Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132351
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.351, "Terraneo, Oscar Enzo contra Autopistas de Buenos Aires S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 23-X-2023).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos de apelación y extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2023), habiendo sido concedido por el órgano de grado solo el segundo (v. pronunciamientos electrónicos de fecha 22-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de grado rechazó la parcela de la demanda promovida por el señor Oscar Enzo Terraneo contra Coviares S.A. y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en la que pretendía el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas contempladas en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo y el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, entre otros rubros (v. sent. de fecha 23-X-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor prestó tareas para la codemandada Coviares S.A. hasta el día 11 de julio de 2013, cuando ésta era titular de la concesión del servicio de construcción, mejora, reparación, conservación, mantenimiento, administración y explotación de la Autopista Buenos Aires - La Plata en el marco de un contrato de concesión que fue rescindido mediante decreto 419 de fecha 2 de julio de 2013. Precisó, que el vínculo laboral se extinguió con motivo del despido en el que se colocó el señor Terraneo mediante telegrama impuesto y entregado el día 20 de febrero de 2014, en el que invocó que la empleadora no lo había restituido en sus tareas ni abonado los salarios correspondientes.
Por otro lado, destacó que no se comprobó que entre el accionante y la codemandada AUBASA existiera un vínculo laboral, ni que el actor hubiera prestado tareas bajo su dependencia desde el 11 de julio de 2013 en adelante.
Al valorar la injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, juzgó que la parte actora no había acreditado la autenticidad, envío y recepción de la comunicación telegráfica que —en copia simple— adjuntó a su demanda, y a través de la cual habría intimado a su empleadora a que fije su situación laboral, garantice ocupación efectiva y abone salarios desde el 1 de julio de 2013 en adelante, así como tampoco el presunto rechazo del despacho por parte de Coviares S.A.
A partir de ello, concluyó que el distracto así dispuesto, devenía intempestivo e injustificado, por lo que rechazó las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, así como los conceptos reclamados con sustento en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013. Desestimó también el reclamo introducido contra AUBASA en el marco del art. 8 de la ley 24.013, por cuanto —reiteró— el actor no acreditó que se haya vinculado por un contrato de trabajo no registrado con la mencionada sociedad.
Seguidamente, analizó si se configuraba la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Consideró aquí, que, si bien en el supuesto de transmisiones empresariales desde el sector privado hacia el sector público no resultaba aplicable el régimen previsto en el art. 225 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, en la especie, la normativa que reguló la transmisión en cuestión hubo de prever una solución distinta, pues AUBASA se había obligado a mantener a una importante cantidad de trabajadores en las mismas condiciones laborales que tenían con la empresa Coviares S.A., "sin tener en cuenta" al trabajador Terraneo, conducta que reputó contraria a lo dispuesto por el art. 9 del decreto 419/13.
Sin embargo, estimó que, dadas las especiales circunstancias del caso, lo expuesto no modificaba la valoración y solución propuesta referida a la ruptura del vínculo laboral del accionante con la codemandada Coviares S.A.
Finalmente, con sustento en los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenó solidariamente a AUBASA al pago de rubros salariales adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones y días trabajados, obligaciones del transmitente —dijo— subsistentes al tiempo de la transferencia.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16 de la Constitución provincial; 81 y "225 a 288" de la Ley de Contrato de Trabajo y del decreto 419/13 (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2023).
En sustancia, objeta el rechazo del reclamo fundado en el despido y dirigido contra la coaccionada AUBASA, ya que entiende que el a quo consideró erróneamente que "el Fisco de la Provincia de Buenos Aires" no se encuentra alcanzado por las previsiones de los arts. 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, normativa que —según postula— le es aplicable, al igual que lo dispuesto por el art. 81 del mismo cuerpo legal.
En tal sentido, alega que el sentenciante "parece desconocer" lo establecido en el art. 9 del decreto 419/13 así como en la resolución 464/13 del Ministerio de Infraestructura, que reconocen que AUBASA debía incorporar a la totalidad del personal afectado a la autopista.
Cuestiona la conclusión del órgano de grado que estimó que su parte no acreditó la existencia del vínculo laboral con la mencionada accionada, cuando sostiene que conforme lo expuesto en la demanda, se reclamó que aquella, encontrándose legalmente obligada a hacerlo, no ofreció un contrato de trabajo al actor, sin fundar razonablemente dicha decisión.
Argumenta que la decisión carece de sustento y resulta incongruente al rechazar el reclamo de las indemnizaciones por despido, y luego condenar solidariamente a AUBASA a abonar los rubros salariales por los que también condenó a Coviares S.A.
Desde otroángulo, aduce que probado que AUBASA recibió la intimación cursada por el señor Terraneo para que se le otorgasen tareas y que la rechazó injustificadamente, siguiendo el propio razonamiento del sentenciante en orden a la aplicación de los arts. 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, "resulta responsable per se de la extinción del contrato de trabajo del actor por justa causa" (rec., pág. 9), debiendo ser condenada a abonar todas las indemnizaciones y rubros reclamados en la demanda.
Por último, denuncia pronunciamientos de otros órganos de grado, solicitando se unifique el criterio jurisprudencial sobre la cuestión abordada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Dable es recordar, que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 131.681, "Gaspari", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
III.2. Dicho ello, puede observarse que los argumentos que trae el impugnante lucen insuficientes para conmover lo resuelto en la instancia (art. 279, CPCC).
III.2.a. En su discurso, el recurrente pone de resalto que el sentenciante "parece desconocer" lo establecido en el art. 9 del decreto 419/13, sin embargo, dicha norma fue objeto de expresa ponderación en la sentencia que se cuestiona, en un marco de análisis en el que tampoco fueron soslayados los preceptos que contiene la Ley de Contrato de Trabajo en materia de transferencia del establecimiento que también son mencionados en la impugnación.
Y siempre ceñidos al razonamiento plasmado en la decisión en crisis, no se avizora en las críticas traídas una réplica frontal y eficaz contra aquella cardinal conclusión del pronunciamiento en la que, todavía de ponderar la responsabilidad endilgada a AUBASA en aquel contexto normativo, se arribó a la solución objetada valorando las circunstancias del caso, concretamente, lo juzgado en lo relativo a la extinción del vínculo laboral del actor con Coviares S.A.
Estas consideraciones dejan al descubierto la falta de potencia del medio de impugnación (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor", sent. de 8-II-2021; L. 124.690, "FATE S.A.I.C.I.", sent. de 26-IV-2022 y L. 127.789, "De Morra", sent. de 30-IV-2024).
III.2.b. Sin perjuicio de lo aquí señalado, otros segmentos de la impugnación confluyen remarcando la falta de aptitud del recurso anunciada.
Puede verse que en la construcción de los motivos que expone, el quejoso afirma que el tribunal de grado habría sostenido que en el caso se trataría de "dos concesiones diferentes", cuando no se constata tal definición en el fallo, siendo que aquella expresión fue incorporada en veredicto dentro de una transcripción de lo que habría informado el Ministerio de Infraestructura provincial en el expediente administrativo agregado en autos (v. respuesta a la tercera cuestión allí planteada). Con lo indicado, no puede obviarse que en este segmento del recurso se le endilga al fallo una supuesta contradicción, pero no se ha denunciado la eventual configuración del vicio del absurdo, carga de insoslayable ejecución en este tipo de planteos (entre muchos: doctr. del precedente L. 46.573, "Lagares", sent. de 20-VIII-1991), sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio las omisiones en que incurre la parte interesada (causas L. 122.611, "Funaro", sent. de 20-VII-2020; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 130.010, "Pérez", sent. de 17-IX-2025).
Continuando, se avizora que la crítica asimismo pretende encontrar sostén en aquella afirmación en la que el quejoso pone el acento en que el actor habría intimado a la empresa AUBASA a otorgarle tareas, requisitoria que habría sido rechazada injustificadamente. Ahora bien, tal relato, ignora ostensiblemente lo resuelto en el veredicto, donde el a quo expresamente juzgó que no hubo de acreditarse la autenticidad, envío y recepción de las piezas postales respectivas (v. vered., respuesta a la cuarta cuestión).
La argumentación, entonces, transita por carriles propios y se desentiende de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado, proceder que en reiteradas ocasiones ha sido tachado de infructuoso por este Tribunal (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023 y L. 131.343, "Fratelli Branca Destilerías S.A.", sent. de 15-IV-2025).
Restaría señalar que en nada le agrega vigor al embate lo argumentado con sostén en pronunciamientos emanados de otros órganos de grado, excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024 y L. 130.458, "Brandoni", sent. de 2-XII-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2026 14:38:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2026 11:58:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2026 15:09:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2026 18:31:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2026 08:19:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/04/2026 11:10:22 hs. bajo el número RS-41-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia