Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios deducidos por la parte actora, con costas (arts. 289 y 303, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.009, "Márquez, Hugo Orlando contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Acción de revisión resolución de Comisión Médica jurisdiccional - Ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y dispuso el archivo de las actuaciones, imponiendo las costas —con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653 de aplicación al caso— a la parte actora vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 14-XII-2021).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 21-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la acción por accidente laboral in itinere iniciada por Hugo Orlando Márquez contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y declaró su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones, ello, por considerar que el actor no cumplió con el trámite previo ante las comisiones médicas, conforme lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.348 (v. pronunciamiento de 14-XII-2021).
Para así decidir, con sustento en lo resuelto por esta Corte en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) y L. 121.755, "Ibarra" (sent. de 13-X-2020), destacó que a partir de la sanción de la ley 14.997 se volvió exigible al trabajador el agotamiento de la instancia administrativa previa de carácter obligatoria y excluyente de toda otra intervención, debiendo el mismo solicitar la revisión de las resoluciones que las comisiones médicas dicten, mediante los remedios establecidos por la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Detalló que a partir de la prueba documental adunada a la causa (carátula del expediente administrativo identificado bajo el n° 0656447/21, con fecha de inicio el 4-III-2021), no se acreditaba que la autoridad administrativa hubiera dictado un acto que reuniera los requisitos de tipicidad exigidos por el ordenamiento jurídico para que posea la cualidad de imponer al particular cargas impugnatorias perentorias.
Entendió que, a los fines de garantizar la accesibilidad del ciudadano a la justicia, resultaba imprescindible que la Administración expidiese un certificado o acto administrativo similar en el que constase el agotamiento de la referida instancia previa y obligatoria.
Ello, indicó, toda vez que la razonabilidad de las prerrogativas procesales que la legislación consagra para la interposición de los remedios previstos en la resolución 298/17, ha de sustentarse en el cumplimiento estricto por parte de la Administración de todo recaudo o regulación que tienda a tutelar los derechos e intereses de los particulares.
Seguidamente, respecto al silencio administrativo invocado por la accionante, consideró que tampoco se encontraba configurado. En tal sentido, dijo que si bien el art. 3 de la ley 27.348 establece un plazo genérico de sesenta días para que la comisión médica se expida, a cuyo vencimiento queda expedita la vía judicial recursiva prevista en el art. 2 de la ley 27.348, destacó que dicho criterio solo era aplicable a los recursos que el damnificado interponga, y que no era el que hubo de adoptar la ley provincial 15.057 en su art. 2 inc. "j", aplicable al caso. Precisó que esta última norma adjetiva estableció la posibilidad de revisar lo actuado en sede administrativa mediante una acción laboral ordinaria imponiendo al actor la carga de acreditar el agotamiento de la vía administrativa o la configuración del silencio administrativo.
Bajo tal entendimiento y con apoyo en jurisprudencia de esta Corte, expresó, asimismo, que la normativa administrativa dispone que vencido el plazo de sesenta días impuesto por la ley especial, el interesado debe requerir a la Administración Pública que se expida y que, recién transcurridos los treinta días sin producirse el pronunciamiento, se considerará que hay silencio en los términos del art. 3 de la ley 27.348. Afirmó entonces, que el accionante no había demostrado la figura antes descripta y que no se hallaba probado el silencio de la Administración (conf. art. 10, ley 19.549).
II. La parte actora dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 28-XII-2021).
En la primera de las vías mencionadas, sostiene la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997 de adhesión a la ley nacional 27.348 por violar la forma de estado federal (arts. 1, 5, 75 incs. 12 y 23, 121 y 122, Const. nac.) y los arts. 15, 36, 39, 45 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que —aduce— la Provincia delega en el poder administrador nacional competencias que fueron reservadas por el poder constituyente.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
En efecto, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, se observa que los agravios planteados en el recurso de inconstitucionalidad traído hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, con costas (art. 303, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia violación de los arts. 1, 2 y 3 de la ley 27.348; de la ley 14.997; de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Señala que su parte cumplió con la instancia administrativa previa, ya que el trámite de divergencia en determinación de la incapacidad fue iniciado el 4 de marzo de 2021 y la comisión médica interviniente no se expidió en el plazo previsto por el art. 3 de la ley 27.348. Refiere que el agotamiento de la vía administrativa previa se produce por el vencimiento del plazo sin que se emita el debido dictamen (conf. art. 2, ley 27.348).
Postula que en el caso el a quo hace una errónea interpretación de las normas y adiciona un requisito inconstitucional al imponerle al trabajador que, pasados los sesenta días hábiles administrativos, intime a la comisión médica a los fines de que se expida, cuando —aduce— disponer la prórroga de dicho lapso es facultad de la Administración.
Agrega que el tribunal rechazó in limine la presente demanda, sin siquiera pedir prueba informativa alguna a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para verificar el cumplimiento de los plazos del art. 3 de la ley 27.348, máxime —aduce— cuando la documental acompañada fue desconocida por la contraparte.
II. A mérito de su insuficiencia, debe desestimarse el recurso (art. 279, CPCC).
Sin abrir juicio respecto del acierto o no del fallo de grado, queda evidenciado que no ha sido objeto de un embate idóneo.
Es que el recurrente se desentiende de las motivaciones que integran la estructura del pronunciamiento, antes bien, el diseño de su impugnación muestra un razonamiento alejado de las consideraciones que le dan sustento a la decisión de grado.
Ninguna reflexión trae el quejoso vinculada con los argumentos que blandió el tribunal laboral en cuanto juzgó que el plazo previsto por el art. 3 de la ley 27.348 —a cuyo vencimiento, indicó, queda expedita la vía recursiva prevista en el art. 2 de igual norma— solo es aplicable a los recursos que el damnificado interponga, pero que dicho criterio no era el adoptado por el legislador provincial en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, aplicable al caso, que a diferencia de aquella otra legislación, regula la interposición de la acción ordinaria e impone como requisito que el accionante acredite la configuración del silencio administrativo (v. pronunciamiento, págs. 3/4).
Otro costado de la deficiencia de la impugnación puede verificarse en la ausencia de una concreta denuncia orientada a evidenciar una eventual violación o errónea aplicación de la jurisprudencia de esta Corte a la que acudió el tribunal para fundar su decisión (causas L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025), así como tampoco de la norma invocada en este tramo de la decisión.
Resultan entonces aplicables aquellas directrices de este Tribunal que señalan que es un requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024; L. 131.409, "López", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Luego, deviene ineficaz aquel reproche referido a la prueba que el órgano de grado ponderó para juzgar no comprobado el evocado silencio administrativo, en la medida que el interesado no denuncia que se hubiere configurado el vicio de absurdo en la tarea —privativa— de valorar las constancias probatorias de la causa, déficit que sella la suerte adversa del agravio (art. 279, CPCC).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General respecto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, se rechazan los recursos extraordinarios deducidos por la parte actora, con costas (arts. 289 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:52:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:11:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:53:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:44:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:01:14 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 12:32:21 hs. bajo el número RS-73-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia