Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62296
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.296, "Catinari, Ernesto Oscar contra Provincia de Buenos Aires sobre Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
Ernesto Oscar Catinari, por apoderada, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) pretendiendo el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la resolución 210/98 que declaró su prescindibilidad por aplicación de lo dispuesto por la ley 11.880 (prorrogada por ley 12.056).
Solicita, además, el pago de una indemnización por haber sido postergada su posibilidad de ascender desde fines de 1994 hasta 1998, y por las diferencias salariales que, entiende, debió percibir como consecuencia del reconocimiento de tales ascensos.
Finalmente, reclama una indemnización por daño moral. Todo ello, más intereses y costas (v. fs. 7/16).
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, quien plantea la improcedencia de los reclamos y afirma la legitimidad de los actos impugnados. En consecuencia, solicita el rechazo de la demanda (v. fs. 87/95).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de las partes (v. fs. 309/313) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata en la demanda el señor Ernesto Oscar Catinari que formó parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante veintinueve años hasta que el día 28 de mayo de 1998 fue declarado prescindible mediante resolución 210/98, percibiendo, en consecuencia, lo que considera una magra indemnización conforme al art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Señala que contra la decisión planteó recurso de revocatoria, que fue rechazado por resolución 739/99 de fecha 22 de julio de 1999.
En concreto, reclama el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, por distintos rubros. En primer lugar, por las consecuencias de lo que denomina una "prescindibilidad anticipada". En segundo lugar, por haber sido, según su entender, injustamente postergado en ascensos que le correspondían desde 1994 a 1998 y por las diferencias salariales derivadas de dichos ascensos no logrados. Finalmente, por el daño moral. Todo ello, más intereses y costas.
I.1. Aduce que la prescindibilidad decretada, en su caso, fue adoptada sin causa aparente, habida cuenta de que tenía una foja de servicios intachable a lo largo de la carrera, sin sanciones de entidad. En suma, ataca la utilización arbitraria de dicho instrumento legal.
Además, indica que en el momento en que se dispuso la medida se encontraba haciendo uso de licencia médica y la ilegítima decisión no hizo más que agravar su salud.
I.2. Sobre la posibilidad de ascender en la carrera, plantea que para el 1 de enero de 1995 debió acceder al cargo de Comisario Inspector pero fue injustamente postergado. En consecuencia, en esta instancia judicial, cuestiona la composición de la Junta Evaluadora que lo calificara y reclama una suma indemnizatoria por dicha postergación como también por las diferencias salariales no devengadas.
II. La Fiscalía de Estado, al contestar la demanda, manifiesta en primer lugar que el demandante se ha limitado a solicitar daños y perjuicios de un modo genérico sin explicar en qué consiste el nexo causal entre los daños sufridos y la actuación administrativa. Así, entiende que la redacción de la demanda, en la que se transcriben los escritos presentados anteriormente en sede administrativa, no resulta suficiente como causa y fundamento de la pretensión de daños que se intenta. En consecuencia, solicita que se la desestime por infundada e improcedente.
Sobre la prescindibilidad decretada, niega que existan daños derivados de su dictado y sostiene la legitimidad de la medida. Además, aclara que el demandante percibió la indemnización sustitutiva prevista en la ley, por lo que entiende que no cabe el reclamo de otras sumas en concepto de daño material o moral.
Para más, agrega que el señor Catinari percibe un haber previsional del 95,83% del sueldo activo, de modo que obtuvo dos prestaciones sustitutivas del derecho a la estabilidad como consecuencia de la prescindibilidad decretada.
Por otro lado, considera que resulta improcedente el reclamo del actor por un ascenso no efectuado y las diferencias devengadas de ese pretendido reconocimiento.
Explica que los ascensos no se efectúan de modo automático sino mediante un procedimiento que determina, en cada caso, cuál es el agente más idóneo para ser promovido y luego dictamina una Junta de Calificaciones. Aclara que este último dictamen no resulta una limitación porque es el Poder Ejecutivo o en su defecto el Jefe de Policía quien otorga los ascensos, conforme a la normativa aplicable (arts. 74, 75 y 76, dec. ley 9.550/80).
Finalmente, sobre el daño moral alega que no corresponde su reconocimiento, y en caso de analizarse, conforme a doctrina de este Tribunal, debe probarse.
III. De las actuaciones administrativas acompañadas y la prueba producida en esta instancia, surgen los siguientes datos útiles.
Expediente 2137-717475 de prescindibilidad:
III.1. Junta de Reconocimientos Médicos de fecha 22 de junio de 1998, que otorga treinta días de reposo ambulatorio terapéutico a partir de ese día y dispone a su término un nuevo reconocimiento (v. fs. 1).
III.2. Carta documento de fecha 2 de junio de 1998, remitida por Catinari al Ministro de Justicia y Seguridad rechazando la prescindibilidad dispuesta en la resolución 210/98 (v. fs. 7).
III.3. Resolución 210/98 de fecha 28 de mayo de 1998, declarando la prescindibilidad de personal policial (anexo: 23 agentes de jerarquía Comisario de agrupamiento Comando, entre ellos, Catinari; v. fs. 13 y 15).
III.4. Notificación al señor Catinari de la resolución 210/98 el día 30 de mayo de 1998 (v. fs. 20).
III.5. Dictamen de Asesoría General de Gobierno (v. fs. 39).
III.6. Resolución 11.116 n° 739 de fecha 22 de julio de 1999, rechaza el recurso de revocatoria (la carta documento de 2 de junio de 1998) —ver fs. 46—. Notificado el 27 de octubre de 1999 —ver fs. 54—).
Expediente 21100-203717:
III.7. Carta documento de 24 de septiembre de 1999, de Catinari al Ministro de Justicia y Seguridad, que da cuenta de que retira cheque de indemnización y se reserva el derecho de accionar judicialmente (v. fs. 1).
Expediente 21100-234537:
III.8. Recurso jerárquico (v. fs. 1).
III.9. Licencia médica otorgada por la Junta de Reconocimientos Médicos desde el 22 de junio 1998 por treinta días e informe del día 21 de julio en el que se aclara que Catinari ha sido declarado prescindible con fecha 29 de mayo de 1998 (v. fs. 8/9).
Expediente 21100-299491:
III.10. Pronto despacho del día 10 de febrero de 2000 y resolución 11.117 n° 439/00 de 5 de septiembre de 2000 que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución 11.116 n° 739 (v. fs. 1 y 13).
Expediente 21100-600560/98 de ascensos y 728337/98 y 796558:
III.11. Nota de 16 de febrero de 1998 al interventor solicitando que se revean postergaciones de ascensos (v. fs. 1).
III.12. Nota de fecha 28 de septiembre de 1997 solicitando que su puntuación de 8 se eleve a 10 (v. fs. 2).
III.13. Informe de Personal de fecha 18 de marzo de 1998: fue evaluado en 1997 y calificado "Apto para el ascenso" conforme a los arts. 78 del decreto ley 9.550/80 (t.o. dec. 1.068/95) y 395 del decreto reglamentario 1.675/80. Registra sumario. Además, se informa que aún no han sido resueltas las promociones (v. fs. 9).
III.14. Foja de calificaciones de Junta de Catinari y sus fundamentos. Años 1993 y 1994: 9; 1994: 10; 1995 y 1996: 9; 1997: 8 (v. fs. 12).
III.15. De la División de Personal, el día 22 septiembre de 1998 informan que fue declarado prescindible (v. fs. 19).
III.16. Foja de servicios (v. fs. 20).
III.17. Informe de Personal, de fecha 12 de febrero de 1999: expresa que no cuenta con las actas correspondientes de la Junta Superior de Calificaciones de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997; se detalla el personal promovido a Comisario Inspector en los años 1994, 95, 96 y 97 (58, 36, 66 y 36, respectivamente); indica que Catinari se encontraba en condiciones de ser ascendido; y que habiéndose efectuado una compulsa, existirían efectivos ubicados a posteriori del presentante que fueron ascendidos al grado inmediato superior por selección de la Superioridad; Año 1994, rectificado de 9 a 10; 1995, apto, con 9, reclamo y ratifica el 9; 1996, apto, ratifican el 9; 1997, apto, con 8, registra sumario. Se informa que se ignoran las causales que motivaron la exclusión de los ascensos porque el grado de Comisario Inspector es promovido por selección de la Superioridad (conf. arts. 76 y 78, dec. ley 9.550/80; v. fs. 13/14).
III.18. Asesoría General de Gobierno dictamina que debe rechazarse el reclamo en tanto las promociones cuestionadas respetaron el régimen vigente, no advirtiendo daño a indemnizar. Además, dada la baja por prescindibilidad, se encuentra concluida la carrera, tornándose abstracta la petición (v. fs. 22).
III.19. El Fiscal de Estado no encuentra acreditado el perjuicio ni la existencia de responsabilidad del Estado (v. fs. 24). Asesoría letrada y Contaduría, en igual sentido (v. fs. 26 y 33).
III.20. Teniendo en cuenta las consideraciones de los organismos asesores, el Ministro de Seguridad rechazó el pedido de indemnización por daños y perjuicios por no ser ascendido (v. fs. 35, resolución 194/00).
Del expediente judicial:
III.21. Resolución 9.039 de fecha 14 de junio de 2000. Modifica la resolución 2.200 de fecha 2 de septiembre de 1998, por la cual se le acordó jubilación móvil extraordinaria al Comisario Catinari, siendo correcta la denominación "Retiro Móvil Extraordinario", contando con más de veinticinco años de servicios policiales (v. fs. 1).
III.22. Testimonios y peritaje psicológico (v. fs. 196/197, 243/246 y 288/290).
IV. Expuestas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la pretensión indemnizatoria solicitada por el actor, por distintos rubros, se ajusta a derecho.
El demandante cuestiona la legitimidad de la prescindibilidad ordenada por la resolución 210/98 y aclara que "...no cuestiona la declaración de emergencia dispuesta oportunamente, sino lo que ataca es la utilización arbitraria y carente de justificación alguna del instrumento legal. Y pide el resarcimiento del daño causado al individuo por ese injusto accionar" (fs. 310 vta.). Con consecuencias, que estima, en lo económico, psicológico y moral (v. fs. 101 vta.).
Aduce que la resolución fue adoptada por razones políticas, ajenas a su desempeño y sin causa aparente, sin considerarse que tenía una foja intachable de servicios a lo largo de la carrera. Además, objeta que la decisión se ejecutara mientras se encontraba bajo licencia médica otorgada, resultando de algún modo una sanción a la crisis y enfermedad que padecía. Así, asegura que lo resuelto no hizo más que agravar su cuadro de salud.
Por su parte, Fiscalía sostiene la legitimidad del decreto de prescindibilidad y, además, aclara que el actor percibió dos prestaciones sustitutivas del derecho a la estabilidad, no solo la indemnización prevista en el régimen de emergencia aplicado (art. 6, ley 11.880) sino también un beneficio previsional.
IV.1. En primer lugar, corresponde exponer el marco legal aplicable al caso.
La ley 11.880 declaró en estado de emergencia a la Policía bonaerense por el término de un año (art. 1) y estableció, en su art. 2, que la emergencia comprendía los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de la institución y tenía como objetivos: transformar la estructura de la Policía a fin de dotarla de eficiencia (inc. "a"); optimizar los recursos humanos y materiales (inc. "b"); depurar y racionalizar los recursos humanos (inc. "c"); implementar el fortalecimiento institucional de la Policía (inc. "d"); integrar a la institución en un marco de servicio y credibilidad (inc. "e").
A los fines del cumplimiento de los objetivos señalados en el art. 2, en lo que al caso interesa, facultó a la autoridad de aplicación (Secretaría de Seguridad, conf. art. 9) a asignar funciones y destinos a todo el personal policial (art. 3), y por el art. 4 dispuso que la emergencia era "causal suficiente para poner en disponibilidad, jubilar o pasar a retiro a todo el personal de la Policía Bonaerense".
Además, para el agente declarado prescindible, la norma contemplaba el derecho al cobro de una indemnización equivalente a la prevista por el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que estuviera en condiciones de percibir el retiro o jubilación (art. 6, ley 11.880).
Por otro lado, disponía la suspensión de toda norma que se opusiera a dicha ley, y establecía que todo conflicto relativo a la interpretación debía resolverse en beneficio del mismo precepto legal (art. 11).
El Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 4.506/97 por el que dispuso la intervención de la Policía a los fines de su reorganización en los términos de la ley 11.880 (art. 1), asignando al interventor las facultades y funciones del Secretario de Seguridad (art. 2), entre ellas, la de ser autoridad de aplicación de la ley 11.880 (art. 9, ley citada). Dichas atribuciones fueron luego transferidas por la ley 12.090 (B.O. de 8-IV-1998) al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia.
IV.2. Señalado el marco legal que rige el caso, resulta claro que es en ejecución de esas normas que el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, mediante la resolución 210/98, declaró la prescindibilidad de veintitrés agentes de la Policía de la Provincia, del Agrupamiento Comando, con Jerarquía de Comisario, entre los que se encontraba el actor, Ernesto Oscar Catinari. Para su dictado, consideró lo dispuesto en los arts. 1, 2 y 4 de la ley 11.880, y conforme a este último, a la emergencia declarada como causa suficiente para la decisión. Además, ordenó el pago de la indemnización prevista en el art. 6 (v. resol. 210/98 y anexo I, expte. 2137-717475, fs. 13 y 15).
Así, el señor Catinari fue declarado prescindible el día 28 de mayo de 1998 y el 27 de septiembre de 1999 percibió dicha indemnización (expte. 21100-203717, v. fs. 1).
Por otro lado, consta en la documental acompañada que entre ambas fechas, por resolución 2.200 de fecha 2 de septiembre de 1998, le fue acordado un beneficio de jubilación móvil extraordinaria, cuya nominación, con posterioridad, se modificó como retiro móvil extraordinario (v. fs. 1, resol. 9.039 de 14-VI-2000).
IV.3.a. Como antes se expresó, de la lectura de la resolución de prescindibilidad impugnada surge que la decisión fue adoptada bajo el régimen normativo de la declaración de emergencia de la Policía Bonaerense dispuesta en la ley 11.880, y la autoridad hizo uso de las expresas atribuciones conferidas al efecto, en los términos en que fueron delineadas en el citado régimen normativo, temporario y de excepción (conf. art. 4, ley cit.).
En casos análogos, este Tribunal consideró que tales potestades no requerían mayores precisiones que las expresadas en los considerandos del acto censurado, resultando la emergencia causal suficiente (conf. causas B. 59.978, "Saldaño", sent. de 26-X-2010; B. 60.146, "Lúpiz", sent. de 28-XII-2010; B. 59.902, "Becerra", sent. de 2-III-2011; B. 60.081, "Bardone", sent. de 7-IX-2011; B. 59.754, "García", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
Asimismo, es un principio recibido mayoritariamente por esta Suprema Corte el que predica que incumbe al Poder Administrador la facultad de disponer —con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia— la baja de un empleado por razones de servicio, con su consecuente indemnización, excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación del principio de razonabilidad, supuestos cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida (doctr. causas B. 48.277, "Rodríguez" y B. 48.594, "Valicenti de Fernández" y sus citas, sents. de 14-IV-1987, "Acuerdos y Sentencias", 1987-I-563; B. 50.602, "D'Onofrio", sent. de 15-X-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-567; B. 55.516, "Dagnino", sent. de 25-VIII-1998; B. 55.985, "Portela", sent. de 26-V-1999; B. 57.663, "Barrenechea", sent. de 15-III-2000; B. 57.984, "Peláez", sent. de 9-V-2001; B. 59.260, "Carballo", sent. de 3-XII-2003; B. 59.979, "Mangudo", sent. de 28-XI-2007; B. 59.937, "Pérez", sent. de 28-II-2018; B. 57.336, "Martínez", sent. de 26-XII-2019; e.o.).
En el caso, del decreto en cuestión no surge ninguna circunstancia que pueda indicar alguna de tales excepciones. Tampoco las medidas probatorias ofrecidas por la actora se orientaron a esos fines.
La impugnación del demandante se dirigió a cuestionar solo la injusticia de quedar particularmente alcanzado por la medida excepcional. Por ello en su defensa plantea que la decisión ha sido "anticipada" y arbitraria, ajena a su voluntad y sin considerar su buen desempeño. Así lo expresa el demandante al decir que "..la cuestión en autos no se relaciona con un simple reclamo por diferencias salariales ni ascensos frustrados, sino antes bien se trata del daño sufrido por quien injustamente ha sido objeto de una arbitraria medida adoptada reitero sin razón ni motivo objetivo alguno, que no hizo más que agravar el cuadro que tenía el sr Catinari -y por el cual se encontraba con licencia médica- al tiempo de la adopción de la misma, a la par que importó el cese injustificado de una impoluta carrera policial que siguiera el accionante por vocación y en beneficio de sus demandantes" (fs. 311).
Sobre este último punto, corresponde decir que la alegada carrera intachable y el buen desempeño no son argumentos de recibo, en tanto la idoneidad del agente no vicia de por sí el acto, porque la autoridad pudo tener otras razones ajenas a aquella calidad para decidir su alejamiento, atendiendo a la eficacia del servicio (conf. causas B. 48.594, B. 57.663 y B. 59.260, antes cits.; B. 59.754, "García", sent. de 29-VIII-2017; B. 59.937, "Pérez", sent. de 28-II-2018; e.o.).
Justamente, prueba de ello es la aplicación del régimen de la ley 11.880 en el acto en cuestión y su especial alcance, que no es individual. En los considerandos se invoca, como causa de la decisión, a la emergencia declarada en la institución policial como aquella manifestación especial del interés público que, entre otros objetivos, fijó la necesidad de optimizar los recursos humanos (v. considerandos, resol. 210/98). Al disponer la prescindibilidad de veintitrés agentes del mismo agrupamiento e igual jerarquía que el demandante, la medida tiene un alcance adecuado al fin (conf. arts. 1, 2 y 4, cit., ley 11.880).
Por todo lo expuesto, la declaración de prescindibilidad dispuesta por la resolución 210/98 resulta legítima, enmarcada en el régimen especial conforme a las potestades atribuidas, siendo causal suficiente la emergencia declarada (conf. art. 4, cit.).
IV.3.b. Por otro lado, también contra la legitimidad del acto, el actor alega que al momento de ser declarado prescindible se encontraba bajo tratamiento médico y en uso de licencia.
Sobre el punto y por fuera del alcance que pudiera tener el dictado de la decisión bajo tales circunstancias, dicha aseveración debía ser probada por el demandante.
Sin embargo, en las actuaciones administrativas acompañadas, no hay constancias de que a la fecha del dictado del acto se encontrara con licencia. En efecto, obr
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