Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62766
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.766, "Lago San Francisco y Parque Los Robles S.A. contra Municipalidad de Moreno. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan, Maidana.
I. La firma Lago San Francisco y Parque Los Robles S.A., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de Moreno y solicita que se declare la rescisión, por culpa de esa comuna, del contrato celebrado entre las partes el día 2 de febrero de 1999.
Asimismo, pide que se fije una indemnización por los daños y perjuicios que, según afirma, sufrió con motivo del incumplimiento contractual y el accionar ilícito y de mala fe de la comuna demandada, con costas.
Ofrece prueba, requiere que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos y formula reserva de caso federal.
II. A fs. 153/154 la parte actora contesta la vista que se le confirió de los expedientes administrativos acompañados. Cuestiona la notificación del decreto municipal 960/01 que declaró rescindido el aludido contrato por su culpa y asevera haberlo impugnado a través del recurso de revocatoria que originó el expediente 47.302/01. Apunta que a esa fecha no había sido resuelta tal impugnación y manifiesta "que sin duda alguna oportunamente" deberían ser remitidas las referidas actuaciones administrativas.
III. Mediante resolución del día 23 de abril de 2003 este Tribunal negó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la sociedad actora (v. fs. 353/354). Posteriormente, denegó el recurso extraordinario federal interpuesto contra aquella decisión (v. fs. 390).
IV. Corrido el traslado de ley, se presenta a través de su representante la Municipalidad de Moreno, niega los hechos y el derecho alegados por la parte actora, y solicita el rechazo de la demanda. Ofrece prueba.
V. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 443/721 —actora— y 722/788 —demandada—), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 794/796 —demandada— y 797/798 —actora—) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La actora relata que, a través de la ordenanza 149/98, el Concejo Deliberante de Moreno autorizó al Departamento Ejecutivo a licitar la concesión en uso de Unidades Fiscales en Zona Turística Particularizada que comprendía el denominado "Parque Los Robles". Agrega que esta área, con el lago San Francisco, conformaba un importante atractivo turístico, recreativo y deportivo, visitado por una gran cantidad de personas e instituciones.
Apunta que las tierras adyacentes al lago habían sido cedidas por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires a través del convenio convalidado por la ordenanza 2.862/91, con el objeto de desarrollar actividades turísticas.
Señala que el día 7 de diciembre de 1998, a través de la ordenanza 296/98, el Concejo Deliberante le adjudicó la licitación. Asevera que, conforme lo establecido en el art. 4 de la aludida ordenanza, una vez que cesara la medida cautelar que restringía el uso del agua se podría disponer de la represa "Lago San Francisco".
Continúa relatando que el día 2 de febrero de 1999 suscribió el contrato. Agrega que en el acto de adjudicación se detalló que la licitación comprendía cinco unidades turísticas: integral camping ; restaurante; estacionamiento restaurante; circuito motocross, cuatriciclos y bicicletas; y costa del lago San Francisco. Declara que hasta la fecha de interposición de la demanda no pudo usar el agua ni las unidades "circuito", "estacionamiento restaurante" y "costa del lago" que, según expresa, constituían el atractivo diferencial de la zona y justificaban la presentación de la oferta.
Advierte que en el mes de diciembre de 1998 se le había solicitado no comenzar con la explotación en esas zonas debido a que se estaba tramitando el levantamiento de la medida cautelar que impedía el uso del agua y la zona costera. Precisa que eran dos las medidas cautelares, la segunda dispuesta antes de la adjudicación por un hecho motivado por responsabilidad de la demandada pero cuyas consecuencias padece. Destaca que el día 7 de enero de 2000 denunció que el agua y la zona costera al lago y perilago aún no podían ser utilizadas.
Se agravia de que desde el inicio de las actividades la comuna nunca prestó la colaboración necesaria para que el proyecto llegara a buen término.
Refiere que presentó reclamos ante las autoridades comunales con fecha 15 de febrero, 7 de abril y 28 de agosto de 2000. Señala que ante la falta de entrega de los bienes, la consecuente imposibilidad de usarlos y el silencio de la administración comunal, el día 3 de octubre de 2000 solicitó la rescisión del contrato de concesión. Agrega que posteriormente, el día 3 de enero de 2001, presentó pronto despacho, sin obtener respuesta. Por ello, considerando configurado el silencio como denegación de la petición de rescisión, inició la presente demanda el día 7 de junio de 2001.
Manifiesta que el incumplimiento de la comuna es claro. Dice que se comprometió a dar en uso el agua cuando se levantara la medida preventiva, pese a que ello resultaba de imposible cumplimiento. Además, se agravia de haber recibido sólo dos de las cinco unidades turísticas que involucraba el contrato de concesión de uso: el Parque Los Robles ( camping ) y el restaurante que luego fue dejado sin efecto.
Sostiene que la imposibilidad de usar las cinco unidades acordadas, en especial, el perilago en atención a la atracción que importa en la zona, sumado a la imposibilidad de uso del agua y del predio del circuito, impide llevar a cabo el resto del contrato.
Señala que la propia comuna en su nota de fecha 31 de octubre de 2000 le reconoció la facultad de solicitar la rescisión. Asimismo, apunta que durante la vigencia del contrato cumplió con todas las obligaciones a su cargo, incluidas las inversiones en el camping que destaca que fueron superiores a las comprometidas.
Asevera que la comuna demandada obró con mala fe contractual pues sostiene que conocía que aun cuando la medida cautelar que restringía el uso del agua fuese levantada, tampoco podría utilizarse en atención a los términos del convenio que había suscripto la Municipalidad con la Dirección de Hidráulica.
Destaca que en la causa "Coronel, Roberto Rolando y otro c/ Dirección Provincial de Hidráulica s/ daños y perjuicios" de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de La Plata, se la condenó a realizar alambrado perimetral y se le prohibió la promoción de la zona como de miniturismo, al igual que se le ordenó retirar los carteles que así la publicitaban. Dice que fue en ese tiempo que la demandada llamó a licitación para adjudicar en uso las zonas linderas y el agua y que lo hizo solo supeditando el uso al levantamiento de las restricciones judiciales. Posteriormente firmó el contrato asumiendo las obligaciones contractuales ya descriptas.
Se agravia de no haber podido usar nunca las unidades perilago, circuitos, estacionamiento restaurante y el agua, no obstante haber cumplido las obligaciones a su cargo y realizado las inversiones comprometidas. Dice que así culminó en virtual quiebra pues, el negocio preveía reinvertir los flujos de fondos provenientes de la explotación del perilago, circuitos y estacionamiento restaurante en obras de infraestructura estipuladas en la oferta. Explica que, al no poder explotar tales unidades, debió recurrir a fondos de terceros con el consecuente costo financiero que agudizó la situación de virtual quebranto.
I.2. Al contestar el traslado que se le confirió de las actuaciones administrativas remitidas por la demandada, destaca que el decreto 960/01 de fecha 8 de junio de 2001 fue dictado con posterioridad al inicio de la presente causa. Afirma que fue incorrectamente notificado y manifiesta haberlo impugnado en sede administrativa a través del recurso de revocatoria que generó el expediente 47.302/01.
Concluye que la actuación comunal ha sido ilícita y de mala fe, por lo que debe responder por los daños ocasionados.
Requiere que se fije una indemnización integral que comprenda no sólo el daño emergente sino también el lucro cesante.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Moreno destaca que el contrato a que refieren estos autos fue rescindido por culpa de la concesionaria a través del decreto 960/01, en razón de haber incurrido ella en incumplimientos contractuales y violaciones del Pliego de Bases y Condiciones hasta llegar a la falta de pago del canon comprometido.
Aduce que la empresa actora, al ver que no se verificaban las expectativas de ganancias que tenía, pretendió dolosamente deshacerse del vínculo contractual, haciendo abandono de la concesión y trasladando a la comuna el álea de riesgo que posee todo contrato.
Niega haber ocultado información.
Añade que su oferta indica que ha analizado los documentos de la licitación, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su propuesta y cumplir con ella y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el pliego. Aduce que nadie puede alegar su propia torpeza. Y sostiene que "las dificultades que refiere no son más que un burdo intento de preconstituir causales falsas para intentar fundar una rescisión contractual".
Destaca que el oferente fue quien propuso el canon anual, recayendo sobre él la evaluación de la ecuación económica del contrato. Manifiesta que, de acuerdo a la doctrina del "riesgo empresario" o del "álea del contrato", el oferente debe asumir las consecuencias de una errónea evaluación de la ecuación económica, en resguardo de la economía contractual, debiendo aceptar la eventual distorsión que se produzca en el desarrollo de la ejecución del contrato.
Apunta que se trató de la concesión de nuevos usos, inexplotados hasta ese momento por lo cual no había parámetros objetivos para determinar la mayor o menor afluencia de usuarios al lugar concesionado como tampoco la intensidad de la demanda de los servicios ofrecidos. Según dice, ello motivó que transfiriera al cocontratante la evaluación de la ecuación económico financiera del contrato.
Asevera que la actora, al ver que sus expectativas económicas no se verificaban en la realidad intentó eludir el álea del contrato y desentenderse de sus obligaciones conforme al pliego. Dice que ello se evidencia con las múltiples presentaciones en las que denunció hechos inexistentes, actitud que describe como una maniobra para transferir el riesgo empresario al municipio.
De otro lado, asevera que la restricción judicial imperante era pública y notoria y el mismo municipio la publicitó suficientemente. Por ello entiende que la demandante no puede llamarse a engaño sin faltar a la verdad.
Seguidamente, detalla los actos y omisiones de la concesionaria que importaron incumplimiento contractual. Primeramente, señala que el Cuerpo de Guardaparques informó que el propio concesionario era quien permitía el estacionamiento fuera de los lugares destinados a ello cobrando una tarifa diferencial (en negro). Luego, indica que debió intimar a la empresa actora para que presente los correspondientes planos de proyecto de obra, plan de trabajos e inversiones; acredite las contrataciones de seguros, presente los estudios de impacto ambiental y de saneamiento hidráulico y suministro de agua y electricidad, y el estudio de tratamiento de efluentes cloacales y proyecto paisajístico, todo conforme el Pliego de Bases y Condiciones. Subraya que esta intimación fue cumplida en forma parcial.
Señala que a tales incumplimientos debe añadirse la falta de pago del canon y la intención de realizar una compensación que se hallaba vedada en el pliego.
Detalla que en el mes de junio de 2001 el Cuerpo de Guardaparques informó que la concesionaria se había retirado del predio por lo que no prestó servicio alguno y dejó constancia de que el personal se encontraba en el lugar para conservar la fuente de trabajo sin que nadie de la empresa ejerciera el poder de dirección. Precisa que, en esta situación, los propios trabajadores solicitaron la intervención del Departamento Ejecutivo municipal ante el abandono de la concesión.
Explica que ante las diversas irregularidades e incumplimientos en que se hallaba incursa la concesionaria, previo dictamen jurídico que recomendó la rescisión sobre la base de la falta de pago del canon y abandono de la explotación, a través del decreto 960/01, se declaró rescindido el contrato. Al respecto, en oportunidad de acompañar los expedientes administrativos solicitados por este Tribunal a fs. 141, expresó: "...pongo en conocimiento del H. Tribunal que a raíz de la recisión contractual decidida mediante decreto del Ejecutivo Municipal Nro. 960 del 8 de Junio de 2001, cuya copia fiel obra a fs. 444/445 del expediente administrativo 4078-10.871-S-98, la aquí accionante ha interpuesto un recurso de revocatoria que ha originado el expediente 4078-47.302-L-01, el que se encuentra a resolución" (fs. 144).
Por otra parte, niega haberse comprometido a otorgar a la concesionaria el uso del agua de la presa Roggero. Refuta que la actora haya sido engañada al respecto. Señala que la restricción era un hecho público y notorio.
Por último, plantea la improcedencia de todos y cada uno de los rubros reclamados en el marco de la pretensión indemnizatoria esbozada en la demanda.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 4078-10.871-S-98 s/ Licitación pública para la concesión de unidades turísticas.
III.1.a. Ordenanza 149/98 dictada por el Concejo Deliberante de Moreno el día 8 de enero de 1998 y el decreto 361/98 de su promulgación (v. fs. 7/8 y 9).
III.1.b. Pliego de Bases y Condiciones "Licitación Pública 09/98: Concesión de unidades fiscales en la zona turística particularizada" (v. fs. 10/29).
III.1.c. Oferta presentada por la firma actora —antes, SICON Arg. S.R.L.— (v. fs. 86/312).
III.1.d. Ordenanza 296/98 a través de la cual se adjudicaron las unidades turísticas 1) Integral Camping; 2) Restaurante; 3) Estacionamiento Restaurante; 4) Circuito motocross, cuatriciclos y bicicletas; 5) Costa Lago San Francisco, a la oferta formulada por la firma Sicon Arg. y otros (Lago San Francisco y Parque Los Robles S.A.), en la licitación pública 09/98 (v. fs. 328/329).
III.1.e. Contrato celebrado el día 2 de febrero de 1999, entre la empresa actora y la Municipalidad de Moreno (v. fs. 360 y vta.).
III.1.f. Carta documento de fecha 21 de mayo de 2001 a través de la cual la Municipalidad de Moreno intimó a la empresa actora al pago de la cuota del canon anual correspondiente a la explotación de la concesión a que refiere esta acción (v. fs. 428).
III.1.g. Mediante carta documento del día 30 de mayo de 2001, la empresa contratista rechazó la intimación a que refiere el apartado anterior, y manifestó haber abonado el canon por unidades turísticas que no había tenido "posibilidad de tenerlas y/o usarlas y que en consecuencia deben compensarse conforme a lo preceptuado en el art. 7" del Pliego de Bases y Condiciones (v. fs. 431).
III.1.h. El día 7 de junio de 2001 el Jefe del Cuerpo de Guardaparques comunicó a la Secretaría de Planeamiento y Producción que "la empresa concesionaria del Parque Los Robles se ha[había] retirado del mismo, por lo cual los servicios de proveeduría, camping, actividades, etc. no se están[estaban] llevando a cabo". Destacó, además, que los empleados de la concesionaria habían solicitado la intervención del Intendente a fin de mantener la fuente de trabajo (v. fs. 433/434).
III.1.i. Intimación efectuada por la comuna a la contratista, el día 7 de junio de 2001 a efectos de que ratifique o no el abandono de la concesión (v. fs. 435).
III.1.j. Acta de constatación de fecha 8 de junio de 2001 que describe el estado de situación de las unidades turísticas otorgadas en concesión (v. fs. 436/440).
III.1.k. Decreto municipal 960/01 (v. fs. 444) de fecha 8 de junio de 2001.
III.1.l. Carta documento de fecha 11 de junio de 2001 en la cual la prestataria niega haber hecho abandono del predio (v. fs. 459).
III.1.m. El día 12 de junio de 2001, la concesionaria rechazó por improcedente, por basarse en una recisión extemporánea e incausada, la intimación que la comuna le hiciera, a entregar las llaves de los bienes concesionados. Formuló reserva de impugnar el decreto de rescisión (v. fs. 460).
III.2. Expediente administrativo 4078-32987-E-00 s/ solicita nuevos plazos para la ejecución de la obra.
III.3. Expediente administrativo 2406-9981/99 s/ convenio entre la Dirección Provincial de Hidráulica, Defensa Civil, la Municipalidad de Moreno y la Prefectura Naval Argentina.
III.3.a. Proyecto de Convenio a celebrar entre la Dirección Provincial de Hidráulica del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Municipalidad de Moreno y la Prefectura Naval Argentina, con relación a la presa Ingeniero Roggero situada en la naciente del Río Reconquista (v. fs. 2/3).
III.3.b. Copia certificada del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Moreno y la Dirección Provincial de Hidráulica en el año 1991 (v. fs. 6/8).
III.3.c. A raíz de diversos accidentes acontecidos en el lago con la ocurrencia de muertes por inmersión, se iniciaron causas judiciales contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios. A fs. 9 se agregó copia de la cédula de notificación librada en la causa "Casado, José Luis y otro c/ Dirección Provincial de Hidráulica s/ daños y perjuicios" de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, a través de la cual se comunicó a la demandada el alcance de la medida cautelar dispuesta en cuanto "la prohibición para el uso público y exclusivamente del espejo de agua de la represa Roggero".
III.3.d. Vista fiscal de fecha 13 de mayo de 1997 producida en el expediente administrativo 2406-4535/96 (v. fs. 10).
III.3.e. Mediante disposición 188/97, dictada en el expediente 4078-06371-P-97, el Director Provincial de Hidráulica declaró que el convenio suscripto entre la Municipalidad de Moreno y Prefectura Naval Argentina, con destino a instituir normas para el uso del espejo de agua con fines turísticos y de placer, denominado "Embalse San Francisco", es[era] violatorio de las normas vigentes sobre el uso del espejo de agua generado por la presa Roggero (v. fs. 11).
III.3.f. Dictamen de fecha 5 de febrero de 1999, de la Consultoría Técnica de la Dirección Provincial de Hidráulica (v. fs. 25/26).
III.3.g. Requerida la intervención de la Dirección Provincial de Hidráulica por la Fiscalía de Estado, la Consultoría Técnica se expidió nuevamente el día 10 de agosto de 1999, mantuvo el criterio de no innovar en el texto del Convenio vigente (1991) y aconsejó desestimar el uso del espejo de agua del lago permanente para cualquier propósito (v. fs. 42/43).
III.3.h. A través de la disposición 1.309/99 de fecha 29 de septiembre de 1999, el Director Provincial de Hidráulica, desestimó el proyecto de convenio a celebrarse entre la Dirección Provincial de Hidráulica, la Dirección de Defensa Civil dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Municipalidad de Moreno y la Prefectura Naval Argentina, relacionado con el uso del espejo de agua de la Presa Ing. Roggero situada en la naciente del río Reconquista (v. fs. 46/47).
III.3.i.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.