Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.773, "Guerra, Silvia Mónica contra Clínica Privada Neuropsiquiátrica San Carlos S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 21-V-2024 y 22-V-2024, respectivamente).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-VI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Silvia Mónica Guerra y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las sumas que determinó en concepto de prestación dineraria del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajera mientras cumplía tareas para su empleadora.
Juzgó, además, que el importe de condena devengaría intereses desde el día 22 de diciembre de 2016 —fecha de toma de conocimiento de la incapacidad— hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días según índices suministrados por esta Suprema Corte y el criterio fijado en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, 15, 31 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial; 768, 770, 772, 900 y 903 del Código Civil y Comercial de la nación; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 63 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Sostiene que el veredicto ha sido dictado vencidos los plazos contemplados en el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.
II.2. En otro orden, alega que el a quo omitió brindar tratamiento al planteo de actualización formulado en el escrito de demanda y, asimismo, a la solicitud efectuada en el escrito de fecha 22 de abril de 2024 para que se aplique en el caso el criterio plasmado por esta Corte en el precedente C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024).
Afirma que el íntegro soslayo de tales pretensiones configura una transgresión al principio de congruencia y su doctrina, como a los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y a la garantía de debido proceso legal.
Expresa que la decisión del tribunal de grado quebranta la doctrina legal sentada en la mencionada causa "Barrios", donde se estableció que reclamos como el de autos deben calificarse como deudas de valor y los montos establecidos indexados a valores actuales.
Denuncia vulnerada la doctrina emergente de las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), toda vez que —indica— el tribunal de grado no respetó el concepto de "deuda de valor", ya que, en el pronunciamiento que emitió en el año 2024, tomó como pauta para cuantificar los importes indemnizatorios a los salarios percibidos por la trabajadora en el año 2016.
Describe distintas variantes para repotenciar el crédito reconocido en la sentencia y peticiona, en concreto, que el capital de condena sea actualizado hasta el momento de su efectivo pago mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con más un interés del 6% anual.
Por último, para el supuesto de que se aplique el criterio de "deuda de valor", a los fines de realizar el cálculo indemnizatorio denuncia el salario básico de la categoría ayudante de cocina correspondiente al mes de mayo de 2024, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo que indica.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo la inicial y breve objeción que formula el interesado.
Si bien no es plausible que sea demorado por el tribunal de trabajo el dictado del veredicto, tal proceder no evidencia por sí solo la existencia de defectos del fallo de entidad tal como para configurar una hipótesis que conduzca a invalidar el pronunciamiento de grado (causas L. 111.216, "López", sent. de 18-IX-2013; L. 121.340, "Sánchez", resol. de 26-IX-2018; L. 125.513, "Junco", resol. de 14-XII-2020; L. 129.208, "Vanderstichel", sent. de 4-X-2022; e.o.).
III.2. Tampoco merecen favorable recepción los agravios que le atribuyen al a quo una omisión en el análisis de sendos planteos que le habría llevado la parte actora.
Es sabido que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, ni las relacionadas con la existencia de una incongruencia fundada en una eventual decisión citra petita, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 119.338, "Nieva", sent. de 13-III-2019; L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 26-V-2020; L. 123.943, "Reyes", sent. de 22-XI-2022; e.o.).
Y aun cuando en una hipótesis más favorable para el recurrente se pretendiese despojar a las cuestiones que se dicen preteridas de aquella esencialidad a la que alude el art. 168 de la Constitución local al contemplar una de las incorreciones propias de este último medio de impugnación (art. 296, CPCC), lo cierto es que, de todos modos, las críticas no serían idóneas al carecer de argumentos orientados a acreditar la eventual configuración del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos del proceso, como de la infracción de las normas que receptan al principio de congruencia, recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; L. 130.995, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025; e.o.).
III.3. Lo expuesto en el apartado anterior sella de modo adverso la suerte de la denuncia de transgresión de la doctrina emanada del citado precedente "Barrios", pues su reclamada aplicación se encuentra enlazada a una cuestión que no fue abordada en el pronunciamiento de grado y cuya crítica situada en su eventual preterición, se anticipó, luce ajena al presente recurso sin que se advierta la presencia de otros argumentos hábiles a los fines de dar andamiaje al planteo recursivo.
Este señalamiento da cuenta, a su vez, de que el recurrente no logra evidenciar que la doctrina que invoca haya sido elaborada sobre un escenario análogo al de estas actuaciones, defecto que refuerza su falta de aptitud (causas L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024 y L. 132.531, "Díaz Leuzzi", resol. de 12-V-2025).
III.4. Otro tanto cabe decir respecto del planteo que contiene el recurso para que el importe indemnizatorio sea cuantificado en base al salario actual de la trabajadora, acudiendo a la conceptualización de las "deudas de valor", y a la denuncia de transgresión de la doctrina que al respecto invoca.
Es que el recurrente estructura su discurso sobre una cuestión que —una vez más— no se observa tratada por el tribunal de la instancia, lo que obsta a que esta Corte pueda ingresar en el asunto al examinar el presente recurso de inaplicabilidad de ley, pues es sabido que su competencia revisora se encuentra circunscripta al contenido de la sentencia (causas L. 121.773, "Tacchetti", sent. de 6-V-2020; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 131.681, "Gaspari", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
Y en rigor, tampoco intenta evidenciar el quejoso —ello no se logra divisar— que los argumentos que ahora vuelca en el recurso en análisis, hayan sido llevados oportunamente ante el órgano de grado, circunstancia que lleva a reputarlos extemporáneos (causas L. 126.838, "Aguilera", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 11:02:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:19:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:51:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 14:34:14 hs. bajo el número RS-52-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia