Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132049
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.049, "Calo, Aldo Nicolás contra Transporte Ideal San Justo S.A. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 8-VI-2023 y sent. de fecha 13-VI-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Aldo Nicolás Calo —continuada luego de su fallecimiento por su cónyuge supérstite, Margarita Portillo, y sus hijos, Sabrina Elizabeth, Mauro Iván y Nicolas Dylan— y condenó a Transporte Ideal San Justo S.A. a abonar la suma que estimó en concepto de reparación integral como consecuencia de la incapacidad laboral; asimismo, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la indemnización prevista en la ley 24.557 (v. vered. de fecha 8-VI-2023 y sent. de fecha 13-VI-2023).
En lo que resulta de interés, al calcular la indemnización contemplada en la citada ley 24.557 consideró el ingreso base mensual del trabajador al mes de febrero de 2012, fecha en la que ubicó la "toma de conocimiento" de la dolencia que padece. Ya al determinar el resarcimiento del daño psicofísico en el marco de la reparación civil, empleó una fórmula que contuvo, entre otros datos, la mejor remuneración percibida por el accionante en el mes de noviembre de 2011 (v. sent., págs. 17/18).
Finalmente, y ponderando que la parte actora no había formulado un reclamo de manera "directa e individualizada a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil" sostuvo que esta última debía ser condenada al pago de la indemnización por enfermedad en los términos y alcances de la ley 24.557 (v. sent., pág. 21).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 512, 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 5 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 163 incs. 3 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 29, 44 incs. "d" y "e" y 47 de la ley 11.653; 4 y 31 del decreto 170/96; 12 inc. 2 de la ley 24.557; 3 del decreto 669/19; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2023).
II.1. Sostiene que el juzgador de grado interpretó equívocamente el escrito de inicio al afirmar que el accionante no reclamó de manera individualizada y directa que se condene civilmente a la firma aseguradora, pues en su criterio, tal pretensión surge del contenido de dicha pieza procesal, e incluso, de la actuación procesal y defensas esgrimidas por la referida codemandada.
Aquí, aduce vulnerados los principios de congruencia, de preclusión procesal y de legalidad conforme la jurisprudencia que cita.
II.2. Por otro lado, bajo la denuncia de absurdo, objeta la cuantificación de los montos indemnizatorios.
II.2.a. Respecto de la condena establecida en concepto de reparación integral, señala que para estimar el daño material el sentenciante se limitó a aplicar una fórmula matemática, soslayando ponderar ciertas circunstancias particulares del trabajador, alejándose de este modo del principio de reparación plena consagrado en los arts. 1.069 y 1.083 del Código velezano.
Asimismo, luego de transcribir varios pasajes de la sentencia dictada por esta Corte en la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), cuestiona que al computar el resarcimiento del daño patrimonial se haya considerado la remuneración que percibía el actor al momento de la toma de conocimiento de su enfermedad y no aquella devengada al mes de agosto de 2023.
Aduce que, en similar sentido, resulta transgredida la doctrina legal de las causas L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020) y C. 123.271, "Brizuela" (sent. de 31-III-2021), esta última —refiere— respecto al daño moral.
II.2.b. Luego, en lo vinculado con la indemnización situada en la Ley de Riesgos del Trabajo, manifiesta que lo resuelto vulnera la doctrina de esta Corte sentada en los precedentes L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
En este pasaje, critica la forma de cómputo del ingreso base mensual según lo regula el art. 12 de la ley 24.557 en su versión vigente al mes de febrero de 2012, ya que alega que no contempla el precepto ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, afirmando que —tal como sucede con la reparación integral—, se trata de una "deuda de valor".
En este contexto, destaca que de comparar el salario del trabajador devengado al mes de agosto de 2023 o el salario mínimo, vital y móvil a esa fecha, el módulo salarial tomado por el juzgador refleja un grosero desajuste de la realidad y pulveriza el guarismo resarcitorio.
Concluye que el tribunal actuante debió decretar de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y calcular el resarcimiento sistémico a valores actuales de conformidad con la doctrina antes citada.
Finalmente, se agravia de la falta de aplicación de las pautas de actualización del ingreso base previstas en el decreto 669/19.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio —se dijo— no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 5-IV-2024).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
No obsta a lo señalado, la escueta manifestación que la interesada efectúa en torno a que el órgano actuante debió decretar de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. rec. pág. 17), en tanto ello no ha sido esgrimido por el recurrente con aptitud para evidenciar la presencia de un motivo que —fuera de la excepción prevista en la norma procesal laboral— permita dejar de lado el recaudo de admisibilidad fundado en el valor del agravio.
III.2. Sentado lo anterior, y ahora en el cuadrante del agravio inaugural, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la crítica remite al análisis de cuestiones fácticas, ajenas al acotado margen por el que transita el recurso, como lo son, aquellas vinculadas con la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la delimitación de los términos en que quedó planteada la litis (causas L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L.", sent. de 17-IV-2019 y L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024).
En esa línea, también se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación, las cuestiones estrictamente procesales, como la relativa a la infracción del principio de congruencia (causas L. 120.013, "Quilodrán", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018 y L. 132.060, "Núñez", resol. de 20-IX-2024).
III.3.a. En otro orden, no menos inadmisibles devienen los planteos referidos a la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, pues —nuevamente— remiten a la consideración de cuestiones de índole fáctica que —como se dijo— se hallan excluidas del estrecho canal de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-II-2014; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016; L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017 y L. 123.848, "Vaca", sent. de 27-II-2023).
III.3.b. Y dable es agregar, en atención a la doctrina que denuncia transgredida el recurrente, que fuera de lo dicho en el medio de impugnación en estudio, no se advierte que la parte actora haya introducido en el escrito que contiene a la demanda —ni aún con posterioridad— un planteo orientado a peticionar que la cuantificación de la indemnización reclamada parta de considerar el salario correspondiente al trabajador al momento de la sentencia, es decir, a valores actuales.
Siendo ello así, el agravio traído, en verdad, es una argumentación novedosa, fruto de una reflexión tardía, y por ello no puede ser atendido por este Tribunal (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
III.3.c. Tampoco resulta eficaz la demás doctrina legal que se reputa violada, ya que el interesado se limita a mencionar precedentes, a pesar que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del precepto del referido art. 279 del mencionado Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.), como acontece en la especie.
III.4. Luego, el embate que se asienta puntualmente en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), tampoco resulta idóneo para controvertir lo resuelto.
La impugnación parte de una errada lectura de los mentados fallos toda vez que, en ellos, en modo alguno esta Corte dispuso que la indemnización sistémica prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo debía calcularse a valores actuales tal como la parte interesada propone.
Y en este marco, la escueta manifestación que alude al control oficioso de constitucionalidad que —según alega— debió efectuar el órgano de grado del art. 12 de la ley 24.557 conforme la mencionada doctrina, luce despojada de todo argumento hábil.
III.5. Idéntica suerte adversa ha de seguir la crítica vinculada con la falta de aplicación al caso de lo previsto en el decreto 669/19, pues no está dotada de la necesaria denuncia orientada a evidenciar la eventual trasgresión de la doctrina legal (art. 55, ley cit.; causas L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023 y L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el apartado III.1. párrafos primero y segundo de su voto.
En el caso, se observa que la sola manifestación del interesado en orden a que el juzgador debió declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, no permite considerar involucrada —de manera directa e inmediata— una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
I.2. En consecuencia, bajo estas condiciones, la admisibilidad del recurso deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 aplicable en la especie, tal como lo propone el colega ponente.
En este marco, suscribo el voto del doctor Soria en los puntos III.2., III.3., III.4. y III.5.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Torres.
Solo me permito aclarar, respecto de lo manifestado en el punto III.2. del voto inaugural que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño —como lo anticipé— lo decidido por el ponente (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 11:02:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:19:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:51:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 14:34:13 hs. bajo el número RS-51-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia