Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128494
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.494, "Repartos Ya S.A. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la revisión intentada por Repartos Ya S.A. y confirmó la resolución administrativa pertinente, imponiéndole las costas en su carácter de vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-XI-2021).
Se interpusieron, por la empresa accionada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 9-XII-2021), los que fueron concedidos en la instancia de grado el 21 de diciembre de 2021 y luego declarados bien concedidos por esta Corte el 27 de febrero de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 13-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa destacar, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Repartos Ya S.A. contra la resolución 1.856/21 emitida por el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que en el marco del procedimiento previsto en la ley 10.149, le impuso una multa por infracción a los arts. 52, 128 y 140 de la ley 20.744; 7 de la ley 24.013; 27 de la ley 24.557 y 2 de la resolución 299/11 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y de las resoluciones 135/20 y 151/20 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-XI-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, Repartos Ya S.A. interpone recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 9-XII-2021).
Denuncia que el tribunal de origen incumplió con el mandato consagrado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues omitió tratar una cuestión esencial que fue sometida a su decisión, esto es "...la situación de las 8 personas respecto de las cuales se ha negado todo tipo de relación con ellas". Explica que, a tenor de esa negativa, no puede aplicarse respecto de dichos sujetos la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023 y L. 130.914, "Rodríguez", sent. de 26-XI-2025).
En la especie, el agravio traído resulta ajeno al indicado ámbito de actuación del medio de impugnación en análisis, toda vez que en él, lejos de evidenciarse la denunciada preterición de una cuestión esencial, se ventila una argumentación referida a la eventual configuración de un supuesto error de juzgamiento por parte del tribunal de la instancia a la hora de definir algunos de los controvertidos vínculos laborales del caso (causas L. 120.276, "Cancinos", sent. de 11-VII-2018; L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020 y L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Conforme da cuenta lo acompañado en autos y lo reseñado por el tribunal laboral, luego de realizar sendas inspecciones, la autoridad administrativa del trabajo provincial intimó a la empresa a presentar la documentación laboral exigida respecto de setenta y un repartidores en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo situada en la localidad de La Plata.
La requerida se presentó en el expediente y efectuó su descargo, poniendo a disposición cierta documentación e identificando a una única persona —de todas las relevadas— como empleado en relación de dependencia, entre otras consideraciones que allí realizó y que —se verá— hubo de reiterar.
Luego, la autoridad ministerial labró el acta de infracción y dispuso el auto de apertura del sumario. En ese contexto, la empresa volvió a presentar un descargo donde refirió que la documentación señalada como defectuosa ya había sido acompañada, que no existía infracción alguna por cuanto de las personas relevadas solo una era empleada suya, a la vez que desconoció la identidad de ocho de las personas indicadas en el acta como relevadas y aportó una lista de individuos vinculados a Repartos Ya S.A. como "profesionales independientes y autónomos".
Finalmente, encontrándose vencido el plazo establecido en el art. 59 de la ley 10.149, el funcionario laboral dispuso el cierre del sumario y, previo dictamen, dictó la resolución mencionada al abordar la cuestión anterior y por medio de la cual se impuso una multa a Repartos Ya S.A.
I.2. Esta última dedujo recurso de apelación, en los términos del art. 61 de la ley 10.149, la que fue rechazada por el tribunal de trabajo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-XI-2021).
II. Contra este pronunciamiento, la empresa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 33 y 109 de la Constitución nacional; 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 inc. "f" apartado 3 de la ley 19.549; 15 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 332, 354, 375 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 28, 34, 39, 41, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 54 de la ley 10.149; 108 del decreto 7.647/70; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 9-XII-2021).
II.1. Denuncia vulnerado el art. 54 de la ley 10.149, pues afirma que las actas de infracción labradas por la Administración, se encuentran viciadas de nulidad en razón de la forma en la que fueron redactadas, en tanto no se limitan a constatar o reflejar hechos objetivos, sino que dan por asumida la existencia de una relación laboral.
Opina que en el caso no se trata de un supuesto en el que la autoridad administrativa del trabajo encuentra un incumplimiento y lo sanciona, sino que se pretende establecer que toda una actividad económica no cumpliría con la legislación vigente. Alega que dicha definición no puede dejarse en manos de un funcionario administrativo, sino que debe resolverse en un proceso judicial dotado de las garantías que señala.
Señala que el instrumento administrativo labrado por el oficial público no puede dar fe de la veracidad de manifestaciones unilaterales.
A su vez, afirma que, si bien el administrado debe probar el sustento de su defensa, ello no libera a la Administración de la obligación de demostrar fehacientemente los cargos que formula.
II.2. Sostiene que en la sentencia en crisis se han aplicado erróneamente los arts. 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que en la especie es evidente que no existe relación de dependencia entre los repartidores y Repartos Ya S.A.
Con apoyo en jurisprudencia de esta Corte, argumenta que para que se aplique la presunción del art. 23 de la citada ley laboral, no basta con demostrar la prestación de servicios, sino que debe acreditarse que estos fueron realizados bajo la dependencia de otro, algo que —asevera— no aconteció.
Por otro lado, plantea que la presunción legal se encuentra establecida exclusivamente en favor de los trabajadores, y que no puede aplicarse cuando es un ente administrativo el que debe decidir la existencia de un contrato de trabajo, más todavía si se trata de la aplicación de un derecho sancionatorio.
Agrega que, cuando el Ministerio se encuentra frente a una duda en los hechos que inspecciona, su resolución debe ser favorable al administrado, respetando el principio de inocencia.
Entre otras consideraciones, advierte que en la causa "Cairone" la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la existencia de vínculos laborales en relaciones de características autónomas. A su vez, menciona los criterios adoptados por distintos organismos de diferentes países en el marco de actividades análogas a las de la empresa aquí sancionada.
II.3. Alega que el tribunal actuante, al realizar una absurda inversión de la carga probatoria aplicó erróneamente el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y vulneró la doctrina legal que menciona.
En el punto, expresa que existen ocho personas relevadas sobre las cuales la empresa negó todo tipo de vinculación, por lo que no le correspondía a su parte acreditar la inexistencia de la relación laboral respecto de ellas.
II.4. Tacha a la sentencia de grado de absurda y arbitraria por no haber respetado la jerarquía de las normas vigentes, en tanto subraya que el Ministerio de Trabajo carece de facultades para determinar si existe relación de dependencia, potestad atribuida a los jueces y que deriva del principio de división de poderes y de la forma republicana de gobierno.
Asimismo, tras criticar tanto a la decisión administrativa como al pronunciamiento del tribunal de trabajo, en sustancia afirma que la empresa se ve imposibilitada de obtener una debida revisión en una segunda instancia.
Reitera que la determinación de la supuesta existencia de relación de dependencia efectuada requiere un análisis jurídico y un marco de debate que excede al accionar de la autoridad de aplicación, cuyo ámbito no otorga al administrado la amplitud de prueba y garantías necesarias.
II.5. Entiende que, a partir de una mera manifestación dogmática, el tribunal laboral omitió considerar los argumentos de los agravios vertidos en el recurso de apelación y no expuso cálculo ni fundamento alguno que demuestre la corrección de la multa objetada.
Asimismo, entre otras manifestaciones, en virtud de las razones que detalla, alega que se encuentra vulnerado el principio non bis in idem, como consecuencia de haber sido sancionada la empresa en reiteradas oportunidades por el mismo hecho.
II.6. Les endilga a los magistrados de trabajo haber soslayado el análisis referido a la "tacha de nulidad" efectuada al procedimiento administrativo.
Aquí, observa que en su resolución la autoridad ministerial utilizó hechos no probados y falsos como fundamento.
Recalca que la cartera del trabajo provincial no posee competencia para calificar la naturaleza laboral de una vinculación cuya definición legal se encuentra en tratamiento del Congreso de la Nación. Sobre esos lindes, manifiesta que no es posible sancionar a Repartos YA S.A. por la inobservancia de una disposición que no existe.
Advierte que en el pronunciamiento de grado se citan fallos que no han quedado firmes, que han sido revocados en instancias superiores o que no dirimen la cuestión de fondo ya que trata de medidas cautelares.
II.7. Por último, invoca la configuración en el caso de gravedad institucional, argumentando que la situación de autos se podría reiterar con nuevas multas millonarias que no podrían ser afrontadas, afectando a toda la actividad y las personas que se desempeñan en ella.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En razón de su insuficiencia, no es de recibo el agravio inaugural.
III.1.a. En lo que ocupa narrar, al analizar los agravios referidos a los vicios de nulidad que según la apelante se encontrarían presentes en la resolución administrativa, el tribunal laboral comenzó por destacar que esta fue dictada dentro del marco de legalidad, observándose el procedimiento regido por los arts. 40 y 42 de la ley 10.149 en lo vinculado con el servicio de inspección y vigilancia de la autoridad administrativa, sin que se advierta vulnerado el principio de razonabilidad.
Ponderando las actuaciones administrativas, dijo que conforme lo establecido en el art. 54 de la referida ley los hechos que dieron lugar a la sanción y que quedaron registrados en el acta de infracción, sirven de acusación, prueba de cargo y hacen plena fe mientras no se pruebe lo contrario, circunstancia esta última que —resaltó— el apelante no logró cumplir, pues no produjo prueba alguna útil para desvirtuar lo actuado por la Administración.
Concluyó así, en que, dictada la sanción en el marco de facultades constitucionales y legales propias, y siguiendo el procedimiento aplicable (arts. 121, Const. nac. y 39, Const. prov.; leyes 13.175 y 10.149), no se evidenciaba ningún vicio que justificara decretar la nulidad de la resolución recurrida, por lo que correspondía rechazar lo solicitado en la apelación.
III.1.b. De la reseña realizada se colige que las conclusiones expuestas en este segmento del pronunciamiento de grado no logran ser conmovidas por el recurrente.
Debe recordarse que el eventual acogimiento del recurso extraordinario se encuentra condicionado a la comprobación de su suficiencia técnica. Ello exige la elaboración de una crítica, razonada y precisa, que abarque los fundamentos del pronunciamiento atacado y que apunte a la totalidad de las normas en que aquel se apoya. En definitiva, el recurso debe bastarse a sí mismo (conf. causas L. 92.657, "Zito", sent. de 4-XI-2009 y L. 100.690, "Fernández", sent. de 17-VIII-2011).
En el punto, el impugnante se limita a exponer su discrepante opinión acerca del temperamento adoptado por el juzgador de origen, y en ese cometido, prescinde formular un ataque certero y eficaz, desatendiendo la línea reflexiva trazada por el judicante para confirmar la validez de la decisión administrativa. Dicha técnica reiteradamente ha sido tachada como infructuosa para transitar con éxito ante esta Sede extraordinaria (causas L. 120.917, "Chávez", sent. de 27-VII-2020; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 130.006, "Calafate", sent. de 15-IV-2025).
Y no ha de omitirse que además, hallándose sustentada esta parcela del pronunciamiento en la interpretación que llevó a cabo el tribunal del trabajo del contenido del descargo realizado en sede administrativa, así como en la valoración de las actas de relevamiento y los actos realizados durante el proceso administrativo, para abastecer el recaudo de suficiencia del recurso, el interesado debió denunciar concretamente y evidenciar la eventual configuración del vicio de absurdo en la tarea axiológica desplegada por dicho órgano jurisdiccional, carga que en este tramo de la impugnación no ha sido satisfecha.
III.2. Luego, y alterando en su abordaje por razones de método el orden en que han sido propuestos los agravios, han de abordarse —a tenor de su vinculación— los descriptos en los puntos II.2., II.4. y II.6 de la presente.
III.2.a. Al analizar el planteo vinculado con la potestad de la autoridad administrativa del trabajo provincial para interpretar y aplicar textos legales y determinar la naturaleza de la relación existente entre Repartos YA S.A. y las personas relevadas en las inspecciones llevadas a cabo, el a quo comenzó por reseñar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.1792.XLII "Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo" (sent. de 24-II-2009), destacando que en dicho precedente hubo de afirmarse que la atribución de comprobar y sancionar infracciones laborales implica el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte del organismo administrativo que actúa como autoridad de aplicación, cuyas decisiones se encuentran sujetas al control posterior del tribunal de justicia, quien decidirá en definitiva sobre la legalidad o razonabilidad de lo resuelto.
A la par, puso de relieve que el art. 39.1 de la Constitución bonaerense obliga al estado provincial a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral.
Bajo esas consideraciones desestimó el cuestionamiento apuntado e ingresó —citando el art. 61 de la ley 10.149— a ponderar el acierto de lo resuelto en la instancia administrativa.
Explicó que en el recurso de apelación deducido la empresa hubo de señalar que "...salvo uno, cuyo contrato de trabajo subordinado estaba reconocido, y otros puntualmente negados...", el único vínculo entre ella y los repartidores relevados era un contrato de locación de servicios, de naturaleza comercial. Complementó su estudio indicando que entonces la apelante, más allá de sostener lo contrario en algún pasaje de su defensa, hubo de admitir "la prestación de servicios por parte de los repartidores a quienes se vincula mediante un contrato comercial -que adjuntó como prueba instrumental-, mediante los cuales desarrolla su objeto de explotación" (v. sent., pronunciamiento págs. 12/13).
En ese marco, expuso que en virtud de lo que prescriben los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial, recaía sobre la empresa la carga de demostrar el carácter no laboral de la vinculación que reconoció haber mantenido con los repartidores acreditando la falta de concurrencia de las restantes notas que tipifican al contrato de trabajo y las características de la relación por ella invocada, imperativo que —expresó— no había cumplido.
Dijo que, tal como se había señalado en la resolución administrativa, la sumariada si bien ofreció en aquella instancia diversos medios de prueba, no obstante encontrarse a su cargo, no la produjo, ello a excepción de la documental agregada inicialmente.
A juicio del tribunal, no desvirtuada entonces la presunción de laboralidad, ello resultaba suficiente para denegar la apelación deducida y ratificar la decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por la cual declaró que los vínculos existentes entre Repartos Ya S.A. y los repartidores relevados en los procedimientos de inspección, debían reputarse celebrados en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, deviniendo ajustada a derecho la sanción impuesta a la empresa recurrente (v. pronunciamiento, págs. 13/14).
No obstante, "a mayor argumento" desplegó sendos fundamentos con los cuales corroboró el acierto de la decisión administrativa, en tanto valoró que acontecieron en el caso las notas tipificantes del contrato de trabajo según su mirada de las actas de inspección y de las constancias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Así, fue concluyente al expresar que advertía motivos razonables para concluir que los vínculos habidos entre Repartos Ya S.A. y los trabajadores relevados (aquí hizo una distinción expresando: "al menos respecto de los 62 repartidores respecto de los que admite relación") no resulten regidos por la norma del art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo indudable el carácter de empleador de la empresa (v. págs. 14/15).
Con todo, rechazó el agravio y confirmó la decisión del Ministerio de Trabajo.
III.2.b. Sin perjuicio de lo que en el punto seguido habrá de establecerse en su vinculación con algunas de las personas relevadas en las actas administrativas, los embates pertinentes deben ser rechazados.
III.2.b.i. Tampoco aquí el interesado ha cumplido la carga de dotar al recurso de una adecuada fundamentación, pues no solo no se ocupa de rebatir los argumentos
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