Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132485
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.485, "Gutiérrez Enrique Alejandro contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente In-Itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 22-XII-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Enrique Alejandro Gutiérrez y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias derivadas de la prestación contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. vered. y sent. de fecha 22-XII-2023).
Para así resolver, juzgó acreditado en el veredicto que, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 1 de enero de 2014 el actor padece una limitación funcional de rodilla, del codo, fractura de hueso de nariz con desplazamiento hacia izquierda y RVAN grado II que —juntamente— le provocan una minusvalía parcial y permanente del 46,68% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación.
Seguidamente, con arreglo a lo informado por la empleadora en la presentación de fecha 20 de octubre de 2020 al responder el oficio librado en autos, fijó el valor mensual del ingreso base en la suma de $5.473, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por el señor Gutiérrez en el año anterior a la fecha del infortunio, aplicando la fórmula prevista en el art. 12 de la ley 24.557, vigente al momento del accidente (v. vered., pág. 2).
Asimismo, tuvo por probado que Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo abonó al actor la suma de $125.517,60 el día 28 de enero de 2016 (v. vered., pág. 5).
Ya en la sentencia, en lo concerniente a la pretensión de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, sostuvo que se trataba de un planteo genérico. Señaló, asimismo, que la prestación dineraria contemplada en dicha norma establece un sistema tarifado de prestaciones que incluye —entre otros aspectos— el método de cálculo correspondiente.
En ese marco, consideró que la determinación del ingreso base no resultaba inconstitucional en el caso, dado que una de las características propias de las indemnizaciones tarifadas es la existencia de pautas objetivas para su cálculo, las cuales operan como límites en la fijación de los montos indemnizatorios.
Por lo demás, tuvo en consideración que el accionante no acreditó el salario efectivamente percibido, el que —agregó— no sería un parámetro válido por tratarse de una remuneración posterior al accidente.
Con tales argumentos, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del señalado dispositivo normativo.
Definido ello, y en orden al porcentaje de incapacidad atribuido, tras juzgar que el reclamo debía encuadrarse en los términos del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, efectuó la liquidación correspondiente a la que le dedujo la suma ya cobrada, condenando a la aseguradora al pago del monto resultante ($149.522,20).
Finalmente, al monto así obtenido le adicionó intereses desde el origen del crédito (1-I-2014), conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia para operaciones electrónicas (BIP).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de lo dispuesto en los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los principios de equidad y de progresividad de los derechos sociales y la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2024).
II.1. En primer lugar, manifiesta que la decisión del tribunal de grado contradice la doctrina legal vigente.
En este sentido, objeta el fallo en tanto no consideró la prestación reclamada como una deuda de valor y estableció la indemnización aplicando una tarifa fija sin considerar la depreciación monetaria y la evolución del salario.
II.2. En otro orden, objeta el ingreso base que el sentenciante juzgó de aplicación.
II.2.a. Con denuncia de absurdo en la interpretación de las pruebas, afirma, de un lado, que el tribunal dogmáticamente juzgó no acreditado el salario percibido y; del otro, que incurrió en una evidente contradicción al efectuar la liquidación sin declarar la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando —asegura— concluyó en su invalidez en el resolutorio del fallo.
II.2.b. Asimismo, denuncia que el tribunal de grado violó la doctrina legal sentada en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021). Insiste en que cometió un error al sostener que la determinación del ingreso base no resulta inconstitucional en el caso, bajo el argumento de que las indemnizaciones tarifadas se rigen por pautas objetivas de cálculo que, por su propia naturaleza, imponen límites en la cuantificación de los montos indemnizatorios.
II.3. Por último, alega que la tasa aplicada por el juzgador de grado no compensa adecuadamente el daño ni el proceso inflacionario sufrido durante casi una década de litigio. Sostiene que se vulnera el derecho de propiedad, el principio de no dañar, y el derecho a una indemnización justa. Invoca precedentes de esta Corte que considera violados.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso—, al considerar que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 4-III-2024).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; L. 130.290, "Sauro,", sent. de 30-XII-2025; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —de aplicación en la especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, corresponde rechazar las objeciones de la parte actora contra la decisión de grado que desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348).
III.2.a. Liminarmente, y en atención a las particulares circunstancias de la causa, cabe inicialmente recordar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, se advierte que el interesado no refuta idóneamente las razones sobre las cuales se estructuró la decisión objetada.
En efecto y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto sustancial de la solución adoptada, el compareciente no se hace cargo de rebatir eficazmente los argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido (causas L. 118.832, "Zacarías", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022; L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.), afincados —en lo sustancial— en la extrema generalidad que porta el planteo de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 introducido en la demanda; y en la afirmación de que la existencia de pautas objetivas para el cálculo del ingreso base constituye una característica propia de las indemnizaciones tarifadas, que operan como límites en la fijación de los montos indemnizatorios.
Lejos de ello, solo se limita a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en la sentencia, afirmándose en la existencia de legislación y doctrina legal que permiten mejorar la tarifa cuando la misma resulta depreciada, sin lograr desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el juzgador.
Luego, se advierte con nitidez que las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el tribunal de grado, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento impugnado.
Es que esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023; L. 131.682, "Ramos", sent. de 15-XII-2025; e.o.).
III.2.b. Asimismo, para mayor satisfacción del recurrente, se advierte que la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta atendible.
Ello así, toda vez que, de la lectura de los términos de la pretensión, de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa, no es posible advertir la concurrencia de las condiciones que hubieron de aplicarse en dicho precedente para declarar la invalidez constitucional del citado art. 12 en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024), que, para más, presenta connotaciones diferentes a las propias del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.133, "Cardozo", sent. de 12-II-2026; e.o.).
III.3. Por otro lado, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar los demás agravios en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable a la fecha de la interposición del recurso.
III.3.a. En lo concerniente al reproche reseñado en el apartado II.2.a., lo cierto es que el impugnante no consigue evidenciar la hipótesis de violación de doctrina legal, puesto que se limita a cuestionar, por conducto de la denuncia de configuración del vicio de absurdo, la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal de grado y la supuesta contradicción en que habría incurrido.
En este sentido, ha declarado esta Suprema Corte que no se verifica el supuesto de excepción previsto en la citada norma del régimen procesal laboral, cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas o bien cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador de origen (causas L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 126.944, "C., H. D.", sent. de 27-VI-2023; L. 128.641, "La Campagnola Saci", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
Por otro lado, y aun soslayando el limitado canal de análisis en que el recurso es concedido en esta parcela, no puede dejar de considerarse el yerro en que incurrió el recurrente al denunciar una presunta contradicción en el fallo, desde que su sola lectura da cuenta que no evidenció el discurso pendular que se le atribuye (v. sent., pág. 14).
III.3.b. Tampoco es de recibo el agravio por el que pretende la utilización de la teoría de las deudas de valor, por aplicación de los precedentes de esta Corte que individualiza, en tanto fueron elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis, revelando nuevamente la ineficacia de la técnica recursiva (causas L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020; L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021 y L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024).
Por lo demás, corresponde recordar que la mención de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como de otros tribunales de justicia, y la opinión de los autores, no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, en tanto, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
III.3.c. Finalmente, con relación a la última crítica que porta el medio de impugnación —un tanto confusa, por cierto, en su formulación—, debo indicar que el precedente registrado como L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020) que invoca el quejoso no resulta idóneo a los fines pretendidos, toda vez que en dicha causa esta Corte no estableció doctrina legal, limitándose únicamente a desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de juzgarlo inadmisible, pues, abordado en el estrecho marco de la excepción prevista en el aludido art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso—, no se constató transgresión de la doctrina legal allí denunciada (causa L. 127.149, "Gerzel", sent. de 19-XII-2022).
En cuanto al precedente C. 120.103, "D.E.M." (sent. de 29-VIII-2017) que se menciona, se avizora que ha sido elaborado sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el presente caso, lo que nuevamente revela lo infructuoso del medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; L. 130.938, "Petro", sent. de 19-XII-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguida colega doctora Kogan en su sufragio, el medio extraordinario de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el acotado marco de conocimiento al que alude el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
La función revisora, entonces, queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
No obsta a lo señalado, que en el recurso se cuestione el rechazo dispuesto por el a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto ello no ha sido esgrimido por el recurrente con argumentos tendientes a evidenciar la eventual presencia de un motivo que —fuera de la excepción prevista en la norma procesal laboral— permita dejar de lado el recaudo de admisibilidad fundado en el valor del agravio.
I.2. Bajo dicho marco de revisión, y en lo tocante a la referida desestimación de aquel planteo de inconstitucionalidad que porta el pronunciamiento de grado, coincido con lo expuesto por la ponente en cuanto pone de relieve la falta de idoneidad de la denuncia pergeñada con sustento en el precedente L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), ello, en tanto el quejoso no evidencia que lo juzgado en el citado precedente lo haya sido en el marco de un escenario análogo al del sub examine (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021).
I.3. Finalmente, adhiero a lo señalado en los distintos pasajes del punto III.3. del sufragio inaugural.
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.