Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.687, "Páez, Braian Simón contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Acción de revisión res. comisión médica jurisdiccional ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y dispuso el archivo de las actuaciones, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 26-V-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y declaró su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones, ello, en razón —dijo— de no haber el demandante concluido la instancia administrativa previa y obligatoria establecida en el art. 1 de la ley 27.348.
Para así decidir, luego de destacar que a partir de la sanción de la ley 14.997 se volvió exigible al trabajador el agotamiento de la instancia administrativa previa de carácter obligatoria y excluyente de toda otra intervención, expresó que conforme lo establecido en el art. 2 de la resolución 899-E/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el titular del Servicio de Homologación debe emitir el acto administrativo definitivo que concluye y agota esa instancia.
Detalló que en el expediente administrativo 90.070/19 hubo de arribarse a la instancia de pago de las prestaciones dinerarias pero que el actor no se había presentado a la audiencia fijada, y que intimado a que continúe con las actuaciones, se decretó el archivo; mientras que en el expediente 381.063/19 solo se había iniciado el trámite sin su debida continuidad.
Bajo esa valoración, dijo que no se encontraba acreditado que la autoridad administrativa hubiere dictado un acto que reuniera los requisitos de tipicidad exigidos por el ordenamiento jurídico para que posea la cualidad de imponer al particular cargas impugnatorias perentorias; entendió que a los fines de garantizar la accesibilidad a la justicia, resultaba imprescindible que la Administración expidiese un certificado o acto administrativo similar en el que constase el agotamiento de la referida instancia previa.
Seguidamente, respecto al silencio administrativo invocado por la accionante, consideró que tampoco se encontraba configurado. En tal sentido, dijo que si bien el art. 3 de la ley 27.348 establece un plazo genérico de sesenta días para que la comisión médica se expida, a cuyo vencimiento queda expedita la vía judicial recursiva prevista en el art. 2 de la ley 27.348, destacó que ese criterio solo era aplicable a los recursos que el damnificado interponga, y que no era el que hubo de adoptar la ley provincial 15.057 en su art. 2 inc. "j", aplicable al caso. Precisó que esta última norma adjetiva estableció la posibilidad de revisar lo actuado en sede administrativa mediante una acción laboral ordinaria imponiendo al accionante la carga de acreditar el agotamiento de la vía administrativa o la configuración del silencio administrativo.
Bajo tal entendimiento, y con apoyo en jurisprudencia de esta Corte, indicó, asimismo, que la normativa administrativa dispone que vencido el plazo de sesenta días impuesto por la ley especial, el interesado debe requerir a la Administración Pública que se expida, y que recién transcurridos los treinta días sin producirse el pronunciamiento, se considerará que hay silencio en los términos del art. 3 de la ley 27.348. Afirmó entonces, que el accionante no había demostrado la figura antes descripta y que no se hallaba probado el silencio de la Administración; citó seguidamente el art. 10 de la ley 19.549.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 y 10 Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la ley 27.348; 1.742 del Código Civil y Comercial de la Nación; 15, 39 y 161 de la Constitución provincial; 163 incs. 3 y 5, 278 a 295,486 y 487 del Código Procesal Civil y Comercial; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; 1, 2, 12 y 17 de la ley 11.653; de la resolución 298/17; de la ley 14.997; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 9-VI-2022).
II.1. Alega que el tribunal de grado realizó una inadecuada apreciación del art. 3 de la ley 27.348, en lo concerniente al plazo perentorio de sesenta días hábiles allí establecido.
Señala que dicha norma establece la posibilidad de recurrir a la justicia una vez agotada la etapa administrativa o cuando la comisión médica no se expida dentro del plazo allí determinado. Expone que, si bien en el expediente administrativo 90.070/19 el trabajador no pudo asistir a la audiencia de homologación debido a que coincidió con el primer día de su nuevo puesto laboral y que en el expediente 381.063/19 tampoco pudo concurrir a la cita para la revisión médica —lo que ocasionó que en ambos casos se procediera a su archivo—, lo cierto es que el plazo perentorio se encontraba vencido, por lo que se encontraba expedita la vía judicial. Agrega que el art. 32 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se excedió al modificar el momento en el que debe comenzar a correr dicho plazo, en tanto no estaba habilitada para ello.
II.2. Cuestiona que el a quo haya fundado su decisión en el art. 10 de la ley 19.549, pues asegura que no resulta aplicable en casos de naturaleza laboral ni en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
II.3. Además, invoca transgredidos los principios de congruencia y razonabilidad jurídica, y también "la sana crítica".
III. A mérito de su insuficiencia, debe desestimarse el recurso (art. 279, CPCC).
III.1. Sin abrir juicio respecto del acierto o no del fallo de grado, queda evidenciado que no ha sido objeto de un embate idóneo.
Es que el recurrente se desentiende de las motivaciones que integran la estructura del pronunciamiento, antes bien, el diseño de su impugnación muestra un razonamiento alejado de las consideraciones que le dan sustento a la decisión de grado.
Ninguna reflexión trae el quejoso vinculada con los argumentos que blandió el tribunal laboral en cuanto juzgó que el plazo previsto por el art. 3 de la ley 27.348 —a cuyo vencimiento, se indicó, queda expedita la vía recursiva prevista en el art. 2 de igual norma— solo es aplicable a los recursos que el damnificado interponga, pero que dicho criterio no era el adoptado por el legislador provincial en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, aplicable al caso, que a diferencia de aquella otra legislación, regula la interposición de la acción ordinaria e impone como requisito que el accionante acredite la configuración del silencio administrativo (v. pronunciamiento, págs. 3/4).
Otro costado de la deficiencia de la impugnación puede verificarse en la ausencia de una concreta denuncia orientada a evidenciar una eventual violación o errónea aplicación de la jurisprudencia de esta Corte a la que acudió el tribunal para fundar su decisión (causas L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025).
Con todo, resultan aplicables aquellas directrices de este Tribunal que señalan que es un requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024; L. 128.472, "Alegre", sent. de 10-II-2025; e.o.).
III.2. Aunque lo anterior basta para rechazar el medio de impugnación, para más, ahondando en el contenido de los agravios traídos, dable es agregar que la doctrina legal cuya violación denuncia el interesado ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso bajo análisis, lo que revela su falta de aptitud (causas L. 118.268, "Peralta", sent. de 5-XII-2018; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.755, "Mansilla", sent. de 30-III-2026).
Y ciertamente, en modo alguno fundamenta el recurrente cómo podría emplearse en la especie la reclamada regla de la sana crítica, cuando a su vez, ya en orden a la alegada violación del postulado de la congruencia, omite denunciar la eventual transgresión de las normas rituales que lo receptan, así como también la hipotética concurrencia del vicio de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso, requisitos insoslayables (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 126.664, "Tejerina", sent. de 14-III-2023; L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:52:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:11:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:53:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:44:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:01:13 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 12:32:20 hs. bajo el número RS-72-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia