Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132788
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.788, "Acosta, Horacio Alberto contra Galeno ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate Campana, hizo lugar a la demanda, imponiendo las costas a la legitimada pasiva (v. vered. de 23-V-2024 y sent. de 24-V-2024).
Se interpuso, por Galeno Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-VI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Horacio Alberto Acosta y condenó a Galeno Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 28 de octubre de 2014 (v. vered. de 23-V-2024 y sent. de 24-V-2024).
En lo que resulta relevante, calculó las referidas prestaciones dinerarias considerando entre sus variables el ingreso base mensual del actor que tuvo por acreditado en el veredicto en la suma de $16.127,15 —según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557— arribando a un total de $229.394,82.
Seguidamente, señaló que conforme la norma legal vigente a la época del siniestro, dicha suma solamente devengaría intereses desde la primera manifestación invalidante y hasta la liquidación, sin consideración alguna de la desvalorización monetaria operada en su decurso, lo que se corresponde con lo reglado en el art. 7 de la ley 25.561, norma cuya constitucionalidad —indicó— debía ser analizada en consideración a la doctrina legal que emana de la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024).
En dicha línea, ponderó que, en el periodo transcurrido desde el 28 de octubre de 2014 a la fecha de la sentencia, la inflación fue superior a todo rendimiento que pueda haber producido la aplicación de una tasa de interés, incluso la activa. A modo de ejemplo, marcó que de aplicar la tasa "activa promedio" al capital, se arribaría a un total de $1.290.666,90, mientras que de aplicar cualquiera de los índices de actualización posibles, el resultado deviene notoriamente superior, verificándose entonces la insuficiencia de las distintas tasas de interés a efectos de compensar la desvalorización del monto indemnizatorio.
De este modo, a efectos de adoptar el curso de acción a seguir y teniendo en cuenta las directrices sentadas por esta Corte en la doctrina antes referida, estimó, considerando la plataforma fáctica de la causa, que el mecanismo idóneo para preservar el crédito era el brindado por el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mecanismo que arroja una prestación actualizada de $13.573.227.
A continuación, luego de analizar la brecha entre el sistema de mantenimiento del capital nominal con más una tasa de interés y aquel actualizado por el medio indicado más una tasa de interés puro, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 —conforme ley 25.561— ante la existencia de una merma o diferencia objetiva en perjuicio del acreedor.
Concluyó entonces, ponderando la desvalorización de la moneda por efecto de la inflación, la variación de los salarios entre la época de la generación del derecho y la efectiva liquidación que el mecanismo específico de preservación del crédito sería su ajuste por RIPTE, desde el 28 de octubre de 2014 a la fecha de la sentencia.
Finalmente, dispuso que al monto resultante debía adicionarse un interés puro del 6% anual, siendo razonable la fijación de la tasa a efectos de compensar la mora en el pago del capital. Juzgó, además, que correspondía capitalizar el interés devengado desde la exigibilidad del crédito y hasta la fecha de notificación de la demanda (conf. art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.). Y, para el caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de diez días, indicó que el interés devengado se acumularía al capital (conf. art. 770 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 9, 10 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89 y de la doctrina legal que invoca (v. escrito electrónico de fecha 7-VI-2024).
II.1. En primer término, se agravia del monto de condena dispuesto en el fallo por considerarlo irrazonable, desproporcionado e injustificado.
Sostiene que el juzgador al determinar las prestaciones dinerarias debidas al actor se apartó de la legislación en materia de ley de riesgos del trabajo vigente a la fecha del siniestro reclamado.
Alega que el sentenciante efectuó una errónea interpretación de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024) y recurrió a dicho fallo para declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 —según ley 25.561— y no aplicar los mecanismos de actualización previstos en las leyes 24.557, 26.773 y 27.348. Añade que tal precedente no es de aplicación al caso toda vez que en aquel se abordó otro tipo de causa y materia con un sistema reparatorio completamente diferente al de autos.
A continuación, transcribe diversos pasajes de lo establecido en el mentado fallo —al igual que de lo resuelto por la Corte federal en la causa "Oliva"— con el fin de argumentar que el mecanismo de actualización aplicado por el tribunal de origen excede sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable.
Refiere que el sentenciante no justificó que el monto que le hubiera correspondido al trabajador en el caso de aplicar los parámetros establecidos por la ley de riesgos le hubiera generado un menoscabo a sus derechos.
Afirma que el método de actualización fijado provoca un enriquecimiento ilícito del actor en detrimento de los derechos patrimoniales de la demandada. Cita, a modo de ejemplo, una sentencia de primera instancia.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que en la sentencia de grado se violó el principio de congruencia, fallando extra petita al disponer una actualización del monto de condena que no fue solicitada en la demanda.
II.3. Sostiene que el juzgador de origen repotenció la deuda al aplicar a un capital actualizado mediante el CER, una tasa de interés del 6% anual desde la fecha del hecho. Aduce que ello implica un anatocismo encubierto prohibido por la ley y contrario a la prudencia que impone el art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Manifiesta que aquellos intereses debieron establecerse a partir de la fecha de la sentencia. Apoya su posición en doctrina autoral y la jurisprudencia que transcribe.
II.4. Objeta que el sentenciante haya aplicado el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y, a partir de ello, capitalizado los intereses hasta la fecha de notificación de la demanda generando una desmesurada consecuencia patrimonial a la accionada y un enriquecimiento sin causa justificada en favor del trabajador. Cita en favor de su postura diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Arguye —además— que tal mecanismo no fue requerido en el escrito de inicio.
II.5. Finalmente, cuestiona los estipendios regulados en favor de los letrados y peritos actuantes por considerarlos altos y contrarios al derecho aplicable. Asimismo, solicita la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso no prospera.
III.1. El embate dirigido a cuestionar el monto de condena no resulta atendible.
III.1.a. De modo liminar corresponde señalar que no le asiste razón a la recurrente al sostener que el juzgador de grado se apartó de la normativa prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo a los fines de determinar las prestaciones dinerarias que estimó procedentes. En efecto, tal como se reseñó en los antecedentes, cuantificó aquellas siguiendo las pautas previstas en los arts. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, normas que juzgó aplicables en razón de la fecha en que acaeció el accidente de trabajo reclamado (v. sent., págs. 3 y 4).
III.1.b. Sentado lo anterior, y ya situados en aquel tramo del pronunciamiento que abordó el mecanismo de actualización del crédito del trabajador (v. sent., págs. 4 a 8), los cuestionamientos formulados deben ser desestimados a mérito de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
Es que el pormenorizado análisis que realizó el tribunal de grado al definir la cuestión que el recurrente trae a debate —en ejercicio de potestades por regla privativas—, no ha sido atacado en el escrito recursivo con críticas idóneas y frontales, lo que sella adversamente la suerte de su impugnación.
En rigor, lo expuesto por la interesada al señalar que el tribunal de origen no ponderó que el monto que le hubiera correspondido al trabajador en el caso de aplicar los parámetros establecidos por la ley de riesgos resultaba insuficiente, ni fundó la elección del índice de actualización elegido dictando un pronunciamiento arbitrario, contrasta —conforme lo relatado, y más allá del acierto o error de las conclusiones de la sentencia— con lo analizado y decidido en la causa.
Cobra entonces virtualidad la doctrina de este Tribunal que enseña que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; L. 131.409, "López", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Y, cabe recordar a tenor de las citas transcriptas, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte nacional (causas L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XI-2024; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
III.1.c. A su vez, el agravio que formula en torno de la denunciada afectación del principio de congruencia tampoco puede tener andamiaje.
Al respecto, sabido es que los cuestionamientos relativos a la violación de dicho postulado, por estar vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, deben ser acompañados de una adecuada denuncia y demostración del absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; L. 120.047, "Solans", sent. de 11-VI-2025; e.o.); carga que no ha sido satisfecha en el caso.
Tal deficiencia, conforme lo ilustra la jurisprudencia de esta Corte, lleva a desestimar esta parcela de la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018 y L. 130.914, "Rodríguez", sent. de 26-XI-2025).
Sin mengua de lo dicho, para satisfacción de la recurrente, cabe advertir que el tribunal de mérito señaló expresamente en resguardo del postulado en cuestión que la parte actora solicitó en el escrito de inicio la actualización monetaria del crédito reclamado (v. sent., pág. 5).
III.2. En otro orden, tampoco luce hábil el reproche efectuado con relación a los intereses fijados en el fallo desde la fecha del siniestro.
III.2.a. Como se anticipó, el sentenciante de la instancia ordinaria estimó razonable adicionar al capital actualizado —según el índice RIPTE y no el CER como erróneamente se invoca en la crítica—, una tasa de interés puro del 6% anual "...a efectos de compensar la mora en el pago del capital..." (v. sent., pág. 9), tasa que —según señaló con cita de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018)— se ha aplicado habitualmente como pauta de interés puro.
III.2.b. De las manifestaciones expuestas en este punto del escrito recursivo, surge nítido que el embate deviene ineficaz, toda vez que no controvierte idóneamente la mentada definición del juzgador, soslayando también los precedentes que fueron expresamente citados en sustento de dicha decisión.
No parece ocioso memorar que —conforme ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte— resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (causas L. 73.227, "Silva", sent. de 4-IV-2001; L. 102.993, "Mulle", sent. de 7-IX-2011; L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
III.2.c. Luego, dado que la crítica se disipa en transcripciones de distintos fragmentos de jurisprudencia en apoyo a la pretendida fecha de inicio de cómputo de los acrecidos, se impone recordar —nuevamente— que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.3. También debe ser desestimado el agravio que controvierte la capitalización de los intereses ordenada en el pronunciamiento según lo previsto en el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial.
III.3.a. Más allá del confuso enfoque que porta este fragmento del recurso donde se introduce normativa ajena al carril intentado (v. rec., pág. 21), lo cierto es que la impugnación se ciñe a invocar que la capitalización efectuada por el órgano inferior conduce a generar un enriquecimiento injustificado del trabajador, lo que se traduce en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 123.533, "Leguero" y L. 130.796, "Arenas", sents. de 1-IX-2025; L. 130.814, "Toledo", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.3.b. Asimismo, la escueta manifestación formulada en torno a la supuesta falta de introducción en la demanda de la aplicación del referido art. 770, carece no sólo de una adecuada denuncia y demostración del absurdo en la tarea del juzgador —tal como se indicó en el apartado III.1.c. del presente— sino que, además, soslaya la condigna invocación de quebranto del principio de congruencia, lo que revela lo infructuoso del planteo traído.
III.4. Finalmente, en lo tocante a la cuantía de los honorarios que fueron regulados por el tribunal de grado, cabe señalar que el planteo no cuenta con mayor desarrollo y, como tal, no cumple con los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para transitar la instancia de casación.
Por lo demás, el reclamo vinculado a la aplicación de las disposiciones de la ley 24.432 se halla desprovisto de toda fundamentación, tornándose —por ello— inatendible.
A todo evento, cabe señalar que de la sentencia se desprende que el tribunal aplicó la citada norma, ordenando el prorrateo correspondiente de los honorarios regulados.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20.
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:55:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 16:54:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:27:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:57:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:26:03 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 08:51:12 hs. bajo el número RS-61-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia