Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126106
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.102, "Mecherques, Julián Nadim y otros contra Empresas Prestadoras de Servicio de Salud S.A. y otros. Medidas cautelares", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la pretensión de remoción de los directores de la empresa accionada -Vanesa Melcon y José Andrés Birello- y decretó la nulidad del acto asambleario de fecha 1 de abril de 2019 únicamente en lo que respecta a la retribución fijada a favor de la directora Vanesa Melcon, ordenando restituir lo cobrado en exceso (v. sent. de fecha 9-VIII-2022).
Se interpuso, por el apoderado de Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A. y los directores Melcon y Birello, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El letrado apoderado de Julián Nadim Mecherques, Nadim José Mecherques, María Yamila Mecherques y Yeryes Nadim Mecherques promovió acción de nulidad de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A. celebrada con fecha 1 de abril de 2019 y de remoción con causa de los directores titulares por los graves incumplimientos en el desempeño de sus funciones contra Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A., Vanesa Melcon y José Andrés Birello; estos últimos en su carácter de directores de la sociedad anónima mencionada.
Corrido el pertinente traslado, se presentaron los accionados y contestaron la demanda (v. fs. 205/219).
La jueza de origen declaró la nulidad de la asamblea de accionistas celebrada con fecha 1 de abril de 2019 y estimó procedente la acción de remoción de los directores de la sociedad accionada. Sin perjuicio de lo expuesto, entendió que asistía a los directores el derecho a ser remunerados por el desempeño de sus funciones y, por lo tanto, rechazó el reclamo de restitución de los honorarios percibidos (v. sent. de fecha 27-VIII-2021).
II. Apelado dicho pronunciamiento por los demandados, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó la decisión en lo que respecta a la pretensión de remoción de los directores de la empresa accionada -Vanesa Melcon y José Andrés Birello- y decretó la nulidad del acto asambleario de fecha 1 de abril de 2019 únicamente en lo que respecta a la retribución fijada a favor de la directora Vanesa Melcon (v. sent. de fecha 9-VIII-2022).
En primer lugar, advirtió -contrariamente a lo resuelto en la instancia de origen- que la deficiencia en la convocatoria de la reunión no podía ocasionar por sí misma la nulidad de la asamblea que había contado con la participación de los accionistas impugnantes (v. pág. 8).
Concluyó que debía revocarse esa parcela del pronunciamiento y -en virtud del principio de adhesión implícita de la apelación- abordó el tratamiento de las demás causales de nulidad invocadas en la demanda, acogiendo la vinculada con el quebrantamiento del art. 261 de la ley 19.550 al fijar la remuneración del directorio. En virtud de lo expuesto, juzgó procedente la acción de nulidad en lo que respecta a este punto, ordenando a la directora Vanesa Melcon -por ser la única que había percibido los emolumentos- a restituir lo cobrado en exceso (v. págs. 8/22).
En segundo lugar, examinó el agravio relativo al acogimiento de la remoción de los directores (v. pág. 23 y sigs.).
Luego de reparar en que en la especie correspondía soslayar el agotamiento de la vía intrasocietaria, analizó el invocado incumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia de los directores (v. pág. 25 y sigs.).
En dicho trance, encontró acreditados -entre otros vicios o defectos en su actuación- la indebida convocatoria de la reunión de directorio, imprecisiones en los estados contables y la falta de explicación adecuada sobre los mecanismos de aportes que vulneraron el derecho de información de los accionistas. Asimismo, advirtió que más allá de que a la postre dichos defectos fueron subsanados y, por ende, no constituyeron causales de nulidad, traducían un incumplimiento de los deberes por parte del directorio que justificaba su remoción (v. pág. 27).
Por último, expresó que a ello debía adicionarse el único aspecto que había sido receptado como causal de nulidad parcial del acto asambleario, esto es, el hecho de haber propuesto a la asamblea la aprobación de honorarios cobrados en exceso por la directora Melcon, sin cumplir las exigencias legales del caso (v. págs. 27/28).
III. Frente a esta forma de decidir, el apoderado de Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A. y los directores Melcon y Birello interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncian la violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 87, 88, 163 inc. 6, 164, 242, 345 inc. 3 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial y 129, 241, 261, 274, 275 y 276 de la ley 19.550. Alegan, además, la errónea aplicación del principio de la apelación adhesiva o implícita y la vulneración de la reformatio in pejus (v. escrito electrónico de fecha 23-VIII-2022).
En síntesis, los impugnantes: 1) aducen que el fallo incurrió en incongruencia al modificar una parcela de la decisión que había arribado firme al Tribunal de Alzada e 2) insisten en la falta de legitimación de los actores para reclamar judicialmente la remoción del directorio.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En lo que atañe al primero de los cuestionamientos, sostienen los recurrentes que la sentencia, al declarar improcedente la percepción de honorarios por parte de la directora Vanesa Melcon -hecho juzgado por el fallo de origen en sentido contrario, firme y consentido por los actores- y ordenar la restitución de lo cobrado en exceso, aplicó erróneamente el instituto de la apelación adhesiva implícita (v. págs. 5/6).
Adelanto que el presente agravio merece ser receptado.
En atención a las diversas pretensiones articuladas por los actores en la litis y a los fines de dilucidar correctamente la cuestión planteada, corresponde hacer una breve reseña de lo resuelto en las instancias inferiores.
IV.1.a. La sentencia de primera instancia encontró configurada la existencia de un vicio en la convocatoria a la asamblea general ordinaria de accionistas y, en consecuencia, hizo lugar a la acción de nulidad de dicho acto asambleario en su totalidad. En función de ese modo de resolver, no se adentró en el tratamiento de las demás cuestiones "a todo evento", vinculadas con la acción de nulidad (v. págs. 1/42).
A continuación, se abocó al análisis de la pretensión de remoción (v. pág. 42 y sigs.).
Comenzó por señalar que las particularidades del caso obligaban a soslayar la exigencia del agotamiento de la vía intrasocietaria, dado que la condición de socia minoritaria de la accionante y el abuso de derecho por parte de la mayoría hubiesen hecho infructuoso su intento en el ámbito de la sociedad e igualmente porque la asamblea había aprobado la gestión de los directores cuya remoción ahora se pretendía (v. pág. 43).
Luego, ingresando en el análisis de las causales invocadas, entendió que el tratamiento de los estados contables se llevó a cabo por una reunión de directorio que no fue debidamente convocada; con obstrucción al derecho de información; omisión de la puesta a disposición de la memoria en debido tiempo y forma; aprobación del balance sin considerar su importancia y con total desapego de los criterios de claridad, veracidad y sinceridad que debían regir en su confección; existencia de vicios que afectaron las decisiones adoptadas e incumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia. Así las cosas, estimó procedente la acción de remoción entablada contra Vanesa Melcon y José Andrés Birello (v. págs. 42/59).
Sin perjuicio de lo expuesto, juzgó que le asistía a los directores el derecho a ser remunerados por el desempeño de sus funciones, ponderando que lo percibido por Vanesa Melcon en su calidad de directora de Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A. resultaba ajustado a los parámetros pertinentes (v. págs. 60/62).
IV.1.b. Esta decisión fue apelada únicamente por los demandados (v. recurso de fecha 6-IX-2021).
Tal como se señaló en el acápite II del presente, la Cámara departamental confirmó la decisión en lo que respecta a la pretensión de remoción de los directores de la empresa accionada -Vanesa Melcon y José Andrés Birello- y decretó la nulidad del acto asambleario de fecha 1 de abril de 2019 solamente en lo atinente a la retribución fijada a favor de la directora Vanesa Melcon, ordenando restituir lo cobrado en exceso (v. sent. de fecha 9-VIII-2022).
En lo que aquí importa, advirtió que la deficiencia en la convocatoria de la reunión no podía ocasionar por sí misma la nulidad de la asamblea que había contado con la participación de los accionistas impugnantes (v. pág. 8).
Por lo tanto, concluyó que debía revocarse esa parcela del pronunciamiento y -en virtud del principio de adhesión implícita de la apelación- procedió a examinar las restantes causales de nulidad invocadas en la demanda, que habían quedado desplazadas en virtud del modo en que se había resuelto la cuestión en la instancia de origen (v. pág. cit.).
En dicho trance, rechazó las causales relativas a la violación del derecho de información de los accionistas (art. 67, ley 19.550; v. págs. 8/12); la alegada aprobación del balance con prescindencia de los criterios de claridad, veracidad y sinceridad que deben regir en su confección (v. págs. 12/17) y "otras inexactitudes" (pág. 17).
A renglón seguido, de acuerdo con el orden propuesto en la demanda, analizó la causal vinculada con la violación del art. 261 de la ley 19.550, concerniente a la fijación de la remuneración del directorio (v. pág. 18 y sigs.).
Sobre el punto refirió que el ejercicio cerrado había arrojado pérdidas y, por lo tanto, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por los directores, estos debían reintegrar a la sociedad lo cobrado en demasía.
Precisó que se encontraba fuera de discusión que los honorarios fijados al directorio excedían los límites del art. 261 y que, si bien en otras oportunidades la asamblea había autorizado a percibir honorarios por adelantado, siempre se había tratado de ejercicios cuyos resultados económicos habían sido positivos.
Por lo expuesto, estimó procedente la acción de nulidad en lo que respecta a esta causal y solo comprensiva a ese tramo del acto asambleario, ordenando la restitución de lo percibido (v. pág. 22).
IV.1.c. Los quejosos, por su parte, arguyen que el rechazo del reclamo vinculado con la restitución de la remuneración percibida por el directorio había arribado firme ante el Tribunal de Alzada, incurriendo la Cámara en incongruencia por exceso al revocar ese tramo del fallo y empeorar la situación de los demandados -únicos apelantes frente a la sentencia de primera instancia- toda vez que los actores consintieron la decisión (v. págs. 7/8).
Asiste razón a los recurrentes sobre el punto.
Sabido es que la reformatio in pejus es un principio de jerarquía constitucional -derivado del apotegma tantum devolutum quantum apellatum- que indica que el juez de la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos, lo cual veda la posibilidad de agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente e impide que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable (conf. doctr. causas C. 109.928, "Gallardo", sent. de 26-II-2013 y C. 119.580, "Banco Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-XI-2016).
A la luz de estas premisas fundamentales debe abordarse la cuestión traída a esta instancia extraordinaria.
Tal como surge de la reseña efectuada, la Cámara al revocar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la causal de nulidad de la asamblea por la existencia de un vicio en la convocatoria entendió que -por el instituto apelación adhesiva implícita- se encontraba habilitada para examinar las restantes causales de nulidad que habían sido denunciadas y fueron desplazadas por el modo en que se resolvió la cuestión, entre ellas la violación del art. 261 de la ley 19.550 al fijar la asamblea la remuneración del directorio (v. págs. 17/18).
Sin embargo, cabe destacar que en lo que respecta a este tópico la jueza de primera instancia, si bien lo examinó al abordar las causales de remoción y juzgó que "la cuestión endilgada a los directores demandados en relación a sus honorarios -en función de la acción de remoción- no resulta[ba] procedente" (pág. 62), expresamente concluyó que "asist[ía] a los directores el derecho a ser remunerados por el desempeño de sus funciones" y que "lo percibido por Vanesa Melcon en su calidad de directora de Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A. resulta[ba] ajustado a los parámetros pertinentes" (pág. cit.).
Ello así, la Cámara tenía vedado expedirse sobre este tópico pues en rigor la problemática vinculada a la fijación de los honorarios había sido expresamente abordada y si bien había sido resuelta en sentido contrario a los intereses de los actores, ellos guardaron absoluto silencio, no pudiendo la Cámara luego modificar la decisión en perjuicio de los demandados -únicos apelantes- y disponer la nulidad de la asamblea en lo que respecta a dicho orden del día, ordenando la restitución de lo percibido (v. pág. 22).
En consecuencia, encontrándose acreditadas las violaciones legales y los principios denunciados, corresponde revocar esta parcela de la sentencia apelada, debiéndose mantener lo resuelto en primera instancia sobre el punto (conf. art. 289, CPCC).
IV.2. Desde otroángulo, cuestionan los recurrentes la legitimación de los actores para solicitar la acción judicial de remoción, alegando que resulta desacertado el pronunciamiento en tanto concluyó que en el caso no resultaba exigible el agotamiento de la vía intrasocietaria (v. pág. 9).
IV.2.a. En lo que respecta a la legitimación de los accionantes para reclamar la remoción de los directores, el Tribunal de Alzada recordó que la sentencia de primera instancia los había considerado legitimados, citando en apoyo de su conclusión un precedente de la propia Cámara (causa "Cogorno", sent. de 2-II-2017) en donde se dijo que: "...las particularidades del caso obligan a soslayar la exigencia consistente en el agotamiento de la vía intrasocietaria, dado que ante la condición de socia minoritaria de la accionante y el abuso de derecho por parte de la mayoría, sería infructuoso su intento (Ariel A. Dasso, La intervención judicial en la sociedad anónima, LL 1990-A, pág. 636) e igualmente, tampoco sería exigible dicho agotamiento cuando, como el caso, la asamblea ha aprobado la gestión de los directores (conf. Horacio Roitman, ob. cit. T.IV, pág. 459, v. pág. 22)".
A su vez, en respuesta a los cuestionamientos esgrimidos por los demandados apelantes -a saber, que los actores en la asamblea se abstuvieron de votar en lo concerniente a la gestión del directorio y que la abstención no podía interpretarse como un voto negativo en los términos de los arts. 275 y 276 de la ley 19.550- la Cámara precisó que no debía confundirse la presente acción de remoción con la acción de responsabilidad de los directores (prevista en las disposiciones legales antes aludidas).
De otra parte, señaló que aun en el entendimiento de que fuera necesario el agotamiento de las vías societarias como requisito para el ejercicio de la acción de remoción, tal recaudo no era exigible cuando -como en la especie- por las circunstancias del caso resultaba manifiesta la inutilidad de llevar adelante ese debate.
Asimismo, expresó que los accionistas demandantes, además de superar la tenencia accionaria que exigía el citado art. 275 -de considerarse aplicable dicho dispositivo legal en autos-, no habían convalidado el acto toda vez que la acción de remoción había sido acumulada a la de nulidad de asamblea -conforme lo autorizaba prestigiosa doctrina- dado que el hecho de haber sido aprobada la gestión de los directores demostraba que cualquier pedido en tal sentido hubiese resultado infructuoso (v. págs. 23/24).
IV.2.b. Frente a esta forma de decidir los quejosos insisten en afirmar que es una mera conjetura sostener que hubiese sido ineficaz el planteo de la remoción en el ámbito societario y, por el otro, expresan que los actores se abstuvieron de votar la gestión del directorio no porque fuese "inútil" sino debido al riesgo de que se cuestionara la conducta de su hermano -Julián Nadim Mecherques-, quien en aquel momento revestía el cargo de director titular de Empresas Prestadoras de Salud S.A. (v. págs. 9/11).
Tal como puede apreciarse, los impugnantes no solo (i) no han objetado el fundamento empleado por el Tribunal de Alzada a los fines de soslayar en el caso el agotamiento de la vía intrasocietaria consistente en la condición de socia minoritaria de la accionante y la aprobación de la gestión de los directores en la asamblea; sino que (ii) su crítica solo confronta la decisión que le es adversa desde su particular opinión, lo que tampoco alcanza para promover exitosamente la revocación del pronunciamiento en la respectiva parcela.
Esta Corte reiteradamente ha expresado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo trasunta una discrepancia de criterio y no demuestra cómo se habría producido la infracción legal o el absurdo que se alega (conf. doctr. causas C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; C. 123.616, "Banco Mayo Coop. Ltda.", sent. de 21-III-2022; etc.), lo que acontece en el presente caso y sella adversamente el resultado de este segmento del intento revisor (doctr. art. 279, CPCC).
Resta decir en cuanto a la alegada exigencia del voto negativo para luego poder cuestionar la conducta de los directores y la interpretación que cabe dar a los votos de abstención (v. pág. 11), que la doctrina especializada en la materia ha expresado que "es de toda evidencia que al accionista abstenido no se lo podrá ni computar entre los que votaron favorablemente, ni como adherente a la decisión adoptada, sino más bien considerarlo contrario. En todo caso, podría constituir un acto de prudencia, frente a un problema o discusión que se desconoce en todas sus implicancias, o cuando no se tiene juicio formado acerca de la naturaleza o alcances de las soluciones o resoluciones propuestas para resolverlo" (conf. Farina, Juan M.; "Asambleas de sociedades anónimas: la abstención de votar", Revista Zeus, Rosario, febrero 1987).
A la par, como bien distinguió el Tribunal de Alzada, la necesidad del voto en contra en los términos del art. 275 de la ley 19.550, esto es de que medie inequívoca oposición del accionista, se refiere a la acción de responsabilidad de los directores de la sociedad anónima y no a la acción de remoción, objeto de la presente litis.
V. Por tales consideraciones, si lo que dejo expuesto es compartido, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en cuanto dejó sin efecto la fijación de los honorarios a favor de la directora Vanesa Melcon y ordenó su restitución, debiéndose mantener lo decidido en la instancia de origen (conf
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