Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131585
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.585, "Revainera, Fernando Alberto contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada (v. vered. y sent. de fecha 10-III-2023 y 15-III-2023, respectivamente).
Se dedujo, por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 3-IV-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Fernando Alberto Revainera contra La Segunda Aseguradora de Riesgo del Trabajo S.A., condenando a esta última al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 10-III-2023 y 15-III-2023, respectivamente).
Para así decidir, tras analizar las pruebas de la causa, tuvo por acreditado en el veredicto que el promotor del juicio padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 13% del índice de la total obrera, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo acontecido el día 6 de octubre de 2013.
Luego, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, partiendo de lo informado por el perito contador, determinó el ingreso base mensual del trabajador aplicando —por mayoría— el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), de modo tal que el mismo ascendía a $16.884,45, de conformidad con lo establecido por el decreto 669/19, señalando que dicha norma dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Sobre esa base, con sustento en el art. 1 inc. 2 del decreto 669/19, teniendo en cuenta el valor del ingreso base fijado, le aplicó nuevamente el índice RIPTE (23,80), calculado desde la fecha del accidente (octubre de 2013) hasta el último valor publicado de enero de 2023, resultando un importe de Ingreso Base Mensual (IBM) de $401.849,91.
Sentado ello, cuantificó el valor indemnizatorio de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, en la suma de $5.620.554,11; de acuerdo a la siguiente operación aritmética: 53 x $401.849,91 (IBM actualizado mediante el índice RIPTE) x 13% x 2,03 (65/33), a la que agregó la compensación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 ($1.124.110,82), arribando al monto final de $6.744.664,93.
Finalmente, dispuso que, para el supuesto de incumplimiento del pago de la sentencia dentro de los diez días de notificada la misma, se aplique un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los mismos al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 1 inc. 3, dec. 669/19).
II. Contra lo resuelto, la aseguradora codemandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 7 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 20 de la ley 27.348; del decreto de necesidad y urgencia 669/19; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 3-IV-2023).
II.1. En primer término, cuestiona el modo en que el tribunal de grado determinó el Ingreso Base Mensual del actor conforme las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Afirma que existió una incorrecta e improcedente aplicación del decreto por parte del juzgador y, en consecuencia, el cálculo efectuado resulta arbitrario.
Asimismo, denuncia un error en la fórmula utilizada, desde que sostiene que el sentenciante aplicó una división simple del índice (enero 2023/octubre 2013= 23,80), en lugar de la tasa acumulada correcta. Explica que, incluso bajo la aplicación del decreto 669/19 (que insiste que es inaplicable al caso), la tasa acumulada es de 319,10%, lo que arroja un IBM actualizado de $70.762,72; es decir, una cifra significativamente menor a la fijada en la sentencia de $401.849,91.
En este pasaje del medio de impugnación, también denuncia la inobservancia del art. 171 de la Constitución local, en tanto entiende que el pronunciamiento carece de la debida fundamentación, configurando un supuesto de arbitrariedad, pues —a su criterio— el tribunal no identificó las pautas para determinar el monto indemnizatorio.
II.2. Objeta la aplicación de la tasa de interés aplicada en autos, en tanto —señala— difiere de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.3. Denuncia que el tribunal vulneró derechos y garantías constitucionales al aplicar al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 en forma retroactiva.
Afirma que lo resuelto incurre en una manifiesta arbitrariedad al aplicar retroactivamente las disposiciones del decreto 669/19 —que modifica la ley 27.348— a una contingencia laboral acaecida el día 6 de octubre de 2013, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia tanto de la ley como del decreto mencionado.
Argumenta que si bien el art. 3 del decreto 669/19 indica que las modificaciones se aplicarán "en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", esto debe interpretarse armónicamente con el art. 20 de la ley 27.348, limitando su alcance a contingencias posteriores al mes de marzo de 2017. Alega, que la validez temporal de aquel no puede retrotraerse, más allá de la fecha de vigencia de la norma que modifica.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, dable es señalar que la denuncia fundada en la supuesta violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no luce atendible, en tanto es ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 94.470, "Ayí", sent. de 11-V-2011; L. 102.869, "Rzechula", sent. de 5-IX-2012 y L. 122.032, "Ferreyra", sent. de 4-VIII-2020; e.o.), remedio procesal no deducido en autos.
III.2. Sin perjuicio de lo anterior, con relación a los agravios vinculados con el decreto de necesidad y urgencia 669/19 es dable tener especialmente en cuenta que esa cuestión ha sido resuelta por esta Corte en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual se declaró la inconstitucionalidad del citado precepto, cuya aplicación al caso ha sido expresamente resistida por el impugnante al objetar la implementación retroactiva.
De tal forma, y teniendo en cuenta mi postura en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas cuando el caso así lo requiera (v. causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004 y L. 86.269, "Gómez", sent. de 14-IX-2004; entre muchas otras), he de replicar aquí la doctrina fijada en la causa en cuestión.
Por lo demás, y aun cuando es cierto que dicho pronunciamiento no había sido dictado al momento en que se interpuso el recurso extraordinario en examen, "...no lo es menos que no puede prescindirse su análisis, ni la eventual aplicación de sus lineamientos al presente, pues, como en repetidas oportunidades ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, 'O.,C.', sent. del 13-II-2008; L. 89.455, 'Pirro', sent. del 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. C.S.J.N., Fallo s 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; entre otros), a fin de brindar una adecuada solución al caso" (causa L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y sus citas; v., en el mismo sentido, las más recientes causas L. 131.451, "Lepre", resol. de 7-VI-2024 y L. 132.143, "Alamo Cenizario", resol. de 20-IX-2024; entre muchísimas otras).
De tal forma, y como anticipé, he de reiterar aquí lo que señalé en el ya citado precedente L. 129.800.
III.2.a. En aquella oportunidad expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que según se expone en los considerandos, habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto que se rotula como "de necesidad y urgencia" fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el día 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.2.b. Referí también remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión), que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296. Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", ED 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia", LL 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes. Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.
Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse, asimismo, que allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390 y 293:665) y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. CSJN Fallos: 321:3123; 333:1828 y 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
III.2.c. Precisé que el Constituyente del año 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633, cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (CSJN Fallos: 333:633 y 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. CSJN Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449 y 467; 269:393 y 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA causa A. 74.552, "Fe", ya citado).
III.2.d. Afirmé —entonces— que la invalidez del decreto 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (CSJN Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que —finalmente— nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la indu
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