Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131166
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.166, "Labrea Wallace, Carlos Luciano contra OCSA S.A. y Otro/a. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Kohan, Mancini.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas del modo en que especificó (v. vered. y sent. de fecha 23-VI-2023).
Se interpuso, por los codemandados OCSA S.A. y Ricardo José Alconada Magliano, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Carlos Luciano Labrea Wallace, declaró la nulidad del despido y condenó solidariamente a los coaccionados OCSA S.A. y Ricardo José Alconada Magliano a reinstalarlo en su puesto de trabajo habitual, así como a abonarle salarios caídos, daños derivados del despido discriminatorio, salarios por horas extras y las indemnizaciones previstas en los arts. 19 de la ley 22.250 y 10 de la ley 24.013; todo ello con más los intereses calculados según la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, capitalizados según la forma que indicó. Asimismo, ordenó el pago de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, rechazó la pretensión dirigida contra Hernán Diego Pardini (v. vered. y sent. de fecha 23-VI-2023).
En lo que interesa, juzgó acreditado que el accionante se desempeñó desde el día 14 de abril del año 2014 conduciendo camiones hormigoneros para la empresa OCSA S.A. conforme categoría de "operador especializado D" del Convenio Colectivo de Trabajo 445/06 (v. vered., primera cuestión).
Con sustento en la prueba pericial contable y en la testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa, consideró demostrado que el actor trabajaba en exceso de la jornada laboral convencionalmente establecida. En razón de ello y a falta de pruebas que lo desvirtúen, tuvo por cierto tanto el horario como la cantidad de horas extraordinarias denunciadas en el escrito inicial. Ello —afirmó— porque al encontrarse verificada la existencia de trabajo en horas suplementarias y no habiéndose exhibido planillas horarias llevadas en legal forma cabe tener por cierta la cantidad de horas extras denunciadas en la demanda (v. vered., segunda cuestión).
Valoró, partiendo de las declaraciones de los testigos Alsina, Meneses y Colman —las que estimó verosímiles y concordantes—, que la empresa le pagaba al trabajador una parte del salario en forma clandestina. Refirió, con apoyo en la doctrina de esta Suprema Corte que citó, que la circunstancia de que haya resultado probado que los compañeros de trabajo del actor eran retribuidos de esa forma, permite computar esa práctica ilegal de la empresa para tener por cierto que éste era víctima de la misma clandestinidad.
Sostuvo entonces que, probada la realización de las horas extraordinarias denunciadas en la demanda y acreditado que el actor era remunerado, en parte, en forma clandestina, corresponde "con arreglo a lo dictaminado en la prueba pericial contable y por aplicación del art. 39 de la ley 11.653", considerar demostrado que el actor percibió el salario denunciado en demanda y que devengó la suma de $78.203,87 al añadirse la incidencia proporcional del sueldo anual complementario (v. vered., tercera cuestión).
Estimó —con sustento en el dictamen pericial contable, en la prueba documental adjunta a la presentación de fecha 10 de junio de 2021 y en los testimonios brindados por Alsina y Colman—, que no fueron acreditados los hechos invocados por la patronal en la carta de despido de fecha 11 de octubre del año 2019 para justificar la extinción del contrato de trabajo, a saber: la alegada existencia de una situación de crisis económica que afectase especialmente a su actividad y el consecuente cese de actividades de la empresa (v. vered., cuarta cuestión).
Por otra parte, consideró también comprobado que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 9 de mayo de 2019 por el que debió ser operado, encontrándose impedido de trabajar al momento en que fue despedido, circunstancia que —refirió— era conocida por la empleadora cuando le notificó la mentada rescisión (v. vered., quinta cuestión).
Finalmente, con sustento en las manifestaciones vertidas en los escritos constitutivos de la litis, la documental que identificó y la prueba testimonial recibida, juzgó demostrado que el codemandado Ricardo José Alconada Magliano era el presidente del directorio de la sociedad empleadora, con incidencia en el manejo de las cuestiones del personal, quien no se opuso al pago de salarios en forma clandestina y al despido del actor; ello, a contrario del codemandado Hernán Diego Pardini, quien —señaló— se desempeñaba como vicepresidente de la empresa y no tenía incidencia directa en las aludidas cuestiones (v. vered., sexta cuestión).
Ya en la sentencia, rechazó la defensa opuesta por la codemandada OCSA S.A. —afincada en la inadmisibilidad de la vía excepcional del amparo o acción sumarísima en razón de las pretensiones deducidas por el accionante—, por considerar que dicho planteo "a esta altura del proceso, cuando el expediente se encuentra en estado de dictar sentencia", se ha tornado inoficioso al haber precluido la oportunidad procesal para resolverlo.
Rechazó también las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción opuestas por los codemandados Alconada Magliano y Pardini.
Consideró que el despido dispuesto por la empresa demandada el día 11 de octubre de 2019 debe reputarse discriminatorio, toda vez que, por un lado, el actor acreditó una serie de indicios concordantes que llevan a presumir que el distracto fue motivado por su estado incapacitante como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió mientras se desempeñaba bajo las órdenes de OCSA S.A., y, por el otro, que esta última no acreditó en modo alguno las causas que invocó para justificar el distracto.
En razón de ello, declaró la nulidad del mencionado despido por aplicación del art. 1 de la ley 23.592 y de las normas internacionales que garantizan los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, al trabajo y a la integridad psicofísica y la seguridad y salud en el trabajo (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.) y ordenó la reinstalación del señor Labrea Wallace a su puesto de trabajo, manteniendo la relación laboral en las mismas condiciones existentes al momento del distracto. Dispuso que en el caso en que el trabajador, a consecuencia del accidente de trabajo padecido, se encontrara incapacitado para efectuar iguales labores, la empleadora debía asignarle otras compatibles con su capacidad residual, sin disminución del salario.
Condenó al pago de los salarios caídos devengados entre la fecha del despido y la sentencia, los que —según indicó— se seguirían devengando de manera indefinida hasta que se efectivizara la readmisión del trabajador, con más una suma por daño moral que fijó, conforme las pautas que detalló.
Estimó procedentes, además, las horas extraordinarias denunciadas en el escrito de demanda con más el incremento previsto en el art. 53 ter de la ley 11.653; y las multas de los arts. 19 de la ley 22.250 y 10 de la ley 24.013.
En otro orden, sobre los mencionados rubros, dispuso liquidar los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días —tasa pasiva digital—, conforme el siguiente cálculo: desde la fecha de exigibilidad de los créditos (11 de octubre de 2019) y hasta la notificación de la demanda (17 de febrero de 2020) los ordenó capitalizar; luego, estableció que el total devengara el mismo tipo de acrecidos hasta que quedara firme la sentencia, efectuando ese cálculo desde el 18 de febrero de 2020 hasta el 23 de junio de 2023, sin perjuicio de los accesorios resultantes desde esta última fecha hasta el efectivo pago.
Condenó solidariamente a afrontar la condena impuesta al codemandado Ricardo José Alconada Magliano con fundamento en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, calificó de temeraria y maliciosa la conducta de los coaccionados y juzgó procedente la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, la que —indicó— debía calcularse a una vez la tasa de interés que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales.
II. Contra dicha decisión, los coaccionados OCSA S.A. y Ricardo José Alconada Magliano interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde denuncian absurdo, arbitrariedad, violación de los arts. 16, 17, 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 10 de la ley 24.013; 19 de la ley 22.250; 1 de la ley 23.592; 375, 384, 456, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.744 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que citan (v. presentación electrónica de fecha 10-VII-2023).
II.1. Cuestionan —en primer lugar— el rechazo que efectuó el órgano de grado del planteo de inadmisibilidad de la vía excepcional elegida por el actor para tramitar la pretensión deducida.
Sostienen que lo decidido viola la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa L. 119.367, "Acevedo" (sent. de 10-VIII-2016) al "...dar viabilidad a la acumulación objetiva de acciones (reinstalación, horas extras, pagos en negro, solidaridad, multas, etc.)." (rec., pág. 11).
Refieren que el argumento que utiliza el juzgador para rechazar la defensa oportunamente opuesta en la contestación de demanda resulta infundado e inadmisible, importando un desmedro por la garantía del debido proceso y el derecho de defensa que —además— viola el principio de congruencia.
Alegan que la apreciación subjetiva que efectúa el sentenciante acerca de que la parte pudo garantizar su derecho de defensa resulta un dislate, siendo que la accionada vio limitado el plazo para contestar un traslado complejo.
II.2. Se agravian de la condena al pago de horas extras que ordenó el tribunal de origen durante los meses de mayo a octubre del año 2019, siendo que —según indican— quedó acreditado y reconocido en la sentencia que el actor, en dicho lapso, estuvo de baja laboral por el accidente de trabajo sufrido.
II.3. Aducen que el tribunal de origen incurre en absurdo y en violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que surge del precedente L. 89.782, "Glenon" (sent. de 25-XI-2009), al tener por acreditado el pago de sumas de dinero en negro con sustento únicamente en la declaración de tres testigos aportados por el accionante.
En este sentido, explican que los citados testimonios no refirieron a un conocimiento presencial del hecho, sino que solo respondieron en línea con los hechos expuestos en la demanda sin poder dar cuenta de circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que percibían las remuneraciones para poder acreditar su verosimilitud y sinceridad.
II.4. Alegan absurdo y errónea aplicación del art. 10 de la ley 24.013.
Refieren que el tribunal interviniente tuvo por probado que el actor devengaba mensualmente una suma total de $78.203,87, considerando en este monto las sumas registradas, las abonadas en negro, las horas extras y la incidencia del sueldo anual complementario. Empero, que al momento de cuantificar la referida sanción tomó el 25% de aquel total sin considerar —conforme indica la norma— que corresponde calcularlo únicamente sobre "aquellas remuneraciones abonadas que no fueron objeto de registración", es decir —enfatiza— excluyendo las sumas que sí fueron registradas.
Agregan que el perito contador efectuó correctamente el aludido cálculo, pese a que el juzgador, sin motivo aparente, se apartó de tal conclusión.
Por otra parte, cuestionan que para el cálculo se haya tomado el periodo que va desde la fecha de inicio de la relación hasta la sentencia, incluyendo los meses en que el actor estuvo despedido. Tal forma de razonar —consideran— importa una clara transgresión del art. 6 del Código Civil y Comercial, en tanto, conforme el espíritu de la norma, de sancionar la evasión fiscal y previsional, en el lapso comprendido entre el despido y la sentencia la demandada no incurrió en dicho accionar.
II.5. Indican que el a quo aplicó erróneamente en su resolución la indemnización prevista por el art. 19 de la ley 22.250 por la sola intimación a abonar horas extras realizada por el actor en fecha 18 de octubre de 2019, considerando como base de su determinación el total de las sumas por horas extras que dio por probadas en los últimos veinticuatro meses de la relación laboral.
Consideran que tal decisión viola los alcances de la norma, que impone el cumplimiento de dos cargas procesales: intimación dentro de los diez días del vencimiento de la fecha de pago e indicación precisa y determinada.
II.6. Critican por absurda la valoración de la prueba realizada por el órgano de grado para concluir en que la patronal no ha logrado acreditar la causa invocada del despido. Sostienen que el juzgador ha ignorado el abundante material probatorio aportado por la accionada para comprobar "...la crisis social, industrial y comercial del país, con paralización de la actividad y en particular del objeto de la empresa, que conlleva al cierre de la actividad" (rec., pág. 18).
II.7. Cuestionan la determinación del carácter discriminatorio del despido efectuado en la sentencia por considerar que el actor no cumplió con la carga de la prueba atenuada y/o aliviada de los presupuestos que habilitan su procedencia.
Refieren que con el único hecho invocado como fundamento por el accionante —haber sido despedido mientras se encontraba de baja laboral por el accidente de trabajo sufrido el día 3 de septiembre de 2019—, no puede afirmarse que aquel acreditó la "serie de indicios" requerida por la doctrina legal que cita el a quo en su apoyo.
Dicen que la demandada, sin perjuicio de la imposibilidad de una prueba directa de un hecho negativo, ha producido material probatorio relevante para demostrar que el despido se dispuso sin considerar su condición de accidentado.
Subsidiariamente, para el caso de confirmarse el despido discriminatorio dispuesto, cuestionan la indemnización fijada en concepto de daños y perjuicios, por entender que no se han acreditado los presupuestos que tornan procedente a la responsabilidad civil y que lo resuelto viola la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia.
Sostienen que, al otorgar el daño moral, el órgano de grado incurrió en absurdo al afirmar que "...el señor Labrea Wallace fue perseguido por haber sufrido un accidente de trabajo...", sin detallar de dónde surge probado, siendo que tal circunstancia no fue invocada en la demanda por el actor. Asimismo, refieren —en torno a las pautas para cuantificar el mencionado daño— que al momento del despido el actor no estaba incapacitado, sino que solo se encontraba con baja temporaria, y que —además— continuaba percibiendo las prestaciones dinerarias en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.8. Controvierten la sanción por temeridad y malicia impuesta.
Señalan, por un lado, con apoyo en la doctrina que citan, que el mero reconocimiento judicial de pagos en negro no importa la configuración de la mentada conducta. Por el otro, que no existió el supuesto aludido por el sentenciante de abandono de una persona discapacitada, habiendo obrado la empleadora de buena fe.
Finalmente, denuncian la existencia de una sentencia ultra petita en razón de que al no haberse peticionado este rubro ni en la demanda ni en su ampliación, los recurrentes no tuvieron oportunidad procesal de expedirse sobre la misma, lo que vulnera su derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
A todo evento, plantean la atenuación de la sanción impuesta por considerar que luce desproporcionada en razón de no haber incurrido en las acciones previstas en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.9. Se agravian de la condena solidaria impuesta al codemandado Ricardo Alconada Magliano.
Resaltan que el juzgador viola la lógica en la interpretación de los hechos, toda vez que para su procedencia debe existir un accionar antijurídico mediante maniobras reñidas por el derecho y no una medida habitual como un despido de un trabajador en el marco de la ley 22.250.
Explican que resulta absurda la valoración de la declaración de los testigos, pues si bienéstos dijeron que el codemandado Alconada Magliano era el dueño de la empresa, también indicaron que no lo conocían o que lo habían visto solo alguna vez.
Afirman que el sentenciante rechaza la solidaridad del vicepresidente de la sociedad con argumentos que son plenamente aplicables al presidente.
II.10. Por último, cuestionan la capitalización de los intereses efectuada por el órgano de grado, por considerar que el caso no se enmarca en los incs. "b" ni "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial.
III. Pues bien, el recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios traídos para ingresar a su tratamiento.
III.1. El reproche dirigido a cuestionar el rechazo del planteo de inadmisibilidad de la vía excepcional del proceso sumarísimo de amparo para tramitar las pretensiones deducidas en la demanda luce insuficiente.
III.1.a. Como se señaló en los antecedentes, a juicio del tribunal de grado, al momento del dictado de la sentencia de fondo, tal cuestionamiento debía reputarse alcanzado por los efectos de la preclusión procesal.
En ese sentido, indicó que cuando se dispuso imprimir el trámite sumarísimo al proceso —en la resolución de fecha 10 de febrero de 2020—, la interesada debió haber deducido una revocatoria para poder analizar tales objeciones.
Agregó que la accionada tampoco había planteado reparo alguno al celebrarse la audiencia de vista de la causa, ni se había opuesto al pase de los autos al acuerdo para el dictado del veredicto y la sentencia, lo que —según apreció— supuso implícita y sobrevinientemente su consentimiento sobre la sustanciación del proceso por la vía indicada. Añadió que la demandada no ha visto menguado en modo alguno su derecho de defensa a lo largo del trámite dado al reclamo del trabajador, toda vez que ha podido exponer sus argumentos y ofrecer y producir las pruebas que estimó necesarias.
A mayor abundamiento, refirió que la pretensión principal, por la cual se ha procurado la declaración de nulidad del despido —por su alegado carácter discriminatorio— y la consecuente reparación de los daños derivados del mismo, bien puede ser reparada por el carril de la vía de la acción de amparo, al encontrarse en juego derechos fundamentales cuya tutela deviene urgente y no admite restricciones.
Y concluyó que, por adicionales razones de economía procesal, no encontraba obstáculo para que las pretensiones accesorias deducidas por el trabajador fueran asimismo abordadas en el marco de este proceso sumarísimo, toda vez que obligarlo —a esa altura— a sustanciar uno nuevo vulneraría sus derechos a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado en un plazo razonable.
III.1.b. Aunque este embate inicial pretende vincularse con el primer tramo del razonamiento trazado por el tribunal, lejos de atacar de modo directo lo argumentado en su decisión, la parte interesada solamente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.