Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131240
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.240, "Carmiglio, Gustavo J. contra Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, acogió la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 8-VI-2023).
Se interpusieron, por las coaccionadas Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. (v. presentación de fecha 23-VI-2023) y Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. escrito electrónico de 28-VI-2023), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiéndose concedido el primero y denegado el segundo por el órgano actuante (v. auto de fecha 7-IX-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar, por mayoría, a la demanda promovida por el señor Gustavo Javier Carmiglio contra Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. y Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que pretendía —con fundamento en las normas del Código Civil (ley 340) y la ley 24.557— el pago de las indemnizaciones integral y sistémica, por la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que adujo haber contraído en cumplimiento de las tareas que prestó para su empleadora.
En lo que resulta de interés, refirió en el veredicto que no había mediado controversia respecto de la vinculación laboral del actor con la empresa Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A., desde el año 1996 hasta el año 2007 (v. vered., pág. 2).
Asimismo, por mayoría, juzgó acreditado —en base a las pruebas periciales técnica, médica y testimonial— el carácter riesgoso de la tarea desarrollada por el dependiente, el nexo causal entre esa labor y el daño, así como los incumplimientos a las normas de seguridad e higiene por parte de la patronal. En razón de ello, estimó demostrados los presupuestos fácticos previstos en los arts. 1.109 y 1.113 del derogado Código Civil (v. vered., pág. 13).
Para arribar a tal conclusión, el voto mayoritario sostuvo que, de los testimonios de Benítez, Gigliotti y Márquez, surgía que el señor Carmiglio trabajó en una primera etapa como ayudante y luego como maquinista (en el sector texturizado), y que, en cumplimiento de dicha labor, debía desplazar carros en distancia no menor a doce metros y movilizar bobinas desde el piso hasta una máquina.
Ello —precisó el juzgador— en consonancia con lo dictaminado por la experta ingeniera, quien informó que los riesgos de la tarea del actor eran las posturas antiergonómicas y que los operadores debían transportar, por diez o doce metros, carros con bobinas de doscientos cuarenta kilos de peso (v. fs. 285 vta. y 286; vered., pág. 14).
Destacó que aquella especialista también informó que la aseguradora codemandada, al elaborar el programa de reducción de siniestralidad, incluyó, entre las "causales graves de accidentes en el establecimiento", a los "sobresfuerzos y golpes provocados al efectuar el movimiento de las bobinas y carros para tal fin", como asimismo, los "dolores musculares por carga, descarga y acarreo de materiales" (fs. 286 vta. y 287), manifestando que "el riesgo a sobreesfuerzos es inherente al puesto de trabajo" (fs. 288; vered., pág. 14).
En cuanto a la incapacidad que porta el dependiente, indicó que mediante la pericia médica quedó demostrado que padece lumbalgia crónica por espondiloartrosis que lo incapacita en un 15% de la total obrera y que, de acreditarse las características de las tareas denunciadas, existiría nexo causal (escrito de 25-XI-2020), precisando más adelante que la incidencia laboral de esa lesión sería del 70% (escrito de 14-III-2021) y el restante 30% atribuible a factores de predisposición personal.
Así, dijo el juzgador, la incapacidad parcial y permanente sería del 10,5% teniendo en cuenta las referidas condiciones medioambientales, o —en su caso— del 15 % de la total obrera (v. vered., pág. 11).
Luego especificó que, considerando los factores de ponderación y la referida predisposición personal, la merma de la capacidad laborativa ascendería a un 13,55% de la total obrera, mientras que omitiendo esta última, arrojaría un 18,5% (v. vered., pág. 12).
Tuvo particularmente en vista que la aseguradora de riesgos del trabajo advirtió a la patronal que uno de los aspectos que debía corregir para mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad, eran, precisamente, los "sobresfuerzos y golpes provocados al efectuar el movimiento de las bobinas y carros" (vered., pág. 15).
A la luz del entramado fáctico descripto, la mayoría del tribunal concluyó que tanto las tareas asignadas al dependiente (en tanto implicaban la realización de grandes esfuerzos y la adopción de posturas antiergonómicas), como las cosas con que debía realizarlas (bobinas, carros) eran riesgosas (art. 1.113, Cód. Civ.), existiendo —aseveró— un evidente nexo causal entre aquéllas y el daño sufrido por el dependiente (v. vered., pág.15).
Ya en la etapa de sentencia, tras determinar las prestaciones sistémicas debidas al dependiente por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo —operación que efectuó teniendo cuenta valores salariales actuales, e intereses moratorios a tasa pura del 6% anual—; resolvió lo concerniente a la responsabilidad civil de la empleadora.
En esta faena, de acuerdo a lo resuelto en el veredicto, concluyó que la actividad de Carmiglio en los diversos puestos de trabajo que ocupó dentro de la firma empleadora eran subsumibles en el concepto de actividad riesgosa contemplado en el art. 1.113 del Código Civil.
En cuanto a la responsabilidad subjetiva, juzgó que dicha codemandada omitió cumplir con la mejora en seguridad y siniestralidad indicada por la aseguradora interviniente.
Por ello, atribuyó responsabilidad civil objetiva y subjetiva a Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. en la causación del daño sufrido por el actor con sustento en los arts. 512, 902, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
Definido lo anterior, puesto a determinar el resarcimiento que le correspondería percibir al dependiente en el marco del derecho común, refirió utilizar los parámetros que surgen de las fórmulas "Vuotto" y "Méndez".
En este orden, luego de rememorar el proceso inflacionario que afecta al país, la extensa duración que insumió la tramitación de la causa, el deber de los jueces de valorar la realidad económica al momento de sentenciar, y los principios de equidad, justicia social, los generales del derecho del trabajo, y la buena fe, sostuvo —con cita de doctrina científica— que conceptualmente la obligación de pagar la indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo es una deuda de valor, argumento —puntualizó el juzgador— receptado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 772), la jurisprudencia de la Corte federal y la dotrina legal de esta Corte que individualizó: causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018); C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018); entre otros (v. sent., págs. 7/10 y 21).
Sentado lo que antecede, utilizó el salario percibido por un operario de su misma categoría, conforme el convenio de aplicación, vigente a mayo de 2023 ($139.725,32; sent., pág. 21) a fin de calcular la indemnización debida al dependiente con sustento en el derecho común.
En punto al grado de incapacidad parcial y permanente que porta el dependiente, señaló que "sin contemplar la eventual incidencia de los factores de predisposición personal -únicamente aplicable en el marco de reclamos por la ley especial de la materia- ha quedado fijada en el 18,5% de la total obrera" (sent., fs. 22).
Arribó entonces en concepto de daño material a la suma de $7.336.870,69 (v. pág. cit.).
Concerniente al daño moral, recordó que no requiere acreditación (art. 1.078, Cód. Civ.), a la vez que —dijo— atendiendo a las circunstancias personales y el tipo de patologías que sufre el reclamante, resultaba prudente fijarlo en un 30% de la suma recién mencionada. Refirió haber ponderado especialmente el impacto de la incapacidad sufrida en la salud de una joven persona, de treinta y ocho años (v. sent., pág. 22).
Por último, verificada la responsabilidad civil de la empleadora y de la aseguradora de riesgos del trabajo, declaró —por los fundamentos que expuso— la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557.
En definitiva, condenó en concepto de saldo por reparación integral a Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. por la suma de $14.069.755,86 ($7.478.244,64 por capital, con más $6.591.511,22 en concepto de interés), mientras que a la aseguradora de riesgos del trabajo lo hizo por $3.875.146,87 ($2.059.687,26, e intereses por $1.815.459,61) por reparación sistémica.
II. Contra dicho pronunciamiento, la codemandada Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A., interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 15, 25 y 31 de la Constitución provincial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 6, 18, 23, 231, 232, 245 de la ley 20.744; 726 del Código Civil y Comercial; 52 y concordantes de la ley 23.551, 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 362, 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba a partir de la cual tuvo por acreditado el riesgo de la actividad y la culpa de la empleadora en la causación del daño; por lo que no se configuraron —aduce el quejoso— los presupuestos previstos en los arts. 1.113 y 1.109 del Código Civil.
Esgrime que no incumbía a la accionada la carga de demostrar que las actividades del actor no eran riesgosas, ni que no había incurrido en una conducta culposa que se vinculara causalmente con la incapacidad que padece.
Transcribe un fragmento del voto minoritario que —manifiesta— interpretó razonablemente el tema en debate.
Refiere que mediante la prueba pericial de ingeniería laboral se corroboró que la empleadora contaba con Servicio de Medicina e Higiene en el Trabajo; y, además, que adoptó medidas de seguridad y prevención, a lo que aduna que las tareas de esfuerzo que dijo realizar el actor no eran ejecutadas por "maquinistas" (rec., págs. 5/6).
Añade que, ante la impugnación formulada por su parte, dicha experta manifestó que los eventuales riesgos por sobreesfuerzos y posiciones se controlaban mediante "una correcta mecánica corporal y un mantenimiento preventivo de los carros utilizados" (fs. 299), por lo cual —infiere el interesado— la actividad no resultaba riesgosa.
Refiere que tampoco se objetivó un peligro concreto, simplemente se lo invocó de forma genérica sin explicitar de qué manera la actividad del operario o la presunta omisión a las observaciones provenientes de la aseguradora pudieron generar el daño (nexo causal).
Aduce que las declaraciones vertidas por los testigos propuestos por la contraria fueron parciales, dirigidas y disparatadas, resultando relevante, en cambio, los dichos del ofrecido por la accionada —jefe de seguridad e higiene de la empresa— quién dio cuenta en forma detallada de la actividad desplegada por los "maquinistas" (rec., pág. 7).
Denuncia violada la doctrina que emerge de la causa L. 87.342, "L.E." (sent. de 20-VI-07), relativa al "nexo efectivo", que entiende no verificado en el caso.
II.2. Se agravia de la decisión de grado por haber establecido, sin que hubiere mediado petición del accionante en su escrito liminar, la cuantificación del ingreso base como deuda de valor. Denuncia que se vulneró el principio de congruencia.
Arguye que tampoco se solicitó en aquella oportunidad procesal la aplicación de intereses, desde que el interesado se limitó a efectuar una mención de carácter general. Cita, en este sentido, la causa L. 108.383, "Alderete" (sent. de 18-VI-2014).
Postula que la utilización de un salario actualizado por parte del juzgador evidencia una situación doblemente prohibida: de un lado, por encubrir la inobservancia de la doctrina legal de este Tribunal relativa a los acrecidos (identifica las causas L. 118.587, "Trofe" y L. 118.615, "Zocaro"); por el otro, porque implica indexar un crédito, mecanismo prohibido por las leyes 23.928 y 25.561.
Entiende que la única herramienta procesal de la que pudo haberse valido el sentenciante para mermar la depreciación monetaria es el art. 48 segundo párrafo de la ley 11.653.
II.3. Impugna el fallo de grado por haber incurrido en arbitrariedad y apartamiento de la doctrina legal de esta Corte, respecto a la proporción de los daños indemnizables por el empleador en concepto de reparación integral.
En este sentido, manifiesta que no obstante haberse validado las consideraciones volcadas en la pericia médica, en orden a que la incapacidad constatada del dependiente era del 15% de la total obrera (atribuible en un 70% al trabajo y el restante 30% a la predisposición del actor) el juzgador dispuso condenar a la empleadora en base un 18,5%, esto es, adicionando los factores de ponderación, los cuales —alega el quejoso— no surgen de dicha experticia, ni del escrito de demanda, vulnerando —de este modo— el principio de congruencia. Añade que su utilización solo resulta viable para las indemnizaciones sistémicas, no para la reparación civil.
Aduce que en la sentencia se constató la existencia de una incapacidad del 15% de la total obrera, la cual, descontando los factores de predisposición personal y ponderación, se reduciría a un 10,5%, y no al 18,50% consignado en la sentencia.
En este sentido, refiere violada la doctrina legal de esta Corte en virtud de la cual —dice el quejoso— cuando en la composición total del deterioro en la salud del trabajador interviene un factor extraño al trabajo como la predisposición personal, la reparación del daño a indemnizarse por la acción común del Código Civil es solo el porcentaje de la disminución laborativa producida por el riesgo o vicio de las cosas de propiedad o bajo la guarda de la demandada y/o por la acción u omisión negligente de ésta.
Cita los precedentes L. 96.467, "Busso" (sent. de 3-VI-2009) y L. 70.672, "Ovejero" (sent. de 5-VII-2000).
Añade, en esta línea, que la acción indemnizatoria intentada por la vía civil para lograr la reparación de un infortunio del trabajo no contempla el principio de la indiferencia de la concausa. Menciona en este punto la causa L. 68.967, "Rocca" (sent. de 24-XI-1999).
En suma, entiende que Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. no debe responder por los daños respecto de los cuales se verificó una causalidad extraña al trabajo, en consideración específica de la inaplicabilidad de la teoría de la indiferencia de la concausa.
II.4. Por último, se alza contra la condena impuesta en concepto de daño moral, señalando que ella no cuenta con fundamentación y, además, por haberse fijado extra petitum.
En este orden, alega que el juzgador brindó basamento normativo a la procedencia del rubro únicamente en el art. 1.078 del Código Civil (ley 340), cuando debió aplicar el nuevo art. 1.741 del Código Civil y Comercial en su carácter de norma de operatividad inmediata a los juicios en trámite al momento de su sanción, tal como lo hizo —argumenta el quejoso— al utilizar el art. 768 de dicho cuerpo normativo al fallar sobre los intereses.
Aduce que tampoco expuso el sentenciante, de acuerdo a la norma cuya operatividad propicia el recurrente, cuáles serían las pretensas "circunstancias personales y tipo de patologías" que motivaron a graduar el daño moral del modo en que lo hizo (v. rec., pág. 19).
Añade que el único anclaje de referencia del tribunal en torno a la cuantificación de dicho concepto fue que el actor tenía treinta y ocho años, sin explicitar de qué manera la suma reconocida en la sentencia le compensaría el daño sufrido.
Asimismo, denuncia que el juzgador incurrió en absurdo y violación del principio de congruencia, por cuanto en el escrito de demanda se cuantificó dicha pretensión en un 20%; y no en un 30% del daño material como se estableció en el pronunciamiento en crisis.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. No es de recibo la impugnación dirigida a controvertir la verificación de los factores de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva (arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, ley 340), que el órgano de la instancia de grado atribuyó a la firma empleadora.
Sabido es que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran —o no— los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340), son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 114.098, "Encey", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.999, "Peralta", sent. de 8-X-2014; L. 117.933, "Costoza", sent. de 11-VI-2020 y L. 131.496, "Ferreyra", sent. de 15-X-2025). También lo es, que la existencia del nexo causal —o concausal— y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones propias de los magistrados de grado y ajenas a la casación, salvo que se acredite el excepcional vicio antes mencionado en su labor axiológica (conf. causas L. 95.659, "Feliciotti", sent. de 28-V-2010; L. 102.918, "López Cachaco", sent. de 16-II-2011; L. 107.115, "Quadrio", sent. de 25-IV-2012; L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024).
En el caso, el interesado no logra acreditar el absurdo que invoca en lo concerniente a la conclusión del tribunal vinculada a que tanto las tareas asignadas al dependiente —y las cosas con que debía realizarlas— eran riesgosas; como así tampoco respecto a la concreta omisión —que el órgano de grado estimó verificada— en el cumplimiento por parte de la empleadora de las mejoras que le había indicado la aseguradora contratada.
Menos aún demuestra aquella anomalía en la constatación del nexo causal que el juzgador estimó acreditado sobre la base de los elementos de juicios que se detallaron en el apartado I del presente, a saber: prueba testimonial y periciales técnica y médica (v. vered., págs. 13/15). Cabe advertir, respecto de esta última, que el juzgador apuntó que la experta interviniente dictaminó en su informe que de acreditarse las características de las tareas "existiría nexo causal con tales secuelas" (vered., pág. 15).
De tal modo, la insuficiencia de la crítica surge nítida. Por un lado, porque los argumentos que expone el compareciente transitan sobre apreciaciones personales en torno al modo en que —en su criterio— debió ponderarse la prueba colectada en la causa (en particular, la testimonial y la pericia técnica), sin ocuparse en rebatir idóneamente el razonamiento trazado en el fallo, lo cual —conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal— constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo invocado (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; L. 131.447, "Blanco",
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.