Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129084
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.084, "Ignomiriello, Vicente Ángel contra Minist. De Producción-Ast. Río Santiago. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo en que especificó (v. pronunciamiento de fecha 25-III-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 20-IV-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Vicente Ángel Ignomiriello y condenó al Ente Administrador del Astillero Río Santiago al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, días trabajados e integración del mes de despido, sueldo anual complementario primer semestre y vacaciones proporcionales del año 2019, plus vacaciones de ese año, devolución "descuento días" vacaciones del año 2018, "premio por eficiencia", salarios adeudados y el agravamiento del art. 2 de la ley 25.323. La rechazó, en cambio, en cuanto perseguía el cobro de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; la entrega de los certificados respectivos y la obtención de la sanción conminatoria regulada en el art. 132 bis de esta última legislación.
Para así decidir, en el veredicto consideró no controvertido que entre las partes medió una relación de trabajo que se desarrolló en las instalaciones del astillero situado en la localidad de Ensenada, desde el día 1 de septiembre del año 1983 hasta su extinción. Juzgó probado que, en los últimos años antes de la culminación del vínculo, el trabajador cumplió sus funciones como "gerente", resultando "personal superior y/o jerarquizado no convencionado" conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E; asimismo, determinó que su jornada era de 42,5 horas semanales.
Tuvo por acreditado que en su salario el accionante percibió mensualmente el "premio por eficacia" desde el año 1989, con carácter de normalidad y habitualidad, hasta que en el mes de junio del año 2018 su pago fue discontinuado por voluntad unilateral del empleador con el fundamento del ejercicio de sus facultades de dirección y organización. Al respecto, meritó que los dichos de la parte demandada para justificar su decisión resultaron incongruentes.
A su vez, juzgó probado que el actor resultó electo como concejal en el municipio de Ensenada en dos ocasiones: la primera por dos años, desde el 10 de diciembre de 2013 y la segunda por cuatro años, a partir del 10 de diciembre de 2015.
Tuvo en consideración que pese a ello, la parte demandada aseveró en su responde que en octubre de 2018 la Gerencia de Asuntos Jurídicos había detectado que el actor no se encontraba prestando tareas en la empresa, sin perjuicio de lo cual continuaba percibiendo sus haberes con normalidad, y que constatado su legajo, no existía constancia de un acto administrativo que permitiera usufructuar una licencia "gremial" en ese período (única posibilidad, de acuerdo a su estimación, de que pudiera otorgarse con goce de haberes); señaló que a tal fin, acompañó copia del expediente administrativo 21.900-341/18, a través del cual se llevaba a cabo una investigación de los hechos, relativo a la "...eventual existencia de incompatibilidades en el ejercicio de funciones públicas..." (vered., pág. 13).
Destacó que sin haber sido puesto en conocimiento por parte del accionante en aquel expediente el Gerente a cargo de la investigación emitió opinión y concluyó que, en un caso de similares características, la presunta incompatibilidad admitía dos soluciones, siendo una de ellas la renuncia expresa a la percepción de asignaciones correspondientes a uno de los empleos ostentados, hubo de citarse allí el art. 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Concluyó el tribunal que vislumbrándose que el mencionado sumario se instruyó en el año 2018, la investigación de las "faltas de débito laboral" que advirtiera la accionante, resultaba cuanto menos un acto tardío. Añadió que en aquellas actuaciones se incluyó una nota del demandante mediante la cual informó a su empleadora que con motivo de los comicios realizados en octubre de 2013 en el municipio de Ensenada, había resultado electo concejal, por lo cual solicitaba la concesión de una licencia especial desde el momento de su asunción; aseveró que dicha comunicación fue agregada por la propia patronal y, en línea con aquella aceptación —que estimó tácita— los distintos testigos de autos fueron contestes en afirmar que en el astillero era una práctica "normal" que los empleados de allí particularmente se desempeñaran como concejales.
Consideró gravitante el hecho de que a los cinco días de efectuada la contestación de la demanda, la Asesoría General de Gobierno se hubiese expedido en el expediente administrativo en cuestión anticipando que, de acreditarse el acogimiento del agente a los términos del art. 92 del decreto ley 6.769/58 (según ley 14.732), no se hallaría configurada la incompatibilidad vedada por el art. 53 de la Constitución provincial; ello, sin perjuicio —según aclaró— de la presunta incompatibilidad horaria que pudiera existir. Meritó que pese a la vital relevancia que adquiría en el caso la conclusión arribada por aquella autoridad, esta no había sido denunciada en autos por la accionada, siendo que se encontraba en mejores condiciones de hacerlo y así debía proceder en orden a la carga dinámica de la prueba.
Juzgó que esta última circunstancia apuntada por la Asesoría se encontraba acreditada al contestar la acción a través de los expedientes administrativos en los cuales obraban los recibos de haberes pertinentes que comprobaban —por un lado— las designaciones del accionante y —por el otro— que aquel nunca cobró su dieta como concejal.
Por otro lado, el juzgador de grado concluyó que la relación se disolvió por medio del despido dispuesto por el trabajador el día 14 de marzo de 2019, luego de haber intimado a la patronal ante la falta de pago de sus remuneraciones desde octubre de 2018, la interrupción de la obra social y el descuento arbitrario efectuado por las vacaciones. Refirió que dicha intimación fue rechazada por la demandada con sustento en que el dependiente estaba en conocimiento del expediente en trámite en relación con las supuestas incompatibilidades e irregularidades detectadas, quien, además, lo exhortó a cesar las "falsas intimaciones".
Tras analizar las comunicaciones postales cursadas por las partes, entre otras pruebas, el a quo sostuvo que no existía constancia alguna que acreditara que el astillero hubiera notificado al trabajador de la iniciación de un sumario a efectos de que aquel efectuara un descargo, así como tampoco que por los motivos expuestos en la resolución de cese se le suspenderían los efectos del contrato de trabajo. Sí señaló que logró acreditarse la circunstancia fundamental que llevó al actor a denunciar el vínculo: la suspensión arbitraria del pago de sus salarios.
Al diseñar la eventual base indemnizatoria para el supuesto de que prosperase la acción, en lo destacable, desestimó el pedido de la patronal de aplicar al caso el tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues indicó que la interesada no había proporcionado datos del importe al que ascendería dicho tope a la fecha del despido, siendo que tampoco podía obtenerse tal información de las fuentes pertinentes.
En la sentencia, sostuvo que le asistía razón al demandante en cuanto a que no obstante la calificación otorgada por el empleador al rubro "premio por eficacia", este conformaba la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador.
Seguidamente, concluyó que la alteración de la remuneración por parte de la patronal, en detrimento del accionante reduciendo su salario excedió el ámbito del ius variandi. Agregó, que ninguna reducción salarial resultaba válida, bajo el prisma de los principios de irrenunciabilidad, progresividad e indemnidad. A su vez, hizo lugar a la pretensión actoral vinculada con el descuento del rubro "anticipo por vacaciones" y al pago del "plus vacacional", correspondiente al año del despido.
Por otro lado, en cuanto a la suspensión de salarios, consideró que no le había sido notificada al actor la discontinuidad del pago de sus remuneraciones; ni, luego, ante el emplazamiento de este para que se aclarara la situación, fue cabalmente explicitado el hecho motivante de tal decisión. Señaló que se procedió a la suspensión de aquellos sin que mediara causa legítima, advirtiéndose, por un lado, que a tal momento, solo se estaba iniciando un sumario para la investigación de una "presunta" incompatibilidad que —a dicha fecha— no tenía resolución; y, por otro, que el dependiente no estaba inasistiendo sin causa a prestar tareas, sino en virtud de una licencia especial.
En ese entendimiento, juzgó que, si bien la empleadora hubo de argumentar que el actor era personal excluido del convenio citado, y, sin embargo pretendió que se le aplicara una norma convencional, en rigor, su situación quedaba regida por el art. 215 de la ley 20.744.
Asimismo, meritó que resultaba habitual que los trabajadores del astillero ocuparan cargos electivos como el del actor y, más allá de lo dispuesto en el art. 15 inc. "f" de dicho convenio, "era normal y aceptado que obtuvieran las licencias respectivas para desempeñar dichas funciones continuando con la percepción de los salarios abonados por dicho ente" (sent., pág. 13). En tal sentido, aseveró que el propulsor del juicio presentó las constancias que acreditaban sus designaciones en el cargo electivo, así como su renuncia a la percepción de la dieta como concejal, todo lo cual lo habilitaba a no concurrir a prestar labores en el astillero con la respectiva reserva de su puesto y a continuar cobrando las remuneraciones.
Sobre la base de las pruebas rendidas, sostuvo que el caso admitía solución desde dos perspectivas. Por un lado, aquella relacionada a la legalidad (por la cual dispuso que subsistía la incompatibilidad vedada constitucionalmente, con la posibilidad de renuncia a la dieta por parte de los concejales electos, aclarando que la sola percepción de una suma no remunerativa —no sujeta a aportes y contribuciones— no generaba incompatibilidad en los términos dispuestos por la carta magna provincial, entendido ello de igual modo por la Asesoría General en las actuaciones administrativas. Por el otro, aquella que plasmó con sustento en el contrato individual del trabajador y en la costumbre como fuente del derecho.
En virtud de esta última, consideró que, el hecho de que el actor haya transcurrido uno de los mandatos (2013-2015) y parte del otro (2015 al 2018, cuando se le suspendiera el pago de salarios) abocado a la función deliberativa en virtud de la licencia especial usufructuada al efecto y cobrando el sueldo en el astillero (previa renuncia de la dieta como concejal), sin que hubiese mediado rechazo o cuestionamiento alguno por parte de la empleadora, indicaba que esa mejor condición de aquel era parte de su contrato. Con base en que los resultados arrojaron que dicha conducta fue generalizada y aceptada para el universo de trabajadores del astillero en iguales condiciones a lo largo de los años, estimó que ello implicaba la creación de una norma consuetudinaria hábil para regir el caso.
Puesto a analizar la pretensión relativa al despido, el órgano jurisdiccional entendió que las inobservancias de la empleadora a sus obligaciones contractuales sin motivo alguno justificante, constituyeron injuria suficiente para justificar el despido indirecto dispuesto. Consecuentemente, acogió el reclamo por los rubros indemnizatorios y salariales ya detallados.
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 53 de la Constitución provincial; 12, 52, 55, 62, 63, 66, 103, 121, 131, 132, 150, 156, 215, 231, 232, 233, 242, 245, 246 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; del Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E; y de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 inc. 1, 358, 375 y 440 del Código Procesal Civil y Comercial; 39, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 20-IV-2022).
II.1. Controvirtiendo lo decidido en el fallo en torno a la justificación del despido indirecto, alega que la conclusión por la cual se consideró arbitraria la interrupción o suspensión del pago de salarios, proviene de una absurda apreciación de los escritos introductorios y de las pruebas producidas.
II.1.a. Manifiesta que —contrariamente a la interpretación efectuada por el a quo— al contestar la demanda se explicó que en el primero de los mandatos que ejerció el actor como concejal el astillero hubo de otorgarle una licencia gremial pues el dependiente se encontraba desempeñando un cargo de esa naturaleza para el que había sido elegido en el año 2011 extendiéndose hasta noviembre de 2015. En ese entendimiento, alega que no hubo contradicción de su parte al enunciar los hechos alegados; situación que —dice— resultó corroborada con la prueba adunada a la causa, en particular, con los expedientes administrativos acompañados.
Afirma que el sentenciante incurrió en el denunciado vicio lógico al considerar probado que el actor usufructuó la licencia con goce de haberes —en los términos del art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo— por ambos mandatos. Resalta que durante el primer mandato como concejal permaneció en uso de licencia gremial con goce de haberes. Aduce que lo dicho adquiere relevancia en virtud de la decisión alcanzada en la sentencia, por la cual el tribunal de grado intentó "vanamente" constituir un "antecedente" del actor en el usufructo de ese tipo de licencias en un "uso y costumbre" de la empresa en su otorgamiento, el cual —denuncia— nunca existió.
En cuanto a la nota del accionante —incluida en las actuaciones investigativas—, a la cual el sentenciante le confirió relevancia, destaca que quedó desvirtuada por aquella "declaración jurada patrimonial" formulada por el actor en oportunidad de asumir a su cargo por el mandato comprendido entre los años 2013 a 2017, en la cual —dice— alegó que gozaba de licencia gremial.
A la par, dice que la prueba testimonial resultó ineficaz en el punto.
II.1.b. Objeta la ponderación efectuada sobre la investigación sumarial.
Sostiene que en orden al análisis y motivos por el que se inició el expediente administrativo 21.900-341/18, el sentenciante circunscribió la cuestión a la presunta incompatibilidad "legal" del accionante, soslayando la denuncia formulada respecto a que ella alcanzaba no solo al cargo sino también a la incompatibilidad horaria. Denuncia absurdo en la decisión y esgrime que la omisión apuntada importa una violación al principio de congruencia.
Señala que, pese a que en el fallo el a quo intentó restar eficacia probatoria al dictamen producido por la Asesoría General de Gobierno, en función del principio de adquisición procesal, dicha prueba fue incorporada a la causa.
II.1.c. Asegura que no resultó controvertida la jornada y horario de labor del trabajador, por ello, no pesaba sobre la demandada la carga de acreditar dichas circunstancias fácticas.
Efectúa ciertas valoraciones acerca de la prueba testimonial orientadas a reforzar sus afirmaciones.
II.1.d. Critica por absurda la ponderación efectuada por el tribunal respecto al intercambio epistolar efectuado por las partes y los hechos alegados con motivo del despido indirecto.
Se agravia de que el a quo se apoyase en la posición del actor centrada en el supuesto desconocimiento del inicio y motivación de las actuaciones administrativas referenciadas y en el silencio de la accionada ante las intimaciones cursadas y prescindiera del análisis de elementos esenciales, en particular, de la investigación por incompatibilidad, que a su juicio comprueba que en todo momento el reclamante estuvo anoticiado de la instrucción sumarial.
Postula que, en el marco de la investigación administrativa iniciada, el trabajador presentó una nota ante la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de agregar documental tendiente a demostrar la inexistencia de la incompatibilidad denunciada; lo que demuestra una conducta reñida con la buena fe y la intención del accionante de colocarse en situación de despido.
Recalca que en las reiteradas misivas cursadas por la accionada se insistió sobre la existencia de las actuaciones investigativas en curso y sus motivos, mientras que el trabajador se limitó a intimar el pago de los salarios bajo apercibimiento de dar por concluido el vínculo laboral, demostrando su clara intención de colocarse en situación de despido.
Resalta que las circunstancias descriptas no podían ser desconocidas por el actor, en virtud de la jerarquía y especialidad de las funciones que cumplía en su calidad de Gerente de Recursos Humanos del Ente Administrador del Astillero.
II.1.e. Objetando siempre lo decidido en torno a la legitimación del despido indirecto, asevera que quedó demostrado que la suspensión de pago de salarios al actor resultó legítima; a la par que le fue comunicado el inicio de la investigación por incompatibilidad y —además— que tuvo acceso al expediente y efectuó sus descargos, resultando que no asistió a prestar tareas sin justificación alguna, siendo que el astillero no le había otorgado licencia especial por desempeñar el cargo de concejal.
Manifiesta que, adversamente a lo resuelto en la instancia, la denuncia del contrato de trabajo resultó injustificada.
II.1.f. Denunciando violación y errónea aplicación del art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo cuestiona que el juzgador interpretara que la "reserva de empleo" que consagra la norma implicase el derecho al cobro de haberes. Busca sustentar su afirmación acudiendo a la doctrina de los autores.
II.1.g. A su vez, objeta el análisis que efectuó el a quo respecto a las licencias por cargos electivos o públicos previstas —no obstante considerarlo no aplicable al sub lite— en el art. 15 inc. "f" del Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E, por cuanto entiende que lo dicho a lo largo de sus agravios resulta demostrativo de la existencia de la incompatibilidad horaria alegada, y por ende, de la ilegitimidad del cobro por el actor de haberes en el astillero.
II.1.h. Desde otroángulo, se agravia de la aplicación de la utilización de los usos y costumbres como fuente del derecho.
Argumenta que el desacierto del tribunal consistió en considerar que el otorgamiento de una licencia por cargo electivo municipal se trataba de una situación no reglada legalmente, cuando expresamente lo estipula el art. 215 de la ley 20.744 y fue pactada en el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E (art. 15 inc. "f").
De igual modo, asevera que no cabría invocar en sustento de la legitimidad de esos actos a la costumbre, puesto que no se acreditó que existiera un antecedente de conducta del empleador que permita convalidar la situación irregular del accionante.
A su vez, sostiene que tampoco se trató de una conducta generalizada y aceptada para el universo de trabajadores del lugar, en iguales condiciones a lo largo de los años.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.