Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129957
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.957, "Lanfredi, César Ariel contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. vered. y sent. de fecha 23-IX-2022 y aclaratoria de fecha 9-XI-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2022), el que fue concedido —con determinado alcance— por el órgano de grado (v. resol. del día 11-XI-2022). Dicha resolución motivó la articulación del recurso de queja por parte del accionante, el que fue desestimado en esta sede casatoria (v. pronunciamiento de fecha 26-XII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por César Ariel Lanfredi y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (arts. 11 inc. 4 apdo. "b" y 15 inc. 2, ley 24.557 y 1, 3, 8 y 17, ley 26.773).
En lo que reviste de interés, con sustento en la prueba pericial médica producida, juzgó acreditado en el veredicto que, como consecuencia del siniestro sufrido el día 17 de mayo de 2014 mientras prestaba tareas como chofer para su empleadora Transportadora de Caudales Juncadella S.A., el actor padece de cervicobraquialgia y lumbociatalgia que, desde el punto de vista físico, le provoca una minusvalía parcial y permanente del 60% del índice de la total obrera —incluyendo los factores de ponderación— y una reacción vivencial anormal neurótica grado IV que, ya en el orden de lo psíquico, lo incapacita en un 30%.
Asimismo, conforme lo dictaminado por el perito contador, consideró que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por el señor Lanfredi en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante —la que previamente estableció en el día 15 de junio de 2015—, ascendió a $11.783,50.
Por otro lado, ocupa mencionar que, en la sentencia, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma, para el cálculo del ingreso base, los rubros denominados no remunerativos.
Luego, con los parámetros acreditados en el veredicto, efectuó el cálculo de las prestaciones dinerarias que estimó procedentes y adicionó al monto de condena intereses conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. sent. de fecha 23-IX-2022).
Posteriormente, en la resolución aclaratoria de fecha 9 de noviembre de 2022, tras advertir que resultaba exacto lo sostenido por la accionante en orden a que el perito contador en su dictamen sumó erróneamente las doce remuneraciones consideradas para establecer el valor mensual, rectificó el aludido monto y cuantificó nuevamente las prestaciones otorgadas en el pronunciamiento (v. aclaratoria de fecha 9-XI-2022).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional; 12, 15 apartado 2 y 17 apartado 2 de la ley 24.557; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 inc.6 del Código Procesal Civil y Comercial; 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina que cita (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2022).
II.1. En primer lugar, sostiene que el tribunal actuante incurrió en absurdo y autocontradicción, toda vez que decretó la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto excluye las sumas no remunerativas a los fines del cálculo del valor del ingreso base mensual, empero luego, convalidó el valor establecido en el dictamen contable que no las contempla.
Aduce que para efectuar correctamente el referido cómputo debió considerar las remuneraciones que surgen del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de los recibos de haberes acompañados.
II.2. Por otro lado, manifiesta que la decisión arribada vulnera la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018); L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), en tanto en el presente caso, si bien el órgano decretó la inconstitucionalidad del mentado art. 12 por las razones antes referidas, no realizó luego el test de razonabilidad previsto en los precedentes citados, pese a contar con elementos probatorios para hacerlo.
A tal fin efectúa hipotéticos cálculos con distintas variables de ingreso, que —según sostiene— demuestran la irrazonabilidad y la confiscatoriedad que resulta de la aplicación literal de la cuestionada norma.
II.3. Refiere —para la hipótesis de que sean rechazados los planteos antes reseñados— que el órgano de grado interpretó erróneamente el informe pericial contable presentado en autos, pues consideró que el ingreso base mensual del señor Lanfredi ascendió a $11.783,50, cuando —como advirtió en su alegato—, según la correcta sumatoria de los haberes allí consignados, el valor es de $18.847.
II.4. Desde otroángulo, indica que el sentenciante omitió condenar a la demandada a abonar la prestación de pago mensual establecida para el caso de gran invalidez en el art. 17 inc. 2 de la ley 24.557, petición que fue invocada en la causa a raíz del hecho nuevo denunciado mediante escrito del día 9 de febrero de 2018, el que fue finalmente admitido en la instancia de grado. Arguye, en este sentido, que el juzgador vulneró el postulado de la congruencia.
II.5. Finalmente, cuestiona la tasa de interés —pasiva digital— que el juzgador ordenó adicionar al capital de condena, por ser distinta a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 —conforme ley 14.399— sin declarar su inconstitucionalidad.
Asimismo, objeta el fallo en cuanto no aplicó la capitalización de intereses prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que —según afirma— resulta de aplicación inmediata al caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, el compareciente no especifica, a tenor de la totalidad de los agravios desplegados en la vía impugnativa (v. rec., págs. 22/23), cómo estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar —en consecuencia— que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este orden, preciso es recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado supera el umbral determinado en la ley ritual para la admisibilidad del remedio extraordinario en cuestión (causas L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; L. 126.430, "Páez", sent. de 22-XII-2022; L. 127.473, "Sosa", sent. de 20-IX-2023 y L. 127.622, "Boggio", sent. de 27-VI-2024).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
III.2. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, ameritan la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Aclarado ello, el agravio formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557, concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual, parece encontrarse dirigido —en rigor— a evidenciar la falta de tratamiento del planteo que fue introducido por la aquí impugnante en su escrito de inicio (v. fs. 34 vta. y 35). Ello así, en razón de que —tal como la propia parte menciona— surge de la lectura del fallo que, si bien el juzgador de grado efectuó el análisis de la validez constitucional del mentado artículo, no lo hizo vinculado al aspecto aquí atacado.
En esas condiciones, se aprecia que este embate resulta inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023 y L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025).
En consecuencia, el planteo debe ser desestimado.
III.2.b. Para más, aún en una mejor hipótesis para el recurrente, no es posible advertir de los elementos obrantes en autos —y del alcance de los argumentos expuestos en el escrito postulatorio— la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) —citadas en la impugnación— para declarar la invalidez constitucional del precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
Luego, tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues en aquella oportunidad la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.3. Por otro lado, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar los demás agravios en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable a la fecha de la interposición del recurso—.
III.3.a. En lo concerniente al reproche reseñado en el apartado II.1. del presente, lo cierto es que el impugnante no consigue evidenciar la hipótesis de violación de doctrina legal, puesto que se limita a cuestionar, por conducto de la denuncia de configuración del vicio de absurdo en la apreciación de la prueba —esencialmente del dictamen emitido por el perito contador, de la prueba informativa de la AFIP y de los recibos de haberes adunados—, el cálculo del ingreso base mensual determinado por el sentenciante.
En este sentido, ha declarado esta Suprema Corte que no se verifica el supuesto de excepción previsto en la citada norma del régimen procesal laboral, cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas o bien cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador de origen (causas L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 126.944, "C., H. D.", sent. de 27-VI-2023; L. 128.641, "La Campagnola SACI", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.3.b. Sin perjuicio de lo hasta aquí resuelto, se impone señalar que el yerro atribuido al órgano de grado descripto en el apartado II.3. del presente, mereció tratamiento favorable a su pretensión al resolverse la aclaratoria solicitada (v. pronunciamiento de fecha 9-XI-2022), por lo que deviene carente de virtualidad el abordaje de dicho tramo de la impugnación (causas L. 110.984, "Scuffi", sent. de 20-VIII-2014; L. 123.290, "Gallano", sent. de 29-X-2021; e.o.).
III.3.c. Tampoco es procedente aquella parte del recurso donde se denuncia que el juzgador soslayó aplicar el art. 17 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Luego, en lo concerniente a la denuncia de transgresión del postulado de la congruencia, corresponde señalar —de manera liminar— que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y —especialmente— procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), corresponde analizar la referida impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Y, con arreglo a tal premisa entonces, la doctrina elaborada en torno al señalado postulado —conforme tiene dicho esta Corte— carece de idoneidad para habilitar la apertura del canal extraordinario previsto por el art. 55 de la ley 11.653 de aplicación al caso (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018 y L. 127.455, "Fernández", sent. de 7-IX-2023).
III.3.d. Finalmente, el planteo, afincado en que el tribunal de origen debió aplicar una tasa de interés diferente, así como la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial, también debe ser rechazado, desde que el interesado tampoco ha denunciado en esta parcela la violación de doctrina legal vinculada concretamente con este tópico.
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por la distinguida doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3. (a excepción de los párrafos segundo y tercero del subpunto III.3.c.), de su voto.
II. En lo que respecta al embate orientado a objetar la tasa de interés moratorio aplicada al caso por el tribunal de grado, coincido con lo manifestado por mi colega en el punto III.3.d.
III. Finalmente, en lo referido a la pretendida aplicación al caso de la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial —peticionada recién en el escrito de fecha 16 de septiembre de 2022— he de agregar que dicho pedimento no fue examinado por el órgano jurisdiccional en la sentencia de origen, extremo que —a todo evento— margina la cuestión del ámbito de revisión de este Tribunal.
IV. Por ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguida colega doctora Kogan en su sufragio, el recurrente no ha cumplido con la carga de demostrar que el valor de lo cuestionado eventualmente supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al momento de interposición del recurso—, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
No obsta a lo señalado que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en torno a la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la ley 27.348—, puesto que al respecto nada argumenta el impugnante con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del expresamente previsto en la ley de procedimiento laboral— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado ello, en lo tocante al agravio formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557, comparto lo expuesto por la ponente en el punto III.2.a. de su voto. Tal definición, luce suficiente para desestimar el agravio sin más, sin que quede lugar, en consecuencia, para analizar los argumentos emparentados con distintos precedentes de esta Corte.
I.3. Luego, suscribo lo dicho por la doctora Kogan en los apartados III.3.a., III.3.b., III.3.c. —párrafo primero— y III.3.d. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a lo expuesto por la distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1. y III.3. de su voto, con excepción de los párrafos segundo y tercero del subpunto III.3.c.
Asimismo, presto adhesión a los fundamentos brindados en el subpunto III.2.a. del sufragio inaugural por considerar lo allí expuesto razón suficiente a fin de desestimar los agravios planteados.
Finalmente, en relación a la pretendida aplicación de la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, adhiero al voto del estimado colega doctor Torres.
En virtud de lo expuesto, cabe desestim
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