Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75358
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 75.358, "Dorinka SRL contra Municipalidad de Avellaneda sobre Inconstitucionalidad de ordenanza 27.235/2016", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
I. Dorinka S.R.L. promovió la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del art. 5 de la ordenanza 27.235 de la Municipalidad de Avellaneda.
Requirió que, con carácter cautelar, se suspendan los efectos del precepto objetado y se ordene a la demandada que se abstenga de ejecutar o aplicar sanciones fundadas en su incumplimiento.
Ofreció prueba e hizo reserva del caso federal (v. fs. 64/82 vta.).
II. Mediante resolución de 26-IX-2018, el Tribunal concedió la medida precautoria solicitada, suspendiendo los efectos del art. 5 de la ordenanza 27.235 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito (v. fs. 96/99 vta.).
III. Corrido el pertinente traslado, se presentó la Municipalidad de Avellaneda, contestó la demanda, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal (v. fs. 108/115).
IV. Certificada la prueba producida en autos (v. fs. 351), agregados los alegatos presentados por ambas partes (v. fs. 352/355 y 358/364), dictaminado el señor Procurador General (v. fs. 366/414) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la ordenanza 27.235 de la Municipalidad de Avellaneda, por cuanto obliga a los "grandes generadores de residuos" —categoría en la que está comprendida por ser propietaria de hipermercados (conf. arts. 1, 3 y concs., ley 14.237)— a contratar el servicio de transporte y disposición final de los desechos generados con prestadores radicados en ese partido únicamente.
En términos generales, sostiene que la norma impugnada resulta violatoria de los arts. 10, 11, 26, 27, 31, 36, 38, 56, 57, 191, 192, 195 y concordantes de la Constitución provincial.
Destaca que cuenta con un sistema de tratamiento de basura con arreglo a la ley 14.273, gestionado a través de terceros autorizados —en su hora— por el ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, aunque radicados fuera de la comuna.
Repasa la normativa genérica en materia de gestión de residuos a nivel nacional y provincial. Pone de resalto que, a tenor de lo dispuesto en sus arts. 3 y 4, la ley 14.273 cataloga como "grandes generadores de residuos sólidos urbanos" —entre otros— a los supermercados e hipermercados y les impone la obligación de hacerse cargo de los costos de transporte y la disposición final de los residuos por ellos producidos. Además, habilita a los municipios a establecer condiciones particulares a tales sujetos respecto del servicio de recolección.
Hace hincapié en que la resolución 138/13 del OPDS previó que los referidos generadores deben implementar un "Plan de Gestión diferenciada" de sus desechos sólidos urbanos, garantizando la separación en origen, el transporte, el tratamiento o la disposición final, de conformidad con las pautas emergentes de la ley 14.273. Subraya también que ese plan ha de contemplar, entre otras cosas, la contratación de un servicio de recolección de los residuos generados, a cuyos efectos el OPDS llevará un listado actualizado de prestadores habilitados —nómina que acompaña como anexo—.
Recuerda el alcance nacional de su actividad y, con ello, su presencia y desenvolvimiento en numerosas jurisdicciones.
En ese sentido, afirma que el precepto impugnado "contradice y desnaturaliza normas provinciales de superior jerarquía; obstaculiza irrazonablemente el comercio entre los distintos municipios de la Provincia y las distintas provincias del país" y "constituye una irrazonable e injustificada regulación de derechos constitucionales" (fs. 66).
Puntualmente, postula que la ordenanza local contiene un mandato contrario a lo dispuesto en la ley 14.273 y en la resolución 183/13 del OPDS, ambos cuerpos de jerarquía superior. Siendo así, sostiene que la contratación con terceros resulta potestativa en los términos de la ley provincial y no obligatoria como, a su entender, emerge de la ordenanza cuestionada; como también que autoriza a pactar con cualquier transportista de residuos autorizado por el OPDS, sin atender al lugar de su ubicación.
Alega que se trata de una regulación irrazonable de derechos fundamentales, puesto que no se aprecia de qué modo la contratación con comerciantes o cooperativas locales tendería a la protección del ambiente, objetivo declarado en su propio texto. Sostiene que ello da cuenta de una evidente falta de adecuación de los medios instrumentados respecto de las finalidades perseguidas por la normativa impugnada.
Recalca que la exigencia referida al domicilio del contratista obstaculiza el comercio entre distintos municipios y de la Provincia de Buenos Aires con el resto del país. Expone que, siendo ello así, violenta lo prescripto en los arts. 8, 9, 10 y 75 inc. 13 de la Constitución nacional —bloque de normas federales que pretende traer al caso por cauce del art. 11 de la Constitución bonaerense—.
Denuncia la afectación del derecho de propiedad, de las libertades económicas, de ejercer la industria y el comercio, contratar y elegir en las relaciones de consumo. En ese orden, precisa que la perjudica especialmente por cuanto, como consecuencia de la aludida limitación, se ve impedida de acceder a condiciones de contratación que le reporten análogos beneficios a los que obtiene al acordar con sus prestadores habituales —que no se encuentran radicados en la comuna—.
Expone también que se ven afectados los derechos a la igualdad y a la libertad de asociación de quienes ofrecen en el mercado el servicio de transporte de residuos sólidos, pues se les imponen restricciones ajenas a las finalidades y disposiciones contenidas en la regulación ambiental provincial.
II. Corrido el traslado de la demanda, el municipio la contesta y pide su rechazo (v. fs. 108/115).
Transcribe los considerandos que preceden al texto de la ordenanza discutida y expone que fue sancionada en el marco de lo dispuesto por la ley provincial 14.273.
Destaca que, de acuerdo con esa norma provincial, corresponde a los municipios establecer las condiciones particulares para la disposición de residuos de quienes califiquen como grandes generadores en los términos del art. 3 de ese cuerpo.
Sostiene que cuando el art. 4 de la ley 14.273 establece que quienes califiquen como grandes generadores de residuos "...podrán contratar los servicios de transporte de las prestatarias que realizan el servicio público de recolección de servicios domiciliarios", autoriza a esos sujetos a contratar con otros prestadores —por fuera del servicio público— radicados en el municipio.
Pone de resalto también que esos mismos generadores "deben tratar sus residuos reciclables en alguno de los centros de tratamiento de residuos reciclables dentro del marco de las resoluciones 137 y 138 del OPDS". Manifiesta que la ordenanza 27.235 fijó las condiciones particulares y dice que dicho centro o cooperativa debe tener la radicación de su planta tratadora en el partido de Avellaneda (v. fs. 110 vta.).
Expone que, siendo ello así, la actora debió plantear la inconstitucionalidad de la aludida norma provincial. Dice que la ausencia de esa petición en la demanda impide declarar inconstitucional la ordenanza dictada en su consecuencia.
Afirma que, en el contexto normativo descripto, la contratación por la actora de las firmas Eco Urbano S.A. y Reciclar S.A. fue válida hasta el dictado de la ordenanza 27.235. Destaca que ha autorizado a determinadas organizaciones para la prestación del servicio de reciclado de los residuos que, a su vez, cuentan con la pertinente aprobación del OPDS y conforman un listado publicado en la página web oficial de ese organismo. Apunta que las firmas con las que contrató la actora no forman parte de esa nómina.
Manifiesta que el sentido y finalidad de la ley 14.273 fue incorporar a los grandes generadores de residuos, ubicados en los municipios, al programa de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado —CEAMSE— y darles a esos últimos la potestad de establecer las condiciones particulares respecto del transporte y la disposición final de tales residuos.
En consecuencia, entiende que resultan improcedentes los planteos formulados por la actora en torno a si el requisito impugnado es, o no, útil para la protección del medio ambiente; así como los relacionados con el alegado desincentivo a la inversión o la pretendida afectación de la libre competencia y el comercio interjurisdiccional.
Recuerda que el ejercicio de los derechos no es absoluto y la ordenanza responde a los términos de la ley 14.273 que no fue cuestionada en su constitucionalidad. Sostiene que, siendo ello así, debe rechazarse el cuestionamiento fundado en el principio de razonabilidad de las normas.
Descarta finalmente que se configure en la especie una lesión al principio de igualdad. Argumenta, en ese sentido, que las exigencias y condiciones previstas en la ordenanza rigen de manera uniforme respecto de todos los grandes generadores, sin distinción entre ellos. Afirma que tampoco se ve afectado el derecho a la libre contratación, alegando que las partes deben someterse a la ley.
III. La pretensión articulada debe prosperar.
III.1. En lo pertinente, la ley provincial 14.273 exige a los grandes generadores de residuos domiciliarios ubicados en los municipios comprendidos por el decreto ley 9.111/78, que se incorporen al programa de generadores privados de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (art. 1).
El ordenamiento en cuestión califica como generadores a "los súper e hipermercados, los shoppings y galerías comerciales, los hoteles de 4 y 5 estrellas, comercios, industrias, empresas de servicios, universidades privadas y toda otra actividad privada comercial e inherente a las actividades autorizadas, que generen más de mil (1.000) kilogramos de residuos al mes" (art. 3).
Además, habilita a los municipios a establecer "...las condiciones particulares para los grandes generadores [...], los que podrán contratar los servicios de transporte de las prestatarias que realizan el servicio público de recolección de residuos domiciliarios..." y determinarán "las condiciones cuando la prestación de los servicios de recolección se realice por administración" (art. 4).
En el marco de esa normativa, e invocando sus prescripciones, la Municipalidad de Avellaneda dictó la ordenanza 27.235, por la que se instituye un Registro Municipal de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos domiciliados en dicho partido.
Precisamente, alrededor de la validez del referido art. 5 de la normativa comunal mencionada, gira la discusión que promueve la actora al impugnar la constitucionalidad de tal precepto.
Ese impone a los grandes generadores el deber de "...contratar en forma exclusiva con personas jurídicas cuyos objetos estatutarios permitan dichas actividades, estén legalmente autorizadas por el organismo provincial competente y se encuentren domiciliadas y el giro habitual de sus negocios se localice en el municipio de Avellaneda".
La letra es inequívoca.
Quienes producen semejantes residuos en una escala superior deben someterse a unas exigencias singulares. En el supuesto de la comuna demandada, a esas exigencias se agrega la de contratar los servicios correspondientes, únicamente (en forma exclusiva, reza la norma) con sujetos asentados dentro del partido de Avellaneda.
III.2. El planteo impugnativo que desarrolla la demandante se basa en la irrazonabilidad de la exigencia apuntada en el párrafo anterior.
Se considera que la carga incorporada por la ordenanza importa un cercenamiento injustificado de la libertad para contratar, incompatible con el ordenamiento constitucional de la Provincia, sin que de suyo pudiere entenderse que propende a la finalidad declamada: a saber, la protección del ambiente. Genera una restricción excesiva, rayana en la iniquidad manifiesta, sin reportar un beneficio perceptible para el interés general.
III.2.a. Sabido es que las limitaciones y condicionamientos que contengan los preceptos que regulan las actividades lícitas de las personas deben observar el principio de razonabilidad (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. prov.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
Una de las formas de realizar el escrutinio acerca de la justificación de las limitaciones regulatorias consiste en el examen de adecuación proporcional entre los medios instituidos por la norma enjuiciada y la finalidad que procura alcanzar.
En el caso, ya se ha adelantado, la cuestión tiene como centro de análisis la verificación del recaudo de domicilio y asiento de actividad en el territorio municipal exigido en el art. 5 de la ordenanza 27.235, como excluyente condición subjetiva de elegibilidad para que, no ya la Administración Pública o un ente estatal, sino los particulares, puedan contratar con terceras personas el servicio previsto en la ley 14.273. Es menester elucidar si la exigencia importa una carga racionalmente adecuada.
La vigencia del principio de razonabilidad impone a los entes estatales la observancia de un contenido y unos límites de cuyo cumplimiento depende la validez constitucional del ejercicio de sus potestades.
Se manifiesta, en términos generales, en la interdicción de la arbitrariedad (Fernández, Tomás Ramón, Arbitrariedad y discrecionalidad, Madrid, 1991, pág. 37 y sigs.; id., De la arbitrariedad de la administración, Madrid, 1994, pág. 81 y sigs.; id. De la arbitrariedad del legislador, Madrid, 1998, pág. 32 y sigs.), o de todo obrar lesivo de situaciones subjetivas en el que, verbigracia, se prescinda de las circunstancias justificantes previstas en el supuesto de hecho de la norma o de la realización del fin público por ella previsto, se incurra en desproporción o, entre otros ejemplos, se incorporen factores de actuación caracterizados por una iniquidad manifiesta (conf. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras).
Las restricciones a los derechos han de basarse en la razón y no en las preferencias arbitrarias; vale decir, que deben estar presididas por la necesidad y ser proporcionadas al fin propuesto (conf. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
III.2.b.i. La demandada alega que la ordenanza controvertida en este proceso ha tenido en vista fines de protección del ambiente. Se aduce que "...en función de la importancia de la temática medioambiental, y el cuidado y atención que el Estado Municipal debe poner en la reducción de los perjuicios que determinadas acciones particulares puedan provocar, resulta viable entender que los traslados y la disposición final de los residuos generados, deban ser contratados por los grandes generadores con cooperativas o empresas cuyos objetos sociales permitan estas actividades y cuyo domicilio se encuentre en el partido de Avellaneda y el mismo coincida con el giro habitual de sus negocios".
Entre el enunciado del propósito ambicionado (la «temática ambiental» sumada al «cuidado» y la «atención» en la reducción de los residuos) y la medida en concreto ordenada (reserva del mercado a favor de los transportistas domiciliados en el municipio) no se media de una eficiente conexión funcional o causal mínimamente inteligible, de suerte que, impuesta la exigencia o restricción, se genere alguna ventaja apreciable para la consecución del fin que en apariencia se procura llenar.
Por mucho que se guarde deferencia hacia el organizador del diseño de las políticas públicas sectoriales bajo examen (en la especie, la legislatura provincial y el órgano deliberativo municipal), la carga que se instituye a particulares, como condición para contratar un servicio diferencial legalmente impuesto, restringe derechos sin tener como correlato una suficiente racionalidad. En vista de ello, el contenido del art. 5 luce inválido.
Obsérvese que el espacio en el que se encuentran inmersas varias de las disposiciones normativas se caracteriza por la «interjurisdiccionalidad», como derivación propia de la índole supralocal del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, por tanto, del sistema en que opera la entidad CEAMSE.
A los fines de la organización de los servicios correspondientes al citado ente, el AMBA es una región pluridistrital y multinivel integrada por numerosos municipios circundantes a la Ciudad de Buenos Aires, a la que se añade el territorio de ésta —la CABA— y el de las municipalidades del Gran La Plata (v. Soria, Daniel Fernando, Consideraciones sobre las Áreas Metropolitanas y las iniciativas de organización en el Gran Buenos Aires, en AA.VV., Temas de Derecho Administrativo. En honor al Prof. Agustín A. Gordillo, La Plata, 2003, págs. 285, 338 y sigs.). De modo que son varias las partes que se ven compelidas a cooperar en ese espacio de intervención en procura de la preservación del ambiente (arts. 1, 3 y concs., ley 14.273; 1, 2 y concs., dec. ley 9.111/78).
Allí se actúa en lo atinente a la generación, recolección, transporte y disposición final de residuos, en modo coordinado e interconectado, por distintos efectores (v. causa A. 68.857, "Asociación Civil Nuevo Ambiente c/ CEAMSE", sent. de 1-IV-2015). Por cierto, en cuanto concierne a los residuos sólidos urbanos domiciliarios, no se presentan los inconvenientes derivados de las distancias a recorrer entre un punto y otro de la cadena, que inciden en el caso del trasporte de los residuos peligrosos o patogénicos (v. causa A. 77.469, "Proconsumer c/ OPDS", sent. de 17-VII-2025),
III.2.b.ii. El art. 5 de la ordenanza impugnada pone en cabeza del gran generador el deber de contratar el transporte y disposición de sus propios residuos con una empresa o cooperativa radicada y con giro comercial dentro del partido de Avellaneda.
Pero la carga deviene excesiva. Pues, sin razón plausible, ni elemento corroborante alguno, se asume que merced a la limitación de potenciales oferentes del servicio se contribuiría a la mejora del medio ambiente. Nada de ello se desprende de los elementos objetivos acreditados en la causa. Básicamente, no surge del expediente el motivo por el cual los prestadores con radicación local se hallaren especialmente capacitados para un mejor o más eficiente servicio, medido en función del resguardo del medio ambiente, en comparación con las empresas del rubro, pero domiciliadas fuera de Avellaneda, igualmente habilitadas por la autoridad ambiental provincial para participar en ese mercado.
Sin ser ello dirimente, tampoco surge de elemento objetivo alguno que el costo o el precio del servicio que debieran afrontar los grandes generadores de residuos fuera más ventajoso para quienes están compelidos a asumirlo en los términos de la cuestionada norma local (esto es, en el caso del ser
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.