Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130546
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.546, "Paszkiewich Alicia Mabel contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 9-III-2023 y sent. de fecha 14-III-2023).
Se dedujo, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 30-III-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por Alicia Mabel Paszkiewich y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de reparación sistémica establecida en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el 4 de noviembre de 2019.
En lo relevante, a la hora de determinar el importe de las prestaciones dinerarias, declaró aplicables las previsiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19, norma —indicó— invocada por la demandada en el capítulo IX.7 de su conteste (v. presentación electrónica de 8-IV-2022), que vino a modificar la forma de liquidar el ingreso base al sustituir el texto del art. 12 de la ley 24.557 y modificatorias.
En cambio, juzgó que no correspondía aplicar al caso concreto la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), reglamentaria del citado decreto, por ir en desmedro de este último y vulnerar las prerrogativas indemnizatorias de la accionante y su derecho de propiedad; circunstancias que juzgó evidentes al realizar la comparación de lo que tendría que percibir la legitimada activa por uno u otro sistema legal.
Explicó que la mentada resolución dispone la sumatoria simple de las variaciones diarias del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), convirtiendo a este último en un régimen de interés diario en vez de una fórmula de ajuste; sin embargo —remarca— las modificaciones dispuestas reglamentariamente no pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales, evento que —dijo— acontece en la especie.
Citó —también— doctrina autoral que propicia la inoponibilidad de la disposición en cuestión al dependiente, por tratarse de una norma técnica dirigida a estimar las reservas de las obligadas y su relación con los siniestros y juicios en trámite.
Añadió que el art. 2 del decreto de necesidad y urgencia 669/19 encomendó a la Superintendencia de Seguros de la Nación el dictado de las normas aclaratorias y complementarias del nuevo texto del art. 12 de la ley 24.557, pero remató que si hay algo que la disposición analizada no hace es aclarar.
En suma, concluyó que la citada resolución provoca una restricción de derechos al trabajador, vulnerando sus propios fundamentos, esto es, que las modificaciones que establece no pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
En este marco, por aplicación del decreto 669/19 determinó el ingreso base de la trabajadora en $460.470,49, importe a partir del cual procedió a calcular el capital de condena de conformidad con las pautas que tuvo por acreditadas en el veredicto, arribando a un monto total de $15.554.020,07.
Finalmente, señaló que toda vez que este último se encuentra actualizado en virtud de la normativa que juzgó aplicable, declaró que no corresponde la liquidación de otros intereses.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 15, 161, 168, 171 y concordantes de la Constitución provincial; del decreto 669/19; de la resolución 1.039/19 de la SSN y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que la sentencia de grado vulnera el principio de congruencia por haber declarado la inconstitucionalidad de la resolución 1.039/19 de la SSN sin que hubiera mediado petición de parte ni sustanciación alguna, lo cual impidió a la compareciente ejercer su derecho de defensa.
II.2. Aduce que los argumentos dados por el tribunal para descalificar la validez constitucional de dicha resolución devienen insuficientes, desde que no existen dos sistemas legales para el cálculo de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo, antes bien, se trata de un régimen integrado por distintas disposiciones.
Añade que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que obliga a ejercer dicha atribución con prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, y que para que su declaración sea oficiosa el agravio constitucional debe ser patente.
Explica que, en el presente caso, de tomarse la tasa de interés acumulada en los términos de la citada resolución de la SSN, se arriba a un ingreso base mensual de $271.469,87 y no de $460.470,49 como se indicó en el fallo. Aclara que la diferencia surge porque los coeficientes utilizados en el fallo importan una capitalización de intereses reñida con el art. 770 del Código Civil y Comercial.
II.3. Finalmente, expone que, de confirmarse la inconstitucionalidad de la resolución en crisis, se afectaría seriamente el patrimonio de la aseguradora demandada como consecuencia directa de la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación, como así también el patrimonio de la masa de los asegurados, desde que sobrevendría su insuficiencia para el pago de las prestaciones sistémicas, generando una evidente inequidad.
Manifiesta que "crear" un índice de ajuste diverso al establecido en la norma de aplicación (el decreto señalado), mediante la declaración de inconstitucionalidad de su norma interpretativa (la resol. 1.039/19 de la SSN) con el solo argumento de que los guarismos resultantes resultan distintos según se aplique o no lo establecido en la resolución, quiebra el correlato que debe imperar entre el riesgo asegurado y el precio del seguro, con violación del derecho de propiedad de la recurrente.
III. Pues bien, por los fundamentos que seguidamente se exponen, considero que el recurso debe recibir favorable acogida.
III.1. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden en que los agravios fueron plasmados en el recurso, principiando por abordar el dirigido a denunciar la supuesta violación del postulado de la congruencia.
Cabe recordar aquí que dicho principio implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac. y 163 inc. 6, CPCC; causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020; L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; L. 129.063, "Gómez", sent. de 4-X-2023; e.o.).
Bajo estos lindes, no observo trasgredido el mencionado axioma, en tanto —a mi modo de ver— el impugnante no logra poner en evidencia cabalmente un apartamiento del tema a decidir por parte del juzgador de mérito a la hora de adoptar la solución impugnada, toda vez que la subsunción del caso en la norma que se estima correspondiente resulta ser una típica tarea de encuadramiento legal, inherente a la aplicación del derecho, y como tal, no susceptible de violar dicho principio vinculado a los términos en que quedó articulada la relación procesal (conf. arts. 163 inc. 6, 272 y concs., CPCC).
III.2. Distinta es la suerte de los embates vinculados con la interpretación y aplicación del decreto 669/19 y su reglamentaria resolución 1.039/19 de la SSN que cabe efectuar en el caso.
Es que puesto a analizar el modo concreto en que las citadas disposiciones deberían ser empleadas para resolver la presente controversia, exigiéndome ello realizar una hermenéutica directa de las mismas, en modo alguno puedo obviar que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 ha sido ya declarado inconstitucional por mi parte en otros casos análogos (a partir del precedente L. 129.800, "Muzychuk", sent. de 14-VII-2025), debido a la violación de la división de poderes o funciones estatales que ha implicado su emisión sin que se cumplan los estrictos requisitos previstos en la carta magna nacional para la excepcional habilitación del ejercicio —por el Poder Ejecutivo— de tal competencia legislativa, constituyendo éste un motivo de peso —por defecto de competencia del órgano emisor de la norma— que afecta de manera patente y manifiesta su compatibilidad constitucional en todos los casos (conf. arts. 1, 5, 28, 31, 33, 99 inc. 3 y concs., Const. nac.).
III.2.a. En efecto, en el precedente citado en el acápite principal presté plena adhesión al voto emitido por mi colega, doctora Kogan, el que con su aquiescencia y en lo pertinente, me permito aquí reproducir por resultar enteramente aplicable al presente caso.
III.2.a.i. En aquella oportunidad, explicó mi colega que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación.
Con ello, el decreto reemplazó el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que morigerase los desfavorables efectos de procesos inflacionarios sobre la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos del decreto— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que habrían provocado un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualizó que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.2.a.ii. A partir de dicho marco, la mencionada colega hizo referencia al análisis que mi otro colega, doctor Soria, había efectuado al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (sent. de 31-V-2021), en la que asimismo presté adhesión a su sufragio, para afirmar que antes de la última reforma de la Constitución nacional, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32; González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505; Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra.
Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691; Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229; Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297; Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296; Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs.; Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones.
Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da. Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285; Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292; Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447; Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243; Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs.; Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.; Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente "Peralta" (sent. de 27-XII-1990, Fallos: 313:1513), cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la presencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). Del fallo podía colegirse también que al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto —por el decreto emitido— a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial de los derechos restringidos por la medida, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, así como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señaló el colega referido que la Corte nacional mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, más allá de hallarse excluidas ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (Fallos: 318:1154), era menester la inmediata comunicación del acto al Congreso nacional, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había adoptado las disposiciones de carácter legislativo (Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944; e.o.).
III.2.a.iii. Continuó precisando la referida colega en el invocado precedente L. 129.800, "Muzychuk", que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."), estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado de la norma constitucional se regulan exigencias formales para la comunicación del decreto de necesidad y urgencia emitido a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento en ambas Cámaras (actuación regulada posteriormente por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006).
Enfatizó que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera oportunidad, mérito o conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13°).
Reseñó que la Corte Suprema nacional ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726; 333:633; e.o.), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Adujo que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho deviene susceptible de suficiente revisión judicial; escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud y las referidas notas de excepcionalidad. De no abastecerse las mismas, el decreto carecería de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048; e.o.).
Consideró que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449, 467; 269:393; 283:76; e.o.), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (Fallos: 333:633; e.o.).
III.2.a.iv. De tal modo, afirmó que la invalidez constitucional del decreto 669/19 resulta incontrastable, en tanto el órgano emisor no justifica la potestad ejercida, ni en lo relativo a la configuración de una emergencia, ni en cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo ordinario.
Advirtió que de la lectura de sus consi
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