Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127690
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.690, "Ovejero, Marco Damián contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Mancini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 17-V-2021).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 3-VI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda promovida por Marco Damián Ovejero y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 y la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" del mismo cuerpo legal, ello, en razón de la incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 60% derivada del accidente in itinere sufrido por el trabajador el día 29 de diciembre de 2016 (v. pronunciamiento de fecha 26-IV-2021).
En lo que interesa, en su pronunciamiento, al cuantificar las prestaciones el juzgador de grado "actualizó" el importe del ingreso base mensual conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), aplicando el art. 12 inc. 1 de la ley 24.557 según el texto establecido por el decreto 669/19. A continuación, incrementó aquella cifra con el empleo de las reglas del art. 12 inc. 2 del referido decreto.
Seguidamente, teniendo en cuenta el valor del ingreso base finalmente fijado, el porcentaje de incapacidad indicado y la fecha en que el trabajador podría acceder al beneficio jubilatorio, cuantificó el importe que le correspondía percibir de acuerdo a las pautas que —según refirió— surgen del citado art. 14 inc. 2 apartado "b" de la mencionada ley, agregando la compensación adicional prevista en el ya citado art. 11 inc. 4 apartado "a" de la ley 24.557.
Finalmente, por conducto de lo dispuesto en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 según el decreto 669/19 dispuso que en caso de incumplimiento del pago de la sentencia debía aplicarse un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II. La aseguradora demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 375 de la Constitución provincial; 12 de la ley 24.557; de la ley 27.348; de los arts. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653; del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 3-VI-2021).
II.1. Sostiene que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 modifica el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo "pero en su reforma en oportunidad de la ley 27.348", resultando temporalmente inaplicable al presente caso, toda vez que la primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia la última ley mencionada. Vinculado con ello, relata que el art. 20 de la citada ley 27.348 se encuentra en vigor y dispone que la modificación prevista en el art. 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de dicha normativa.
Enfatiza que el decreto aplicado por el juzgador de grado no se hallaba vigente en oportunidad del acaecimiento del infortunio laboral.
A lo largo de este segmento, afirma que lo resuelto en la instancia transgrede —entre otros fallos— la jurisprudencia de la Corte de la Nación que emana de la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) y, a su vez, denuncia la violación de la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.2. Más allá de lo anterior, objeta la fórmula empleada por el juzgador de origen para arribar al monto indemnizatorio, pues dice que carece de fundamento y se aparta de la regla tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Refiere que, en virtud de la fecha del siniestro, la normativa aplicable es la ley 26.773 y el decreto reglamentario 472/14. Explica que este último, en su art. 2 inc. 2 establece que los damnificados por una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66%, percibirán una prestación de pago único calculada conforme la fórmula del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557. Por ello, denuncia que se equivocó el tribunal de grado cuando multiplicó el ingreso base mensual por la cantidad de meses que le restarían al actor para acceder a la jubilación.
Precisa que la prestación así es errónea, infundada y excesiva, constituyendo un enriquecimiento sin causa para el reclamante y una vulneración del derecho de propiedad de la demandada.
II.3. Finalmente, entendiendo que no corresponde aplicar en el caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19 sino la normativa vigente a la fecha del siniestro, afirma que deben calcularse intereses sobre el capital de condena desde la fecha de exigibilidad y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva digital "BIP" del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, de conformidad —según expone— a lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018); C. 114.137, "Ponce" (sent. de 21-IX-2009); L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X- 2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, cabe desestimar el embate emparentado con el ámbito de aplicación temporal del decreto de necesidad y urgencia 669/19. A tales fines, habré fundamentalmente de reproducir —en lo pertinente— las consideraciones que sobre dicho tópico he brindado en oportunidad de emitir mi voto en la causa L. 128.977, "Chocobar", sentencia de 13-III-2026.
III.1.a. Sostuve allí que el art. 1 del mentado decreto expresamente establece que su texto sustituye "...el artículo 12 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones". Tal técnica permite comprender que sus nuevas reglas han de alcanzar, no solo a la norma modificatoria que trajo la ley 27.348 en su art. 11, sino a su vez al original art. 12 de la ley 24.557. De suyo, tampoco se trata de un decreto reglamentario de la mentada ley 27.348, desde que siquiera es uno de los instrumentos previstos en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional, pues fue dictado —según en él se señala— en uso de las facultades emergentes del inc. 3 del mismo precepto constitucional.
De conformidad a la tajante definición, las modificaciones que trajo el decreto se aplican retroactivamente a casos, incluso, en los cuales la primera manifestación invalidante sea anterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348, legislación esta que sí recepta un modo distinto de aplicación en el tiempo, en tanto señala que la regulación pertinente "se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior" a su entrada en vigencia (art. 20, ley cit.).
Es que si el Poder Ejecutivo hubiese querido limitar en el tiempo la aplicación de la reforma que trajo la nueva herramienta fundada en razones de necesidad y urgencia, así lo hubiese hecho expresamente, con disímiles precisiones, como las insertas en otras normativas enlazadas a la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.1.b. Sentado lo anterior, la jurisprudencia que invoca el impugnante en apoyo de sus argumentos no coadyuva con su finalidad, en tanto no se conecta con las particularidades del presente caso.
Una muestra de ello es la cita que contiene el recurso de los precedentes emanados de la Corte federal "Lucca de Hoz" (CSJN Fallos: 333:1433, sent. de. 17-VIII-2010) y "Espósito" (CSJN Fallos: 339:781, sent. de 7-VI-2016) y de la sentencia dictada por este Tribunal en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), que se refieren a normas que no se identifican con el decreto analizado y cuyos contenidos no contaban con una disposición como la de este instrumento aplicado en el sub examine.
Además, como es sabido, excepción hecha de su presencia singular en algunas materias (v. gr. la penal) la irretroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional (causas L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004 y L. 86.489, "Hernandorena", sent. de 29-II-2012), y en la especie, dejando a un lado la invocación del art. 7 del Código Civil y Comercial que la admite, no queda margen para atender a la supuesta "afectación al derecho de propiedad" que —esgrime el quejoso— implicaría dejar firme la condena, formulada de modo genérico y tornando así inhábil el embate.
III.1.c. Lo hasta aquí señalado, conduce a desestimar este tramo del recurso.
III.1.d. Dable es precisar que no obsta a la definición que antecede, lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), donde a diferencia de lo que aquí acontece, esta Corte emprendió el análisis constitucional del referido decreto 669/19 a tenor de los argumentos que hubo de llevarle la parte agraviada con motivo de la sentencia recurrida que había declarado la inconstitucionalidad del instrumento, sin que en esa impugnación se hubiese cuestionado el modo —a pedido de parte o de oficio— con el que el a quo hubo de proceder a efectuar tal control.
Alejado de aquel escenario, en el sub examine la parte interesada no ha objetado la constitucionalidad del decreto, que ciertamente, entró a regir en la etapa probatoria del juicio (publicado en el Boletín Oficial el día 30 de septiembre de 2019), y no lo ha hecho ni en la instancia ni —todavía, aunque llevaría consigo la tacha de extemporaneidad— en oportunidad de elaborar sus cuestionamientos y volcarlos en el medio extraordinario de impugnación en análisis. Y es un dato patente, que conforme las posiciones de las partes, tampoco el tribunal laboral ingresó a analizar la validez del mentado decreto —lisa y llanamente aplicado— a la luz de las normas constitucionales.
III.1.d.i. He sostenido antes de ahora que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003; L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003; e.o.), con la posibilidad de garantizar la audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004; L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004; y L. 121.544, "Arce", sent. de 20-X-2021). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma —ultima ratio del orden jurídico conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435 (conf. dictamen del Procurador General, al que se remitió la Corte Suprema); 314:407; 326:2692; 327:831 e in re, "Berón", B.2216.XXXVIII, sentencia de 15-II-2005, estos tres últimos conforme dictamen del Procurador General al que se remitió la Corte nacional— sean decididas con el mayor grado de debate posible, con adecuada contradicción y en función de las posiciones sustentadas por las partes en el litigio.
Ahondando más en el proceder de la Corte nacional, aunque en el ámbito del recurso extraordinario federal, vale memorar que la carga de incorporación oportuna al proceso de una cuestión constitucional o federal a dirimir, comporta uno de los condicionantes para el tratamiento de ese medio de impugnación; siendo un recaudo que tradicionalmente la ha facultado a desechar todo cuestionamiento extemporáneamente deducido, resultado de una "reflexión tardía" (conf. CSJN Fallos: 179:5). Una muestra de ello puede verse en la propia sanción de su Acordada 4/07, que entre las condiciones que debe contener el recurso extraordinario federal, se encuentra la expresa referencia a la carga que tiene el recurrente de indicar la oportunidad y el modo en que hubo de introducirse la alegada cuestión federal (art. 3).
Recientemente, la Corte rechazó el planteo constitucional articulado contra una norma al valorar que "la sustancia del agravio" que remitía a la objeción a la constitucionalidad (en ese asunto se trataba del art. 30 de la ley 24.767) "...no coincidió con aquella esgrimida por la recurrente en ocasión de ser citada a juicio...". Si bien la cuestión había sido articulada —a diferencia de lo que se verifica en estos autos—, el Alto Tribunal se rehusó a abordarla por cuanto se fundaba en razones que no eran "idénticas ni similares a aquellas que fueron ensayadas en la etapa de citación a juicio" (v. in re "Requerido: Machado, Federico Andrés s/extradición". FGR 002609/2021/CS001, sent. de 7-X-2025 [suscripta por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti]).
Incluso, situándonos en el control de inconstitucionalidad de oficio de las normas, cuestión conectada con este caso, no puede soslayarse que en fechas no lejanas, al fallar en la causa "Perret" (CSJN Fallos: 347:178), el Alto Tribunal, en el considerando 27º del voto que representó su opinión mayoritaria, hubo de reafirmar que aquel examen debe realizarse "siempre y cuando se respete el principio de congruencia"; lo hizo, con expresa cita —entre otros— del conocido precedente "Rodríguez Pereyra" (CSJN Fallos: 335:2333). Y todavía, entiendo de significativa relevancia lo dicho ya en los sufragios disidentes emitidos en el caso en mención, donde —junto a aquella exigencia que anida en la invalidez "palmaria" de la norma en cada caso analizada— tajantemente se señaló que en el examen de constitucionalidad de oficio debe evitarse aquel control "sorpresivo", esto es, no precedido de un eventual debate entre los litigantes (cons. 5° de los votos de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
III.1.d.ii. En este litigio, como se ha señalado con anterioridad, no ha habido un planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuando, sin embargo, pudo haberse procurado incorporar al litigio ante el órgano de grado posibilitando de este modo su debida bilateralización con anterioridad al dictado del pronunciamiento de mérito.
Y si bien en determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno (v. mis votos— entre otras— en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015, L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 127.806, "Suárez", sent. de 1-VIII-2023), lo cierto es que las circunstancias relevadas impiden que esta Corte ingrese en otro camino de análisis.
III.2. En cambio, dejando de lado los aspectos vinculados con la aplicación de las reglas del decreto antes citado, le asiste razón al recurrente cuando cuestiona la fórmula que utilizó el tribunal de grado para calcular la prestación dineraria reconocida al trabajador.
III.2.a. Procede poner de relieve, que en su sentencia el tribunal de grado sostuvo que devenía abstracto expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto del art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 en cuanto regula el pago en forma de renta periódica, ello, atento la vigencia de la ley 26.773 que en su art. 17 inc. 1 dispone que las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias quedan transformadas en prestaciones de pago único.
Siempre en dicha pieza procesal, ingresó a determinar el importe de la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la citada Ley de Riesgos del Trabajo, lo hizo, expresando que habría de multiplicar el monto obtenido en función del ingreso base por el porcentaje de incapacidad, arrojando "...la suma de $43.391,33 por mes, desde la fecha en que adquirió carácter definitivo la incapacidad laboral permanente parcial (diciembre/16), hasta la fecha en que pudiera acogerse al beneficio jubilatorio", de este modo, teniendo en miras la edad del actor y que estaría en condiciones de acceder a aquel beneficio al cumplir 65 años, computó 41 años y 3 meses, es decir 495 meses, y concluyó multiplicando la suma de $43.391,33 x 495 meses, que arrojó el monto de $21.478.708,35 (v. sent., fs. 12 y 13).
III.2.b. Como se anticipó, cabe acoger favorablemente la objeción en la que se denuncia que al resolver de aquel modo el a quo se apartó de las pautas que fija el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 en su anexo de "reglamentación" de la ley 26.773.
Es que si se considera que el accidente de trabajo que sufrió el demandante se produjo el día 29 de diciembre de 2016 y que esa fue la fecha de la primera manifestación invalidante —algo que puede extraerse de la lectura armónica del propio pronunciamiento en crisis— es la mentada norma de aquel decreto la que resulta aplicable en este aspecto de la resolución de la contienda (conf. art. 3, dec. cit.).
Luego, debe recordarse que el precepto mencionado prescribe que los damnificados que resulten portadores de una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% —como el accionante— percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 conforme la limitación que se detalla.
Para más, no ha de soslayarse que la fórmula indicada se compadece con la utilizada por el propio actor en el escrito de demanda para calcular la indemnización oportunamente reclamada (v. fs. 17/18).
III.2.c. Con todo, y sin que ello implique juicio alguno sobre la validez de dicho precepto —que no ha objetado en la especie— no es dable soslayar sus prescripciones, atento a su vigencia.
En consecuencia, debe hacerse lugar a este fragmento del recurso, revocar lo resuelto en la sentencia de grado en el aspecto señalado, y ordenar que el tribunal de grado —nuevamente integrado— cuantifique el importe de la prestación correspondiente conforme las pautas de cálculo a la que remite la norma del decreto aplicable.
Lo señalado basta para rescindir este aspecto del pronunciamiento, sin que sea necesario avanzar en otras consideraciones.
III.3. Por último, no es de recibo el agravio relacionado con los intereses aplicados.
Es que el reproche, fundado en precedentes cuyas sentencias han recaído en casos distintos al presente, se encuentra estructurado sobre aquel otro razonamiento, al cabo desechado, por el que el impugnante entiende que no resulta aplicable en autos el decreto 669/19.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, casar la sentencia impugnada y proceder de conformidad con lo establecido en el punto III.2.c.
Costas de esta in
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