Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126836
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.836, "Pérez, Graciela Ester contra Nuevo Ideal S.A. Daños y Perjuicios. Autom. c/ Les. O Muerte (Exc. Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de La Matanza modificó la sentencia de primera instancia en lo concerniente al límite de cobertura, disponiendo que sería el establecido por la resolución de la Superintendencia de Seguros que se encuentre en vigencia a la fecha de pago (v. sent. de fecha 2-V-2023).
Se interpuso, por la aseguradora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-V-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Graciela Ester Pérez promovió demanda contra Nuevo Ideal S.A. reclamando la suma de $920.000 -o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse- como indemnización por los perjuicios derivados del accidente ocurrido el día 17 de octubre de 2011, mientras viajaba a bordo de un colectivo de la demandada (v. fs. 46/50).
La empresa accionada repelió la acción y citó en garantía a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (v. fs. 60/80).
La aseguradora se presentó y reconoció que a la fecha del hecho estaba vigente un contrato de seguro con la accionada, según la póliza que acompañó, que contemplaba una franquicia de $40.000 a cargo de la empresa transportista y un límite de cobertura de $10.000.000. Asimismo, peticionó el rechazo de la pretensión resarcitoria (v. fs. 99 y 107/114).
La sentencia de primera instancia condenó a Nuevo Ideal S.A. y a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros -en las condiciones de su contratación- a abonar a la actora $6.500.000, con más intereses y costas (v. sent. de 23-V-2022).
II. Dicho pronunciamiento fue recurrido por la citada en garantía y por la accionada cuyas expresiones de agravios fueron contestadas por la actora. La empresa transportista demandada, entre otras cuestiones, se agravió con relación al límite de cobertura solicitando que se lo adecuara a valores actuales (v. expresión de agravios de fecha 3-X-2022, "QUINTO AGRAVIO").
El Tribunal de Alzada modificó la sentencia de la instancia de origen dejando aclarado que el límite de cobertura sería el determinado por la resolución de la Superintendencia de Seguros que se encontrara vigente a la fecha de pago (v. sent. de fecha 2-V-2023).
Para así decidir, en la medida del recurso, se remitió a la doctrina de esta Corte volcada en la causa "Martínez" (C. 119.088, sent. de 21-II-2018) y citó jurisprudencia de la Cámara Civil Nacional relativa a la necesidad de actualizar los límites del seguro.
Añadió que, debido al tiempo transcurrido desde el accidente sin que la actora hubiese sido indemnizada, considerar el límite de la cobertura contratada a la fecha de la emisión de la póliza constituía un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12, Cód. Civ. y Com.) y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1.794, Cód. cit.).
Puso de relieve que se había producido un hecho público, evidente y notorio que era la depreciación de nuestro signo monetario como consecuencia de un proceso inflacionario y, por lo tanto, consideró que ello autorizaba a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Resolvió que, al haberse estipulado en la sentencia de primera instancia que la aseguradora respondía con los alcances del art. 118 de la ley 17.418, debía interpretarse que los límites de cobertura eran los establecidos por las resoluciones del mencionado organismo vigentes a la fecha de pago.
III. Frente a tal pronunciamiento la aseguradora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y 118 de la ley 17.418. Invoca cuestiones federales y hace reserva del caso federal.
En síntesis, aduce que es totalmente arbitraria y contraria a derecho la obligación de abonar sumas fuera del límite acordado en la póliza, pues así se afecta la contratación pactada con el asegurado, la que es obligatoria porque la Superintendencia de Seguros impone las modalidades de contratación. En este orden de ideas, transcribe una nota que atribuye al organismo de control de la actividad aseguradora y explica que fue solicitada por su parte para aclarar la cuestión de los límites de cobertura. Expone que la respuesta de la Superintendencia de Seguros es clara en el sentido de que, a los fines de lograr la efectividad del fin social de la reparación integral, es necesario fijar límites en las coberturas asegurativas porque, de lo contrario, se generarían insolvencias con la consecuente falta de cobro de las indemnizaciones por parte de las víctimas. Destaca que según el referido organismo, dichos límites abarcan el capital y los intereses y que el límite contractual es el existente al momento del siniestro, independientemente del dictado de la sentencia judicial.
Advierte que no se deben aplicar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros en forma retroactiva, como lo hace el fallo impugnado. Aduce que tal retroactividad viola el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Manifiesta que el pronunciamiento recurrido es contrario a la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la cual cita- que dejan firme el límite de cobertura contratado.
