Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130179
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.179, "Arias, Braian Ezequiel contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo- acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 25-XI-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-XII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Braian Ezequiel Arias y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773 y el importe que determinó en concepto de gastos por tratamiento psicológico.
En lo que interesa, con apoyo en la prueba producida en la causa, tuvo por acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo el 20 de marzo de 2015, por el cual la aseguradora demandada le otorgó prestaciones médicas hasta la fecha de su alta (15-X-2015). Asimismo, que el 15 de enero de 2016 la comisión médica interviniente dictaminó que el trabajador poseía un 8,80% de incapacidad laboral parcial y permanente, incluidos los factores de ponderación, por la que éste percibió en sede administrativa la suma de $122.772,03 en concepto de reparación.
Luego, con apoyo en las conclusiones establecidas en las pericias médica y psicológica producidas en la causa, el sentenciante juzgó acreditado que, a raíz del evocado accidente, el accionante presenta una minusvalía física del 10% y una psicológica del 20%, ambas conforme el decreto 659/96, concluyendo que el porcentaje de incapacidad a indemnizar ascendía al 30% de la total obrera.
Ya en la sentencia, al determinar el importe de las prestaciones dinerarias, teniendo en consideración que el infortunio sucedió antes de la sanción de la ley 27.348, descartó su aplicación en la especie. Sin embargo, juzgó aplicables al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19, en virtud de lo establecido en su art. 3, en tanto dispone que sus modificaciones "...se aplicarán a todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante" (sent., pág. 13).
Conforme lo expuesto, para el cálculo del ingreso base mensual consideró que debía tomarse el salario del mes de febrero de 2015 ($9.736,75) informado en la pericia contable y aplicarse el decreto de necesidad y urgencia 669/19, lo que arrojaba la suma de $140.903,88.
A partir de ese guarismo, calculó las prestaciones previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, monto al que luego le descontó el importe abonado por la accionada en sede administrativa, actualizado también por el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables —RIPTE— (v. sent., pág. 14).
Finalmente, señaló que dicha indemnización, devengaría intereses a una tasa pura del 6% anual, desde la primera manifestación invalidante —20 de marzo de 2015— hasta la fecha de la sentencia.
Luego, para el supuesto de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia dentro del plazo establecido, juzgó que correspondía la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, conforme lo dispuesto en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (dec. 669/19).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7, 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; leyes 24.557 y 27.348; decretos 659/96 y 669/19 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2022).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado aplicó retroactivamente el decreto de necesidad y urgencia 669/19. Alega que el accidente de autos sucedió el 20 de marzo de 2015, cuando aún no se encontraba vigente la ley 27.348.
Afirma que el art. 3 del citado decreto dispone su aplicación "...a todos los casos independientemente de la primera manifestación invalidante", por lo que aduce se refiere estrictamente a los siniestros ocurridos luego de la entrada en vigencia de la ley 27.348.
Indica que lo resuelto en el caso es contrario al criterio que esta Corte sentó en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Aduce que la decisión cuestionada afecta el principio de irretroactividad, la seguridad jurídica y la garantía constitucional de propiedad, porque obliga a su parte a pagar en base a una normativa que no se encontraba en vigor al momento de la consumación del daño y que resulta, asimismo, más onerosa.
II.2. Refiere que el sentenciante tomó como base para la liquidación de las prestaciones adeudadas un ingreso superior (salario bruto, sin descontar las retenciones) al que correspondía y luego lo actualizó conforme el índice RIPTE, el que no resultaba aplicable al hecho acaecido en autos.
Postula que el tribunal incurre en absurdo porque se encuentra acreditado con la pericia contable que el ingreso denunciado por la empleadora ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difiere del monto por el cual se la condena al pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad (v. rec., págs. 8/11).
Denuncia que el sentenciante se apartó de la normativa aplicable al caso (art. 12, ley 24.557) y de la respuesta dada en la pericia contable ante su pedido de que se calcule el ingreso base conforme los salarios correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2015, según la fecha de ingreso del trabajador (febrero) y la del accidente de autos (20-III-2015).
II.3. Expresa que el tribunal de origen introdujo una cuestión que no fue planteada por las partes, fallando extra petita y vulnerando así el principio de congruencia.
En tal sentido, insiste en que el juzgador de grado, además de aplicar indebida y retroactivamente el decreto 669/19, tampoco corrió traslado a las partes sobre su novedosa publicación a fin de que efectúen las manifestaciones que estimen pertinentes con respecto a dicha norma y su posible incidencia en el trámite de los actuados.
II.4. También objeta la tasa de interés que se ordenó aplicar para el caso de incumplimiento de la sentencia en el plazo otorgado.
Sostiene que el juzgador de origen transgredió la doctrina legal elaborada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y los arts. 768 y 770 del Código Civil y Comercial.
II.5. Seguidamente, expone que el tribunal de origen inaplicó el baremo del decreto 659/96.
En este aspecto, censura el método empleado por el tribunal para fijar el grado de minusvalía que afecta al trabajador. Señala que en el caso se sumaron los porcentajes de incapacidad establecidos en las pericias médica y psicológica, cuando —alega— debió utilizarse la "fórmula de la capacidad restante" prevista en el decreto 659/96, normativa vigente y aplicable al caso.
II.6. Por último, asevera que la sentencia adolece de sustanciales errores de derecho y carece de fundamentos.
Argumenta que al aplicar retroactivamente el decreto 669/19 y elevar exponencialmente las sumas indemnizatorias, el tribunal de grado omitió fundar su decisión y se desentendió de las constancias de la causa.
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente se definirá.
III.1. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden en que los agravios fueron expuestos, principiando por abordar el dirigido a impugnar el porcentaje de incapacidad establecido en el fallo.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 130.010, "Perez", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.1.b. Tal vicio no es demostrado por el recurrente, en tanto las objeciones que formula resultan ineficaces para desvirtuar la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa estableció el juzgador.
En efecto, el interesado se limita a propugnar la aplicación del criterio de incapacidad restante en oposición al empleado en la sentencia de mérito, sin acometer una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto ni demostrar el error que le endilga al sentenciante de grado.
En suma, los cuestionamientos permanecen en el plano de la mera disconformidad personal, limitándose a exteriorizar la pretensión de disputarle al juzgador el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas y trasunta —en definitiva— el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias a partir de su personal criterio valorativo, sistema que, reiteradamente se ha señalado, configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2. Tampoco es de recibo la crítica dirigida a cuestionar la remuneración que el tribunal tomó en consideración para calcular el ingreso base.
En efecto, hallándonos nuevamente en el marco de cuestiones de índole fáctica y por ello —privativas por regla— de evaluación por parte de los tribunales ordinarios (causas L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 125.323, "Pestillo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.503, "Troitiño", sent. de 31-VIII-2022), el recurrente no cumple con la carga de evidenciar el absurdo que invoca.
Es que, el embate no supera el registro de una simple discrepancia de opinión, pues se limita a exponer un criterio discordante respecto de los salarios que debieron tenerse en cuenta para determinar el ingreso base mensual del trabajador, sin lograr demostrar el error que adjudica al fallo en la valoración de las constancias de la causa y de la prueba pericial contable y sus aclaraciones.
En rigor, no se advierte que el interesado aporte elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.3. En cambio, considero que debe acogerse el reproche concerniente a la aplicación al caso del decreto 669/19.
El análisis del planteo ensayado por el recurrente me exige realizar una hermenéutica directa de sus disposiciones (así como de su reglamentación), tarea en la que en modo alguno puedo obviar que el decreto 669/19 ha sido ya declarado inconstitucional por mi parte en otros casos análogos (a partir del precedente L. 129.800, "Muzychuk", sent. de 14-VII-2025), debido a la violación de la división de poderes o funciones estatales que ha implicado su emisión sin que se cumplan los estrictos requisitos previstos en la carta magna nacional para la excepcional habilitación del ejercicio —por el Poder Ejecutivo— de tal competencia legislativa, constituyendo éste un motivo de peso —por defecto de competencia del órgano emisor de la norma— que afecta de manera patente y manifiesta su compatibilidad constitucional en todos los casos (conf. arts. 1, 5, 28, 31, 33, 99 inc. 3 y concs., Const. nac.).
III.3.a. En efecto, en el precedente citado en el acápite principal presté plena adhesión al voto emitido por mi colega, doctora Kogan, el que —en lo pertinente— me permito aquí reproducir por resultar enteramente aplicable al presente caso.
III.3.a.i. En aquella oportunidad, explicó mi colega que el decreto de necesidad y urgencia 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación.
Con ello, el decreto reemplazó el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que morigerase los desfavorables efectos de procesos inflacionarios sobre la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos del decreto— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que habrían provocado un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualizó que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.3.a.ii. A partir de dicho marco, la mencionada colega hizo referencia al análisis que mi otro colega, doctor Soria, había efectuado al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (sent. de 31-V-2021), en la que asimismo presté adhesión a su sufragio, para afirmar que antes de la última reforma de la Constitución nacional, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra.
Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229. Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296. Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones.
Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da. Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes.
Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig. Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente "Peralta" (sent. de 27-XII-1990, Fallos: 313:1513), cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la presencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). Del fallo podía colegirse también que al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto —por el decreto emitido— a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial de los derechos restringidos por la medida, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, así como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señaló el colega referido que la Corte nacional mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, más allá de hallarse excluidas ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (Fallos: 318:1154), era menester la inmediata comunicación del acto al Congreso nacional, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había adoptado las disposiciones de carácter legislativo (Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944; e.o.).
III.3.a.iii. Continuó precisando la colega doctora Kogan en el invocado precedente L. 129.800, "Muzychuk", que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."), estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de norma
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.