Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130302
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentación electrónica de fecha 27-XII-2022) deberá restituirse al interesado (arts. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.302, "Asociación Sindical de Profesionales de la Salud contra Municipalidad de General Pueyrredón. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 6-XII-2022).
Se interpuso, por la demandada Municipalidad de General Pueyrredón, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-XII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que interesa, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) promovió acción de amparo sindical en los términos del art. 47 de la ley 23.551, con el objeto de que la Municipalidad demandada, en su carácter de empleador y agente de retención de la cuota sindical de los profesionales de la salud afiliados a su entidad, la retenga y deposite en su cuenta bancaria de conformidad con lo previsto en el art. 38 de la ley 23.551 (v. presentación electrónica de 20-IX-2021).
Explicó que la actora es una asociación simplemente inscripta (resol. n° 60 emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación el 7-II-2020), cuyo ámbito de aplicación personal y territorial alcanza a los profesionales de la salud de la totalidad de la Provincia de Buenos Aires. Señaló que el primer artículo de su estatuto establece que "...tendrá como ámbito de actuación a los hospitales y centros de salud públicos y organismos en el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires, ya sean dependientes de la administración Nacional, Provincial o Municipal" (demanda, pág. 3).
Planteó la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551, en cuanto solo autoriza a pedir la retención de la cuota sindical a las entidades con personería gremial, por vulnerar el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical.
Sostuvo que su parte formalizó la debida petición ante el Ministerio de Trabajo y que éste no dio respuesta, lo que debía interpretarse positivamente conforme lo establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales.
I.2. La accionada, en su conteste (v. presentación electrónica de fecha 28-X-2021), luego de formular una negativa general, en lo que aquí reviste interés destacar, desconoció expresamente que: a) la resolución n° 60/20 le otorgase a la demandante potestades para ejercer la representación de trabajadores municipales; b) le pertenezca a la accionante la cuenta bancaria consignada en la demanda; c) resulte inconstitucional el art. 38 de la ley 23.551; d) tanto su parte como el Ministerio de Trabajo guardaran silencio frente a las peticiones de la actora; y e) el municipio fuera directamente responsable de las contribuciones sindicales. Agregó que en el caso existen "hechos contradictorios que deben ser probados y que ninguna presunción debe ser impuesta a mi parte" (pág. 2).
Sin perjuicio de destacar la existencia de otras vías procesales eficaces para la tutela judicial de los derechos de la entidad demandante, sostuvo que la conducta cuestionada no presentaba los caracteres de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad exigidos por la normativa vigente. Expuso que el municipio no había realizado ninguna conducta antisindical ni vulnerado garantías individuales o colectivas vinculadas a la libertad sindical.
Señaló que la asociación demandante no había acreditado la realización del procedimiento establecido en el art. 38 segundo párrafo de la ley 23.551, así como tampoco la afiliación al sindicato de los trabajadores cuya retención de cuota sindical reclamaba, ni presentado ninguna constancia suscripta por ellos autorizando el descuento conforme lo establece la ley 24.642 (v. págs. 8/9).
I.3. En el veredicto, luego de enumerar la prueba informativa producida en autos y las constancias documentales anejadas por la actora junto al libelo inicial, el tribunal de grado entendió que no obstante la negativa de la demandada, los planteos de la actora no pudieron ser desvirtuados, sino que —por el contrario— resultaron expresamente acreditados con la prueba mencionada (v. págs. 4/6).
Con base en ello, tuvo por demostrada "la violación de las garantías y derechos sindicales de sus afiliados" a partir de la falta de retención de la cuota sindical en la forma prevista por el art. 38 de la ley 23.551 (v. últ. pág. cit.).
Ya en la etapa de sentencia, juzgó que más allá del tipo de entidad de que se trate (con personería gremial o "simplemente inscripta"), la acción impetrada por el sindicato debía prosperar. En tal sentido, con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia nacional (causas "Rossi" y "ATE") y por este Tribunal (causa "Ferulano"), expresó que el régimen de tutela sindical es una garantía constitucional que ninguna norma puede soslayar y que incluye a trabajadores afiliados a asociaciones con o sin personería gremial (v. págs. 7/9).
En consecuencia, como se adelantó, hizo lugar a la acción incoada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, ordenando a la accionada que retenga y deposite la correspondiente cuota sindical de sus afiliados por el 2,2% de la remuneración, en su carácter de agente de retención, en la cuenta bancaria denunciada por aquella (v. pág. 10).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 375, 386 y 415 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Impugna el fallo de grado por cuanto afirma que el tribunal tuvo por ciertos, de manera dogmática, hechos que fueron negados por su parte en el escrito de contestación de la demanda y que no fueron demostrados por la contraria, sino que, por el contrario, resultaron desvirtuados con el expediente agregado por el Ministerio de Trabajo (v. rec., pág. 6).
En este sentido, señala que si bien se negó a realizar las retenciones de la cuota sindical, en tanto CICOP es una asociación simple sin personería gremial para actuar en el ámbito del municipio demandado, el absurdo del tribunal se evidencia en cuanto tuvo por acreditado el silencio del Ministerio de Trabajo cuando de las constancias del expediente administrativo agregado a la presente surge que el 15 de julio de 2021 la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió un dictamen, el cual fue debidamente notificado (v. rec., págs. 6/9).
Añade que de su contenido se observa que la autoridad administrativa limitó la obligación de retención respecto de los trabajadores que se desempeñen en establecimientos hospitalarios provinciales y en el Hospital Nacional Posadas, ninguno de los cuales se encuentra a cargo del municipio accionado, por lo que —entiende— la resolución dictada lo exonera de dicha obligación.
Refiere, además, que al tener por configurado el silencio administrativo cuando hubo una resolución expresa del organismo nacional competente en la materia, el tribunal de grado ha vulnerado la doctrina legal de esta Corte que cita.
III. El recurso prospera.
III.1. Acierta la recurrente al denunciar que la labor axiológica desplegada por el órgano de grado se halla teñida de absurdo.
En el caso, tras enumerar las constancias documentales acompañadas y la prueba informativa producida en la causa, el tribunal de grado consideró que, a pesar de la expresa negativa de la accionada, lo dicho por la asociación sindical promotora del pleito no había sido desvirtuado por la legitimada pasiva, sino que resultó debidamente acreditado. En consecuencia, hizo lugar a la acción incoada con los alcances ya indicados.
III.2. De lo expuesto, surge nítido —como anticipé— que asiste razón a la impugnante en cuanto afirma que el juzgador incurrió en absurdo porque arribó a una decisión dogmática.
III.2.a. Cabe aquí señalar que los tribunales de grado deben precisar las razones por las que resuelven de una forma —u otra— una determinada cuestión, toda vez que el pronunciamiento debe proporcionar los elementos necesarios para desandar —retrospectivamente— el camino que los condujo a esa conclusión. De lo contrario, se está frente a una decisión de carácter dogmático, de imposible revisión ulterior (causa L. 115.463, "Janeiro", sent. de 26-III-2015).
En el caso, la sola lectura del pronunciamiento permite observar que el juzgador de origen tuvo por acreditada la versión de los hechos formulada por la parte actora, sin desplegar ningún análisis que torne evidente cuál o cuáles de los elementos probatorios —solamente enumerados— resultaron esenciales para abonar la conclusión cuestionada. Por el contrario, el sentenciante se limitó a enunciar la prueba adquirida durante el trámite del proceso, sin correlacionarla entre sí y omitiendo extraer conclusión alguna sobre los hechos controvertidos entre las partes.
Es que, no sólo el juzgador no brindó las razones por las que consideró que le asistía razón a la entidad accionante, sino que tampoco reparó ni examinó las circunstancias negadas y puestas en contradicción por la demandada (v. escrito de contestación de demanda, ptos. II, III y IV), lo cual pone en evidencia el flagrante vicio denunciado.
Luego, como adelanté, resulta evidente que, para resolver del modo en que lo hizo, el órgano jurisdiccional interviniente lejos estuvo de concretar un análisis de las circunstancias fácticas necesarias para arribar a una adecuada solución del caso. Antes bien, la decisión en crisis se observa basada en afirmaciones dogmáticas, carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa, falencias que la tornan descalificable por absurda (causas L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018; L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022 y L. 129.941, "Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia", sent. de 16-XII-2024), sin que ello implique abrir juicio respecto de la cuestión de fondo.
III.2.b. En definitiva, corresponde hacer lugar al remedio interpuesto, casar el fallo de grado en lo que ha sido materia de agravio y devolver los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, pondere las constancias obrantes en la causa y dicte un nuevo pronunciamiento, abordando debidamente la cuestión debatida.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada de conformidad con lo indicado. En consecuencia, la causa deberá remitirse al tribunal de grado para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentación electrónica de fecha 27-XII-2022) deberá restituirse al interesado (arts. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2026 10:14:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2026 11:45:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 16:02:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 13:58:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:15:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 17:37:13 hs. bajo el número RS-34-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia