Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.881, "Maciel, Ricardo Andrés contra Prevención ART S.A. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con asiento en dicha ciudad, analizó la excepción opuesta por la accionada, declaró su incompetencia y ordenó el archivo de las actuaciones (v. resol. de fecha 4-VII-2024).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa destacar, el señor Ricardo Andrés Maciel promovió demanda contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. persiguiendo el cobro de las prestaciones sistémicas con motivo de la enfermedad profesional (hipoacusia perceptiva bilateral inducida por el ruido) que, según alega, encuadra en los términos del art. 6 inc. 2 de la ley 24.557 por ser consecuencia de las tareas prestadas durante más de veintisiete años como marinero de planta y/o bodega, en calidad de embarcado.
Refiere que, en el marco del procedimiento administrativo previo y obligatorio, la aseguradora demandada y la comisión médica interviniente rechazaron la contingencia atribuyéndole carácter de patología inculpable.
A su turno, en su responde, la accionada articuló excepción previa de incompetencia.
Ya trabada la litis, a partir la posición sostenida por las partes, el tribunal de origen se declaró incompetente para conocer en la presente causa y dispuso su archivo.
De modo previo, evaluó detenidamente el relato efectuado por el accionante acerca de las tareas cumplidas como "marinero de planta" y sus connotaciones, referidas de igual modo ante la comisión médica interviniente.
Según los antecedentes fácticos y en base en una interpretación armónica de los arts. 116 de la Constitución nacional; 1, 515 y 616 de la ley 20.094, el a quo concluyó que la acción instaurada, por su conexidad con el contrato de ajuste marítimo pesquero, correspondía a la competencia de la justicia federal, exclusiva e improrrogable en esa materia.
Al respecto precisó que, aunque no hubiera firmado el ajuste, la demandada aseguraba el riesgo del trabajo prestado en cumplimiento del contrato antedicho.
Por último, citó como fundamento de su decisión la doctrina legal de esta Corte emergente de las causas L. 33.196, "Redon", sentencia de 29-V-1984 y L. 42.496, "García", sentencia de 28-VIII-1990.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 18 y 116 de la Constitución nacional; de los pactos internacionales que identifica; de los arts. 1, 515 y 616 de la ley 20.094; 2 y 14 de la ley 27.348; 2 inc."j" de la ley 15.057 y de la doctrina legal que cita (v. rec. de fecha 29-VII-2024).
II.1. Plantea los siguientes cuestionamientos:
Aduce que el criterio adoptado por el juzgador de origen en torno a la atribución de competencia vulnera la doctrina legal de la causa L. 118.758, "Acharez" (sent. de 21-IX-2016), reiterada en los precedentes L. 120.469, "Fariña" (sent. de 9-V-2018) y L. 121.770, Salgado (sent. de 21-IX-2020).
Imputa errónea composición del marco jurídico que se consideró aplicable en la especie y por cuya determinación asignó naturaleza federal a un conflicto que no entraña esa naturaleza.
II.2. Postula errónea aplicación de la normativa actuada en el pronunciamiento (arts. 1, 515 y 616, ley 20.094 y 116, Const. nac.).
Explica que a partir de los postulados de los arts. 2 segundo párrafo de la ley 27.348; 46 de la ley 24.557 —texto según art. 14 de la ley 27.348— y 2 inc. "j" de la ley 15.057, se ha generado un sistema autónomo, complejo y específico, comprensivo de una etapa administrativa y otra judicial que comporta un cambio radical que va desde un paradigma de completa federalización (ampliamente declarado inconstitucional) hacia otro de "desfederalización" plena. De allí que las decisiones adoptadas por la comisión médica jurisdiccional o central resultan actualmente impugnables ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Invoca en su apoyo la ley 14.997, los arts. 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057, lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y el temperamento adoptado por el Alto Tribunal en el precedente "Pogonza" (CSJN Fallos: 344:2307 de 2-IX-2021).
Concluye que la determinación de la naturaleza profesional de la patología y del tipo y grado de incapacidad constituyen conflictos aprehendidos por el específico andarivel emergente del art. 1 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 y los principios que gobiernan la interpretación del sistema, recogidos en el art. 1 de la ley 26.773, de los que se destaca el de automaticidad en el reconocimiento y goce de las prestaciones.
Afirma que, si la controversia versara sobre alguna cuestión atinente a la existencia de la relación laboral, una divergencia sobre la estimación del ingreso base u otra situación marginada por la ley 27.348 (p. ej., el supuesto del art. 28 inc. 1, ley 24.557), la autoridad competente es la justicia federal.
Con ese distingo, atribuye al tribunal provincial la condición de juez natural de la causa, y le reprocha haberse sustraído de su conocimiento afectando de ese modo el principio del debido proceso, recogido en la Constitución nacional, la carta magna provincial y tratados internacionales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que esta Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que las decisiones dictadas en materia de competencia son equiparables a definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida que atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (causas L. 125.823, "Ruiz", resol. de 19-IV-2021; L. 127.263, "Basualdo Lozano", sent. de 19-XII-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
III.2. Establecido lo que antecede, la detenida lectura del escrito recursivo en su confronte con el pronunciamiento de origen, permiten advertir su ineficacia para revertir la decisión que causa agravio (art. 279, CPCC).
Circunscripta la potestad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y su concreta impugnación (conf. causas L. 128.064, "D., G.M.", sent. de 20-IX-2024 y L. 130.091, "Moreno", sent. de 9-X-2025), cabe recordar que el eventual acogimiento del recurso extraordinario se encuentra condicionado a la comprobación de su suficiencia técnica. Ello exige la elaboración de una crítica, razonada y precisa, que abarque los fundamentos del pronunciamiento atacado y que apunte a la totalidad de las normas en que aquel se apoya. En definitiva, el recurso estudiado debe bastarse a sí mismo (conf. causas L. 123.643, "Slutzky", sent de 14-III-2022; L. 129.336, "Balbuena", sent. de 24-II-2025; e.o.).
Tales recaudos, como se anticipó, no se corroboran en la especie.
Si bien el impugnante reprocha al juzgador errónea aplicación de las normas y caracterización del conflicto, en ese cometido omite denunciar la infracción de la totalidad de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado y que le dieron sustento, exigencia esta de insoslayable cumplimiento pues esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para abastecer la impugnación (causas L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 125.434, "Morales", sent. de 20-IX-2023 y L. 128.064, sent. de 20-IX-2024, cit.).
Por otra parte, no formula una crítica frontal —ni eficaz— de los motivos que, afirmados en los antecedentes fácticos ventilados en autos, llevó al a quo a establecer la existencia de conexidad entre la acción instaurada y el contrato de ajuste, según lo dispuesto por el art. 515 de la ley 20.094.
Al respecto, el interesado predica sobre la independencia de la vía para reclamar las prestaciones sistémicas a tenor de las disposiciones comprendidas en el sistema de riesgos del trabajo, sin desconocer que algunos extremos bien podrían considerarse de competencia federal.
En definitiva, se limita a contraponer su discrepante opinión sobre el modo en que fue examinada la competencia del órgano jurisdiccional, sin lograr con sus afirmaciones poner de manifiesto que medió una burda interpretación de los extremos invocados en la demanda o un equívoco encuadramiento normativo del objeto del reclamo.
Finalmente, resulta inhábil la doctrina que se denuncia violada, puesto que ha sido elaborada sobre disímiles presupuestos a los del caso bajo juzgamiento, lo que contribuye a sellar la suerte adversa del planteo (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; e.o.). De suyo que, en este punto, ha de memorarse que no constituye doctrina legal los fallos de otros tribunales, desde que no participan de dicha categoría (causas L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023; L. 130.490, "Van Pamellen", sent. de 24-II-2025; L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025; e.o.).
III.3. Considero que lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación articulada, lo que me exime de ingresar en el análisis de cualquier otra cuestión.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Costas a la recurrente vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:55:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 16:54:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:27:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:57:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:26:03 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 08:51:13 hs. bajo el número RS-62-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia