Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126116
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.116, "Municipalidad de Morón contra Grupo Concesionario del Oeste. Apremio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Violini, Carral.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado las excepciones articuladas por la ejecutada y la citación de la Dirección Nacional de Vialidad, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto Grupo Concesionario del Oeste S.A. hiciera íntegro pago a la Municipalidad de Morón del capital reclamado, con más los intereses previstos por las normas tributarias. Impuso las costas a la ejecutada (v. sent. electrónica de fecha 11-VIII-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Municipalidad de Morón promovió este juicio de apremio contra Grupo Concesionario del Oeste S.A. por la suma de veintitrés millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos con noventa centavos ($23.335.417,90) en concepto de deuda por Tasa de Mantenimiento o Reconstrucción de las Vías de Acceso a la Autopista concesionada a la empresa ejecutada, correspondiente a los períodos 1 a 12 de los años 2016 a 2020, conforme el certificado de deuda que acompañó.
Se intimó de pago a la empresa, quien opuso excepción de incompetencia por entender que la cuestión discutida concernía al conocimiento y decisión de la justicia federal (conf. arts. 116, Const. nac. y 2, ley 48) y, en subsidio, articuló las excepciones de inhabilidad de título, pendencia de recurso administrativo con efecto suspensivo y prescripción de los períodos fiscales 1 a 3 del año 2016, reclamados por la ejecutante. Solicitó la citación de la Dirección Nacional de Vialidad, en carácter de tercero interesado, a fin de defender los intereses del Estado nacional en la presente litis y también la sustitución de la medida cautelar decretada en autos. Fundó en derecho y ofreció prueba.
Corrido el traslado de ley de las excepciones y peticiones de la ejecutada, la accionante las repelió y la magistrada denegó la sustitución de la medida cautelar (v. resol. electrónica de fecha 18-VIII-2021), lo que fue confirmado por la Cámara (v. resol. electrónica de fecha 4-XI-2021).
Posteriormente, la señora jueza de primera instancia rechazó las excepciones opuestas, así como la citación del tercero y mandó llevar adelante la ejecución (v. sent. electrónica de fecha 18-VIII-2021), provocando que la ejecutada interpusiera recurso de apelación contra ese pronunciamiento (v. escrito electrónico de fecha 29-XII-2021).
I.2. Elevados los autos a la Cámara -previa intervención del señor Fiscal General departamental- esta confirmó la sentencia de trance y remate.
I.2.a. Para así decidir, en cuanto a la excepción de incompetencia planteada por la ejecutada, aplicó criterios anteriores según los cuales, en virtud de la autonomía municipal, constitucionalmente reconocida a los municipios (conf. arts. 5, 121 y 123, Const. nac.), las potestades locales en materia impositiva (conf. arts. 190 y 192, Const. prov.) y el hecho de haberse instaurado un procedimiento de apremio por la vía específica y ante el juez competente (conf. art. 3, dec. ley 9.122/78), no correspondía considerar comprometida la competencia federal -siempre de excepción- y el caso debía ventilarse en esa jurisdicción, al hallarse regido primariamente por el derecho público provincial.
Al hacer esto, distinguió el presente supuesto de otras controversias en las que, por vía de acción y como pretensión de certeza jurídica, el punto central a dirimir versaba sobre un aspecto regido concretamente por el derecho federal.
Confirmó, por tanto, el rechazo de esta primera excepción.
I.2.b. Respecto de la de inhabilidad de título, con cita de doctrina, comenzó por recordar que el juicio de apremio había sido estructurado como un proceso de ejecución destinado a que el Fisco percibiera rápidamente las sumas que se le adeudaban, contemplándose una restringida faz de conocimiento, fuertemente simplificada con relación a los juicios plenarios, agregando que esta Corte había declarado que la restricción del conocimiento en los juicios de apremio se fundaba -adicionalmente- en la presunción de legitimidad de los títulos ejecutivos y el destino de utilidad general de los fondos públicos.
Luego señaló que la Sala tenía dicho que en el ámbito del proceso de apremio solo cabía fundar la excepción de inhabilidad de título en las faltas o irregularidades de las que pudieran adolecer las formas extrínsecas de aquel, hallándose excluida del conocimiento la causa de la obligación.
Sumó a lo dicho que, en la ejecución en tratamiento, de particular naturaleza y con la salvedad de los hechos extintivos o impeditivos explícitamente contemplados, devenía inadmisible el planteo del apelante acerca de cuestiones que precedían a la creación del título y que en la normativa citada (arts. 9 inc. "c", ley 13.406 y 6 in fine, dec. ley 9.122/78) se definían como "controversias sobre el origen del crédito ejecutado"; y que tampoco podían tener andamiento posible, dentro de la excepción en tratamiento, los cuestionamientos relacionados con el procedimiento administrativo que había precedido al inicio de la ejecución.
Sostuvo que respecto del planteo de la ejecutada de una supuesta imposibilidad jurídica municipal de prestar el servicio, ya fuera en razón de un privilegio, inmunidad o competencia federal, la a quo entendió que el recurrente en realidad estaba cuestionando la causa de la obligación y no la validez extrínseca del título ejecutivo, lo que estaba vedado en el estrecho marco cognitivo en este tipo de procesos, sin dejar de mencionar la existencia del juicio de conocimiento pleno que el apelante podía intentar.
I.2.c. En cuanto a la supuesta falta de publicación de las normas sobre las que se basaba el reclamo, determinó que el planteo de la apelante no había sido introducido en la presentación electrónica del día 29 de junio de 2021, en la que se habían opuesto las defensas y excepciones esgrimidas, impidiendo la debida sustanciación y tratamiento. Reputó que esto suponía una valla imposible de sortear, ya que los poderes de la jurisdicción de la Cámara quedaban enmarcados dentro del postulado de congruencia y del sistema dispositivo, siendo la primera limitación la que resultaba de la relación procesal que aparecía en la demanda y en la contestación y, la segunda, la que el apelante hubiera querido imponerle en el recurso (art. 272, CPCC).
I.2.d. Rechazó, también, el agravio fundado en la circunstancia de no habérsele admitido la excepción por pendencia de recursos concedidos con efecto suspensivo en sede administrativa, debido a que no había atacado el fundamento central de la magistrada de primera instancia para desestimarlo: esto era el hecho de no advertir, en las constancias presentadas, la existencia de semejante intento impugnativo, sino solo de un descargo e intercambio de correos electrónicos, sumado al propio reconocimiento de la ejecutada de no haber ocurrido por esa vía.
I.2.e. Ingresó, luego, a analizar la queja por el rechazo de la excepción de prescripción de los periodos 1 a 3 del año 2016, donde la señora jueza de primera instancia analizó el inicio del cómputo del plazo prescriptivo de conformidad con el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), en concordancia con lo normado por el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el art. 75 de la ordenanza fiscal del municipio de Morón, entendiendo que aquel había comenzado su curso el día 1 de enero de 2017, por lo que no se había cumplido el término de cinco años al momento de la interposición de la demanda.
Sobre el punto, la Cámara recordó el criterio mayoritario de esta Corte a partir del fallo "Filcrosa" del Máximo Tribunal del país de que era inaplicable el régimen local a los fines de establecer el comienzo del cómputo del plazo de prescripción, posición que la Sala ya había compartido. Pero notó que, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial -aplicable a los períodos reclamados-, el art. 2.532 había establecido que el plazo de prescripción de los tributos provinciales era un asunto ajeno al derecho común, resultando inherente a los ordenamientos locales (conf. voto minoritario en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL", sent. de 16-V-2018).
Así las cosas, determinó que era ajustada a derecho la decisión de la magistrada de primera instancia de rechazar la excepción.
I.2.f. También desestimó el agravio suscitado por la negativa de citar a la Dirección Nacional de Vialidad como tercero interesado, debido al restringido marco de conocimiento del juicio de apremio que vedaba cualquier controversia sobre el origen del crédito ejecutado.
I.2.g. Por último, dijo que no podían hallar cabida las defensas vinculadas con la inconstitucionalidad de la ley con base en la cual se fundamentaba el reclamo, en virtud de la celeridad del proceso de apremio y de que la acción de inconstitucionalidad podía ser ejercida en el juicio ordinario posterior o en el marco de otro proceso, cuya vía no se le cerraba al ejecutado: la de accionar por repetición las sumas que hubiera pagado indebidamente.
II. Se agravia la recurrente denunciando violación de los arts. 5 del Código Civil y Comercial y 1, 4, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 52 y 75 incs. 13 y 30 de la Constitución nacional.
II.1. Empieza su impugnación enunciando que el hecho de que la justicia federal sea limitada y de excepción de ningún modo puede conducir a afirmar que las ejecuciones fiscales se encuentran al margen de la competencia federal cuando la solución del caso, como sucede en autos, depende esencialmente de la aplicación e interpretación de normas de aquel linaje (cita CSJN Fallos: 313:98; 318:992 y 322:1470). Niega que el tipo de litigio pueda incidir en esto último y efectúa un análisis de la jurisprudencia de la Corte federal que avalaría tal proposición.
Insiste en que, más allá de que el municipio haya fundado su pretensión ejecutiva en normas de derecho público local, la cuestión discutida en autos exige el análisis del alcance y sentido de normas jurídicas dictadas por el Congreso nacional (leyes 17.250 y 23.696), del contrato de concesión celebrado con el Estado nacional y aprobado mediante el decreto 1.167/94 y, también, de si el ejercicio de esas facultades tributarias invade un ámbito de competencia que es propio de la Nación.
Asegura que las vías de acceso a la autopista pertenecen al dominio público nacional y no a la concesionaria vial, quien simplemente las explota en forma temporal sujeta a la supervisión de la jurisdicción nacional, por intermedio de la autoridad de control designada.
Resalta que la Municipalidad ha realizado una interpretación extensiva del hecho imponible, convalidada en la sentencia recurrida, que lleva a que la pretensión fiscal tenga por finalidad retribuir la reparación y mantenimiento de aproximadamente quinientas cincuenta calles de su ejido urbano, con el objetivo de hacer contribuir a la empresa concesionaria para la conservación de todas las calles del municipio, de las que no se conoce a ciencia cierta su número, porque conducen a las rampas de acceso a la autopista.
Dice que, si se considerase que la tasa discutida en autos se aplica a las vías de acceso (zona de caminos), resulta manifiesto y relevante el contenido federal de la discusión. Así lo entiende por cuanto la pretensión fiscal de la comuna se entrometería en terreno exclusivo y excluyente del Estado nacional que -mediante contrato de concesión- estableció que la concesionaria vial era quien tenía a su cargo la reparación o mantenimiento de las vías de acceso a la autopista.
II.2. También se agravia de que se le desestimase la excepción de inhabilidad de título, con los argumentos de no verificarse errores extrínsecos en él y de que su planteo consistía en ingresar a la causa de la obligación u origen del crédito.
Sostiene que se configura el caso de inexistencia de deuda contemplado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ha dejado establecido -en el marco de admisibilidad del recurso extraordinario federal- que, si bien las sentencias dictadas en juicios de apremio no revisten carácter definitivo, dicho principio debía ceder en supuestos en los que resultara manifiesta la inexistencia de deuda exigible. Expresa que no indagar en ese sentido importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Resalta que no es necesario, como mantiene la Cámara, "ordinizar" (sic) el proceso, pues la prueba que acredita los extremos alegados por la parte surge de las afirmaciones del municipio y de la documental acompañada, ya que de ellas se desprende, de manera clara, precisa y contundente, que el supuesto servicio prestado no tiene relación alguna con un bien o acto de la concesionaria vial y, por ende, la tasa reclamada en autos es manifiestamente improcedente e inconstitucional.
II.3. Se dice afectada, a su vez, por lo que ve como un rigorismo formal, al sentenciarse que la falta de publicación de las ordenanzas municipales fue introducida fuera del tiempo procesal oportuno; siendo ese extremo -a su criterio- algo evidente.
Advierte que en el planteo de las excepciones solicitó como prueba informativa (pto. X.2.ii.) que se librara oficio a la Municipalidad a fin de que remitiera copia certificada de las ordenanzas fiscales y tributaria y sus publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial para los períodos fiscales discutidos en autos.
Sigue diciendo que, en la contestación de ese oficio, el municipio acompañó copias simples de las ordenanzas que demostraban que no habían sido publicadas y, aun así, la Cámara resolvió convalidar la pretensión fiscal.
Pone de relieve que en el escrito del día 25 de agosto de 2021 contestó al traslado de la agregación de esa documental, manifestando la falta de acreditación de la publicación de la ordenanza, lo que ponía en evidencia la inconstitucionalidad del reclamo. Observa que aquella no mereció impugnación por la ejecutante como tampoco al contestar la expresión de agravios de esta parte, ni fue tomada en cuenta por los magistrados actuantes.
Señala, además, que el a quo desconoció que el control de constitucionalidad y convencionalidad puede realizarse de oficio.
II.4. Continúa su impugnación quejándose de la falta de consideración de que en el expediente administrativo haya recursos pendientes de resolución.
Indica que la decisión de la Cámara, como también la de la señora jueza de primera instancia, están teñidas de excesivo rigor formal al sostener que no había recurso pendiente de resolución que tuviera efecto suspensivo, cuando del trámite administrativo surge que está pendiente de réplica el descargo efectuado y que este, como tal, tiene efecto suspensivo, independientemente de su nomen iuris.
II.5. En cuanto a su agravio por el rechazo de la prescripción de la deuda correspondiente a los periodos 1 a 3 del año 2016, para lo cual la Cámara consideró aplicable lo previsto en el art. 2.532 del Código Civil y Comercial y, por ende, la primacía del derecho provincial en materia de prescripción liberatoria, plantea la inconstitucionalidad de ese artículo y del art. 2.560, afirmando que el Congreso de la Nación no tiene potestad para delegar lo que la Constitución nacional le atribuyó en el art. 75 inc. 12.
De no hacerse lugar a esto último, aduce que dichos preceptos no resultan aplicables al caso porque el art. 2.532 indica que "Las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos" y el art. 2.560 dispone que "(e)l plazo de prescripción es de cinco (5) años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local". Concluye que de lo anterior surge, con absoluta claridad, que en el mejor de los casos lo que el legislador nacional delegó en las legislaturas provinciales fue la posibilidad de regular o fijar el plazo de prescripción, pero que no se delegó la forma de computarlo, ni tampoco la potestad para fijar o establecer causales de suspensión o interrupción distintas de las contempladas en el Código Civil y Comercial, reforzando su postura en que el cómputo de dicho plazo se realiza conforme lo establecido en el art. 2.554, que establece que "el plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
II.6. Vinculado con el primer planteo (v. supra pto. II.1.), trae a colación una serie de agravios constitucionales basados en que la pretensión fiscal viola la cláusula del comercio interjurisdiccional (art. 75 inc. 13, Const. nac.), la de no interferencia de los establecimientos de utilidad nacional (art. 75 inc. 30), la de la supremacía del derecho federal (art. 31) y la garantía de razonabilidad (art. 28).
II.7. Por último, denuncia arbitrariedad sobreviniente.
III. El recurso no prospera.
En autos se está debatiendo la procedencia del juicio de apremio en el cual la Municipalidad de Morón le reclama a Grupo Concesionario del Oeste S.A. una suma de dinero que adeuda por los períodos 1 a 12 de los años 2016 a 2020, en concepto de Tasa de Mantenimiento o Reconstrucción de Vías de Acceso a la Autopista (denominada del Oeste, tramos ruta 5 y ruta 7).
Luego de que la demandada hubiese sido intimada de pago, ella se presentó planteando las siguientes excepciones: a) de incompetencia de jurisdicción -alegando la del fuero federal-; b) de inhabilidad del título -por inexistencia de deuda; falta o imposibilidad de prestación del servicio-; c) pendencia de recurso administrativo con efectos suspensivos y d) prescripción de los períodos fiscales 1 a 3 del año 2016.
En primera instancia todas las excepciones fueron rechazadas. La Cámara confirmó aquel pronunciamiento.
III.1. Comenzando por el punto referido a la jurisdicción, debe señalarse que estamos ante un proceso de apremio gobernado, en cuanto a sus reglas de trámite y competencia, por la ley 13.406 y el decreto ley 9.122/78 (conf. art. 3 y concs.), dos normas provinciales. El título que le sirve de base se corresponde con una tasa establecida en el ejercicio presumiblemente válido de los poderes autonómicos municipales (arts. 123, Const. nac.; 190, 191 y 192 inc. 5, Const. prov.; 226 y 227, LOM y ordenanza 19.969/20; mi voto en causa A. 73.248, "Esso Petrolera Argentina S.R.L.", sent. de 13-XI-2019).
Así, entonces, la ejecución ha sido correctamente entablada en sede provincial, en tanto que -por la vía planteada- se muestra regida primariamente por normas de derecho público local (CSJN Fallos: 327:272; v. mi voto en causas C. 87.939, "Municipalidad de Malvinas Argentinas c/ Autopistas del Sol S.A.", sent. de 8-III-2007 y P. 124.954, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", resol. de 4-VIII-2020 y conf. doctr. causa P. 134.536, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", resol. de 15-X-2021).
Lo expuesto no varía por el hecho de que la accionada intente resistir la pretensión fiscal amparándose en una supuesta inmunidad, exención o competencia federal, que eventualmente no podría invocarse en orden a la vía prevista en el art. 14 inc. 3 de la ley 48, facilitando su acceso (CSJN Fallos: 176:120). Ello, claro está, una vez sentenciada y fenecida la causa en l
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