Afirma que el Tribunal de Alzada no repara en que la última resolución de la Superintendencia de Seguros afecta también la participación del asegurado porque aumenta el monto de la franquicia. Indica que su parte no solicita el incremento en la participación del asegurado porque entiende que debe aplicarse la póliza firmada por asegurado y asegurador, que contempla una franquicia de $40.000 y un límite de cobertura de $10.000.000, conforme la resolución 24.429/97 de la autoridad de control.
Insiste en que la sentencia desconoce la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia, tanto respecto de la franquicia como del límite de cobertura que surge del contrato de seguros celebrado entre la demandada y citada y que resultan oponibles a terceros.
Reitera que lo decidido viola la irretroactividad de la ley. A su vez, postula que incumple lo previsto con la ley 23.928 vigente en cuanto a la prohibición de actualización monetaria y que, además, desconoce que la Corte federal tiene dicho que el acierto o desacierto de la medida legislativa que mantiene dicha prohibición escapa al control de constitucionalidad. Asevera que el fallo actualiza el límite de la suma asegurada en franca violación de las previsiones contractuales y de la prohibición de indexar.
Finaliza enunciando cuestiones federales sosteniendo que la decisión afecta de modo directo e inmediato garantías y derechos constitucionales. Denuncia arbitrariedad, desconocimiento de la normativa legal aplicable al caso, interpretación irrazonable de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indebida y arbitraria intromisión en la esfera de competencia reservada a los otros poderes del Estado y existencia de afirmaciones meramente dogmáticas. Invoca, asimismo, gravedad institucional.
IV. Se adelanta que, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera por resultar insuficiente (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, es dable recordar que la recurrente a lo largo de su extenso escrito hace referencia a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de franquicia y de límites de cobertura. Entre los casos que cita menciona los referidos a la oponibilidad a la víctima del accidente tanto de la franquicia como de la suma asegurada.
Ello hace necesario efectuar la siguiente precisión: en el supuesto de autos es la parte cocontratante -la empresa transportista demandada- y no la víctima la que está controvirtiendo el límite de cobertura (Seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria -según resoluciones 24.833, 21.999 y 22.058 y decreto 2.254/92- fecha de emisión 1-X-2011), aunque eventualmente ello pueda incidir en la garantía patrimonial de la actora.
A su vez, la franquicia denunciada por la aseguradora al contestar la citación no ha sido motivo de cuestionamiento ni de pronunciamiento alguno.
Por lo tanto, todas las alegaciones vertidas en la pieza recursiva acerca de la franquicia y de la oponibilidad a la víctima de las condiciones contractuales pactadas carecen de idoneidad para modificar la decisión, ya que no se vinculan a este caso (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. A su vez, en lo que concierne a las abundantes citas de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las denuncias sobre su apartamiento es dable recordar que los fallos del Máximo Tribunal del país no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 122.340, "Brom", sent. de 11-VIII-2020; C. 125.450, "L., R. M.", sent. de 29-IX-2023; e.o.).
IV.3. Sentado ello, corresponde señalar que para decidir como lo hizo, en lo que interesa destacar, la Cámara se remitió a varios de los fundamentos volcados en la doctrina legal de esta Corte a partir del precedente "Martínez" (causa C. 119.088, cit.). Así, entre otros, el Tribunal de Alzada mencionó los siguientes:
a) La cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho, no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando los daños fueron estimados en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, debido a que ante los disímiles contextos habidos en tales fechas su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora.
b) El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización resultante.
c) Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor no puede ser apreciada de antemano, el valor de la cobertura asegurada debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), ya que la pérdida de dicha proporción lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes.
d) A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral.
e) El orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que implica incluir en la medida del seguro al valor de la garantía vigente.
f) Una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente inferior en relación con la magnitud del daño estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual).
También el Tribunal de Alzada referenció un fallo de la Sala J de la Cámara Nacional en lo Civil relativo a la necesidad, reconocida por la Superintendencia de Seguros a través del dictado de sucesivas resoluciones, de actualizar las coberturas en un país con una economía inflacionaria.
Para terminar, la Cámara hizo hincapié en que tener en cuenta el límite de la cobertura contratada en su momento implicaba un abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa de la aseguradora. A su vez, enfatizó que debido a la depreciación de nuestra moneda debía adecuarse o actualizarse el límite de cobertura.
Frente a estos sólidos fundamentos la agraviada se limita a insistir en que no corresponde la aplicación retroactiva de las resoluciones del organismo de control de la actividad aseguradora porque ello viola el art. 7 del Código Civil y Comercial y sus derechos constitucionales. Asimismo, aduce violación de la prohibición de actualizar prevista en la ley 23.928.
Tal como se expresó, el fallo en crisis se asentó sobre contundentes pilares que hacían referencia a que en casos como el presente -donde se fijaron valores actuales y transcurrió un prolongado tiempo desde la fecha del accidente sin que la aseguradora hubiese indemnizado a la víctima- el equilibrio del contrato pactado entre aseguradora y asegurada, debido a circunstancias externas, se vio afectado. Por ello, la Cámara entendió que se imponía la readecuación del contrato para reestablecer las prestaciones y evitar un abuso y un enriquecimiento sin causa por parte de la aseguradora, ajustando esa interpretación a la doctrina legal del Tribunal, cuya infracción no ha sido postulada en el libelo impugnatorio (art. 279, CPCC).
Tales premisas no logran ser conmovidas por falta de ataque idóneo, a pesar de los disímiles cuestionamientos desplegados en la pieza recursiva bajo estudio (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Tiene dicho esta Corte que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento acertado de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 122.003, "Medina", sent. de 30-VIII-2021; C. 123.136, "Bonino", sent. de 10-VI-2022; entre muchos otros).
En relación con la pretendida aplicación retroactiva de las resoluciones de la autoridad de control de la actividad aseguradora y de la denuncia de violación de la prohibición de actualizar, es necesario recordar la reciente doctrina legal de esta Corte emanada de la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), en la cual se hizo referencia a la causa C. 119.088, "Martínez" (cit.) como uno de los casos donde se inició la tendencia al apartamiento de los valores históricos y se propuso acudir a los mecanismos disponibles, normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital. Precisamente, en el aludido pronunciamiento el Tribunal puso el énfasis en la necesidad de realizar el análisis del caso con una visión integral del fenómeno económico en su conjunto y de las diversas relaciones jurídicas imbricadas en él, acudiendo a las pautas del ya citado precedente "Martínez".
Ello es lo que hizo el Tribunal de Alzada -en concordancia con la doctrina de esta Corte a partir de la causa "Martínez"- al acudir a la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación vigente al momento del pago. No efectuó una aplicación retroactiva de las normas sino que, a fin de adecuar los valores en el caso de la suma asegurada tal como lo indica la doctrina legal de "Barrios", y atendiendo a la época tenida en cuenta para la valuación de la deuda, recurrió a lo que reglara el organismo específico del Estado que tiene encargada la supervisión y regulación del mercado asegurador (conf. ley 20.091).
Debe destacarse que esta solución no importa una indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios en los términos de la ley 23.928 sino, de una razonable aplicación de las cláusulas del contrato de seguro ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación (conf. doctr. causa C. 125.450, cit.).
A su vez, corresponde señalar que no se vulnera la pauta del art. 118 de la ley 17.418, pues técnicamente no se altera la medida del seguro sino que se readecuan con criterios de actualidad los guarismos representativos de la suma asegurada original.
Cabe añadir, en función de los múltiples cuestionamientos de arbitrariedad y gravedad institucional, que en materia de seguros, con anterioridad a la ley 23.928, la adecuación de la suma asegurada fue ampliamente aceptada. Así, basta con mencionar que este Tribunal ha sostenido que cuando el asegurador "comparte con el asegurado el pago de indemnización al sujeto pasivo de un siniestro cubierto por el contrato pertinente, si bien ello en la medida de la obligación contraída debe hacerlo en un pie de igualdad con éste, en relación con la incidencia de aquellos factores que -en determinada circunstancia histórica- imponen la necesidad de recomponer los créditos de que se trate" (Ac. 23.234, "Silva", sent. de 27-XII-1977; Acuerdos y Sentencias 1977-III-1022. En una orientación similar, se pronunció en Ac. 25.248, "Tróccoli", sent. de 22-V-1979; Ac. 25.129, "Tello", sent. de 19-VI-1979; L. 36.017, "Troncoso", sent. de 2-VI-1986; e.o.).
IV.4. Por último, tampoco puede ser de recibo la aducida conculcación a las garantías constitucionales y múltiples denuncias efectuadas por la recurrente, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 126.431, "Marconi", resol. de 29-IX-2023; C. 126.603, "Grupo Simpa S.A.", resol. de 14-XI-2023; e.o.).
Más allá de lo que se ha dicho, también resulta insuficiente el embate relativo a la gravedad institucional con fundamento en las consecuencias que traería aparejada la aplicación de la sentencia apelada, dado que no cabe admitirla si el planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doctr. causas C. 123.059, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2020 y C. 126.937, "Mila", resol. de 2-V-2024), extremos que tampoco ha cumplido la impugnante (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V. Por lo anterior, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, si mi voto es compartido deberá rechazarse el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. doctr. art. 279, CPCC); con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.