Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.029, "C., M. E. Y Otros. Contra Federación Patronal Seguros S.A. Y Otro/A. Accidente In-Itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Kohan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, rechazó la demanda promovida, con costas (v. pronunciamiento de fecha 18-IV-2023).
En lo que interesa, se interpuso, por la coaccionante A. B., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2023), el que fue concedido en la instancia de grado (13-VI-2023). Asimismo, la doctora María Catalina Bruni, titular de la Asesoría de Incapaces n° 4 departamental, adhirió respecto de su asistido, a los términos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la citada coaccionante (v. presentación electrónica de 26-IX-2024), siendo concedido por el tribunal de la instancia (v. resol. de fecha 29-XI-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 8-IV-2025), dictada la providencia de autos, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado rechazó íntegramente la demanda promovida por M. E. C. -por sí y en representación de su hijo menor de edad F. B.-, A. B. y S. A. C. -en representación de su hija C. B.-, actualmente mayor de edad, contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo con motivo de la muerte de M. Á. B. (v. pronunciamiento de fecha 18-IV-2023).
Para así decidir, juzgó, con sustento en la sentencia dictada -por mayoría- por la Sala en la causa "C. M. E. y otros c/ Echeverri Inés s/ daños y perjuicios" (expte. LP-9978-2016), de fecha 9 de noviembre de 2021, que no hubo relación causal entre el accidente de tránsito ocurrido el día 19 de septiembre de 2015 y el fallecimiento sucedido el 27 de septiembre del mismo año.
En ese marco, consideró que, si bien en ambas sentencias se reclamaba en base a sistemas indemnizatorios distintos, lo pedido en estos autos implicaba renovar obligatoriamente el análisis de una cuestión ya resuelta por la jurisdicción, cual es la relativa a la determinación de la relación causal -o su interrupción-, entre el mencionado accidente de tránsito y la muerte de M. Á. B., ocurrida a los pocos días. Al respecto, entendió que la resolución dictada en sede civil sobre esa cuestión de hecho impedía renovar su análisis, aún para quienes no hubieran sido parte en aquel juicio.
En consecuencia, concluyó que ya se encontraba valorado en sede judicial, y firme, que había existido una interrupción del nexo causal entre el accidente y la muerte del señor B., por lo que obligatoriamente debía rechazarse la demanda por no encontrarse acreditada la relación de causalidad.
II. Frente a lo así resuelto, el doctor Sergio Ceferino Mantegazza, invocando la representación de todos los legitimados activos, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-V-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. electrónica de fecha 13-VI-2023), aunque esta Corte lo tuvo por no presentado respecto de M. E. C. -por sí y en representación de su hijo menor F. B.- y C. B., en razón de no haber acreditado la personería invocada, pese a la intimación previa cursada a tal fin (v. resols. de fecha 15-IV-2024 y 3-VI-2024).
Luego, conforme lo requerido por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-IX-2024), se remitieron los autos al tribunal de origen a efectos de que tomara las medidas pertinentes para que la señora titular de la Asesoría de Incapaces n° 4 departamental asumiera la intervención que los arts. 103 del Código Civil y Comercial y 38 de la ley 14.442 le encomiendan.
En dicha oportunidad, con fecha 26 de septiembre de 2024, al contestar la vista conferida, la Asesora de Incapaces doctora Maria Catalina Bruni adhirió, respecto de su asistido F. B., a los términos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por A. B., siendo concedido por el tribunal de la instancia de grado (v. resol. de fecha 29-XI-2024).
Recibidos nuevamente los autos en esta Sede extraordinaria, se confirió vista al señor Procurador General del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido con fecha 13 de junio de 2023 en relación a A. B. (v. resol. de fecha 3-VI-2024), y respecto al otorgado con fecha 29 de noviembre de 2024 (v. dictamen de fecha 8-IV-2025).
III.1. En primer lugar, cabe señalar que atento a la adhesión efectuada por la funcionaria del Ministerio Público interviniente según lo reseñado, corresponde dar tratamiento conjunto a la impugnación de A. B. y a dicha presentación (v. escritos electrónicos de fecha 9-V-2023 y 26-IX-2024, respectivamente).
III.2. En lo sustancial, se alega vulneración de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución provincial; 732, 1.735 y 1.753 del Código Civil y Comercial; 26 inc. 1 de la ley 24.557; 1, 6, 9, 11 y 62 de la ley 20.744; 13 y 40 de la ley 24.240; 34 inc. 4 y 5, 163 inc. 5, 330, 354, 375 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; de la ley 26.529; así como la doctrina legal que considera transgredida.
III.2.a. En este sentido, con denuncia de diversos precedentes de esta Suprema Corte y absurdo en la apreciación de la prueba, se sostiene que el fallo se aparta de las constancias objetivas de la causa y arriba a conclusiones contradictorias con la prueba rendida, en violación de las reglas de la sana crítica.
Asimismo, se considera que el tribunal desatiende la prueba médica producida en autos, especialmente el dictamen del perito designado, quien ratificó la relación causal entre el accidente in itinere y el fallecimiento del trabajador. Se invoca la omisión de valorar adecuadamente las historias clínicas, la atención tardía y deficiente brindada por el prestador médico de la aseguradora de riesgos del trabajo, y la evolución clínica que culminó en el deceso.
Se aduce que el rechazo de la demanda se funda exclusivamente en una supuesta interrupción del nexo causal tomada de un fallo civil, sin analizar la prueba propia del proceso laboral.
III.2.b. Asimismo, se advierte que el juzgador vulneró el postulado de la congruencia porque introdujo de oficio -o bajo la apariencia de un "hecho nuevo"- la defensa de cosa juzgada, la cual no fue alegada por la demandada al momento de contestar la acción.
También se afirma que ese apartamiento de los términos en que quedó trabada la relación procesal compromete la igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio.
III.2.c. Seguidamente, reiterando algunos conceptos formulados, se sostiene que el juzgador aplicó indebidamente efectos de cosa juzgada a la sentencia dictada en sede civil pese a que no existe identidad de sujetos, objeto ni causa, requisitos indispensables para la operatividad de la cosa juzgada.
III.2.d. Finalmente, se manifiesta que el fallo desconoce la finalidad tuitiva del régimen de riesgos del trabajo (v. rec., págs. 16/18) y aplica criterios restrictivos incompatibles con el derecho laboral, denunciando el quebrantamiento de diversas normas de orden público y principio protectorio (v. rec., págs. 22/32).
Se cuestiona también la falta de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, al sostener que el trabajador es consumidor de los servicios de las aseguradoras de riesgos del trabajo (v. rec., págs. 19/20).
En otro orden, se expresa que al colocar sobre los derechohabientes la carga de demostrar que el nexo causal entre el accidente de tránsito y el deceso, no resultó interrumpido, perdiendo de vista la deficiente atención médica brindada por el prestador de la aseguradora demandada a la víctima; se transgredió la ley 26.529 en tanto consagra los derechos del paciente frente a los profesionales médicos y a las instituciones asistenciales (v. rec., págs. 20/22).
IV. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que los recursos no deben prosperar.
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que los remedios incoados fueron concedidos por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en la ley procesal laboral, toda vez que el valor del litigio -se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resols. de fecha 13-VI-2023 y 29-XI-2024).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
IV.2. Restringido de tal modo el marco de análisis de los recursos, no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva del fuero del trabajo.
IV.2.a. Liminarmente y, alterando por razones metodológicas el orden en que los agravios han sido planteados, considero necesario aclarar que, aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), dicha posición ha resultado minoritaria. Siendo ello así, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tales premisas, los argumentos a través de los cuales la compareciente intenta traer a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación a la distribución de la carga de la prueba y la trasgresión del principio de congruencia, son inatendibles por encontrarse detraídos de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024; L. 132.727, "Amato", sent. de 6-II-2026; e.o.).
IV.2.b. En lo concerniente al resto de las objeciones planteadas en orden a controvertir las conclusiones vinculadas a la declarada falta de nexo causal entre el siniestro y el fallecimiento del trabajador, así como la existencia de cosa juzgada a su respecto, y el supuesto absurdo imputado al tribunal de grado en la apreciación de las constancias y pruebas de la litis, no son atendibles, porque remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada (causas L. 118.662, "Aiello"; L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; L. 129.668, "Britos", sent. de 28-XI-2024; L. 131.170, "Fitipaldi", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
Asimismo, reiteradamente ha declarado esta Corte que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto mencionado, la mención de doctrina legal que se relaciona con el vicio de absurdo o fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015; L. 124.353, "Bogao", sent. de 23-II-2021; L. 127.217, "Georgevich,", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Por lo demás, corresponde precisar que no constituye doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 131.107, "V., W. E.", sent. de 20-XI-2024; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; L. 129.289, "Carro", sent. de 13-III-2026; e.o.).
IV.3. No habiéndose configurado -entonces- la hipótesis de admisibilidad bajo análisis, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
A excepción de lo expuesto en el primer párrafo del apartado IV.2.a., adhiero al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Kohan , con igual salvedad que la formulada por el doctor Torres, adhieren al voto emitido por la señora Jueza doctora Kogan.
Con el alcance indicado, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:02:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2026 10:44:53 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:06:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:55:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 09:15:44 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 12:15:14 hs. bajo el número RS-77-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia