Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130310
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2023) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.310, "Arce, Eduardo Simón y otros contra Compañía Superglass S.A. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 14-XI-2022).
Se interpuso, por la parte demandada recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2022), el que denegado en la instancia de origen (v. resol. de 29-XII-2022), y como consecuencia de la queja interpuesta (v. presentación de 6-III-2023), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento electrónico de 20-IX-2023).
Con posterioridad, se presentaron los coactores Eduardo Miguel Leiva, Ramón Esteban Asame y Aldo Simón Arce desistiendo de la acción y del derecho (v. escrito electrónico de fecha 29-VIII-2022), decisión que fue homologada por el tribunal de grado actuante, continuando únicamente el reclamo el coactor Adrián Fabio Seoane (v. pronunciamiento de fecha 3-X-2025 y resol. de esta Corte del 11-XII-2025).
Dictada la providencia de autos (v. auto de fecha 15-III-2024, luego suspendida el 11-IX-2025 y reanudada el 23-II-2026) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que aquí corresponde destacar, el tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la acción sumarísima deducida por Adrián Fabio Seoane contra Compañía Superglass S.A., dispuso hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el accionante y ordenó su reinstalación en su puesto de trabajo, ello, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento y previa caución juratoria (v. resol. de fecha 14-XI-2022).
Para así decidir, luego de hacer referencia a los arts. 50 y 52 de la ley 23.551, y a la fisonomía de las medidas cautelares y sus recaudos, basándose en la prueba documental acompañada con el escrito de demanda, estimó prima facie acreditado que el actor era dependiente de la demandada y que integraba la lista que participaría de las elecciones de autoridades del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines (SATIVA), entidad gremial —precisó— inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, las que se llevarían a cabo el día 2 de diciembre de 2022.
En consecuencia, juzgó que se hallaban reunidos los requisitos genéricos de toda medida cautelar, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora; y, asimismo, los establecidos en el art. 52 y concordantes de la citada ley 23.551 para la procedencia de la medida solicitada.
II. La parte demandada deduce un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio conforme el art. 18 de la Constitución nacional, de propiedad, de igualdad, del debido proceso, la tutela judicial efectiva y legalidad; del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2022).
Afirma que en el caso no se encuentran cumplidos los requisitos que requiere la procedencia de la medida cautelar, lo que demuestra que la decisión de grado es arbitraria, irrazonable e infundada.
En lo fundamental, expresa que no surge ningún peligro en la demora, en tanto se observa que los derechos colectivos de los trabajadores se encuentran protegidos por los dos sindicatos inscriptos con personería gremial con ámbito de actuación en la planta de la empresa: el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA) y el Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio (SOIVA). Agrega que ninguno de sus empleados de la empresa se encuentra afiliado al SATIVA y que, a su vez, en la planta hay tres delegados, por lo que ya se encuentra excedido el mínimo que establece el art. 45 de la ley 23.551.
Por otro lado, alega que la empresa despidió con justa causa a Adrián Fabio Seoane, quien —alega— evitó ser notificado debidamente con el fin de comunicar en forma previa su candidatura.
Manifiesta que SATIVA es un sindicato simplemente inscripto, por lo que el actor, al no ocupar cargo alguno en una asociación sindical con personería gremial que le otorgue tutela sindical, carece de derecho alguno para encuadrarse dentro de los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 y pretender su reincorporación frente al despido.
Argumenta que la causa del despido dispuesto lo fue por avalar la presentación ante la autoridad administrativa del trabajo de documentación que contenía firmas falsificadas con la finalidad de constituir el sindicato y obtener un reconocimiento representativo basado en un engaño.
Adiciona que el tribunal de grado dictó una medida autosatisfactiva que altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un adelanto de jurisdicción, incompatible con la existencia de un proceso de conocimiento, y que evidencia una restricción de la garantía de defensa en juicio.
Asimismo, dice que, en relación con el pago de salarios, no resulta suficiente el carácter alimentario de la remuneración para obviar el tratamiento de otras facetas determinantes para la consideración de una medida de carácter innovativa.
III. A mérito de su insuficiencia, el recurso no ha de prosperar.
En efecto, de un lado, en el medio de impugnación emergen preponderantes argumentos que anidan en la valoración de cuestiones de hecho y prueba, cuando también en la interpretación del escrito de la demanda; así, el diseño de los embates remite a una labor por regla privativa del tribunal de trabajo y cuya revisión solo puede ser posible en esta Sede extraordinaria frente a la configuración del absurdo (causas L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023; L. 129.026, "Hondeville", resol. de 8-V-2023; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023 y L. 134.390, "Municipalidad", sent. de 19-II-2026). Sin embargo, la eventual presencia de tan excepcional vicio en aquella tarea axiológica del órgano jurisdiccional no ha sido denunciada por el recurrente.
Del otro, cuando el impugnante intenta emprender un análisis vinculado con la aplicación del derecho —más allá de la mención de algunos preceptos— no denuncia la concreta transgresión de norma legal alguna. Y al respecto, tiene dicho este Tribunal que el acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige que el recurrente indique con claridad las normas legales que habrían sido infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, sin que esta Corte pueda suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (causas L. 118.665, "Pampin", sent. de 6-XI-2019; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023 y L. 130.796, "Arenas", sent. de 1-IX-2025). Claro que no subsana tal deficiencia la denuncia de violación de normas constitucionales —o de tal rango—, porque la configuración de tal hipótesis sería eventual consecuencia de haberse infringido primeramente preceptos legales del asunto de que se trata (causas L. 112.368, "Quiroga", sent. de 16-IV-2014; L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerenses y otros", sent. de 29-VI-2020; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022 y L. 131.026, "Palacios", sent. de 2-X-2025).
Por lo demás, acudiendo a lo resuelto por esta Corte en las causas registradas como L. 84.980, "Galarza" (sent. de 19-III-2003) y L. 51.423, "Torres" (sent. de 17-VIII-1993), tampoco acredita el quejoso la supuesta violación de doctrina legal, pues —sin ingresar en otras reflexiones—, partiendo de que en tales precedentes la cuestión a resolver no tuvo conexión con un análisis enmarcado en la petición de una medida cautelar, no evidencia el recurrente que los escenarios de los precedentes cuyo cotejo reclama su agravio guarden la necesaria analogía con el propio de estas actuaciones.
Dable es agregar que no son hábiles en este contexto los fallos de la Corte nacional y de otros tribunales de justicia mencionados en la postulación desde que no constituyen doctrina legal (causas L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025).
En fin, las señaladas deficiencias técnicas cobran insalvable relevancia en el caso y conducen a desestimar el recurso.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2023) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2026 12:49:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2026 10:25:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:03:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2026 10:57:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2026 12:42:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/04/2026 22:18:57 hs. bajo el número RS-39-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia