 y L. 131.583, "Municipalidad de Coronel Suárez", sent. de 1-IX-2025; e.o.), hipótesis que —como se indicó— no se verifica en el caso.
III.2. Luego, estimo que la declarada inconstitucionalidad de la opción excluyente con renuncia prevista en el régimen de riesgos del trabajo debe confirmarse.
III.2.a. Inicialmente, debo precisar que en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) me pronuncié con relación a la versión original de la norma que contiene dicha previsión, esto es, el art. 4 de la ley 26.773, antes de la reforma efectuada por el art. 15 de la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017).
Al respecto, es dable apuntar que este último precepto modificó el cuarto párrafo del mencionado art. 4 de la ley 26.773, estableciendo que las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad (ajenos, claro está, a las prestaciones de la ley especial), además de exigir que su inicio se efectúe luego de notificación fehaciente, requieren el agotamiento de la vía administrativa, ya sea mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado.
En el caso bajo examen, no existe discusión acerca de la aplicabilidad al caso de la ley 27.348 y del cumplimiento por parte del actor del recaudo vinculado al agotamiento de la vía administrativa allí prevista.
A mayor abundamiento, señalo que con relación a la validez constitucional de la instancia administrativa previa y obligatoria que prescribe la mencionada ley 27.348, esta Suprema Corte ha forjado —por mayoría— doctrina legal en L. 121.939, "Marchetti", sentencia de 13-V-2020, continuada en L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sentencias de 2-VI-2020, y L. 126.298, "Torena", sentencia de 21-X-2022, entre otras causas.
En estas condiciones, no encuentro óbice para ingresar en el análisis de la cuestión sustancial debatida en la presente litis, y que causa agravio al quejoso, pues los argumentos que me condujeron en el caso "Vera" a definir la inconstitucionalidad de la opción excluyente con renuncia no resultan alterados por las modificaciones efectuadas por la citada ley 27.348.
III.2.b. Aclarado ello, y en lo concerniente a la temática sustancial que se debate en la crítica, corresponde memorar los argumentos que he brindado al expedirme sobre esa temática en el citado precedente, mencionado por el sentenciante de grado a la hora de motivar su decisión, cuyos fundamentos, en lo pertinente, me permitiré —seguidamente— reproducir para sustentar la respuesta del presente caso.
III.2.b.i. Iniciando el análisis que aquí me ocupa, corresponde recordar que la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común.
En la causa "Vera" (cit.), variados argumentos me condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773. Veamos.
III.2.b.ii. Tras reseñar la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, determiné la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Establecí que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional —por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75—, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN causas "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007, Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa —regla derivada del aludido principio— en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente e
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